Manama, Bahréin. El gobierno bahreiní apenas ha llevado a cabo aún los cambios que una comisión internacional independiente recomendó emprender en materia de derechos, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
La organización ha advertido de que el gobierno corre el riesgo de incumplir el plazo para aplicar las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, que él mismo fijo para finales de febrero.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que deje en libertad a todas las personas condenadas o recluidas únicamente por dirigir manifestaciones pacíficas o participar en ellas y haga rendir cuentas a todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo del año pasado.
Cuando se cumple un año del comienzo de las protestas en contra del gobierno y los bahreiníes se disponen a celebrar por ello nuevas manifestaciones, la organización ha advertido también al gobierno de Bahréin que no debe hacer uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
“A pesar de las promesas del gobierno, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas desde que comenzaron las protestas hace un año, que incluyen tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El gobierno ha hecho varios anuncios de medidas adoptadas para mejorar la situación de los derechos humanos, pero lo cierto es que en las esferas más importantes aún no se ha aplicado ninguna.”
“Sólo cuando veamos que se deja en libertad a los presos de conciencia y se pone a disposición judicial a los responsables, incluidos los que dieron las órdenes, podremos juzgar si tales anuncios son algo más que un mero ejercicio de relaciones públicas.”
Al menos 35 personas murieron durante las protestas de febrero y marzo de 2011, entre ellas 5 miembros de las fuerzas de seguridad y 3 trabajadores migrantes. Al menos 20 más han muerto desde entonces en el contexto de las protestas que siguen organizándose y del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
Amnistía Internacional ha dicho que, desde el final de junio de 2011, el gobierno ha tomado un número limitado de medidas positivas, entre ellas: levantar el estado de excepción, establecer una comisión independiente de investigación formada por cinco expertos internacionales, dejar en libertad a algunas personas detenidas, transferir todas las causas abiertas ante tribunales militares a los tribunales civiles y rehabilitar en sus puestos a centenares de trabajadores despedidos.
El 23 de noviembre, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin presentó su informe al rey y formuló detalladas recomendaciones de orden práctico y legislativo. En el informe confirmó que se habían cometido graves violaciones de derechos humanos.
El rey aceptó las conclusiones del informe y estableció una comisión nacional, compuesta por 19 personas –en su mayoría simpatizantes del gobierno– para supervisar su aplicación.
Pero los bahreiníes se quejan de que el proceso de aplicación es muy lento y no aborda las cuestiones más importantes.
A comienzos de 2012, el gobierno dijo que se había investigado a 48 personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad por su participación en la represión de las protestas. De acuerdo con la información disponible, hasta ahora sólo se ha llevado a juicio por violaciones de derechos humanos a ocho agentes de policía: cinco paquistaníes, un yemení y dos bahreiníes.
Es muy poca la información que se ha hecho pública sobre el alcance de estas investigaciones o el modo en que se han llevado a cabo.
El ministro del Interior dijo el 2 de febrero que la mayoría de las recomendaciones relativas a su cartera se habían puesto en práctica y que había transferido a la Fiscalía todas las denuncias formuladas contra la policía por torturas y otros abusos a fin de que se iniciaran investigaciones y, si procedía, enjuiciamientos.
“Si las investigaciones que el gobierno afirma haber realizado sobre las violaciones de derechos humanos se mantienen en secreto, sus promesas de aplicar todas las recomendaciones de la Comisión Independiente serán promesas vacías”, ha manifestado Hassiba Hadj-Sahraoui.
Se siguen denunciando torturas y otros malos tratos. Hassan ‘Oun, estudiante de 18 años, fue detenido el 3 de enero de 2012 en un garaje de Arad. Un funcionario de la fiscalía ordenó su reclusión por un periodo de 45 días mientras se llevaba a cabo una investigación. El joven ha contado a su abogado que, al principio, cuando estuvo detenido en una comisaría de policía, lo tuvieron alrededor de 11 horas de pie, lo golpearon en los pies con una manguera y amenazaron con violarlo.
Según sindicalistas bahreiníes, sigue sin rehabilitarse en sus puestos a más de un millar de personas que fueron despedidas del trabajo durante los disturbios.
A muchas de las personas a las que se ha permitido volver a su trabajo se les ha pedido que firmen declaraciones en las que se comprometen a no manifestarse más, se las ha presionado para que dejen de participar en actividades sindicales y, a veces, se les ha pedido que ocupen puestos o desempeñen funciones distintos de los que tenían.
Las fuerzas de seguridad han seguido haciendo uso excesivo de la fuerza contra las protestas. En concreto, varios manifestantes han muerto desde el final de noviembre de 2011 como consecuencia directa o indirecta del uso indebido de gas lacrimógeno, que las fuerzas de seguridad emplean incluso dentro de viviendas cuando entran en ellas en busca de sospechosos.
Sayyed Hashem Saeed, de 15 años, resultó muerto a ser alcanzado por un bote de gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad a corta distancia durante una protesta organizada en Sitra, al sur de Manama, el 31 de diciembre de 2011. Las fuerzas de seguridad utilizaron también gas lacrimógeno posteriormente para dispersar a los asistentes a su funeral.
