Cultura de Paz y No Violencia Monterrey: noviembre 2013

883. Un año perdido para los Derechos Humanos en México

México, Distrito Federal. A un año del inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la trágica situación de los derechos humanos en México ha dado pocas señales de mejorar, afirmó Amnistía Internacional (AI).

Durante este primer año, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha lanzado múltiples iniciativas en diferentes áreas de la política nacional, prometiendo que dichas iniciativas servirán para promover la modernización del país. Sin embargo los derechos humanosestán fundamentalmente ausentes de esta actividad.

Los avances positivos como la publicación de la Ley General de Víctimas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Procuraduría General de la República y el anuncio de un Programa Nacional de Derechos Humanos no han tenido impacto real en la situación en el país.

Uno de los compromisos realizados hace un año por Peña Nieto fue el de poner fin a la epidemia de violencia y abusos contra los derechos humanos que caracterizó a la gestión de Felipe Calderón. Sin embargo, durante su primer año de gestión, los graves abusos tales como desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra personas migrantes y ataques contra personas defensores de derechos humanos y periodistas han continuado, amparados por la impunidad. Al mismo tiempo los casos de brutalidad policial contra manifestantes y las detenciones arbitrarias han ido en aumento.

Durante este año no se han dado pasos ciertos para poner fin a este tipo de abusos, y la estrategia de seguridad que generó numerosas violaciones de derechos humano se mantiene en sus líneas generales.

“Poner fin a los graves abusos a los derechos humanos y a la escandalosa impunidad para quienes los cometen requiere un liderazgo fuerte, voluntad política, acciones coordinadas, recursos adecuados y un dialogo efectivo con la sociedad civil. Estos elementos han estado evidentemente ausentes de la agenda política.” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

A pesar de los anuncios públicos hechos desde el inicio del actual gobierno, de compromiso con los derechos humanos, Amnistía Internacional considera que la actual administración ha fallado en demostrar que los derechos humanos son su prioridad, y que por el contrario, parecería que más bien constituyen una cuestión accesoria limitada a compromisos que no se traducen en acciones efectivas.

En octubre pasado, integrantes de Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas transmitieron al gobierno mexicano una serie de recomendaciones que, de cumplirse cabalmente, contribuirían a mitigar esta grave crisis de derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades mexicanas anunciaron que será en marzo próximo que se dará a conocer cuáles de estas recomendaciones serán tomadas en cuenta. Anuncios como el anterior, ponen de manifiesto el bajo grado de prioridad que para la actual administración tiene el cumplir su compromiso de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, prioridad que claramente está desfasada de la actual crisis de derechos humanos a la que se enfrenta el país.

“La actual administración ha dejado pasar numerosas oportunidades para demostrar su compromiso. La sociedad mexicana, y en especial las víctimas no esperarán por siempre, si la actual administración aspira a restablecer la confianza en que cumplirá suscompromisos, debe tomar medidas inmediatamente.” Concluyó Perseo Quiroz.

Amnistía Internacional México.org. 29/11/13

http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/11/29/un-ano-perdido-para-los-derechos-humanos-en-mexico/

"El gobierno de Peña ha dado pocas señales de mejorar Derechos Humanos": Amnistía Internacional

México, Distrito Federal. Durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la situación de los derechos humanos en México ha dado "pocas señales de mejorar", pues aunque ha habido algunos avances en términos legales, éstos no han logrado tener ninguna incidencia en la realidad, señaló Amnistía Internacional (AI).

A través de un comunicado, la organización lamentó que "los avances positivos como la publicación de la Ley General de Víctimas, la creación de una Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Procuraduría General de la República y el anuncio de un Programa Nacional de Derechos Humanos no han tenido impacto real en la situación en el país".

Luego de que Human Rights Watch y la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) dieran a conocer en esta semana sus balances críticos del primer año de la administración de Peña Nieto, AI se sumó a ellos al afirmar que en 2013 "abusos graves como desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra personas migrantes y ataques contra personas defensores de derechos humanos y periodistas han continuado, amparados por la impunidad".

Además, indicó que los casos de brutalidad policiaca contra manifestantes y las detenciones arbitrarias han ido en aumento -pese a que el mexiquense se comprometió a finalizar la epidemia de violencia y abusos de derechos humanos del sexenio de Felipe Calderón- y siguen sin darse pasos ciertos para modificar la estrategia de seguridad de la administración anterior.

“Poner fin a los graves abusos a los derechos humanos y a la escandalosa impunidad para quienes los cometen requiere un liderazgo fuerte, voluntad política, acciones coordinadas, recursos adecuados y un dialogo efectivo con la sociedad civil. Estos elementos han estado evidentemente ausentes de la agenda política", afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

El colectivo con sede en Londres subrayó que a pesar de los anuncios públicos hechos desde el inicio del actual gobierno, de compromiso con los derechos humanos, la actual administración "ha fallado en demostrar que los derechos humanos son su prioridad, y que por el contrario, parecería que más bien constituyen una cuestión accesoria limitada a compromisos que no se traducen en acciones efectivas".

En octubre pasado, recordó Amnistía, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo al gobierno mexicano una serie de recomendaciones que contribuirían a mitigar esta grave crisis de derechos humanos, pero las autoridades nacionales anunciaron que será en marzo próximo que se dará a conocer cuáles de estas recomendaciones serán tomadas en cuenta.

Anuncios como ese "ponen de manifiesto el bajo grado de prioridad que para la actual administración tiene el cumplir su compromiso de poner fin a los abusos contra los derechos humanos, prioridad que claramente está desfasada de la actual crisis de derechos humanos a la que se enfrenta el país", destacó AI.

“La actual administración ha dejado pasar numerosas oportunidades para demostrar su compromiso. La sociedad mexicana, y en especial las víctimas no esperarán por siempre, si la actual administración aspira a restablecer la confianza en que cumplirá sus compromisos, debe tomar medidas inmediatamente", enfatizó Quiroz.

Fernando Camacho Servín, La Jornada.unam.mx. 29/11/13

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/11/29/el-gobierno-de-pena-ha-dado-pocas-senales-de-mejorar-derechos-humanos-ai-7152.html

Amnistía Internacional: "Primer año de Enrique Peña Nieto, perdido en Derechos Humanos".

