México, Distrito Federal. El reconocimiento de la impotencia del Estado para proteger la vida de defensores de derechos humanos corrobora la desproporción de la violencia y la desarticulación de las instituciones en el país. Esto sería suficiente como para convertir el Día Internacional de los Derechos Humanos, en una fecha de luto en México. En vez de ello, la partidización del problema del crimen hace que se exacerben ánimos de desunión y se aleje la salida de la crisis de seguridad y la posibilidad de reparar el daño.
La conmemoración internacional de los derechos humanos llega al país en una semana funesta y de malas noticias para los activistas de derechos humanos por el asesinato y ataque a cinco de ellos en varias partes del país en los últimos días. Cuatro de ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que había denunciado el peligro que corrían sus vidas en los Diálogos con el Gobierno y pedido al presidente Calderón medidas de protección para tratar de ponerlos a salvo.
Los asesinatos de Nepomuceno Moreno, en Sonora y Trinidad de la Cruz Crisóstomo, en Michoacán, o el atentado que sufrió la activista Norma Andrade en Ciudad Juárez, son un claro ejemplo de la incapacidad oficial para mantener algún dique contra la violencia.
Para ellos se habían pedido medidas cautelares, que nunca llegaron, entre la despreocupación y la indolencia de las autoridades estatales y el burocratismo del gobierno federal. La procuraduría de Chihuahua, en el caso de Andrade, trató incluso de esquivar la responsabilidad al relacionar el ataque con un delito común como el robo.
De poco vale la defensa constante sobre la competencia estatal en estos asuntos, cuando la eliminación de activistas y la violación de los derechos humanos se convierten en una práctica sistemática en el país. De acuerdo con datos de organizaciones civiles como el Centro de Comunicación Social (Cencos), en lo que va del año se han registrado 68 atentados contra defensores de derechos humanos y hay más de 120 personas de las que se ha denunciado peligro para su vida. Es el Estado mexicano quien tiene la obligación constitucional de defender los derechos humanos y el gobierno federal de responder por los tratados internacionales que ha firmado en su favor.
Calderón ha admitido que su gobierno y los otros niveles no han sido capaces de contener la escalada de agresión contra los defensores de derechos humanos, en un reconocimiento tácito también de la impunidad que domina en estos casos. La inacción para defender los derechos humanos dentro de su estrategia anticrimen no hace más que revelar el déficit de justicia que hay en el país y la multiplicación de los abusos a los derechos humanos, como se observa en el abandono a las víctimas o el crecimiento de las desapariciones forzadas. Solo de éstas últimas hay 475 casos registrados en 2011 contra seis en 2006, según la CNDH.
Pero si estas garantías están a la deriva no es sólo un problema de ineficacia, sino de apuestas institucionales. La defensa de los derechos humanos no puede verse como una parte de la estrategia anticrimen, porque es la base y el fin de la política de seguridad. Por eso el resultado es que, como advierte el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia, el tiempo de esta administración se agotó para revertir los abusos que deja la violencia.
Si todo esto no fuera suficiente para explicar el enorme déficit de justicia, la intención de colocar la lucha contra el crimen en el centro del debate electoral agudiza la división y crea mayores obstáculos para la reconstrucción del Estado de Derecho. Sin priorizar los derechos humanos, la legalidad es retórica o un carro que se empuja hacia el desfiladero.
Esa política temeraria sólo puede explicarse por la desesperación de que se acerca el fin del sexenio en ese estado de impotencia y daño, o en virtud de que el gobierno cree que la situación aún no es tan grave como para evitar el uso de la inseguridad como arma en la lucha electoral. En cualquier caso, la división política es un mensaje para la violencia y la impunidad como la que hoy rodea los asesinatos de los defensores de derechos humanos.
Un buen síntoma de la prioridad de las garantías en el país sería, justamente, la firma de un acuerdo o un pacto anticrimen por parte de todos los partidos.
José Buendía Hegewisch. Excelsior.com.mx. 11/12/2011
