La Paz, Bolivia. La Ley 214, de 28 de diciembre de 2011, instituyó a esta gestión que comienza como “Año de la No Violencia Contra la Niñez y Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia”, norma que fue presentada en Palacio de Gobierno ante decenas de niños y niñas. La medida tiene el objetivo fundamental “de promover la lucha contra todo tipo de violencia ejercida sobre niños, niñas y/o adolescentes”, además de instruir a las instituciones de Estado nacionales, departamentales, regionales y municipales a “priorizar y prever los recursos necesarios, quedando encargadas de elaborar y ejecutar las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, así como realizar las actividades de concienciación correspondientes”.
Al mismo tiempo, se establece la coordinación con los medios de comunicación para la difusión de planes estrategias y programas que efectivicen el objetivo de la ley; asimismo, convoca de manera indirecta a personas naturales y jurídicas, instituciones públicas y privadas a desplegar esfuerzos y acciones para el logro de los propósitos de la norma.
Como es natural, y así lo ha demostrado el consenso entre oficialismo y oposición para aprobar el documento, la mandato es bien recibido en todos los niveles de la ciudadanía, pues la situación de violencia en que vive gran parte de la población infantil y adolescente es de consideración inmediata (aunque tardía para muchas víctimas de este flagelo, quienes han perdido la vida o ésta ha sido afectada para siempre por secuelas físicas y psicológicas). De inicio, la aplicación de esta Ley establece directrices importantes de campaña como es que las entidades estatales utilizarán la frase “2012 Año de la No Violencia Contra la Niñez y Adolescencia en el Estado Plurinacional de Bolivia” en todas sus actividades, de igual modo definirán temas mensuales a favor de la no violencia a niños, niñas y adolescentes, los cuales serán la consigna del mes. Todo esto sestará sujeto a evaluaciones de cumplimiento.
Hasta allí, la corta ley plantea un accionar direccionado de buenas intenciones que se espera lleguen a resultados favorables para la protección adecuada de estos grupos etáreos, sin embargo, queda la pregunta de si la medida será capaz de alcanzar otras dimensiones, como el respeto a los derechos extensivos de su población meta, es decir, si estos derechos también especificados en la Constitución serán relacionados como debe ser con otras circunstancias que afectan a la vida y son, sin duda, una expresión de violencia.
En tal caso, se debe tomar en cuenta que la brutalidad doméstica, en la escuela y en la sociedad no son las únicas que deberá combatirse, pues existen otras que se mantienen en las prácticas de Estado; en este sentido, por ejemplo, se encuentra la falta de garantías para gozar de un medio ambiente sano, aspecto que la administración de gobierno ha dejado de lado con la ejecución de proyectos destructivos y de consecuencias amenazantes, incumpliendo como una forma de violencia el postulado de cuidar el futuro de la niñez y la adolescencia; es también un tipo de violación que se debe combatir la ausencia de convicciones necesarias para honrar la Constitución y hacer extensivas sus premisas a favor de las poblaciones.
La Razón.com. 10/01/12