México, Distrito Federal. Amnistía Internacional (AI) consideró que el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, fue un “año perdido” en materia de derechos humanos.

La organización afirma que la defensa de las garantías individuales es una actividad ausente en el Gobierno de la República y que el país da pocas señales de mejorar.

“Durante este primer año, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha lanzado múltiples iniciativas en diferentes áreas de la política nacional, prometiendo que dichas iniciativas servirán para promover la modernización del país. Sin embargo los derechos humanos están fundamentalmente ausentes de esta actividad”, sostuvo a través de un comunicado.

AI recuerda que uno de los compromisos del mandatario fue terminar con la “epidemia de violencia” en México, sin embargo las violaciones a los derechos humanos continúan amparadas por la impunidad, puntualizó.

“Uno de los compromisos realizados hace un año por Peña Nieto fue el de poner fin a la epidemia de violencia y abusos contra los derechos humanos que caracterizó a la gestión de Felipe Calderón. Sin embargo, durante su primer año de gestión, los graves abusos tales como desapariciones forzadas, feminicidios, abusos contra personas migrantes y ataques contra personas defensores de derechos humanos y periodistas han continuado, amparados por la impunidad”.

Destacó que los avances en esta administración como la Ley General de Víctimas o la creación de una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la PGR, no han tenido un impacto real.

Amnistía Internacional, indica el documento, consideró que la actual administración “ha fallado en demostrar que los derechos humanos son su prioridad”.

Este martes, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Peña Nieto en la que urge al mandatario a ir más allá de la retórica para atender la "crisis" de abusos que quedan impunes en el país.

ADNPolitico.com. 29/11/13

http://www.adnpolitico.com/gobierno/2013/11/29/amnistia-primer-ano-de-pena-perdido-en-derechos-humanos

882. Opaco panorama para el medio ambiente en México en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto

- Analiza Greenpeace la actuación del gobierno federal en agricultura, bosques, energía, cambio climático y tóxicos

- Preocupan graves retrocesos en materia de derechos humanos y medio ambiente, criminalizando la protesta social

México, Distrito Federal. A un año de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República ha quedado demostrado que el medio ambiente no es una prioridad de su gobierno. Hasta ahora solo tenemos una larga lista de declaraciones “políticamente correctas” acerca de la importancia de los recursos naturales y de lograr la sustentabilidad, pero sin acciones concretas para conseguirlo.

En Greenpeace sabemos que un año es insuficiente para remediar los daños ambientales que por décadas se han tolerado, sin embargo, durante este tiempo pudieron sentarse las bases de una verdadera transformación, sobre todo cuando el actual gobierno ha promocionado este 2013 como el “año de las reformas”, sustentadas –en teoría- por las tres principales fuerzas políticas del país (PRI, PAN y PRD) representadas en el Pacto por México.

Lamentablemente, en estos 12 meses, la administración federal ha promovido el Pacto como una plataforma política que pondría fin a décadas de desacuerdos entre las élites del poder, pero en la realidad solo ha servido para dar continuidad a políticas públicas que privilegian los intereses corporativos por encima del bienestar social y el medio ambiente.

Este acuerdo -sostenido por alfileres- es solo un disfraz para el desinterés del gobierno para lograr una verdadera transformación del país que eleve la calidad de vida de los mexicanos, basándose en un manejo adecuado de los recursos para generar empleos, elevar la competitividad y acelerar la economía, con pleno respeto a los derechos y las libertades en un entorno de seguridad, transparencia y sin corrupción.

El presente análisis se centra en las acciones implementadas durante el primer año de gobierno de Peña Nieto en las áreas relacionadas con las cuatro campañas activas de Greenpeace y el panorama que viven las organizaciones sociales ante la criminalización de la protesta durante este periodo.

Energía y Cambio Climático

En agosto, el titular del Poder Ejecutivo presentó la reforma energética considerada en el Pacto por México. La propuesta está basada en la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, para abrir el sector energético a la inversión privada a través de contratos de utilidad compartida. Esto ha generado división de opiniones, polémica y la ruptura del tan “exaltado” Pacto por México, una vez que el PRD ha anunciado su salida de él.

El punto de quiebre del Pacto fue la falta de consenso en el debate de la reforma energética, que se ha centrado en la conveniencia o no, de la participación de capital privado para dar continuidad a proyectos peligrosos como la explotación de crudo en aguas profundas y ultra profundas, y la explotación del gas shale a pesar de los severos impactos ambientales que éste ocasiona.

Más allá de la inclusión de capital privado en el sector energético, el gobierno está desaprovechando la oportunidad de reformar el sector para transitar hacia un modelo energético basado en fuentes renovables. A pesar que México tiene una gran cantidad de recursos naturales y potencial para detonar fuentes de energía renovables -como la solar, eólica, térmica y fotovoltaica-; y existen leyes y mecanismos para impulsarlas; lo cierto es que no se ha puesto el interés necesario para que México se pueda transformar en un país que impulse el uso de esas tecnologías y sea más sustentable.

La dependencia del sector energético a los hidrocarburos vulnera a los sectores económico y social; ya que cada día que continuamos quemando carbón, petróleo y gas, acentuamos el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación, que repercuten en la salud de la población.

El reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) reafirmó que México es uno de los países más afectados por los impactos del cambio climático, debido a que tiene 11 mil 200 kilómetros de litorales en los océanos Atlántico y Pacífico, donde según el IPCC se intensificarán los fenómenos hidrometeorológicos.

A finales de septiembre, México fue víctima de grandes inundaciones por el desbordamiento de ríos y deslaves, ocasionados por las tormentas tropicales Ingrid y Manuel; afectando a miles de personas, principalmente en los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

Para la fecha de la emergencia, el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) contaba con 6 mil 300 millones de pesos, pero los daños, ocasionados por Ingrid y Manuel ascendieron a más de 16 mil millones de pesos. El presupuesto de Egresos para 2014, aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados agregó un fondo de 7 mil millones de pesos para cubrir los daños a la infraestructura causados por las recientes lluvias en el estado de Guerrero.

