Varias crisis en el pasado han dejado claro que las agencias de calificación no suelen alertar sobre escenarios de debacle económica cuando es pertinente hacerlo. Al contrario, han contribuido a exacerbar las crisis mundiales, con un impacto particularmente grave en las economías en desarrollo, dice la experta de la ONU en deuda y derechos humanos, urgiendo a reformar esas empresas financieras y suspender la emisión de calificaciones durante la crisis del COVID-19.
Las agencias de calificación crediticia “sufren de defectos de nacimiento, como el conflicto de intereses y la falta de rendición de cuentas o de transparencia en sus evaluaciones”, sostuvo la experta de la ONU sobre deuda y derechos humanos*.
En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, Yuefen Li, plantéo la falta de advertencias de parte de esos entes ante posibles crisis de deuda, incumpliendo así con el papel preventivo que deberían desempeñar y contribuyendo a agudizar las recesiones. “Han actuado para exacerbar las crisis”, aseguró.
Para apoyar este argumento, Li citó los casos de la crisis de las hipotecas subrime y las crisis financiera en Asia. “Estas crisis financieras y de deuda expusieron los problemas estructurales inherentes a las agencias de calificación crediticias”, explicó.
No toman en cuenta los derechos humanos
Li destacó, sobre todo, el impacto enorme que pueden tener las rebajas de calificación en las deudas soberanas de los países en desarrollo.
“Resulta aún más alarmante que las calificaciones no tengan en cuenta consideraciones de derechos humanos, con lo cual incrementan la volatilidad de los mercados financieros, reducen el espacio fiscal para invertir en servicios de salud, vacunas o protección social cuando más se necesitan y disminuyen la eficacia de los esfuerzos de los países para contener una crisis de deuda. Con ésto, aumentan el sufrimiento de la población”, apuntó.
En este contexto, aseveró que debería suspenderse “la emisión de calificaciones de crédito durante una crisis, como la causada por la pandemia de COVID-19”.
Limitar el control de las calificadoras
La experta consideró que, además, no hay una competencia justa puesto que las tres grandes calificadoras, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings controlan más del 92% del mercado global.
Esto quiere decir, que esas agencias influyen de manera excesiva sobre las decisiones de préstamos, condiciones de los créditos e intereses a pagar de las deudas nacionales.
En opinión de Li, para limitar esta influencia que tanto daño puede hacer a los países, es imperativo transformar sin dilación la arquitectura internacional de los mercados de bonos.
“No puede posponerse más la reforma de la arquitectura internacional de la deuda, incluyendo el papel, los criterios y el funcionamiento de las agencias de calificación crediticia. La reforma es crucial de cara a la profunda recesión y a una inminente crisis de deuda en 2021 en varios países en desarrollo”, puntualizó Li.
* Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
News.un.org. Naciones Unidas, 09/03/21
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489002