El poder y el dinero
son los anzuelos que utiliza el sistema político mexicano para cooptar a los
líderes de la sociedad civil organizada, afirman activistas y estudiosos de los
movimientos sociales.
La forma habitual
utilizada por el gobierno para comprar conciencias y cooptar liderazgos que
emergen desde las trincheras de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
son el poder, dinero y más poder, aseguran los expertos consultados por
SinEmbargo. Una voz crítica se acalla con un puesto en una Secretaría, con una
candidatura o una consejería, plantean. El sistema lanza la tentación y el
activista muerde el anzuelo en medio de un círculo vicioso, que no parece tener
fin.
Es una estrategia
común, bien probada, conocida y que rinde frutos, exponen. Luchadores sociales
sucumben ante la tentación de liderazgos de todo tipo: desde el joven, el ama
de casa, el intelectual, el que se levanta en armas, el que exige justicia y
critica al Estado.
Para todos hay,
afirman quienes han vivido en carne propia el activismo y han tenido que
renunciar a su tranquilidad por no pactar. Porque para el que se niega a
recibir dinero y poder, dicen, el sistema también tiene salidas: la cárcel, la
persecución e incluso la muerte.
“Ese se anduvo paseando toda la noche en el Consejo,
pero lo único bueno, fue que no le dieron nada”, dice Agustín Guerrero
Castillo, uno de los colaboradores del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard
Casaubón, luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejara
fuera al ex mandatario de una candidatura plurinominal.
Guerrero Castillo
está molesto y se refiere a Antonio Attolini Murra, ex vocero de Movimiento
#YoSoy132, quien estuvo considerado en las listas perredistas para una
candidatura plurinominal en los primeros lugares de la cuarta circunscripción
electoral. Attolini Murra sí entró, Marcelo Ebrard no.
Antonio Attolini compartía
listado con Jesús Zambrano Grijalva, ex presidente nacional del Sol Azteca y
con Luis Maldonado Venegas, quien fue secretario general de Gobierno del
Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y creador de la “Ley Bala”. Pero no se la
dieron, a pesar de que, según Guerrero Castillo, estuvo “cabildeando” el sábado
14 de febrero con los perredistas en el Consejo Nacional del partido una curul.
Sin embargo, aunque
no ganó una candidatura, Attolini obtuvo gracias a su activismo distintos
puestos que implicaron poder: de ser un vocero del Movimiento #YoSoy132 saltó
al programa de Televisa “Sin Filtro”–la empresa que originalmente criticó
cuando fue activista–, luego a una columna en el periódico El Universal y
después a formar parte del equipo de trabajo del Senador perredista Zoé Robledo
Aburto.
Así, ahora es común
tropezarse con el rostro de Antonio Attolini en los pasillos del Senado de la
República y en eventos del Sol Azteca, bien vestido y con los zapatos
lustrosos, codeándose con los políticos, como el último caso que significó un
reparto de candidaturas para las elecciones de este año.
El caso de Antonio
Attolini no es único. Como él hay varios líderes de organizaciones civiles que
luego de ser activistas, obtuvieron una secretaría, una diputación, una
candidatura, algún puesto relacionado con el gobierno, o todas las anteriores.
Están ahí, a la vista de todos.
“Este caso me parece
una traición a sus principios, pero como él hay muchos. No quisiera decir
nombres contemporáneos, porque algunos son mis amigos”, dice Jorge González de
León, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) al
referirse al joven ex activista Attolini.
Pero aunque no quiere
revelar nombres, reconoce que es una práctica común del sistema político mexicano
para cooptar conciencias. Para Jorge González la trinchera del activismo y el
poder político no se pueden mezclar. Ser activista y acceder a un ofrecimiento,
es cooptar su conciencia.
“Por supuesto que
estás cooptado. Están utilizando una notoriedad de haber destacado en una
organización ciudadana para fines particulares. Es un problema sistémico, de
cultura y de idiosincracia de este país. Un país corrupto”, agrega.
Jorge González no
justicia el “cambiarse de bando”, bajo el argumento de que a través del poder
se puede servir mejor a los ideales que se perseguían desde la trinchera de la
sociedad civil organizada.
