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La abogada mexicana Alejandra Ancheita fue galardonada con el
prestigioso Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos, una
distinción que otorgan organizaciones como Amnistía Internacional y Human
Rights Watch. En 2005, la activista fundó la ONG PRODESC que asesora y acompaña
legalmente a inmigrantes y comunidades indígenas frente a compañías
trasnacionales que explotan recursos naturales en sus tierras.
¿Qué significa
para usted el Premio Martin Ennals para Defensores de Derechos Humanos?
La sola nominación ha sido un reconocimiento muy importante a los 15 años de
trayectoria que tengo como defensora de derechos humanos. También es una
llamada de atención al gobierno de México sobre la situación que estamos
enfrentando los defensores de derechos humanos en ese país. Es un
reconocimiento a los activistas que día a día arriesgan su vida y su integridad
física por seguir creyendo que se puede construir una vida con justicia y
dignidad.
En su opinión, ¿qué
importancia le da el actual gobierno mexicano a los problemas de los derechos
humanos?
El actual gobierno
mexicano está demostrando que tiene una grave deficiencia para atender de
manera integral la situación de violaciones a los derechos humanos. Los últimos
acontecimientos que han pasado en el estado de Guerrero y en el estado de
México con la ejecución extrajudicial de un grupo de personas en Tlatlaya a
manos del Ejército mexicano y la desaparición de alrededor de 43 jóvenes
estudiantes normalistas en Iguala, sin que haya una respuesta concreta ya a
casi dos semanas de su desaparición, son muestras muy objetivas de que el
actual gobierno mexicano no está dando una respuesta efectiva y contundente.
A través del
mecanismo federal de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas,
a cargo de la Secretaría de Gobernación, se han recibido por lo menos 130
solicitudes para medidas precautorias de activistas de derechos humanos y
periodistas. El propio mecanismo del Gobierno mexicano no está pudiendo atender
de manera integral la situación. Entre mayo de 2013 y mayo de 2014, se
documentó, además, un aumento considerable de violencia contra defensores de
derechos humanos de un 30,7 por ciento. Asimismo, la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México ha registrado 809 ataques a actvistas entre 2010
y 2013.
A través de la
organización no gubernamental PRODESC, usted se dedica a litigar contra grandes
empresas que violan los derechos laborales, de inmigrantes e indígenas. ¿Nos
puede dar un ejemplo concreto de su trabajo?
Tenemos dos casos
ejemplares y paradigmáticos de comunidades que deciden defender y recuperar sus
derechos a la tierra. Uno es el caso del ejido La Sierrita, en el estado de
Durango, donde el ejido tiene un proceso de defensa y de recuperación de su
tierra contra una empresa trasnacional canadiense que decidió rentar sus
tierras, pero que no ha respetado el acuerdo que había firmado con los
ejidatarios. Además, está contaminando los mantos acuíferos de su tierra, lo
cual implica una situación doblemente grave, porque el lugar en el que ellos
viven es un lugar semidesiértico.
Otro caso muy
específico es el del ejido de Juchitán de Zaragoza y la comunidad de Unión
Hidalgo, en el estado de Oaxaca. Allí estamos acompañando a una comunidad
indígena zapoteca que está exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y su
territorio frente a la construcción de un parque de energía eólica,
desarrollado por la empresa trasnacional española Renovalia. Esta evidentemente
inició los trabajos de construcción sin respetar el derecho a la consulta
libre, previa e informada que tienen los pueblos.
En el norte de México
los indígenas yaqui luchan por el agua. El programa estatal Sonora
Independencia incluye la construcción de un acueducto que, según los yaqui, va
a reducir notablemente la cantidad de agua que les corresponde históricamente.
¿Viola este proyecto los derechos del grupo indígena? ¿Apoya usted su lucha?
PRODESC no está
acompañando ese caso directamente, pero reconocemos la demanda legítima del
pueblo yaqui a decidir sobre su tierra y sobre los recursos naturales que se
encuentran dentro de su territorio. Todos los pueblos indígenas tienen el
derecho a decidir cómo quieren desarrollarse y cómo quieren hacer uso de sus
bienes naturales, que incluyen el agua. Además, el derecho al agua es un
derecho humano reconocido.
¿Qué opina de la
tragedia de los niños centroamericanos que viajan a Estados Unidos? ¿Quién
tiene la responsabilidad en este caso?
En el caso de los
niños que viajan para reunirse con sus familiares, la responsabilidad la tienen
los Gobiernos de sus países de procedencia, los Gobiernos de los países por los
que transitan y el Gobierno del país al que quieren llegar, que generalmente es
EE. UU. Es una responsabilidad compartida. Los gobiernos de todos los países
involucrados tienen la obligación de salvaguardar la vida y la integridad
física y psicológica de estos menores de edad, y no pueden excusarse de su
obligación para con ellos.
¿Cómo califica la
reforma laboral que se aprobó durante el mandato de Enrique Peña Nieto?
La reforma laboral
formalizó una serie de situaciones que ya se venían desarrollando en el día a
día, situaciones de precariedad en el trabajo principalmente para la fuerza
productiva más joven del país, como los contratos temporales. Me parece que hay
una tendencia del Gobierno mexicano de ir restringiendo los derechos ya
adquiridos y ganados en diferentes momentos y por diferentes movimientos
sociales.
Usted ha sido blanco
de amenazas e intimidaciones. ¿Qué la motiva ha seguir luchando por los
derechos de los más débiles?
Una motivación
inicial es la posibilidad de construir condiciones de vida digna en nuestro
país. Otra motivación muy importante es la compañía que uno puede ir aportando
a las diferentes comunidades y colectivos, y el poder ver que se avanza no solo
en las estrategias legales en los casos, sino también en la consolidación de
procesos democráticos dentro de esas comunidades y colectivos.
Martin Ennals
(27.07.1927 – 05.10.1991) fue un activista pro derechos humanos británico. Fue
nombrado Secretario General de Amnistía Internacional en 1968, cargo que ocupó
hasta 1980. El Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos,
creado en 1993, se concede anualmente a personas que hayan demostrado una
excepcional labor en la lucha contra las violaciones de derechos humanos con
medios innovadores. Al ganador lo elige un jurado compuesto por diez
organizaciones de derechos humanos.
Dw.de. 07/10/14