Lo anterior, es solo un ejemplo de la falta de una política preventiva ante desastres asociados al cambio climático y cómo cuando se presentan los desastres solo “reaccionamos”, la reforma energética da la posibilidad de cambiar este panorama si apostamos por energías renovables que reducen las emisiones de carbono y en consecuencia el calentamiento del planeta y los fenómenos asociados a él.

Agricultura Sustentable y Transgénicos

La protección del maíz nativo y la prohibición definitiva de la siembras de maíz transgénico en nuestro país es otro gran pendiente de la administración de Peña Nieto. Este gobierno ha ignorado las advertencias de los científicos, los agricultores y los ambientalistas sobre los riesgos de permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados: contaminación genética y con agrotóxicos, pérdida de las miles de razas y variedades de maíz existes; y control de la industria de la biotecnología sobre el grano base de la alimentación de los mexicanos, por poner algunos ejemplos.

En lugar de cumplir con su función de velar por la protección de nuestra diversidad de maíz, la salud del campo, el medio ambiente, el bienestar de los agricultores y garantizar que se respete a México como centro de origen del maíz, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se han convertido en abogados de la industria de la biotecnología.

Mientras el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió en octubre de 2013, una medida precautoria en la que ordena la suspensión de permisos a trasnacionales como Monsanto y Pionner, entre otras, para la siembra “experimental”, liberación y comercialización de maíz transgénico en México,

Semarnat y Sagarpa no respaldaron la medida precautoria emitida por el juez y por el contrario, apelaron la decisión, demostrando que trabajan para satisfacer intereses corporativos por encima de la ciudadanía.

Asimismo, el gobierno de Peña Nieto no ha planteado una alternativa para el campo con apoyos que permitan el desarrollo de los pequeños y medianos productores, con prácticas amigables para el medio ambiente, en su lugar ha dado continuidad a un modelo agrícola basado en el elevado uso de insumos agrícolas (herbicidas, plaguicidas, fertilizantes) que impacta a los ecosistemas, la biodiversidad y las condiciones socio-económicas de los productores mexicanos.

El gobierno, mediante su Cruzada Nacional contra el Hambre, contribuye a mantener este modelo, en el cual muy pocas empresas tienen el control sobre la cadena de producción de nuestros alimentos, que además, son de dudosa calidad y que provocan un grave problema en la salud de los mexicanos, quienes sufren cada vez más de obesidad y paradójicamente desnutrición, así como enfermedades relacionadas con el consumo de productos industrializados.

En este primer año de gobierno la problemática sigue, los grandes productores reciben la mayor parte de los apoyos públicos, mientras que los pequeños viven una situación de abandono gubernamental.

Bosques y Selvas

El 31 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció públicamente el Programa Nacional Forestal (Pronafor) que, en teoría, promoverá el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, reactivará la economía de este sector, contribuirá a la generación de empleos, ingresos y mejora de la calidad de vida de los habitantes de zonas forestales así como a mantener e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad, así como a reducir emisiones de carbono generadas por la deforestación y la degradación forestal.

La propuesta pareciera hacer eco a algunas propuestas que la sociedad civil y expertos han realizado para resolver los problemas del sector, y de alguna forma hacer frente al problema de deforestación y deterioro de los bosques que, según un estudio publicado en "El Capital Natural de México" por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio, 2009), afecta a casi medio millón de hectáreas en nuestro país. Sin embargo, el documento o análisis que sostiene al Pronafor como propuesta de la nueva administración aún no se ha publicado.

En los últimos años, la Conafor ha hecho pública una constante reducción en la tasa de deforestación nacional, sin que contemos con evaluaciones de impacto que nos permitan verificar en qué medida esta supuesta reducción se debe a los programas de apoyo gubernamentales, mientras que el último Inventario Nacional Forestal y de Suelos, correspondiente al periodo 2004-2009 que se entregó a finales de 2012, no se incluyeron estadísticas generales que informen a la población sobre cuál es la tasa actual deforestación nacional, regional o por estados.

Ante la falta de información pública, el gobierno priista no puede demostrar la efectividad, y congruencia entre objetivos y resultados de algunos programas a los que aparentemente se les pretende dar seguimiento en la presente administración, tanto para alcanzar una reducción real en la pérdida y deterioro de los ecosistemas forestales en México, así como impulsar el desarrollo del sector con base en criterios de sustentabilidad.

En este mismo sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el sector forestal da continuidad a la opacidad en el destino de los recursos públicos que impera desde 2011, cuando la administración anterior decidió integrar todo el presupuesto en tres rubros con títulos engañosos en los que el único vínculo corresponde a la forma en que se eroga el gasto (reglas de operación, lineamientos y operación), obstaculizando así la transparencia y rendición de cuentas, y la posibilidad de saber con precisión qué y cómo se financia con presupuesto de la Conafor.

Es urgente contar con información sólida y actualizada sobre el estado en que se encuentran los bosques y selvas a lo largo del país para, en consecuencia, diseñar una estrategia a los detonadores de cambio de uso de suelo de los ecosistemas forestales en cada región del país que provea de instrumentos y alternativas adecuados y efectivos para su manejo sostenible y conservación, que garanticen certidumbre y continuidad a los dueños de terrenos forestales con un flujo adecuado y transparente de los recursos.

Tóxicos

El acceso al agua es un derecho humano y México tiene un gran rezago para garantizarlo, sobre todo cuando hablamos de calidad del líquido, más del 70 por ciento de los ríos de nuestro país sufren algún grado de contaminación, causada -en algunos casos- por la industria que vierte sus descargas residuales sin control a los cuerpos de agua, ante la impasividad de las autoridades.

Este problema ha sido desatendido durante varios sexenios y el de Enrique Peña Nieto no es la excepción. La visión de la actual administración en materia hídrica es corta y sin una propuesta contundente para remediar la escasez y la mala calidad del agua, que merma la disponibilidad del líquido y afecta a las comunidades aledañas.

Entre los primeros anuncios del gobierno se dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pasaría a ser un organismo de prevención ante la escasez del líquido frente a las sequías que afectan principalmente al norte y centro del país, pero hasta ahora ha quedado en una mera intención, no se ha presentado un programa de trabajo que detalle acciones específicas más allá de “cerrar la llave” para promover el ahorro del agua.