Por lo contrario dice
y cita al ex Presidente de Uruguay José Alberto Mujica Cordano:
“Más bien citaría a
Mujica que dice que los que quieren hacer dinero, no deberían de entrar a la
política, porque la política no debe tratarse de hacer dinero” y agrega que el
poder siempre ha sido una tentación que muchos activistas no resisten.
Sin embargo, México
está plagado de historias de activistas que pasaron de las filas de las
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), a los brazos del poder político.
Una de ellas es
Martha Delgado Peralta, una mujer con más de dos décadas dedicada al activismo
ambiental y que, desde 1993 se convirtió primero en asesora de la Presidencia
del Instituto Nacional de Ecología, luego en Diputada en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y durante la gestión de Marcelo Ebrard,
en la Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
El mismo Santiago
Creel Miranda, fundador de la revista Este País y cercano al Premio Nobel de
Literatura Octavio Paz. Creel formó parte en 1994 del Grupo San Ángel que
incluía intelectuales y líderes sociales y ese mismo año fue Consejero
Ciudadano del Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE), luego
Diputado federal plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN) y Secretario
de Gobernación durante la administración de Vicente Fox Quesada.
O la bióloga Julia
Carabias Lillo, una defensora del medio ambiente que emergió de la academia y
que se convirtió en la Secretaria de Recursos Naturales y Pesca en el Gobierno
del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Durante su gestión, quien fue
su esposo José Woldenberg Karakowsky, fue designado consejero presidente del
Instituto Federal Electoral (IFE).
Isabel Miranda de
Wallace es otro claro ejemplo. Una mujer que surgió a la opinión pública
repentinamente cuando colocó espectaculares en las avenidas más importantes del
Distrito Federal con las fotos de los supuestos secuestradores y asesinos de su
hijo Hugo Alberto Wallace, a quien dijo, buscó con sus propios medios hasta dar
con ellos.
Gracias a su lucha
por justicia Miranda de Wallace obtuvo notoriedad y creo la asociación civil
“Alto al Secuestro” de la cual es presidenta. En 2012 fue candidata del Partido
Acción Nacional a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque ella
no obtuvo la jefatura, ese mismo año su sobrino Andrés Sánchez Miranda ganó una
diputación plurinominal y actualmente ocupa una curul en el recinto legislativo
de San Lázaro.
Luego de los puestos
ganados y de lograr encarcelar a quien afirmó son los secuestradores de su
hijo, la periodista Anabel Hernández puso en duda su versión al publicar una
investigación en revista Proceso, donde publicó que había otra acta de
nacimiento del hijo asesinado.
“En el momento en que
se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005,
tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia
certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres
y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma
persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace
Miranda”, escribió Hernández.
Estos casos han
resaltado en la vida política nacional. Pero de acuerdo con los expertos y
estudiosos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), el ofrecer cargos y
puestos en el gobierno o curules a los liderazgos para cooptar sus conciencias,
es sólo uno de los mecanismos que utiliza el sistema político mexicano.
El otro, y el más
socorrido, es el dinero público y hasta el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El poder y el dinero seductor
En México hay 24 mil
847 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) registradas en el Registro
Federal de las OSC (ClUNI), sólo de 2004 a la fecha. De ellas, 23 mil 007
corresponden a Asociaciones Civiles (AC).
De acuerdo con el
Registro de Donatarias Autorizadas del SAT actualizado, hasta octubre de 2014,
en México hay 10 mil 781 organizaciones civiles y fideicomisos de diversa
índole que pueden otorgar recibos deducibles de impuestos.
El resto, dice Manuel
Saturnino Canto Chac, cuya línea de investigación está enfocada al tema de
funciones públicas y agentes no gubernamentales de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), subsiste gracias a donativos gubernamentales.
Canto Chac indica que
actualmente, si bien los gobiernos tratan de “neutralizar” a los movimientos
sociales que son opositores, llevándolos a formar parte del aparato
gubernamental, una de las formas más socorridas es el dinero tanto público como
privado.
Dinero privado,
porque para poder ser una organización donataria autorizada por el Sistema de
Administración Tributaria, requiere superar varios filtros.
