“Hay adolescentes que van solos y los deportan o (…) los mandan a la frontera sur mexicana de vuelta a la casilla de salida”
Manu Ureste , Periodista
El periodista Manu Ureste recibió el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2023 por una investigación que revela que solo una pequeña parte de los niños migrantes detenidos en México reciben la atención exigida por ley. El reportero viajó a Centroamérica para conocer qué les sucede a los niños obligados a regresar al infierno del que huyeron.
Manu Ureste cuenta las historias detrás de las cifras récord de migrantes que cruzan Centro América y México.
Una niña guatemalteca que huyó de un padre maltratador y a la que las autoridades migratorias separaron de su madre. Un joven con los dos brazos amputados porque no había pagado la cuota a las pandillas. Adolescentes hondureños deportados que regresan al infierno de las maras. Su relato está constantemente salpicado por ejemplos de las decenas de personas a los que entrevistó para la investigación Niñez Migrante. Promesas de papel, publicada en Animal Político.
Ese reportaje le valió el Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2023 en la categoría de derechos de la niñez y adolescencia que otorga la ONU en México* La investigación deja al descubierto las deficiencias y carencias de la reforma de la Ley de Migración, que, en el papel, ponía al país a la vanguardia en la protección de los derechos de los niños migrantes.
Ureste, nacido en 1982 en Murcia, España, llegó hace 15 años a México, un país donde han sido asesinados más de 150 periodistas desde el año 2000. Entre sus muchas investigaciones destaca La Estafa Maestra, un reportaje sobre el uso de empresas fantasmas para desviar miles de millones de pesos de dinero público, que le valió el Premio Ortega y Gasset 2018 otorgado por el diario El País.
El Premio Breach / Valdez en la categoría de derechos de la niñez y adolescencia incluía un viaje con UNICEF a Nueva York. Asegura que le sorprendió lo “silenciosa que es la ciudad en comparación con el bullicio de Ciudad de México”. En su segundo día en la ciudad visitó la sede de Naciones Unidas y habló con Noticias ONU.
Uno de los aspectos clave de la reforma migratoria fue que los niños debían ser entrevistados por las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y no por las autoridades migratorias. En el reportaje “Niñez Migrante. Promesas de papel”, revelaron que, entre 2021 y 2022, estas procuradurías analizaron solo un 19% de los casos de los niños detenidos. Desde entonces, ¿cómo ha evolucionado la situación?
Manu Ureste: Actualmente, no hay una base de datos en México que diga cuántos niños pasaron por este nuevo sistema de protección. Una parte fundamental de la investigación fue documentar precisamente eso. Tuvimos que hacer muchísimas solicitudes de transparencia, de información, a todas las procuradurías de todos los estados de México. Son 32 entidades federativas. Entonces actualmente no sabría decirte cuántos están pasando. Lo que sí te puedo decir es que la situación no ha mejorado desde entonces.
Esta investigación fue entre 2021 y 2022, pero estamos viendo que, sobre todo el año pasado y lo que va de éste, está llegando un gran flujo de personas migrantes, especialmente ahora de Venezuela, acompañados de sus niños. He visto casos increíbles de una familia con siete niños migrando, intentando subir como sea al tren para poder llegar hasta Estados Unidos.
El sistema de protección mexicano de la niñez migrante en el papel es súper vanguardista, es uno de los sistemas más avanzados que hay en el mundo, más garantistas. El problema, como siempre, es la aplicación en el terreno. Y el problema también es que la política migratoria de México no está enfocada a atender a estas personas migrantes, sino a detener y deportar.
La Procuraduría de la Niñez debe recibir a un niño y hacerle un análisis pormenorizado de cuáles son las necesidades y cuál es el interés superior de ese niño. Si el interés superior del niño es reunirse con su familia, México debería reunirlos en Estados Unidos o aquí. Pero lo que vemos es que, la mayor parte de las veces, México decide que lo mejor para ese niño es deportarlo de vuelta a su país de origen, aun cuando implica devolverlos a países de donde salieron huyendo porque eran hostigados por las pandillas.
¿Los niños deportados suelen viajar solos o con sus familias?
Manu Ureste: He visto en el terreno de todo. De hecho, en la investigación que publicamos hay testimonios realmente muy graves, muy preocupantes. Me acuerdo perfecto del caso de una niña guatemalteca de 12 o 13 años que salió huyendo con su familia porque el padre las violentaba a la madre y a ella. En el camino son detenidas y separadas, lo cual ya es violatorio de derechos humanos de esa niña. La hija al final acaba detenida en una estación migratoria, lo cual ya está prohibido por ley en México. Y en esa situación la niña refiere que recibían visitas nocturnas de policías, de agentes de migración que les hacían todo tipo de propuestas gravísimas. Son niños que fueron víctimas en sus países de origen y que son víctimas en su tránsito por México.
Hay adolescentes que van solos, que los detienen, igual los deportan o si los detienen en el norte los mandan directamente a la frontera sur mexicana como vuelta a la casilla de salida. Dejan a estos menores totalmente a merced del crimen organizado, que es un gravísimo problema que hay en México. Es una situación totalmente de desprotección.
