Monterrey, Nuevo León. La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Nuevo León obstruyeron la investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sobre la tragedia del casino Royale, donde perecieron 52 personas, acusó hoy la presidenta del organismo, Minerva Martínez Garza.
Al presentar una serie de recomendaciones por el caso de la masacre en la
casa de apuestas, el 25 de agosto de 2011, la ombudsman nuevoleonesa consideró
que la PGJ de Nuevo León y la SPP estatal se abstuvieron de proporcionar
información para la investigación que ella efectuó del crimen del 25 de agosto
del 2011.
Señaló, también, que hubo negligencia de otras autoridades estatales y del
municipio de Monterrey.
En conferencia de prensa, la funcionaria reconoció que su recomendación,
hecha pública hasta ahora, 18 meses después de la tragedia, es tardía, pero se
excusó al señalar que el trabajo fue lento por falta de personal de la
dependencia que representa.
En el documento dado a conocer hoy, que contiene 13 recomendaciones, basada
en una investigación que contiene 6 mil fojas, pidió hasta ahora a la PGJ que
emprenda una investigación sobre las omisiones de servidores públicos en los
hechos.
Martínez Garza leyó un resumen de la recomendación 103/12 basada en tres
vertientes: la atención permanente a las víctimas y sus familiares; generación
de políticas públicas y procedimientos para prevenir tragedias similares; y
castigar a los responsables.
La recomendación va dirigida al gobierno de Nuevo León, a través del
secretario general de Gobierno, Álvaro Barra; al procurador del estado, Adrián
de la Garza; al director de Protección Civil, Jorge Camacho; y al director de
Inspección de Trabajo de la Secretaría del Trabajo, así como a la presidenta
municipal de Monterrey, Margarita Arellanes, entre otros.
Dijo que los funcionarios tienen 10 días para acatar las recomendaciones,
en caso contrario, pedirá al Congreso de Nuevo León que los cite para que expliquen
su negativa.
Martínez dijo que Fernando Larrazábal, actual diputado federal del PAN,
quien fuera alcalde regio en el momento de la tragedia, no era objeto de la
recomendación porque ya no ocupa el puesto.
Documento a medias
El documento, de redacción ambigua, que leyó fue diferente al que al final
fue entregado a la prensa. En el que leyó ante las cámaras, pidió que se
indemnice a los familiares de lesionados y muertos; que a los deudos por el
reembolso de gastos funerarios y tratamientos médicos y psicológicos, así como
la prescripción y dotación de medicamentos.
También, que sean proporcionados servicios jurídicos y sociales que las
víctimas requieran; que se ofrezca una disculpa pública que incluya el
reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades en desagravio de
las víctimas y para satisfacción de sus familiares; que se construya un
monumento en memoria a las víctimas.
Asimismo, que se capacite a personal de las empresas, en particular a los
casinos, en observancia a derechos humanos en sus actividades; y definir
políticas públicas a corto y mediano plazo para prevención de tragedias como la
del Royale.
Finalmente, pidió a la PGJ una investigación para el deslinde de
responsabilidades.
Sin embargo, en el resumen entregado a la prensa se incluían las cuatro
recomendaciones que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) y que omitió mencionar en la conferencia. En el documento, pide de
manera ambigua y textual “que se inicie el procedimiento de responsabilidad
administrativa y penal. (Secretaría General de Gobierno, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey y Dirección de Inspección del
Trabajo)”.
En el mismo tono indefinido estuvieron las demás recomendaciones que omitió
en la lectura: que se fortalezcan las capacidades institucionales de servidores
públicos; que se cumpla la función de supervisión de establecimientos
comerciales, en particular casinos; que se promueva ante la Procuraduría
estatal el deslinde de responsabilidades.
En la sesión de preguntas y respuestas explicó que las dependencias
encargadas de indemnizar a los familiares afectados, de acuerdo con los
términos establecidos en la recomendación, son Protección Civil del estado, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, y Dirección de
Inspección del Trabajo, cuyos titulares deberán dar, también una disculpa
pública por el hecho.
Estas dependencias, dijo, incurrieron en negligencia y omisiones.
Cuando se le preguntó si no era extemporáneo pedir a la Procuraduría, más de
un año y medio después, que emprenda una investigación sobre responsables por
fallas administrativas, dijo que la comisión estatal demoró su trabajo por
falta de personal.
“Le estamos pidiendo que inicie averiguaciones sobre autoridades, no sobre
delincuentes. La verdad es que sí me parece mucho tiempo. Nuestra meta es
resolver en tres meses, pero estamos impedidos físicamente porque si usted
cuenta 24 horas al día en que sería imposible trabajar, no nos da el tiempo por
el personal que tenemos”, se excusó.
Señaló que otra causa de la dilación en la entrega de la recomendación fue
que “la autoridad” en ocasiones no le respondía a solicitudes de información.
Uno de sus auxiliares dijo que las dependencias a las que se refería eran
la PGJ y la SSP estatales.
“Claro que se han hecho las denuncias (sobre esa falta de colaboración).
Nosotros hacemos un puente entre la autoridad y los ciudadanos, buscamos la
respuesta inmediata y lo he platicado con el procurador y el de seguridad. Pero
dígame usted, ¡una denuncia resuelve siempre los problemas. No siempre los
resuelve”, dijo al componer su respuesta.
Esta tarde, Francisco Fernández Hasbun, abogado del predio donde están
asentadas las ruinas del casino Royale, dijo que fueron retiradas las cruces
del centro de apuestas, debido a que la PGR les restituyó el inmueble a sus
propietarios y necesitaban limpiarlo para hacer un inventario y poder cobrar el
seguro.
Dijo que por ahora no puede ser demolido el casino hasta que no sean
efectuados todos los peritajes.
Luciano Campos Garza. Proceso.com.mx. 07/01/2013