IntroducciónEstamos aquí para hacer el análisis de la información que arroja el Semáforo del Delito en el mes de junio. Además, haremos una recapitulación especial de las acciones y omisiones de las autoridades que explican la incidencia delictiva del primer semestre del año en el Área Metropolitana de Monterrey.
En meses pasados hemos puesto especial atención en señalar los aspectos más preocupantes de la incidencia delictiva en los municipios del área metropolitana de Monterrey. Hoy nos sentimos obligados a poner el foco de atención en la autoridad estatal. Tenemos elementos para afirmar que el Gobierno del Estado no está aportando lo que le toca para que los semáforos delictivos municipales puedan cambiar del rojo al verde.
Empezaremos por llamar la atención sobre aspectos sobresalientes del Semáforo para el mes de junio y de ahí pasaremos a hacer comentarios sobre omisiones específicas del Gobierno Estatal durante el primer semestre del año.
Nuevos hallazgos en la criminalidad por municipios:1. El oriente de la Ciudad –Guadalupe, Juárez y Cadereyta– se ha convertido en un “polo de delitos patrimoniales”.
Lo anterior nos lleva a suponer –como de hecho lo han expresado algunos alcaldes– que ante la falta de coordinación intermunicipal las fronteras municipales son un obstáculo para la prevención del delito.
En robo a casa los tres municipios presentan tendencias al alza; en robo a vehículo sobresale el incremento de Guadalupe y Juárez; y en robo a negocio es Guadalupe el que presenta un incremento de 50 por ciento con respecto el mes anterior.
2. Es notorio que las bandas de robo a vehículo siguen operando a sus anchas en prácticamente todos los municipios del área metropolitana.
3. La tasa de homicidios tuvo una alza importante en el Poniente de la Ciudad; particularmente en Santa Catarina, García, Escobedo y la zona de Monterrey que vigila la Policía Regia.
Hasta aquí los apuntes sobre la incidencia delictiva en los municipios.
Omisiones del Gobierno del Estado en el combate a la delincuenciaLa evolución del Semáforo del Delito en esta primera mitad del año nos ha permitido identificar algunas prácticas municipales dignas de emularse por sus pares. También hemos urgido a otros municipios –los de desempeño más pobre– a redoblar esfuerzos y a implementar políticas de prevención probadas en otros lados.
Hoy que concluimos el primer semestre de este ejercicio, nos vemos obligados a reconocer que las omisiones más graves en el abordaje de la crisis de seguridad que vive la Entidad corresponden a la autoridad estatal. Es falso que el Gobierno del Estado hace todo lo que puede.
El Gobierno del Estado le está fallando a Nuevo León en el abordaje de la violencia; está en deuda tanto en las acciones orientadas a salir de la emergencia, y también en las transformaciones de fondo a las instituciones de seguridad.
No hace el Gobierno todo lo que puede, ni en aquello que está completamente bajo su control; ni tampoco en aquello en lo que le toca ser facilitador de la acción municipal.
Aquí enumeramos las cinco principales omisiones o fallas del Gobierno del Estado. Empezamos por lo más sencillo y a la mano, para avanzar a lo más retador, a lo que igualmente está obligado:
1. Ausencia de política de prevención metropolitanaEn un área conurbada con tantas autoridades municipales se necesitan espacios de intercambio de política pública en diferentes materias. Pero en seguridad, y en medio de la crisis que vivimos, no hay alternativa, el Estado debe ofrecer la plataforma de trabajo desde la que se evalúa el trabajo de los municipios. Un espacio en el que se diseccionen las acciones preventivas específicas de cada municipio, para documentar aquello que está funcionando y aquello que no, y así poder plantear directrices para el conjunto de los municipios.
Por increíble que parezca hoy no tenemos un especio de intercambio de buenas prácticas municipales en materia de prevención del delito. No hay el trabajo de equipo que se necesita, entre municipios, para tener un conjunto de políticas preventivas del delito a nivel metropolitano que empiecen a dar resultados.
2. Ciclo de certificación – depuración incompletoSe han invertido y se siguen invirtiendo recursos cuantiosos a la certificación policial. La instancia evaluadora, el CISEC, pasó de una capacidad de 200 evaluaciones al mes hace un año a una capacidad de 600 actualmente.
También reconocemos el trabajo de depuración masiva y de golpe que se ha dado en algunos municipios, particularmente el caso de Juárez.
Sin embargo, lo que es inaceptable, y lo hemos señalado reiteradamente, es que al día de hoy no sabemos si los policías que salen de la certificación policial evaluados como “no aptos” están siendo despedidos o no por los municipios.
Vale la pena dimensionar lo lejos que estamos del deber ser.
El ideal sería que el Estado hubiera encontrado ya el mecanismo para obligar a los municipios a que despidan a los policías dictaminados como no aptos. Evidentemente no estamos ahí.
Si esto, por las razones que sean, no lo pueden hacer, el Estado tendría que estar presionando de manera directa, con los resultados de las evaluaciones en su mano, a los municipios para que despidan a los policías no aptos. Tampoco estamos ahí.