Se habló también de impulsar la creación de plantas desalinizadoras para utilizar el agua de mar como fuente de abastecimiento. Esta propuesta no resuelve el problema de escasez sino que da continuidad a la explotación de recursos en lugar de evitar que la contaminación llegue a los ríos y a los mantos freáticos.

En el Pacto por México se acordó “replantear el manejo hídrico del país”, con una Ley de Agua Potable y Saneamiento y reformas a la Ley de Aguas Nacionales que aún no han sido presentadas a pesar de que se ha llamado al 2013 el “año de las reformas”, lo que muestra la falta de seriedad y compromiso de la actual administración en el tema.

Las propuestas del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto presentan semejanzas con las de gestiones pasadas, nos están presentando más de lo mismo y lamentablemente se evita una visión integral del problema, porque la escasez de agua no es exclusiva del cambio climático. Mientras se siga permitiendo la descarga de tóxicos a los cuerpos de agua, México es y seguirá siendo un paraíso para contaminar.

Criminalización de la protesta

Greenpeace tiene como principio fundamental la No-Violencia, una filosofía de vida basada en el principio de igualdad. Con base en esta convicción, no podemos ignorar actos de injusticia que atenten contra la dignidad de los seres vivos y damos testimonio de ello, señalando a los responsables.

A la organización preocupa que en este primer año se presenten graves retrocesos en materia de derechos humanos y medio ambiente, criminalizando la protesta social. El 2013, deja muchos ejemplos de ello:

En noviembre, los opositores al proyecto de la presa de La Parota denunciaron la persecución de su vocero, Marco Antonio Suástegui, quien dijo que el gobierno de Guerrero pretende encarcelarlo y acusarlo de secuestro y ataques a las vías federales de la comunicación.

Noé Vásquez Ortiz, integrante del “Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre” y miembro del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), fue asesinado el 2 de agosto,

en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Noé, junto con otras organizaciones, se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, que desde 2009 se pretende instalar en la cuenca de los ríos Blanco y Metlac.

Estos casos, nos recuerdan a Aldo Zamora, defensor de los bosques y colaborador de Greenpeace México, quien fuera acribillado en mayo de 2007 por oponerse a la tala ilegal de los bosques de las Lagunas de Zempoala. El crimen, denunciado ante el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha sido resuelto.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) en su “Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México: Actualización y Balance” (junio de 2013) nos da una muestra de la realidad que enfrentan los activistas ambientales.

El análisis del periodo comprendido entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, indica que el mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores se registró en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y DF.

Los tipos de agresiones más frecuentes son las amenazas e injerencias arbitrarias. Otro problema es que perduran los impedimentos para identificar a la mayoría de los presuntos responsables de las agresiones.

Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió el poder, ha incrementado la escala de violencia y represión de diversas manifestaciones en las que se utilizó la fuerza de manera desproporcionada e irracional en contra de manifestantes y también de periodistas; detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, limitaciones ilegítimas a la libertad de buscar y difundir información, tal como lo documentó Artículo 19 y la Recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se constatan las violaciones a las garantías individuales de 102 personas durante las manifestaciones de ese día.

Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se han hecho cada vez más violentos: el desalojo a la fuerza de los maestros de la CNTE del zócalo capitalino y la marcha en recuerdo de la matanza de estudiantes del 2 de octubre, en donde se acusó la presencia de infiltrados pagados por el gobierno, sirvieron de pretexto para que el PAN presentara una iniciativa para la expedición de la Ley General de Manifestaciones Públicas y una legislación similar para el Distrito Federal, ambas propuestas imponen requisitos para la realización de protestas en la vía pública.

Pero el tema no paró ahí: el 19 de noviembre de 2013, el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF aprobó con 38 a favor, seis votos en contra y una abstención, el dictamen para reformar los artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad pública y privada; dentro de la propuesta se incluía el agravamiento de penas para aquellas personas que actúen encapuchadas.

Artículo 19 señala que esta “reforma penal contraviene los principios democráticos de legalidad e igualdad propios de un Estado de Derecho y se dirige a la construcción de un régimen de excepción para manifestantes” y que “de esta forma se pretende dirigir el aparato punitivo contra quienes disienten públicamente sin reparar en las causas que originan la protesta, imponiendo un estigma delincuencial a los manifestantes e impulsando el uso político del sistema de procuración y administración de justicia”.

Greenpeace.org. 29/11/13

http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2013/Primer_a%C3%B1o_gobierno_EPN.pdf

881. Promueve la UABC una Cultura de Paz

Mexicali, Baja California. La exposición "Transformando el espíritu humano; de una cultura de violencia a una cultura de paz", cuyo objetivo es que la sociedad reflexione sobre las implicaciones de la violencia y sobre cómo puede contribuir para lograr una convivencia en la que domine la paz en todos los ámbitos, presentó ayer la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Con esta exposición fotográfica se busca también demostrar que como institución de educación superior desaprueba violencia, hambre, guerra y la injusticia.

La obra se encuentra en el patio central del edificio de Rectoría, estará abierta al público hasta el 15 de diciembre.

Al inaugurar el evento, el doctor Felipe Cuamea Velázquez, rector de la UABC, señaló que desde hace tiempo miembros de la comunidad universitaria se han preocupado por establecer acciones que propicien una conciencia a favor de la paz y ejemplificó la creación del Comité Pro Desarme Nuclear por parte de algunos académicos, así como el mural "Paz o Aniquilación".

Además, dijo que el tema de la guerra y la paz es un binomio que ha perseguido a la humanidad desde siempre.

A la vez expresó: "Los cambios se tienen que dar en cada uno de nosotros. Nuestra forma de ver al otro, ya sea como un enemigo o como un ser humano hace la enorme diferencia, porque de esta manera tenemos la posibilidad de tomar acciones a favor o en contra de la paz".

A los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas presentes en el evento inaugural los exhortó a incluir en su próxima simulación de Naciones Unidas una mesa de promoción de la paz, con la finalidad de seguir propagando este tema entre los universitarios.