“La legislación de
Hacienda en México se hizo repitiendo las mismas restricciones que en Estados
Unidos, en específico para ser donataria no se pueden tener acciones que tiendan
a la modificación de la legislación. En el contexto norteamericano se explica,
aquí la intención es que el peso de las ONG´S no pueda ser utilizado a nivel
político, si no conviene a los intereses del Estado”, explica.
Una restricción para
ser donatarias muy conveniente para el Estado, expone.
Oscar de los Reyes
Heredia, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey
Campus Santa Fe y experto en organizaciones civiles, agrega que, por otro lado,
el que las organizaciones civiles estén vinculadas necesariamente a los apoyos
gubernamentales, les resta autonomía, situación que el poder aprovecha.
Según los datos del
experto, en 2010 las personas morales públicas donaron dos millones de pesos.
Las personas físicas extranjeras donaron 50.18 por ciento a las organizaciones
a las organizaciones donatarias.
De las que
asociaciones que no están autorizadas ante el SAT para ser donatarias, más de
50 por ciento de su financiamiento proviene de las arcas públicas.
“Las ONGs en México
están en un estado de vulnerabilidad, porque los apoyos gubernamentales les
resta autonomía, es aprovechado por el poder para convertirlas en una suerte de
clientela política, hablo de un sector, no de todas. Hay otra fracción de
organizaciones que fue creado para aliarse con el gobierno, eso me parecer a mi
éticamente cuestionable, porque buscan organizarse con el fin de tener
beneficios gubernamentales e incluso representan alternativas para el
desempleo”, detalla.
El especialista
indica que hay otro tercer sector: las organizaciones civiles consolidadas y
serias, que realizan la función que debiera corresponder al Estado y que se
mantienen al margen del poder, porque nunca pertenecerán al sector público.
“Hay líderes que
pasan a formar parte de puestos en el gobierno, diputaciones, candidaturas, eso
no lo cuestionaría tanto, porque me parece importante que alguien con
experiencia en la sociedad civil pueda incursionar más adelante en la toma de
decisiones públicas, porque tienen mayor sensibilidad de la problemática que
viven. Estoy hablando de líderes con una trayectoria impecable, no de los que
usan a las ONGs como un trampolín para llegar al poder”, dice.
Pero el experto
explica que en el país existe una “reiterada” intención de los actores de poder
de transgredir y cooptar tanto a las organizaciones, como a sus liderazgos, lo
cual logran con éxito.
Y lo que resulta más
aberrante, agrega: los actores políticos que desde el ámbito público promueven
la creación de organizaciones para obtener prestigio.
“En México es muy
seductor para los actores políticos, tener la posibilidad de establecer
negociaciones y de convertir a ciertas organizaciones a su clientela ofreciendo
cargos y puestos. Difícilmente una organización consolidada y con prestigio
moral la acepta,
pero está la
posibilidad muy seductora para acceder al poder”, dice.
Oscar de los Reyes
asegura que en su experiencia y trabajo en el sector de las ONGs, encontró un
buen número de organizaciones vinculadas con políticos y partidos políticos.
Pero, ¿qué sucede
cuando un líder de alguna organización civil se convierte en un funcionario
público?, se le pregunta.
El investigador
vacila, pues para él cuando el personaje surge de una asociación responsable y
con una clara participación en lo público, no necesariamente es cuestionable,
cuando el proceso de ingreso al poder es transparente.
“Pero lo que sí me
parece cuestionable es aprovechar el trabajo de una organización para buscar
una posición política”, subraya.
Erick Dagoberto
Fernandez Saldaña, coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
de la Universidad Iberoamericana, dice: “Habría que preguntarse, ¿qué tanta
reflexión realizan estos líderes antes de abandonar el campo tradicional de la
acción social y convertirse en agentes inmersos en el esquema de los partidos
políticos y el mismo sistema que en ocasiones critican?”.
El analista de la
Ibero detalla que históricamente el margen de acción de las personas con
intereses de la sociedad civil, no está en el esquema de los partidos políticos
o del gobierno.
“El conflicto es el
poder. Observan su participación civil como un trampolín. Los partidos
políticos buscan el poder, mientras que la organización social no”, explica.
