Familiares y la
comunidad esperan la plena rendición de cuentas y la búsqueda de la justica
para reparar los daños contra los normalistas
Hoy hace seis meses,
Omar recibió una llamada aterradora de un amigo suyo y compañero de estudios.
"Me encontraba en mi cuarto escribiendo un trabajo cuando me llamó un
amigo, desesperado, desde un autobús. Dijo que les estaba disparando la
policía", explicó Omar. Desde entonces, no ha vuelto a tener noticias de
su amigo.
Omar estudia en la
Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de
Guerrero. Su amigo es uno de los 43 estudiantes sometidos a desaparición
forzada hace exactamente seis meses.
A medida que pasaban
los días y las semanas, en Amnistía Internacional veíamos con horror a las
autoridades mexicanas estancarse y ofuscarse. Aunque el asunto ha suscitado
atención internacional, durante meses las autoridades no siguieron
adecuadamente todas las líneas de investigación, en especial las preocupantes
denuncias sobre la complicidad de las fuerzas armadas.
En enero viajé a la
Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Allí, en el vestíbulo, rodeada de murales
de los líderes revolucionarios mexicanos, me encontré con las familias de los
estudiantes desaparecidos. En los seis últimos meses, madres, padres, hermanas
y hermanos, así como otros familiares y miembros de la comunidad, han estado
haciendo campaña sin descanso, exigiendo respuestas a las autoridades sobre qué
les ocurrió a sus seres queridos.
Fue una reunión
emotiva y difícil. Hubo lágrimas de tristeza y decepción. Madres y padres
dijeron que contaban cada segundo transcurrido desde que vieron por última vez
a sus hijos y expresaron frustración por cómo las autoridades y algunos medios
de comunicación los han retratado de revoltosos, a ellos y a sus hijos.
Estas son personas
que han vivido en la pobreza, cuyas comunidades han sido históricamente dejadas
de lado por el Estado. Para muchos, su hijo desaparecido era el primero de la
familia en ir a estudiar. Tantas esperanzas y tantos sueños se han hecho
añicos...
Por mi trabajo en
Amnistía Internacional, soy testigo de todo tipo de tragedias humanas, pero
pocas cosas hay tan dolorosas como el tormento de no saber dónde está un ser
querido.
Los últimos meses han
sido un vaivén de emociones para estas familias, así como para todas las
personas que apoyamos y acompañamos su lucha. Sin embargo, un factor que ha
permanecido inalterable es el hecho de que el gobierno mexicano no ha
respondido eficazmente ni ha abordado estas graves violaciones de derechos
humanos.
Buen ejemplo de ello
es que, el 7 de noviembre de 2014, las autoridades anunciaron que se habían
encontrado restos de cadáveres en un basurero y un río cercano de la localidad
de Cocula y, varias semanas después, el entonces procurador general de la
República, Jesús Murillo Karam, comunicó que estaba listo para cerrar el caso.
Según el procurador, las investigaciones de la dependencia habían arrojado
pruebas suficientes sobre lo ocurrido.
Sin embargo, sólo uno
de los estudiantes desaparecidos ha sido identificado mediante pruebas de ADN.
Otros restos todavía se están analizando, y parece que, hasta el momento, la
investigación se ha basado íntegramente en los testimonios de tres miembros de
un cártel. No hace falta ser procurador general para darse cuenta de que estos
datos distan mucho de ser pruebas concluyentes.
Pese a todo, entre la
tristeza de las familias con las que me reuní observé serenidad y una férrea
determinación. Estas 43 madres y padres han decidido que no pueden aceptar el
silencio ni las medias verdades que les ha ofrecido el gobierno; en vez de
ello, exigen saber la verdad.
Un padre me explicó
que el horror de aquel día los ha transformado: de campesinos, han pasado a ser
detectives y activistas. Si las autoridades no emprenden las debidas
investigaciones, ellos sí las emprenderán. Desde entonces han hecho campaña
activamente para descubrir la verdad.
La triste realidad es
que estos 43 estudiantes son tan solo los casos más recientes de que tenemos
noticia en una larga lista de desaparecidos. Según cifras oficiales, en los
últimos años han desaparecido o están en paradero desconocido en México más de
25,700 personas, casi la mitad de ellas durante el actual mandato del
presidente Enrique Peña Nieto.
Por suerte, la
comunidad internacional ha decidido intervenir. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos ha creado recientemente un Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, cuyo cometido es revisar la investigación oficial de
la desaparición forzada de los estudiantes.
En febrero, el Comité
de la ONU contra la Desaparición Forzada formuló recomendaciones sobre cómo
abordar la cuestión de las desapariciones en México. El Comité concluyó que
existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del país. Ha
pedido al gobierno que impida actos de intimidación y hostigamiento contra las
familias de los desaparecidos y ha sugerido la creación de una base de datos de
ADN de las personas desaparecidas y un registro de desapariciones.
No obstante, se han
desoído estos llamamientos internacionales. El gobierno mexicano ignoró las
conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Desaparición forzada tan
sólo unas horas después de que se publicasen, lo cual es un signo preocupante
de que el gobierno no está actuando ni se toma en serio esta crisis de derechos
humanos.
El pasado 3 marzo,
Arely Gómez González fue nombrada procuradora general de la República.
Esperábamos que ella avanzase allí donde su predecesor había fallado y que
llegase al fondo de la corrupción y la impunidad que subyace a esta terrible
tragedia. Sin embargo, sus recientes declaraciones, a saber, que la
desaparición de los 43 estudiantes es un "caso aislado" y que no hay
confirmación de que se hayan cometido violaciones graves de derechos humanos en
este contexto, son alarmantes.
Para Omar y otras
personas que esperan noticias, solo la plena rendición de cuentas y la búsqueda
de la justicia podrán reparar los horrores que han visto y sufrido.
"La respuesta
del gobierno no ha sido más que irrespetuosa e insensible", declaró Omar.
"Estoy alarmado por lo que ha ocurrido, pero no tengo miedo. Nunca
renunciaremos a nuestra lucha por la justicia.”
Amnistía
Internacional y yo los acompañaremos en cada etapa del camino.
Erika Guevara Rosas. Directora
del Programa Regional de Amnistía Internacional para América
Érika Guevara Rosas. Cnnméxico.com México, Distrito Federal, 26/04/15