En el acto inaugural estuvieron el licenciado Roberto Ríos Ramírez, presidente y director general de Soka Gakai Internacional México, entidad que presenta la exposición, así como el doctor Jans Fromow Guerra, consejero internacional de la Asociación de Médicos para la Prevención de una Guerra Nuclear.

De Mexicali a Chile

Ríos Ramírez mencionó que en Mexicali, ciudad en donde presentan la exposición, además de ser el Municipio más al norte de Latinoamérica, es donde inicia una zona de 10 mil kilómetros libre de armas nucleares, protegida por el Tratado de Tlatelolco, la cual culmina en la localidad chilena Puerto Williams.

Por último, en el Instituto de Investigaciones Culturales se llevó a cabo el panel "Desarme nuclear y seguridad humana", en el que también intervinieron el licenciado Ríos Ramírez y el doctor Fromow Guerra.

Alma R. Burciaga. La Voz de la Frontera. Oem.com. 27/11/13

http://www.oem.com.mx/lavozdelafrontera/notas/n3206521.htm

880. Aumentan muertes violentas en México

En el primer año de Peña, más muertes violentas que con Calderón

México, Distrito Federal. Al menos dos personas fueron asesinadas cada hora en el país a partir del 1 de diciembre pasado, cuando el priista Enrique Peña Nieto inició el primer año de su sexenio, confirmó hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Según el organismo, en la presente administración las Procuradurías y fiscalías del país han iniciado 17 mil 46 averiguaciones previas por homicidios dolosos registrados en las 31 entidades y la Ciudad de México.

Los datos del SNSP apuntan a que en diciembre de 2012 se iniciaron mil 696 averiguaciones por muertes violentas, en tanto que de enero a octubre del presente año suman 15 mil 350 expedientes.

Este registro rebasa lo reportado de diciembre de 2006 a octubre de 2007, justo en el primer año del gobierno del panista Felipe Calderón, cuando se perpetraron 9 mil 551 homicidios dolosos.

Aparte de darse a conocer el número de expedientes que se han iniciado por muertes violentas, los datos del SNSP también hacen mención de las mil 546 querellas que se han interpuesto durante la presente administración por secuestro.

Además, los reportes que hace públicos el gobierno federal por averiguaciones iniciadas por extorsión refieren que, entre diciembre pasado y octubre de este año, las mismas suman 7 mil 270.

En este mismo lapso se tramitaron en todo el país 173 mil 657 averiguaciones por robo de vehículo con y sin violencia.

En marzo pasado, Peña Nieto pidió un año para que los mexicanos comenzaran a percibir una reducción de la violencia ligada a las bandas del crimen organizado.

Proceso.com.mx. 29/11/13

http://www.proceso.com.mx/?p=359231

879. México cae 45 lugares en Índice de Paz

Desde 2007 México ha caído 45 lugares en el Índice de Paz Global, y hoy ocupa el lugar 133 de 162, informó Steve Killelea, presidente del Instituto para la Economía y la Paz

México, Distrito Federal. Desde 2007 México ha caído 45 lugares en el Índice de Paz Global, y hoy ocupa el lugar 133 de 162 que mide ese estudio, informó Steve Killelea, presidente del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

En entrevista, el empresario y filántropo australiano, afirmó que México está en condiciones para mejorar su posicionamiento en ese ranking.

Si vemos lo que sucede en México, a partir del año 2007, ha caído 45 lugares en este Índice Global de Paz, así que el día de hoy está en el lugar 133 de 162 países aproximadamente.

Pero lo que es interesante en México es que vemos las actitudes de las instituciones y las estructuras, que crean sociedades pacíficas, y en teoría debería tener un potencial más elevado para mejorar su posicionamiento que cualquier país del mundo, esa es la idea de lo que está experimentando México en los últimos siete años" , dijo Killelea.

El presidente de IEP dijo que, luego de Estados Unidos y Reino Unido, se eligió a México para hacer un Índice Nacional de Paz, ante la necesidad de información relacionada con el tema del combate al narcotráfico, combinado con cierto desarrollo económico y estabilidad.

Hay una serie de razones por las que escogimos a México, la primera es que había una demanda de la prensa internacional que estaba interesada con el combate al narcotráfico.

Lo segundo es que es un país relativamente bien, desarrollado desde el punto de vista social y económico, esa fue una razón adicional, y lo que nos interesa en la mayoría de los países los niveles de violencia son diferentes en las diferentes regiones. Lo que queríamos era probar si esto también era cierto en México y ver si existía una relación entre el crecimiento económico y la paz, dentro de la economía también", señaló.

Killelea reconoció que no está siguiendo la nueva estrategia del combate al crimen organizado, que se puso en marcha con la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, y aunque no lo tiene contemplado en esta visita a México, le gustaría reunirse con el mandatario para explicarle los detalles del índice de Paz y sus implicaciones.

En estos momentos no tenemos contemplada una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, me encantaría poderme reunir con él y explicarle los resultados y las implicaciones que podría tener, pero en esta visita no tenemos prevista una visita con el presidente prevista", comentó.

Sobre la situación de inseguridad, falta de control del Estado y en surgimiento de grupos de autodefensa, en entidades como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, el empresario dijo que se deben analizar diferentes factores como origen de los problemas.

En parte es el desarrollo general de estas áreas, ver instituciones y estructuras que tienen las comunidades pacíficas, vemos el funcionamiento del gobierno, cómo se mejora. La corrupción es otro de los indicadores que se necesitan abordar, cómo enfrentar la corrupción.

El concepto de la distribución equitativa de los recursos, también analizamos esto en nuestros datos. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, los niveles de salud, estos son algunos de los elementos que se pueden analizar, del flujo libre de información, con una prensa libre", explicó Killelea.

David Vicenteño. Excelsior.com 27/11/2013

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/27/930878

Señalan que México tiene condiciones para la Paz

Steve Killelea, explicó que el costo directo de la violencia para la economía mexicana es de 3.8 por ciento del PIB.