Ya de perdido, como último recurso, si el Estado no quiere hacerlo, que nos deje intentarlo a los ciudadanos. Si el Estado transparenta la certificación policial, y también la información que tiene a la mano sobre el personal policíaco de los municipios, la sociedad estaría en posibilidades de presionar para que los despidos que se tienen que dar en los municipios efectivamente se den. Tampoco eso, tan elemental, están dispuestos a hacer. Cientos de millones de pesos invertidos en la certificación policial para que el Gobierno del Estado deje suelto el ciclo de la certificación y depuración policial; es decir, para dejar a cada alcalde que decida a capricho si usan la información de la certificación o si la tiran la basura.
3. Robo a vehículo: 10,500 en el año y todavía sin pistasHace tres meses en una conferencia de prensa improvisada y sorpresiva, que buscaba anticiparse a nuestras presentaciones sobre la evolución del Semáforo del Delito, el Gobierno dijo que el robo a automóvil ya había empezado a disminuir. En ese momento dijimos que la autoridad faltaba a la seriedad más elemental presentando información de esa manera. El tiempo, lamentablemente, nos dio la razón.
Hoy podemos decir que cualquiera que sea la estrategia en materia de combate al robo de automóvil, no está funcionado. Si es que se está haciendo algo en materia preventiva, no está sirviendo de nada.
¿Cómo se roban, transportan, almacenan y desarman 10,500 automóviles en seis meses sin que las autoridades puedan detenerlo?
Esto sólo sucede cuando hay contubernio entre funcionarios públicos, municipales o estatales y las bandas de criminales.
4. Para la seguridad, mucho dinero y poca estrategia
Es cierto que parte importante de los recursos municipales los reciben directamente de la Hacienda federal. Pero también es una realidad que el Gobierno de Nuevo León mantiene cierto nivel de discrecionalidad sobre fondos que se distribuyen desde el Estado, hacia los municipios.
Ante un problema de violencia como el que vivimos y con más de una decena de alcaldes buscando abordar el problema desde su visión particular, lo natural sería ver a un gobierno estatal buscando, por todos los medios, tomar las riendas del problema.
Uno de los mecanismos más obvios y recurridos en otros estados es el uso de los fondos públicos para premiar al municipio que se acoge a las estrategias comunes diseñadas al nivel estatal, o en su caso para castigar, retirándole apoyos, a aquellos alcaldes que quieren manejar su municipio como una isla.
¿Es complicado?, sí. ¿Es imposible?, no.
Hace falta imaginación, voluntad y deseo de dar dirección, desde el Estado, a todas las autoridades públicas de la entidad para constituir un verdadero frente común contra la violencia y la inseguridad. Un Gobierno con ganas de tomar el problema del Estado en sus manos estaría diseñando premios y castigos –donde les duele, en el presupuesto– para los municipios en función de su disposición a sumarse a una coordinación por la que podamos presentar un solo frente contra el crimen.
Un Gobierno estatal dispuesto a usar este tipo de herramientas estaría en la posibilidad de ejecutar, con eficacia y eficiencia, políticas específicas; desde las que tendrían que ser sencillas como la eliminación de los polarizados, hasta aquellas más retadoras como lo es el tener una política de prevención del delito a nivel metropolitano y como lo es el contar con un proceso de depuración policíaca que no deja cabos sueltos.
5. Homicidios dolosos al alza y descalificados por el Estado
En esto llevamos algo de responsabilidad todos. Le hemos “comprado” al Gobierno del Estado la historia de que, en sucesos como el de Sabino Gordo, o como el asesinato del Director de Policía de Santa Catarina, o como cualquier día de estos en el que hay asesinatos múltiples, las víctimas algo tienen que ver con el crimen organizado.
Es condenable que una autoridad democráticamente constituida incurra en estos trucos de comunicación que no pueden calificarse de otra manera más que como viles y fuera de la Ley. Al Ejecutivo no le toca, y comete una falta grave, cuando pretende marcar a priori, horas después del evento, a personas fallecidas como víctimas de segunda, por supuestamente estar vinculados a alguna actividad criminal.
Por lo menos en la esfera de nuestras exigencias necesitamos regresar a lo básico: al Ejecutivo le toca proteger la vida de todos los ciudadanos e investigar para dar con los criminales y capturarlos.
Lo que le toca al Gobierno del Estado es investigar sin prejuicios cada crimen, particularmente aquellos en los que alguien pierde la vida. Y a nosotros lo que nos toca es exigírselos.
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Antes de concluir es importante reconocer aquellos temas en los que algo se ha avanzado: la depuración masiva de Juárez, la mayor eficacia de la unidad antisecuestro, la contratación de nuevos policías, la coordinación del Gobierno de Estado con el Gobierno Federal.
Sin embargo, está lejos de ser suficiente tomando en cuenta la situación del Estado.
Los organismos intermedios aquí representados vemos con preocupación lo que está pasando en Nuevo León. En primera instancia, como a todos, nos preocupa la violencia que no baja.
Pero lo que genera una inconformidad profunda es el estar ciertos de que el Gobierno Estatal no hace todo lo que está en sus manos hacer.
Nos inconforma, ver a autoridades que en ocasiones no sólo no hacen, sino que además no se dejan ayudar.
Vemos un Gobierno Estatal cada vez más encerrado en sí mismo y menos dispuesto a ponerse al frente de autoridades municipales y de la sociedad, para que caminemos juntos en dirección de acabar con la violencia que ha invadido a Nuevo León.
18 de Julio de 2011