Saltillo, Coahuila. "...En algunas partes de la república es muy evidente que aún y cuando hay presupuesto e instituciones (públicos) con las facultades para asumir un compromiso en materia de seguridad pública, no hay un avance correspondiente y en lugar de existir mayor seguridad pública se ha desatado una mayor escalada de violencia”.
Con la frase anterior, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, sintetizó la situación actual de los Derechos Humanos en México: estamos retrocediendo en el proceso de garantizar el pleno disfrute de los mismos por parte de todos los individuos.
Y eso se nota, dijo el ombudsman nacional, “con el resurgimiento de prácticas como la tortura, las detenciones ilegales y las desapariciones, que se pensaba estaban ya superadas” en el país.
El mejor ejemplo de que esta indeseable realidad está de vuelta es, a no dudarlo, lo ocurrido en el municipio tamaulipeco de San Fernando, donde se han localizado decenas de cadáveres en fosas clandestinas, cuerpos que corresponden a personas presuntamente victimadas por el crimen organizado con la complicidad de agentes de seguridad pública.
¿Por qué están de regreso prácticas que, con el advenimiento de la llamada normalidad democrática se suponían totalmente erradicadas en nuestro país y apenas un mal recuerdo de un pasado sepultado?
La respuesta es tan simple como desoladora: porque el Estado mexicano ha fallado al momento de crear e instaurar los mecanismos necesarios para garantizar que las prácticas ilegales no puedan recrearse sin que quienes deciden violentar el marco jurídico sean castigados con todo rigor.
Porque erradicar prácticas como la tortura, las detenciones ilegales y las desapariciones como parte del catálogo de actividades en las cuales participan los representantes de las instituciones públicas no puede ser un acto de voluntad, sino producto del diseño e implementación puntual de políticas públicas orientadas a transformar las instituciones del Estado.
No basta con garantizar la alternancia en el poder para considerar superados los vicios del pasado. Además de garantizar la transición, los estados democráticos deben ocuparse de desmontar las estructuras que permitieron en el pasado la incorporación de métodos ilegales a la actuación de ciertos entes públicos.
Si tal andamiaje no es desmontado, las tentaciones antidemocráticas, que incluyen entre otras cosas el no respetar los derechos humanos de los individuos, irán resurgiendo y cobrando renovada vigencia.
¿Es eso lo que nos está ocurriendo actualmente en México? Todos queremos creer que no, pero lo más importante no es lo que deseamos, sino diagnosticar puntualmente la realidad y, a partir de allí, tomar medidas puntuales y contundentes para sepultar cualquier posibilidad de que el pasado nos invada nuevamente.
Editorial. Vanguardia.com.mx. 15/4/2011