Nuevas manifestaciones cuando se cumple un año de su comienzo
Se espera que miles de personas, pertenecientes en su mayor parte a la mayoría chií, desafíen a las autoridades y participen en manifestaciones con motivo del primer aniversario del 14 de febrero.
Se teme que estallen enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que han hecho de manera habitual uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas. En las últimas semanas, pequeñas manifestaciones organizadas en pueblos chiíes y a las afueras de Manama han desembocado cada vez más en enfrentamientos violentos, de los que tanto los manifestantes como las fuerzas de seguridad se han culpado mutuamente.
Así como las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza, se han dado también casos de grupos de jóvenes enmascarados que las han atacado, incluso con cócteles molotov, y han bloqueado carreteras y quemado neumáticos.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades bahreiníes que permitan la celebración de manifestaciones pacíficas el 14 de febrero.
La organización reconoce que las autoridades bahreiníes tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden, incluso haciendo uso de la fuerza si es absolutamente necesario, está justificado y es proporcionado. Sin embargo, es importante hacerlo de acuerdo con lo permisible según el derecho y las normas internacionales pertinentes.
La organización también ha pedido a las autoridades bahreiníes el levantamiento de todas las restricciones de viaje impuestas a los periodistas extranjeros y a las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Se ha impedido la entrada al país a varios periodistas y cooperantes en el Aeropuerto Internacional de Bahréin, y a otros se les ha denegado el visado. Numerosos periodistas tenían previsto viajar a Bahréin para cubrir el aniversario del 14 de febrero.
Amnistía Internacional ha afirmado que teme que el gobierno haya tratado de evitar el escrutinio internacional, dado que se esperan manifestaciones masivas.
Información general: los derechos humanos en Bahréin en 2011
En febrero y marzo de 2011, decenas de miles de bahreiníes, en su mayoría de la comunidad chií, se manifestaron en contra del gobierno y en demanda de reformas políticas, justicia social y el fin de la discriminación de que creían ser objeto por parte del gobierno.
Uso excesivo de la fuerza
Entre el 14 y el 21 de febrero, siete manifestantes murieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza y de medios como balas de goma, escopetas y munición real. A mediados de marzo, un día después de la llegada de tropas saudíes a Manama para apoyar a las fuerzas del gobierno, se declaró el estado de excepción.
Detenciones y tortura
En los días y semanas siguientes se detuvo a centenares de activistas, incluidos líderes de la oposición, trabajadores médicos, profesores, periodistas y estudiantes. En la mayoría de los casos las detenciones se practicaron de madrugada y sin orden judicial, y los detenidos fueron recluidos en régimen de incomunicación en comisarías de policía o en la Dirección General de Investigación Criminal, en la capital bahreiní, Manama. Muchos denunciaron haber sido torturados o sometidos a otros malos tratos al ser interrogados durante ese periodo. Los obligaron a firmar confesiones que se utilizaron luego contra ellos en los tribunales.
Juicios militares injustos
Decenas de personas fueron juzgadas sin garantías ante el Tribunal de Seguridad Nacional de Primera Instancia, tribunal militar establecido en virtud del estado de excepción, y condenadas a prisión e incluso a cadena perpetua.
Despidos
Más de 4.000 personas, incluidos profesores, estudiantes y personal de enfermería, fueron despedidas de su trabajo o expulsadas de la universidad por su participación activa en las manifestaciones contra el gobierno.
Destrucción de estructuras religiosas
Al menos 30 lugares de culto chií fueron demolidos tras las manifestaciones de febrero y marzo con la excusa de que se habían construido ilegalmente. Amnistía Internacional considera que esta práctica constituyó una forma de castigo colectivo.
Juicio de líderes de la oposición
Se detuvo, juzgó y condenó por cargos como pedir el fin de la monarquía y su sustitución por un sistema de gobierno republicano a 14 destacados líderes de la oposición. Entre ellos figuraba AndelHadi al-Khawaja, famoso activista de los derechos humanos, que fue condenado a cadena perpetua y, según informes, sufrió torturas tan brutales que fue necesario operarlo de la mandíbula. Durante el juicio de estas personas, el fiscal militar no presentó pruebas de que hubieran recurrido a la violencia o propugnado su uso. Amnistía Internacional ha pedido que sean puestas en libertad, porque, si fueron juzgadas únicamente por su derecho a la libertad de expresión y reunión, son presos de conciencia.
Nota para los medios de comunicación
* Se pueden concertar entrevistas con el investigador de Amnistía Internacional sobre Bahréin, Said Boumedouha, que las hará desde Londres en inglés o árabe.
* Se pueden consultar declaraciones e informes previos de Amnistía Internacional sobre Bahréin en http://www.amnesty.org/es/region/bahr.
Región Oriente Medio y Norte de África
País Bahrein
Amnistía Internacional.org. 13/02/12