México, Distrito Federal. En los últimos dos años, el Índice de Paz en México ha mejorado en 7.4 por ciento, debido una disminución de 30 por ciento en la actividad de la delincuencia organizada, de acuerdo con el estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

En conferencia Steve Killelea, director fundador del organismo, afirmó que el Estado Mexicano tiene todas las condiciones para mejorar en el nivel de paz del estudio, que en los últimos diez años mostró una caída del 27 por ciento, derivada del incremento en la tasa de homicidios.

El investigador explicó que, de acuerdo con los resultados del Índice de Paz México 2013, las entidades que muestran más altos niveles de paz son Campeche, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Baja California Sur.

En contraste los estados menos pacíficos son Morelos, Guerrero y Quintana Roo.

Las entidades que mejoraron sus condiciones de paz en la última década fueron Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Killelea explicó que el costo directo de la violencia para la economía mexicana es de 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y los costos indirectos ascienden a 12 por ciento del PIB, para hacer un total de 2 mil 490 millones de pesos en un año.

El empresario y filántropo dijo que México debe trabajar en combatir la corrupción y en mejorar el aparato de seguridad y justicia para escalar en el Índice de Paz

David Vicenteño. Excelsior.com. 28/11/2013

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/11/28/931068

878. "México tiene el potencial más grande de cualquier país del mundo para superar sus altos niveles de violencia y edificar una sociedad más pacífica": Índice de Paz de México

México tiene el potencial más grande de cualquier país del mundo para superar sus altos niveles de violencia y edificar una sociedad más pacífica.

México, Distrito Federal. El Índice de Paz de México mide el estado de paz en México desde hace más de una década.

El Índice de Paz de México (IPM) tiene como objetivo ofrecer una vista de la paz mas localizada adentro de México y determinar qué condiciones son asociadas con paz al nivel estatal. El índice mide el estado de paz en los 32 estados mexicanos del 2003-2012.

El IPM usa la misma definición de paz que el Índice de Paz Global (IPG) donde paz es “la ausencia de la violencia o del miedo a la violencia”

El índice usa los siguientes siete indicadores para medir la paz:

Homicidios por cada 100,000 personas. Homicidio incluye muerte, infanticidio, homicidio involuntario no-negligente, incluyendo homicidios relacionados con las drogas.

Crimen violento es el número de asaltos, violaciones y robos por cada 100,000 personas.

Crimen con armas es medido por el número de armas de fuego relacionadas con crímenes por cada 100,000 personas.

La encarcelación es medida por el número anual de personas sobre la edad de 18 sentenciadas a prisión por cada 100,000 personas.

La financiación de la policía mide cuanto del Federal District Public Security Contribution Fund es asignado a cada estado.

Crimen organizado mide extorción, secuestro, crimen organizado y crímenes asociados con drogas.

La eficiencia de la justicia mide la proporción de homicidios sentenciados por el total de homicidios.

Todos los indicadores son asignados entre 1 y 5, con 1 siendo el más pacífico y 5 el menos pacifico. Después de que la calificación de cada indicador ha sido calculada, los ponderadores son aplicados a cada uno de los indicadores para calcular la calificación final.

El reporte del IPM del 2013 ofrece un análisis de las medidas que forman parte del índice, así como de otros factores socio-económicos que son normalmente asociados con comunidades pacificas. También presenta estimaciones del costo de la violencia y del beneficio que tendríamos de un nivel más alto de paz. El reporte no hace recomendaciones políticas ni acusaciones morales acerca de si las respuestas del gobierno son apropiadas, en vez, reúne y analiza la data relevante a la paz y violencia en México para entender mejor los conductores y el valor económico de la paz.

Cabe señalar que el estudio se realizó con la orientación de un panel de expertos en representación de diversas instituciones como IMCO, CIDE, México Evalúa e INEGI. El Índice de Paz México 2013 utiliza los datos proporcionados por el Gobierno Federal a través del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Instituto de Economía y Paz. Visión de la Humanidad.org. 28/11/13

http://visionofhumanity.org/#/page/news/814

Índice de Paz en México asegura que ha mejorado la Paz en el país en los últimos dos años.

La mejora en la paz de los últimos dos años se debió principalmente a una disminución de 30% en la delincuencia organizada.
Los estados más pacíficos experimentaron un crecimiento anual del PIB de más del doble de los estados menos pacíficos
Oaxaca, Chiapas y Yucatán son los estados que más han mejorado su estado de paz en la última década
México es el país con las mayores oportunidades para superar sus actuales niveles de violencia y construir una sociedad más pacífica, basada en un sólido ambiente de negocios, los altos niveles de capital humano y la facilidad de acceso a los servicios
La región del este de México es la más pacífica y la región norte la menos pacífica

Mexico, Distrito Federal. El Institute for Economics and Peace (IEP) anuncia los resultados de la presentación del Índice de Paz México 2013 (IPM). El IPM 2013 proporciona una evaluación exhaustiva de la paz en México, se detalla el nivel de la paz en cada uno de los 32 estados durante los últimos 10 años y se analizan los costos asociados con la violencia, así como las dimensiones socio-económicas vinculadas con la paz.

El estudio revela que hubo una mejora de 7.4% en la puntuación de la paz de México en los últimos dos años, siendo esta mejora impulsada por la disminución en la delincuencia organizada, los delitos violentos y los crímenes con armas de fuego. Sin embargo, en los últimos 10 años, México experimentó un marcado incremento de la violencia directa, lo que derivó en una reducción de 27% en su situación de paz. Un factor clave para esta reducción de la paz fue el aumento de 37% en la tasa de homicidios desde 2007.

El IPM 2013 presenta comparaciones entre los estados y las regiones de México, y encuentra que los estados con los más altos niveles de paz son: Campeche, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Baja California Sur; mientras que, los cinco estados menos pacíficos son: Morelos, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo.

El estudio revela que los estados de Oaxaca, Chiapas y Yucatán experimentaron los incrementos más importantes en sus niveles de paz durante la última década. Oaxaca mejoró su puntuación en 22% y Chiapas en 17%. Se encontró que estos estados son relativamente pacíficos en comparación con otras áreas de América Latina y América del Norte. Campeche, por ejemplo, tiene un nivel de paz comparable con los estados de Nuevo México y Delaware en los Estados Unidos.

