A
dos años de haber asumido la Presidencia de la República, la administración de
Enrique Peña Nieto ha estado marcada por una política sistemática de
violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, acompañada de impunidad,
corrupción y una estrategia de represión contra el movimiento social
organizado, señaló Greenpeace.
Mediante un
comunicado, la organización ambientalista indicó que pese a que el Presidente
afirmó tener el compromiso de cumplir con las modificaciones constitucionales
realizadas en 2010 que fortalecerían los derechos humanos en México, la
realidad ha sido otra.
"Desde su primer
día de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión,
configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades
democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes; investigación y
persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes
de los movimientos, así como la descalificación automática de los movimientos,
criminalizando a quienes protestan", afirmó la organización.
Greenpeace recordó
que en agosto de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) informó
que 22 mil 322 personas se encontraban en estatus de "no
localizadas", de las cuales 9 mil 790 fueron reportadas en el Gobierno
actual.
"En cifras
reales, el Gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de
numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados
y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una
práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción",
expuso.
Aunado a ello, señala
los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 cuando en al menos cuatro
eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de Iguala,
Guerrero, perdieron la vida seis personas, tres de ellas estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, 20 más resultaron heridas y 43
personas fueron desaparecidas, sin que a la fecha exista certeza de su
paradero.
"Lamentablemente
éste no es un hecho aislado. Ha habido un aumento exponencial en los conflictos
socioambientales en México derivados de la explotación y mercantilización de
los bienes comunes naturales, el despojo, contaminación de los territorios de
pueblos y comunidades indígenas y campesinas y sus recursos naturales que
evidencian violaciones a los derechos humanos y crímenes impunes cada vez más
recurrentes bajo el amparo de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal
y federal", señaló.
En tanto, desde 2013
y hasta abril de 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha
contabilizado un aumento en el número de agresiones a defensores ambientales
pues en menos de 16 meses se han registrado 82 casos en 22 estados de la
República Mexicana, 4 ejecuciones extrajudiciales de defensores ambientales y
comunitarios, 29 entre enero y abril de 2014, en los cuales los agresores
identificados en 37 casos fueron autoridades del Estado mexicano de los tres
órdenes de gobierno.
Greenpeace también se
refirió a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña
como la reforma energética y los cambios a las leyes secundarias que imponen
nuevos retos para la defensa efectiva del derecho a un medio ambiente sano.
Por lo anterior,
anunció que seguirá trabajando por todas las vías posibles para reforzar la
legislación ambiental mexicana, a pesar del desinterés del Ejecutivo por
proteger el medio ambiente.
Además, dijo, no
ignorará actos de injusticia que atenten contra la dignidad de las personas y
el equilibrio de los ecosistemas.
Agencia Reforma. Diario.mx. México, D.F, 30/11/14
Impunidad, corrupción y represión marcan gobierno de
Peña: Greenpeace
La administración de Enrique Peña Nieto ha estado marcada
por una política sistemática de violaciones a los derechos humanos de los
mexicanos, acompañada de impunidad, corrupción y una estrategia de represión
contra el movimiento social organizado, acusó la organización ambiental
Greenpeace.
En un comunicado, la
organización resalta que desde el primer día de gobierno del priista se coartó
el derecho a la protesta y la libertad de expresión, configurando un escenario
peligroso de retroceso en las libertades democráticas.
“Desde su primer día
de gobierno se coartó el derecho a la protesta y la libertad de expresión,
configurando un escenario peligroso de retroceso en las libertades
democráticas: represión desproporcionada de los manifestantes; investigación y
persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes
de los movimientos, así como la descalificación automática de los movimientos,
criminalizando a quienes protestan”, afirmó Greenpeace.
Agrega que aun cuando
Peña Nieto ofreció que fortalecería los derechos humanos, la realidad ha sido
otra.
“En cifras reales, el
gobierno de Peña ha tenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos
asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas por soldados y
policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, como una
práctica habitual para obtener información y confesiones bajo coacción”, expuso
Greenpeace.
Respecto a la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la violencia en Guerrero
destacó:
“Lamentablemente éste
no es un hecho aislado. Ha habido un aumento exponencial en los conflictos
socioambientales en México derivados de la explotación y mercantilización de
los bienes comunes naturales, el despojo, contaminación de los territorios de
pueblos y comunidades indígenas y campesinas y sus recursos naturales que
evidencian violaciones a los derechos humanos y crímenes impunes cada vez más
recurrentes bajo el amparo de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal
y federal”.
Greenpeace dio a
conocer que continuará trabajando por todas las vías posibles para reforzar la
legislación ambiental, a pesar del desinterés de Peña Nieto por proteger el
medio ambiente.
Proceso.com.mx. México, D.F., 30/11/14
