Este año, la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) publicó una guía anti corrupción,
orientada a guiar la acción de sus empleados en el territorio nacional. En la
introducción de este documento, se expone de manera clara porqué la corrupción
es un verdadero cáncer que pone en peligro a las instituciones. Me permito
citar un pasaje completo: “La corrupción es, en un sentido amplio, distraer a
algo de sus fines.
Corromper el Estado
es alejarlo de su función transformadora, de su obligación de llevar beneficios
a las personas, de su responsabilidad por hacer efectivos derechos y
libertades. Las estimaciones disponibles sobre corrupción y cultura cívica
muestran el déficit que tiene la democracia mexicana para ofrecer resultados
palpables a la población y confirman que en México es urgente desmantelar la
corrupción, sus prácticas, así como los valores sociales que la sustentan”
(Guía Anticorrupción, SEDESOL, 2014). En palabras del mismo Gobierno federal,
entonces, si queremos “mover a México”, es urgente deshacernos del peso de la
corrupción, que frena la velocidad de cambio que pudieran tener cualquier otra
reforma.
Efectivamente, la
corrupción tiene un impacto en la calidad de vida del país, en su
competitividad, en la seguridad. La organización civil Transparencia Mexicana
realiza periódicamente un estudio nacional llamado “Índice Nacional de
Corrupción y Buen Gobierno”. Este año, precisamente, se aplicará nuevamente
esta gran encuesta nacional. En su última versión, realizada en el 2010,
destacan los siguientes resultados: se identificaron 200 millones de actos de
corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales,
estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por
particulares. En promedio, un “moche” le costó a los hogares mexicanos $165.00.
Y los ciudadanos en su conjunto tuvieron que dedicarle 32 mil millones de pesos
en el año en cuestión para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios
públicos estudiados por esta encuesta, en pago de “moches”. Lo más grave es que
para los hogares más pobres, la corrupción mermó en un 33% su ingreso. Según la
encuesta, entre el 2007 y el 2010, los trámites y servicios para los cuales
aumentó en mayor medida la corrupción, fueron: la atención en urgencias a una
clínica u hospital, el pago de predial, la obtención de constancias o exámenes
de escuelas públicas, y la obtención de un crédito o préstamo en efectivo para
casa o negocio. De acuerdo con el ranking 2013 de Transparency International,
México se percibe como uno de los países más corruptos del mundo, llegando en
deshonroso lugar 106 de 177 países en su encuesta de percepción.
Estimado lector, toda
la numeralia anterior tiene un solo fin: demostrarle que sea el calificativo
que le queramos poner a la corrupción (problema “cultural”, legado histórico, o
lo que se le antoje), este problema afecta a toda la población
independientemente de su nivel de ingreso. Afecta el desempeño económico del
país, ahuyenta inversiones, disminuye la eficacia de la administración pública.
Como sociedad, nos
conviene reflexionar seriamente sobre la prioridad que le queremos dar al
combate a la corrupción. Muchos problemas del país tienen su raíz en
instituciones corruptas, en una maquinaria política aceitada por la corrupción,
y también, en ciudadanos y empresarios que normalizan este acto como la única
forma de “avanzar”, crecer, generar empleos, y hacerse rico.
Muchos países nos
demuestran cómo se puede crecer económicamente y socialmente, cuando se hace
del combate a la corrupción un desafío nacional. Singapur llega en quinto lugar
mundial del mismo índice de Transparency International que mencioné
anteriormente. Este país tiene más de 60 años combatiendo en forma sistemática
todas las formas de corrupción, con una severidad absoluta. No hay delito de
corrupción que no se sancione, la meta siendo eliminar la impunidad. El caso está
ampliamente documentado, ojalá nuestras autoridades lo estudien a fondo y
promuevan aquellas reformas faltantes para hacer de México un país que
realmente se mueva hacia un mejor destino.
Sandrine
Molinard. Directora del Consejo
Cívico de las Instituciones de Nuevo León.
Sandrine Molinard. Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León. Monterrey, 10/09/2014
