Demoras y
encubrimiento en la reacción oficial a atrocidades
"Estas son las peores
atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes
aislados. Por el contrario, estos homicidios y desapariciones forzadas reflejan
un patrón más amplio de abusos y son en buena medida consecuencia del
persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar este problema".
-José Miguel Vivanco,
director ejecutivo de HRW para las Américas
El
gobierno mexicano llevó a cabo investigaciones tardías sobre las desapariciones
forzadas de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero, y el asesinato de 22
personas en Tlatlaya, estado de México, señaló Human Rights Watch. En el
caso de Tlatlaya, ministerios públicos estatales procuraron encubrir la
actuación de militares obteniendo testimonios coaccionados de las testigos de
los hechos.
El gobierno mexicano
debería llevar a cabo investigaciones exhaustivas de ambos episodios, sostuvo
Human Rights Watch. Los funcionarios públicos que no dieron una respuesta
inmediata a estos incidentes o intentaron encubrirlos deben rendir cuentas por
sus actos.
“Estas son las peores
atrocidades que hemos visto en México en años, pero no se trata de incidentes
aislados”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de
Human Rights Watch. “Por el contrario, estos homicidios y desapariciones
forzadas reflejan un patrón más amplio de abusos y son en buena medida
consecuencia del persistente fracaso de las autoridades mexicanas para abordar
este problema”.
Human Rights Watch
visitó Guerrero y México, D.F. a partir del 3 de noviembre de 2014 para
reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos, testigos de los dos
incidentes, y altos funcionarios públicos en México, D.F., incluido el
Procurador General de la República Jesús Murillo Karam.
Murillo Karam y otros
miembros de la PGR expresaron su compromiso para encontrar a los estudiantes de
Guerrero y para asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos. No
obstante, la respuesta inicial de la Procuraduría General de la República (PGR)
a estos casos ha estado marcada por demoras significativas. En el caso de
Iguala, la oficina inició la investigación recién 10 días después de que los
estudiantes desaparecieran. En el caso de Tlatlaya, la PGR tardó tres meses en
intervenir.
Hrw.org. Nueva York, 07/11/14