Pero los liderazgos
que están interesados en el poder político, son un “caldo de cultivo” para el
Estado y los gobiernos.
Los expertos
consultados por SinEmbargo coincidieron en que es necesario establecer
mecanismos de regulación del flujo de dinero público que reciben las ONGs.
“La ausencia de
disposiciones normativas que regulen eficazmente la actividad de las
organizaciones de la sociedad civil, porque en muchos de los casos encontramos
a muchas que son instrumentos encubiertos de los partidos”, opina Oscar de los
Reyes.
El investigador
agrega que se deben establecer mecanismos de identificación y evaluación de la
participación y el trabajo de las ONGs: cuáles de las más de 24 mil que están
registradas, sí aportan al desarrollo del país y cuáles de esas, son sólo un
membrete para servir al poder.
Manuel Saturnino
Canto indica que una forma de blindar a las organizaciones es no cobrándoles
impuestos.
“Si no estoy haciendo
actividades lucrativas, no me puedes cobrar impuestos. Jamás ha habido una
decisión que pueda favorecer a la gran mayoría de organizaciones civiles”, dice.
Pero para Jorge
González de León, la mejor forma de blindar a las organizaciones, es a través
de liderazgos que no sucumban ante las tentaciones del poder.
Muchos de ellos con
el argumento de que en un espacio de toma de decisiones, pueden llevar las voz
de la sociedad civil y contribuir más.
“Decir que en el
gobierno contribuirán más, es una justificación que ojalá les calme un poco la
conciencia”, plantea.
Negarse al poder
A Julián LeBarón, un
activista de Chihuahua, que vivió el secuestro y asesinato de su cuñado Alfredo
Apodaca, el de su tío Raúl Rascón y su hermano Benjamín, José Francisco Blake
Mora le ofreció un cargo en un área de Atención a Víctimas, cuando era
Secretario de Gobernación en la administración del ex Presidente Felipe Calderón
Hinojosa.
“Yo soy constructor,
una persona que no sabe distinguir entre el trigo y el sorgo. Me llaman en
2011. También Andrés Manuel López Obrador me ofreció ser Senador. A mi no me
interesa en lo más mínimo la política, y ese es el problema de México: ponen a
gente que no está preparada para los puestos, a través de contrataciones a
oscuras”, dice.
Para LeBarón las
organizaciones civiles mexicanas tiene un “cero en credibilidad en la
población”.
“En el momento en que
el liderazgo cívico aspira al poder político, se corrompe. El poder político no
nos representa”, afirma.
Lo mismo opina Javier
Sicilia Zardain, el poeta, escritor y líder del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad (MPJD).
Sicilia se considera
un “anarquista” y no acepta la idea de que un líder emergido de la sociedad
civil, se refugie en los brazos del poder político.
“Yo soy anarquista y
para mi el poder corrompe. Esa es mi posición. Al poder hay que presionarlo
desde las bases, quien pacta con él, termina en las traiciones”, afirma.
Como LeBaron, a
Sicilia también Andrés Manuel en su momento le ofreció una senaduría por
Morelos, cuando aún formaba parte de las filas del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
“Lo de Andrés Manuel
no era un ofrecimiento corrupto, porque él tiene la óptica de que hay que
transformar las cosas con el sistema. Yo no lo creo así”, explica.
Javier coincide con
los expertos: el ofrecimiento de cargos públicos es una práctica común para
cooptar movimientos sociales.
“Fingen que apoyan
sus demandas. Pero en el fondo es entrampar a las organizaciones en un rollo
burocrático, fragmentar las agendas, fingir que hay una vida democrática”,
dice.
Para ambos activistas
el Estado premia a los líderes que se “alinean” con cargos públicos y a los que
no, los persigue con cárcel o los asesina.
Un caso paradigmático
es el de Jesús Manuel Mireles Valverde y el de Hipólito Mora, ambos fundadores
del movimiento de autodefensas de Michoacán: el primero encarcelado en una
prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora y el segundo, candidato a una
diputación federal por el partido Movimiento Ciudadano (MC).
“Si tomas posiciones
como las de Mireles, que está en la cárcel porque le sembraron armas y droga y
a Hipólito que pacta y se mantiene en todos los canales legales. Ahí se ven las
trampas de la corrupción”, indica.
