El Gobierno mexicano
se opone a aceptar que la tortura es una práctica generalizada por la
connotación que tiene el término en el derecho internacional, explicó el
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo.
Dado que en derecho
internacional la tortura generalizada es considerada un crimen de lesa
humanidad, podrían llegar casos a la Corte Penal Internacional.
"El adjetivo
tiene un significado muy preciso en derecho internacional y tiene que ver con
situaciones donde hay una política de Estado de violación a los derechos
humanos, en un contexto de comisión generalizada de violaciones en contra de la
población civil, en forma sistemática y con conocimiento de causa de parte de
quien lo perpetra.
"A eso nos
oponemos, porque la situación que se vive en México, por más de que enfrentemos
zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales, que han sido
reconocidas por el Estado, en modo alguno se puede decir que las instituciones
del Estado no funcionan o no están en un tránsito hacia mejores estándares,
como es el caso del sistema de impartición de justicia", señaló.
Mencionó que un
informe de esta naturaleza incide negativamente en la valoración que se haga en
el exterior de la situación que vive México, lo que preocupa a la Cancillería
mexicana.
Indicó que el término
significaría que la tortura ocurre en las 31 entidades federativas y en el
Distrito Federal, en los tres niveles de Gobierno y en todo el momento del
proceso, desde la detención hasta la sentencia firme y durante el cumplimiento
de la sentencia.
Advirtió que el
rechazo a esta valoración del Relator Especial contra la Tortura de Naciones
Unidas, Juan Méndez, es la primera discrepancia con Naciones Unidas en materia
de derechos humanos.
Señaló que la SRE se
sentó a conversar con el Relator todo un año, en directo y por escrito, para
que reconsiderara no utilizar el término de tortura generalizada.
Por esto, se le
preguntó si se trataba de un fracaso de la diplomacia no haber logrado que el
Relator cambiara el término.
"Si usted lo
quiere poner en esos términos, yo asumo el no haber logrado convencerlo, en
efecto. Pero no hay que olvidar que en respuesta a la crítica que recibió, y no
nada más de México, sino también de otro país (Australia) y al más alto nivel,
contestó 'reconozco que mis métodos son rudimentarios y en muchos sentidos
insatisfactorios, pero aun así creo que estoy cumpliendo con las instrucciones
que me ha dado el Consejo de Derechos Humanos'.
"Evidentemente
está reconociendo que la metodología que utilizó no era la adecuada para
arribar a esas conclusiones, así lo leo yo", respondió Gómez Robledo.
Dijo que no debe
quedar en duda la política de apertura del Estado mexicano al escrutinio
internacional, ni la cooperación con los distintos mecanismos de derechos
humanos.
Detalló que la gran
mayoría de las recomendaciones del informe de Méndez están siendo atendidas,
particularmente las que conciernen a la Procuraduría General de la República.
Silvia Garduño. Elnorte.com. México, Distrito Federal, 31/04/15