A nivel regional, la investigación encuentra que la región del este de México es la más pacífica, mientras que la región norte es la más violenta.

El análisis del financiamiento federal para la policía estatal (a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) revela que el aumento en el financiamiento de la policía está relacionado con la baja de las tasas de denuncia de delitos, con lo que puede concluirse que el aumento en el financiamiento público a la policía mejora su relación con la sociedad.

El costo directo de la violencia para la economía mexicana es de 3.8% del PIB, mientras que los costos indirectos ascienden a 12% para un total de 2,490 millones de pesos (15,8% del PIB). En condiciones óptimas, si no hubiera violencia en México, la economía tendría el potencial de mejorar hasta en un 27.7%. Esta cifra incluye los costos directos e indirectos y el flujo de la actividad económica adicional que eventualmente se añade a la economía. El estudio pone de relieve que si todos los estados de México fueran tan pacíficos como Campeche, el estado más pacífico en el país, México obtendría un beneficio económico de 2.26 billones de pesos.

Cabe señalar, que los estados mexicanos más pacíficos en 2003 experimentaron un desempeño económico más fuerte de 2012. En los últimos 10 años, el PIB de estos estados se incrementó en 9% frente a 4% en los estados menos pacíficos.

Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, dijo: "En comparación con otros países con un nivel similar de conflictos y el desarrollo, México tiene el mayor potencial para aumentar su paz debido a la fortaleza de las estructuras, las actitudes y las instituciones que sustentan la paz en el largo plazo ", y agregó que: "Esta investigación tiene como objetivo proporcionar la base de datos y pruebas de un debate político más amplio sobre la forma de reducir la violencia en México".

Como menciona Edna Jaime, directora de México Evalúa: “Uno de los puntos más destacados del Índice de Paz México 2013 (IPM) es lo correspondiente al incremento que se ha registrado en la tasa de homicidios hoy día, el IPM calcula que no se trata únicamente del impacto emocional para quienes han padecido de cerca un evento como éste, por el contrario el IPM no se limita a señalar únicamente cuántos muertes violentas se han registrado en nuestro país en los últimos 10 años, sino que a través de sus propias estimaciones, el índice se encarga de calcular el impacto económico que el homicidio y la violencia causan en el bienestar de una nación”.

La posición de México en lo que respecta a la paz positiva es alentadora: el país tiene un sólido ambiente para desarrollar negocios, se desempeña bien en las medidas de desarrollo humano, y se encuentra mejor calificado que la media de los países a nivel mundial en materia de educación.

Factores que afectan la Paz en México

Es bien sabido que el aumento de los niveles de violencia en México ha sido una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, pero hay otros factores clave que deben ser considerados.

El número de armas de fuego introducidas ilegalmente a México se incrementó sustancialmente durante la última década, casi tres veces mayor en el período 2010-2012, que entre 1997 y 1999.

Como consecuencia de esto, el indicador que mide el número de delitos relacionados con el uso de armas, registró un aumento significativo de 117% por cada 100.000 habitantes durante la última década.

La medida de la eficiencia del sistema de justicia ha registrado un significativo deterioro. De hecho, en algunos estados hasta 95% de los homicidios quedan impunes.

Además, la percepción pública de corrupción es muy alta y se configura como uno de los mayores desafíos que enfrenta México.

La capacidad de las prisiones del país está saturada, en un informe elaborado en 2013 por México Evalúa se afirma que 52% de las cárceles en el país registran condiciones de hacinamiento, ya que los reclusorios concentran 74% de la población carcelaria.

Asimismo, hay un alto nivel de delitos no denunciados en México. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2012 (ENVIPE), se reportan sólo 19% de los robos, 10% de los fraudes y 10% de los casos de extorsión.

Es importante atender estos datos para hacer frente a estos desafíos clave, con el propósito de reducir la violencia y alcanzar los beneficios sociales y económicos que significaría mejorar el estado de la paz en México.

Instituto de Economía y Paz. Visión de la Humanidad.org. 28/11/13

www.visionofhumanity.org

877. “Ha habido poco progreso sobre la seguridad o los derechos humanos a un año del gobierno de Enrique Peña Nieto”: WOLA

Washington, D.C., Estados Unidos. Cuando asumió la presidencia de México, Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno se centraría en la reducción de la violencia y los delitos que más afectan a la población. Él también dijo que trabajaría para que los “derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica”. A un año del gobierno de Peña Nieto, esas promesas siguen sin cumplirse.

Hasta ahora, los resultados de la estrategia del gobierno de Peña Nieto para reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la sociedad han sido decepcionantes. Si bien ha habido una ligera reducción en la tasa de homicidios, la violencia sigue siendo desenfrenada en partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord. Como la Encuesta de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2013 dejó en claro, más mexicanos se sienten inseguros este año que en los años anteriores.

Expertos en seguridad han señalado un ligero aumento en los homicidios relacionados con la delincuencia organizada para octubre 2013, después de una caída en septiembre, y en algunos estados, sobre todo Michoacán, la situación de seguridad ha seguido deteriorándose. Hay acusaciones generalizadas de colusión entre los funcionarios del gobierno, la policía, y los grupos criminales. Los grupos de autodefensa están enfrentándose públicamente con las organizaciones criminales, en gran parte porque el gobierno ha sido incapaz de detener los asesinatos, los secuestros, la extorsión y otros abusos contra la población.

El gobierno de Peña Nieto ha intentado distanciarse de las fallidas estrategias implementadas por el expresidente Calderón, y dijo que pondría un mayor énfasis en la prevención de la violencia, el trabajo de la inteligencia, y la coordinación. Sin embargo, hasta ahora su gobierno ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres. El ejército sigue desempeñando un papel principal en la seguridad pública, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informa periódicamente sobre el número de presuntos delincuentes detenidos, así como la cantidad de drogas, armas, y vehículos incautados. Estos números permiten al gobierno afirmar que sus esfuerzos están produciendo resultados, pero indican poco sobre el impacto de la estrategia en la violencia y la inseguridad. Además, mientras que la Policía Federal está desempeñando un papel activo en los operativos contra el crimen organizado, la fuerza sigue plagada de muchas acusaciones de abuso y corrupción, como fue la detención en octubre 2013 de 13 agentes por participar en una banda de secuestradores en Acapulco. Las casas de migrantes y las organizaciones de derechos humanos también han reportado múltiples casos de agentes de la policía federal que han extorsionado a migrantes en tránsito por México. El anunciado Gendarmería Nacional, que supuestamente iba a ser un elemento clave en el fortalecimiento de las fuerzas federales de seguridad, ha sido reducida a unos 5.000 efectivos de civiles adscritos a la Policía Federal y no estará en operaciones hasta julio de 2014.