Otro de los casos es
el de Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, un activista de Guerrero perseguido por el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
“Nuestra postura en
el trabajo que hacemos en las comunidades de Guerrero es clara y de ahí que el
gobierno nunca se haya acercado ni atrevido a decirnos que podamos ser
partícipes de algún puesto. Sentimos que esta postura clara trae aparejada una
actitud hostil, que se traduce en una campaña de desprestigio a través de un
linchamiento mediático”, dice.
El CISEN liga a
Barrera Hernández y a sus colaboradores con los grupos guerrilleros de la
entidad.
“Decir que estamos
atendiendo una agenda oculta, para denigrar nuestro trabajo como defensores y
descalificarnos, decir que no actuamos por cuenta propia, sino por otros
intereses”, indica.
Abel Barrera señala
que hay una práctica recurrente de parte del Estado y de los gobiernos por cooptar
conciencias a través de cargos, para desdibujar a los líderes.
“Es una estrategia ya
trabajada por el gobierno y le ha dado resultados, porque así neutraliza las
luchas, controla a los movimientos, y silencia a los líderes. Eso hace que se
fortalezcan más las estructuras autoritarias y que se desdibujen los actores
independientes al entrar a la lógica de un poder político con intereses”,
argumenta.
Activistas consejeros del poder
En el caso de Antonio
Attolini, el poder político cumplió con su cometido: el Movimiento #YoSoy132 se
deslindó de él inmediatamente después que aceptó formar parte del programa “Sin
Filtro” de Televisa.
Y cuando se realizó
el “Cerco al Senado” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en diciembre
de 2013 en el marco de la discusión de la Reforma Energética, Attolino tuvo que
huir de la muchedumbre que le gritó “traidor”, cuando llegaba al recinto
legislativo. Le impidieron la entrada.
De acuerdo con varias
notas publicadas en la prensa nacional por esos días, el ex activista fue visto
también en una de las áreas del Senado de la República, lo que causó una ola de
protestas en su contra.
Attolini dejó de ser
un personaje cercano a la causa social, para convertirse en una figura ligada
al poder político al trabajar con un Senador perredista.
Otros activistas
fungen como intermediarios del poder político y la sociedad civil. No renuncian
a su trinchera, pero se hablan al oído con el Presidente Enrique Peña Nieto.
El 23 de agosto de
2012 se reunieron con Peña Nieto varias asociaciones civiles para fijar una
agenda de trabajo común.
María Elena Morera,
presidenta de la asociación civil Causa en Común, fue nombrada “facilitadora
del diálogo entre el equipo de Peña Nieto y las ONGs”.
Morera surgió a la
vida pública como activista en el año 2000, cuando vivió el secuestro de su
esposo Pedro Galindo. Entre 2003 y 2008 fue presidenta de la Organización
México Unido Contra la Delincuencia. En 2010 fundó su asociación civil y se le
conoció cercana a Genaro García Luna, cuando fungió como Secretario de
Seguridad Pública en el gobierno de Calderón Hinojosa. Su hijo Juan Pablo
Galindo Morera ingresó a la Policía Federal en 2008.
Durante lo que va de
la administración de Peña Nieto, Morera ha permanecido muy cerca del poder,
después de que aquel agosto de 2012, se formaran varios grupos de trabajo.
Algunos de los
activistas que forman parte de esta iniciativa son: Consuelo Castro Salinas del
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Suhayla Bazbaz, fundadora y
directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social; Paola Migoya del
Colectivo Reforma Política Ya, consejera de Evolución Mexicana; Juan Pardinas ,
director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Jana Palacios,
consejera de Horizonte y Oportunidad y directora de Proyectos de Competencia y
Buen Gobierno del IMCO; Claudio X. González Guajardo, cofundador y presidente
de la asociación Mexicanos Primero, de Fundación Televisa, de la Unión de
Empresarios para la Tecnología en la Educación (Únete); Mateo Lejarza,
consultor independiente, y Pablo Girault, tesorero de México Unido Contra la
Delincuencia.
Shaila Rosagel. Sinembargo.mx. México, Distrito Federal, 07/04/15
