El gobierno de
Enrique Peña Nieto ha realizado algunos cambios positivos respecto al de Felipe
Calderón en cuanto a la forma en que presenta sus políticas de derechos
humanos, pero sigue teniendo desafíos a la hora de aplicarlos a la realidad,
afirmó Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
Hay un cambio en
cuanto a la presentación de sus políticas públicas, entre ellas el Programa
Nacional de Derechos Humanos, que contrastó con lo sucedido el sexenio
anterior, cuando lo hicieron casi clandestino, señaló el ex ombudsman
capitalino en el contexto del 152 periodo extraordinario de sesiones de dicho
organismo.
Algunos otros gestos
públicos de la actual administración que han sido bien recibidos por la CIDH,
añadió, tienen que ver con la reforma al fuero militar y el retiro de reservas
que tenía el Estado mexicano en varios tratados internacionales de derechos
humanos, además de la propia invitación a los miembros del órgano con sede en
Washington a sesionar en el país.
Sin embargo, Álvarez
Icaza indicó que México sigue sin llevar a la práctica cabalmente esos avances
legales. No basta con reformas constitucionales o con mandar señales importantes,
como invitar a la CIDH. Lo agradecemos, pero hay desafíos importantes en
términos del volumen de denuncias que nos llegan a la comisión, donde México
sigue siendo el país con más denuncias en contra.
Algunos de los temas
más preocupantes para los miembros de la CIDH, dijo, son los abusos contra
migrantes, la tortura, el sistema penitenciario, la falta de garantías para
niñas y niños, la vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos
humanos y las fallas del mecanismo encargado de proteger a ambos gremios.
Respecto al tema de
los niños migrantes no acompañados, el funcionario estimó que uno de los
elementos que hacen más complicada la resolución del fenómeno es que no hay
estadísticas oficiales sobre el mismo, por lo que llamó a estudiarlo con más
detenimiento y a entenderlo como una crisis humanitaria y no con un conflicto
de seguridad.
Mucha gente emigra no
porque quiera, sino porque no tiene manera de sobrevivir. Una de las mejores
formas de ayudarlos es generar mejores condiciones de vida en su lugar de
origen, que pueden tener derecho a vivir en paz y a desarrollarse en sus
comunidades. Esto no se va a resolver con policías, sino con modelos de
desarrollo, insistió.
En este escenario,
Álvarez Icaza llamó a reflexionar sobre cuál ha sido el papel de los organismos
públicos de derechos humanos en el país, que reciben en conjunto unos 200
millones de dólares al año, sin que al parecer eso contribuya a disminuir la
cantidad de violaciones a las garantías básicas o a satisfacer las demandas de
las víctimas.
Fernando Camacho
Servín. Jornada.unam.mx. México, 13/08/14
