México, Distrito Federal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Felipe Calderón a esclarecer el asesinato de Javier Torres Cruz, activista de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), así como garantizar la integridad de su familia.
El 18 de abril, hombres armados presuntamente al servicio del excacique Rogaciano Alba Álvarez emboscaron al ambientalista en las inmediaciones de su comunidad, La Morena, mientras que su hermano Felipe Torres resultó herido.
La CIDH destaca, en un comunicado, que “ha recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por Javier Torres Cruz y varios de sus familiares desde 2007”, año en que el activista y su tío, Isaías Torres, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para señalar a Rogaciano Alba, actualmente procesado por narcotráfico, como autor intelectual de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
El 3 diciembre de 2008, agrega la CIDH, “Torres Cruz habría sido detenido ilegalmente por soldados del Ejército mexicano, y éstos supuestamente lo entregaron a otras personas que lo habrían sometido a torturas durante varios días. Esta situación fue denunciada por Javier Torres Cruz ante la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum) y ante el Ministerio Público”.
Recordó al gobierno mexicano su obligación de investigar el atentado contra los Torres Cruz y sancionar a los responsables, y también lo exhortó a “adoptar de forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias, a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Javier Torres Cruz, y de todos los defensores de derechos humanos en el país”.
En la edición 1678, Proceso publicó el testimonio que el ambientalista guerrerense rindió el 20 de diciembre de 2008 ante la Coddehum y organizaciones sociales sobre la detención de que fue objeto el 3 de de ese mes, en un retén militar, y cómo los soldados bajo el mando del comandante del 19 Batallón de Infantería, coronel Víctor Manuel González Trejo, lo entregaron a sicarios presuntamente al servicio de Rogaciano Alba.
En su declaración, Torres Cruz señaló que durante cuatro días los pistoleros lo torturaron en un paraje de la sierra, donde estuvo retenido sin probar alimentos.
En un descuido de los sicarios, el activista escapó por el monte y aseguró que durante “seis días fue perseguido por militares y civiles”, hasta que el 13 de diciembre llegó a La Morena, muy lastimado por la tortura, lesiones que incluso fueron certificadas por el perito de la Coddehum, Pablo Sandoval Cruz.
El ambientalista también señaló que Rogaciano Alba “es un cacique que pertenece a una mafia del narcotráfico, que lo apoya con dinero para que pague a los militares… Se sabe bien que a Rogaciano lo tiene resguardado el coronel (González Trejo) en el cuartel de Petatlán”.
En febrero de 2010, en su edición 1739, Proceso publicó una entrevista con Javier Torres Cruz, en la sierra de Petatlán, en la que denunció el acoso indiscriminado de tropas del 19 Batallón de Infantería contra su comunidad y su familia, como “una venganza” por haber denunciado los crímenes de Alba Álvarez.
La queja se presentó ante la Coddehum y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que, el 16 de enero de ese año, elementos militares dispararan contra tres integrantes de la familia Torres y un amigo que se encontraban en el campo.
En el ataque murió Adolfo Torres Rosas y fue herido su Isaías, ambos tíos de Javier Torres, y fueron detenidos Anselmo Torres y Huber Vega Coria, actualmente presos en Acapulco, acusados de delitos contra la salud y portación de armas, ilícitos que --aseguran los acusados-- les fueron fabricados por los soldados.
En la entrevista, Javier Torres Cruz no dudó en acusar al exalcalde de Petatlán, vinculado con el capo Ismael El Mayo Zambada:
“Ese señor (Rogaciano Alba) manda en esta región aunque esté arraigado; lo que quiere es intimidarnos para que no sigamos con las denuncias por los crímenes que ha cometido en la sierra”, acusó Torres Cruz.
Por último, en esa ocasión exigió a las autoridades procesar al cacique no sólo por sus ligas con el narcotráfico, sino también por la muerte de la activista Digna Ochoa y su intento por desaparecerlo a él en diciembre de 2008.
Gloria Leticia Díaz. Proceso.com.mx. 25/4/2011