Fueron a Honduras a conocer a niños deportados. ¿Qué les acaba pasando a estos niños?
Manu Ureste: Fuimos a Tegucigalpa, donde pudimos trabajar con una asociación civil de allá que se llama Casa Alianza. Con esta organización fuimos a muchas de las colonias. Entrar a esas colonias es algo increíblemente difícil porque están totalmente dominadas por las pandillas, por Barrio 18, por la mara Salvatrucha 13.
Allí hablamos con menores que habían migrado a México y que habían sido detenidos, que no habían pasado por este nuevo sistema de protección y que habían sido deportados. Y lo que vimos son jóvenes aterrados, jóvenes que nos decían regresé igual que me fui, clandestinamente.
Tuve que regresar a mi país clandestinamente, porque yo no pedí “permiso”, a la pandilla de la colonia para irme. No pagué “el impuesto” para irme. Entonces, si me ven, pues estoy amenazado de muerte o me van a reclutar a la fuerza como intentaron en su día y por eso hui del país.
A la mayoría de las jóvenes con los que hablamos yo les pregunté por qué huyeron de Honduras. ¿Por un tema económico? (Me decían) No, no, es que a mí me querían reclutar a la fuerza o yo estaba la fuerza, la pandilla y me pedían que cometiera diversos crímenes y al no querer no me quedó otra solución más que huir con lo puesto.
Cifras que acaban de publicarse muestran que hay un récord de solicitudes de asilo en México (140.000 en 2023), que ya no es solo un país de tránsito, sino también de destino. ¿Cómo lo percibe la sociedad mexicana?
Manu Ureste: Se está viendo un flujo nunca visto de personas migrantes en su tránsito por México hacia Estados Unidos. En México, es muy común ver migración centroamericana, sobre todo en el sur, pero esta nueva migración venezolana, es distinta en el sentido de que son personas muchas de ellas cualificadas profesionalmente que exigen sus derechos. El migrante centroamericano es mucho más silencioso en ese sentido.
En Ciudad de México, la central de autobuses se ve llena de personas venezolanas intentando tomar un viaje hacia la frontera norte. En la Alcaldía Cuauhtémoc, que es una de las principales alcaldías de la Ciudad de México, pusieron un albergue para estas personas, pero eso generó también muchos problemas con los vecinos de la zona. Era un albergue donde la gente solo podía pasar la noche y durante el día estaban en la calle. No digo que haya un problema de xenofobia generalizada en México, pero obviamente pues siempre hay ese tipo de cuestión donde hay población migrante.
En la frontera sur llegan caravanas con cientos de miles de personas a municipios muy pequeños, donde no hay las condiciones, la infraestructura para atenderlas. En ciudades de la frontera norte también a veces llegan miles de personas y no hay recursos para atenderlas.
Es una situación compleja para la población migrante, pero también para la ciudad, que no está habituada a este tipo de migración.
¿Estas personas quieren realmente quedarse en México o lo ven como una estancia temporal?
Manu Ureste: El sistema de refugio mexicano pasó de hace cinco años de recibir 5000 solicitudes en un año, ahora recibe más de 100.000. Es un sistema súper saturado.
Creo que ahora si empieza a haber más este interés de las personas extranjeras que llegan a México, que empiezan a ver en México como un posible lugar de estancia. Quizás no era su idea original, pero obviamente también al ver lo difícil que se ha puesto llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos, empiezan a ver en México como una opción.
En la Ciudad de México también se empieza a ver muy claramente incluso con la población venezolana, ya hay familias asentadas. La población centroamericana a veces dice ‘bueno, yo lo que quiero es salvar la vida, y si aquí me dan un refugio y estoy lejos de las pandillas, quizás es una opción para mí quedarme aquí’.
A Estados Unidos sigue llegando un número récord de migrantes. El presidente Joe Biden pidió ayuda al Gobierno de México para que los frene. ¿Qué consecuencias tiene esto para la gente?
Manu Ureste: La política de migración mexicana depende muchísimo de la política en turno del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump advirtió que, si no detenía a la población migrante en la frontera sur de México para que no llegaran a Estados Unidos, iba a imponer aranceles, impuestos a los productos mexicanos. Inmediatamente el gobierno de México mandó miles de elementos de la Guardia Nacional que son básicamente militares a la frontera sur a detener y deportar migrantes.
Esto evidentemente tiene un impacto en la vida real de las personas. Basta con ir un albergue de migrantes en Tenosique, en Tabasco, en la frontera sur de México con Guatemala, donde además está el tema del crimen organizado.
En la puerta del albergue me decían varios adolescentes centroamericanos que no podían salir. Yo les preguntaba por qué. Y decían, ‘mira es que esa persona que está ahí y aquella otra son del Cártel Jalisco Nueva Generación y me están pidiendo 3000 dólares para poder continuar con mi camino. O si no, entonces es mejor que no salga o que me auto deporte’.
Es una situación muy compleja, la que se vive en la frontera sur de México y yo diría ya en todo el país. Antes estaba muy focalizado en la frontera sur, pero ahora las personas migrantes son objeto de una cacería institucional, una cacería del gobierno de México y una cacería del crimen organizado en todo el territorio mexicano.
