Monterrey,
Nuevo León. El Congreso y el Gobierno de Nuevo León quedaron a deber con la
recién aprobada Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas del
Estado, aseguró Silvano Cantú, especialista en el tema.
Aunque
reconoció que hay una mejora considerable en algunos aspectos conforme al
proyecto original, el coautor de la Ley General de Víctimas consideró que el
dictamen avalado por los Diputados representa una ruptura y una inadecuación
respecto a la ley federal en la materia.
"Los
mecanismos para garantizar su efectividad, los organismos que se crean, están
por debajo del estándar que marca la Ley General y por lo tanto hay una
inadecuación con respecto a lo que está obligado el Estado", señaló el
representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
"El
Congreso de Nuevo León y el Gobierno del Estado, al promover una legislación de
esta naturaleza, están quedándoles a deber a las víctimas".
El
doble modelo de atención victimal, con la permanencia de Copavide; la falta de
representatividad ciudadana en la Comisión Ejecutiva, y el control del fondo de
víctimas a través del Gobierno, son los aspectos cuestionados.
Cantú
lamentó que en el caso de Nuevo León no haya habido un proceso de consulta
previo, que se dio a partir del reclamo de organismos, pero con una apertura
reservada y restringida.
Pese al
rechazo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y de la fracción del PRD,
quienes pugnaban por una mayor participación ciudadana en la Comisión
Ejecutiva, el Congreso aprobó la nueva Ley de Víctimas para el
Estado.
El
experto puso como ejemplo a Nuevo León para señalar que la armonización de la
LGV se está complicando en las entidades.
Verónica
Ayala. El Norte.com. 26/10/13
http://www.elnorte.com/local/articulo/770/1539973/
