México,
Distrito Federal. México debe implementar urgentemente una estrategia
compartida de desarrollo regional. Esto quiere decir que las condiciones y
oportunidades para el desarrollo se igualen para todos los mexicanos,
independientemente de si nacen en Nuevo León o en Chiapas, en la ciudad o en la
sierra.
En
Coparmex sostenemos que uno de los cambios fundamentales para mejorar la
eficiencia de toda nuestra economía, desde una perspectiva integral de
desarrollo compartido, es asegurar una mejor calidad de la educación.
Necesitamos una verdadera reforma educativa, una solución de fondo, que desde
nuestro punto de vista descansa en tres bases:
1) La
aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma al artículo 123
constitucional; 2) consolidar el sistema nacional de evaluación educativa; 3)
crear y fortalecer el servicio profesional docente.
La
sociedad civil espera y demanda que los legisladores aprueben las leyes
reglamentarias de la reforma educativa en el periodo extraordinario que se
realizará en agosto. Esto es imprescindible para que empiecen a funcionar los
avances constitucionales logrados en materia educativa, para que México se
inserte en una economía moderna y para que nuestros niños y jóvenes tengan
acceso a la calidad en la educación, que los aleje de las calles, de las
pandillas y del crimen organizado. Por ello, a la dimensión social del
desarrollo regional debemos sumar la perspectiva de la seguridad pública. La
paz y la tranquilidad de nuestras familias debe ser la misma,
independientemente de si viven en Yucatán o en Michoacán, en la ciudad o en las
comunidades alejadas.
Es
difícil, pero debemos empezar a reconocer que hay regiones en nuestro país con
características que impiden su desarrollo integral: instituciones débiles con
gobiernos inoperantes, guerrillas que disputan el territorio, ausencia del
Estado de derecho y la presencia de un "estado" paralelo a las
instituciones formales de la república. No puede haber desarrollo integral en
las regiones que cumplen con esta definición.
Las
exigencias de la sociedad han sido claras desde hace mucho tiempo: mejor
coordinación entre las fuerzas federales y locales, policía con mando unificado
y un trabajo más eficiente en el combate financiero a los grupos del crimen
organizado.
La paz
y la seguridad son responsabilidad de todos, incluida la sociedad. El gobierno
federal debe planear y ejecutar una estrategia nacional; pero la exigencia
ciudadana debe centrarse en los gobiernos locales, municipales y estatales, que
han permitido durante décadas el deterioro de las instituciones en el orden
local.
Omisión,
impunidad, corrupción y colusión con el crimen son algunas de las causas del
clima de violencia que se vive en ciertas regiones del país. Pero también lo es
la falta de desarrollo, de oportunidades productivas y de un sistema educativo
que no siempre genera en sus jóvenes habilidades o valores. La historia del
mundo ha demostrado que sólo a través de la generación de riqueza es como puede
acabarse la pobreza y los males que vienen con ella, como la desigualdad
social, el hambre, la marginación, el crimen y la inseguridad.
Es
triste lo que Michoacán ha vivido en los últimos días, especialmente porque es
ejemplo de todo lo que nos resta por hacer en México. Además de los problemas
de seguridad, esta semana se anunció que Michoacán fue uno de los pocos estados
en los que la pobreza extrema creció entre 2010 y 2012; ese es el resultado de
una combinación que no debemos permitir para México: inseguridad y violencia;
pobreza e incapacidad para abatirla; autoridades ausentes, finanzas públicas
comprometidas y, por si fuera poco, uno de los sistemas estatales de educación
más deficientes, con muchos maestros que prefieren la protesta en la calle a
las clases, y con una alta tasa de deserción educativa que muchas veces es el
inicio de la incursión en el crimen.
Si no
hacemos algo pronto, la violencia —y especialmente la impunidad que se vive en
estas regiones— se puede extender a otras entidades de México, condicionando la
viabilidad de nuestro desarrollo y reduciendo el impacto de los grandes temas
que se discuten a nivel nacional.
De
acuerdo con los compromisos asumidos en el Pacto por México, a finales de
agosto tendrían que estar promulgadas la Ley del Sistema Nacional de Evaluación
y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual goza
ya de autonomía constitucional.
Es
preciso llegar al periodo ordinario que iniciará en septiembre con esas leyes
secundarias en materia educativa ya aprobadas, para que los legisladores puedan
concentrarse en las reformas estructurales fundamentales en materia de
seguridad pública, hacendaria, energética y la banca de desarrollo.
Para
Coparmex la educación no sólo es un instrumento para el mejoramiento económico
de las familias, sino un elemento indispensable en la emancipación integral de
las personas. Por ello, creemos que conforme avancen las reformas en favor de
la calidad especializada de nuestra educación, debe avanzar la perspectiva de
familia y de valores ciudadanos como indicadores transversales de la política
social, porque facilitan el logro de la paz y la concordia en México.
Juan
Pablo Castañón Castañón. Presidente Nacional de Coparmex
Diario de Coahuila.com.mx.
02/08/13