En su primer año de gobierno, Peña Nieto tampoco ha mostrado un claro compromiso con el respeto a los derechos de la población. Aunque firmó poco después de asumir el cargo legislación histórica para víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se finalizó hasta octubre, y no está claro si tendrá recursos suficientes en 2014 para llevar a cabo sus tareas.

De la misma manera, nueve meses después de la presentación de una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas, que estaba plagado de errores y omisiones, el gobierno mexicano aún no ha presentado una base de datos depurado o dejado en claro cómo se está desarrollando una base de datos completa que incluye todos los casos registrados de desapariciones. Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) creó una unidad de búsqueda para personas desaparecidas en mayo del presente año, ha sido lento en producir resultados tangibles, y el gobierno federal no ha desarrollado una metodología clara para investigar los casos. El desarrollo de las investigaciones sobre casos de desapariciones forzadas donde están implicados miembros de las fuerzas armadas ha enfrentado otros obstáculos ya que son investigados en la jurisdicción militar.

Al respecto, en septiembre, el Senado comenzó a realizar importantes discusiones sobre la reforma al Código de Justicia Militar. Esta reforma debe garantizar que violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra civiles sean investigados y juzgados en cortes civiles en lugar de los tribunales militares. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para su votación, y aún no se sabe si el texto final de la legislación cumpliría con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de las decisiones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia.

Periodistas y defensores de derechos humanos también están en riesgo. En los últimos meses el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha avanzado en su consolidación y en asegurar su financiamiento. No obstante, la falta de compromiso político con el Mecanismo sigue siendo un obstáculo y los ataques y las amenazas continúan. Por ejemplo, durante 2013, se ha registrado unos 100 actos de agresión contra periodistas y medios de comunicación. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) considera que México es el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio y uno de los más peligrosos en el mundo.

Igual de importante, las recientes victorias para víctimas de violaciones de derechos humanos se han logrado a través de la incansable labor de organizaciones de derechos humanos en México, y no a través de un sistema de justicia que funciona. Tal es el caso de la reciente orden de la Suprema Corte de México para liberar aIsrael Arzate, quien fue torturado por soldados y falsamente implicado en una masacre en 2010, que tuvo lugar en el fraccionamiento de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. Arzate fue liberado solamente después de que organizaciones de derechos humanos mexicanas asumieron su defensa legal y trabajaron para atraer atención nacional e internacional a su caso. Del mismo modo, después de pasar 13 años en prisión, el profesor indígena Alberto Patishtán fue otorgado un indulto por Peña Nieto en octubre de 2013, porque el gobierno encontró que sus derechos humanos habían sido gravemente violados, en particular el derecho al debido proceso. Desafortunadamente, Patishtán no hubiera sido liberado si no fuera por los años de campaña por su liberación por parte de su familia y de organizaciones nacionales e internacionales quienes trabajaron para visibilizar las injusticias que había sufrido.

Por su parte, las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en una manera generalizada. Entre enero y octubre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1.062 quejas contra las fuerzas armadas (del Ejército y la Marina) y 559 en contra de la Policía Federal, incluyendo casos de privación de la vida, desaparición forzada, tortura y trato cruel o inhumano.

Durante su presentación para el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno mexicano reconoció sus rezagos en materia de derechos humanos. En la práctica, sin embargo, parece que las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas, como la investigación y la sanción de policías y soldados que son responsables de violaciones a los derechos humanos. Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras.

Maureen Meyer y Clay Boggs. Wola.org. 27/11/13

http://www.wola.org/es/comentario/a_un_ano_del_gobierno_de_enrique_pena_nieto

Peña Nieto aplica la misma táctica de seguridad de Calderón: WOLA

Washington D.C., Estados Unidos. Durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado muy pocos avances en materia de seguridad y derechos humanos, pues se sigue cometiendo una enorme cantidad de violaciones a esas garantías, en medio de total impunidad, señaló la Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).

Un día después de que la organización internacional Human Rights Watch diera a conocer una carta en la que afirma que el supuesto cambio de la nueva administración en estos temas ha sido únicamente retórico, WOLA formuló señalamientos en contra del gobierno de Peña Nieto en términos muy similares.

Mediante un documento firmado por Maureen Meyer y Clay Boggs, el colectivo recordó que al asumir el cargo, el Presidente prometió reducir la violencia y combatir los delitos que más afectan a la población, pero hasta ahora los resultados han sido decepcionantes.

WOLA destacó que tras una ligera caída en septiembre de este año, los homicidios relacionados con la delincuencia organizada repuntaron en octubre.

La violencia sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país, y el secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord, lo cual ha provocado el surgimiento cada vez mayor de grupos de autodefensa, apuntó.

Resultados pobres

Lamentó que pese a las declaraciones de que se apartaría de la estrategia de seguridad aplicada por Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha mantenido en gran medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados igualmente pobres, con el Ejército desempeñando tareas de seguridad pública en medio de acusaciones de abusos y corrupción.

De igual forma, la nueva administración federal no ha depurado la lista de 26 mil víctimas de desaparición revelada a inicios de este año por la Secretaría de Gobernación, y su Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no ha dado resultados tangibles y no ha concretado la reforma para acotar el Código de Justicia Militar.

Además, se siguen cometiendo violaciones graves de derechos humanos de forma generalizada –muchas de ellas cometidas por el Ejército, la Marina y la Policía Federal– y los comunicadores y los activistas de organizaciones sociales aún son víctimas de intimidaciones y ataques.

Las declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas. Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras, enfatizó el colectivo estadunidense.

Fernando Camacho Servín. La Jornada.unam.mx. 28/11/13

http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/politica/007n2pol