¿Ha mejorado en los años del gobierno de Joe Biden?
Manu Ureste: No. Yo no he visto un cambio sustancial. Corren muchos rumores de que se va a abrir la frontera, de que Biden va a dejar pasar a los migrantes y la gente, con la desesperación que tienen, salen en masa de estos países.
El gobierno de México, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, ha intentado aplicar políticas de ayudas económicas, programas sociales. Por ejemplo, en México hay un programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’ que se está intentando replicar en Centroamérica, para que, se atiendan las raíces del problema y los jóvenes no quieran salir de sus países de origen.
En mi opinión, no están tomando en cuenta que no solamente es una cuestión económica, sino es una cuestión de seguridad, de salvar la vida y frente a eso no hay ningún programa social que pueda solucionar ese problema.
¿Qué papel juegan agencias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF en toda esta situación tan compleja?
Manu Ureste: Tienen un papel muy importante. El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) lo dijo abiertamente: si no fuera por el ACNUR, el sistema de refugio mexicano colapsaría. Y sí, lo ves, cuando vas a la frontera sur y hablas con la gente, pues la mayoría te mencionan que ACNUR o UNICEF les dieron esto o lo otro.
Eso está muy bien, pero creo que, en un Estado, un gobierno tan grande, de un país tan enorme e importante y con tantos recursos como el mexicano, también habla de cuál es el interés que tiene en la política migratoria y de refugio. O sea, le dejas un gran peso a una agencia internacional, cuando eso es algo que tú deberías de estar haciendo.
También se ve en los presupuestos. El gobierno mexicano invierte más de 1800 millones de pesos (unos 106 millones de dólares estadounidenses) en el Instituto Nacional de Migración que se encarga de deportar y le da 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ahí estás viendo cuáles son las prioridades del Estado mexicano. Ves que hay miles, cientos de miles de soldados de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina destinados a detener y deportar migrantes. Y ves que ahí un equipo de 100 personas en COMAR más todo lo que aporta el ACNUR.
México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. ¿Qué le ha supuesto el premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos?
Manu Ureste: México no sé si será el país más violento del mundo para la prensa, pero sí debe de estar entre los cinco primeros, seguro. Es un país donde ejercer la profesión periodística, le ha costado la vida a más de 150 periodistas desde el 2000. Estamos viviendo un sexenio también particularmente violento para la prensa mexicana. El premio es un orgullo para todo el equipo de Animal Político que participó en esta investigación, pues nos ayuda a visibilizar la problemática de la niñez migrante, y es un respaldo a la prensa que tiene el objetivo de ser independiente, seria y plural.
Hacer periodismo independiente en México es mucho más difícil. El gobierno da una serie de recursos a medios afines ideológicamente, pero a los medios críticos los asfixia económicamente, lo cual no debería de ser así porque es el dinero de todos los mexicanos. Pero esto ha pasado en el pasado, en gobiernos pasados, y se sigue aplicando en el gobierno actual a pesar de que se prometió cambiar ese modo de financiamiento. Entonces recibir un premio de esta categoría, además auspiciado por Naciones Unidas, por UNICEF, pues además de ser un orgullo, es un respaldo muy importante a la prensa independiente de México.
¿La visibilidad les da protección?
Manu Ureste: Protección en México es algo que, por desgracia, es muy relativo. También tengo que decir muy claramente que no es lo mismo hacer periodismo en la Ciudad de México, o en un medio basado en Ciudad de México, un medio nacional, que hacer periodismo en los estados donde hay muchos medios en condiciones precarias, muchos periodistas trabajando en condiciones precarias, de todo tipo, económicas, de materiales, pero también de seguridad. Me quiero acordar, por ejemplo, de Veracruz, un estado que conozco bien, donde también trabajé un par de años en un diario.
Acabo de ir a Guerrero a otro reportaje y veo las condiciones en las que trabajan los compañeros que son amenazados por el crimen organizado. Si trabajas en un medio estatal tienes un mucho mayor porcentaje de riesgo que si trabajas en un medio nacional. Creo que hay que voltear mucho a mirar este trabajo que hacen los periodistas en los estados, porque son los que están en mayor vulnerabilidad.
La ONU otorga el premio Breach Valdez junto a la Embajada de Francia en México, la Embajada de Suiza en México, la Delegación de la Unión Europea en México, la AFP, RSF y la Universidad Iberoamericana.
Centro de Noticias ONU (2024, 3 Mayo) Buscando a los niños migrantes deportados desde México. Centro de Noticias ONU. Recuperado el 05 de mayo de 2024.
https://news.un.org/es/interview/2024/05/1529491
Durante el gobierno de AMLO se modificó la ley en beneficio de la niñez migrante. Con la finalidad de analizar a profundidad caso por caso para determinar si se permitía su estadía en territorio mexicano o si se deportaban a su país de origen. Países como Honduras donde la violencia es parte del día a día. Desafortunadamente esta ley se ha quedado solo en el papel.
Niñez migrante, promesas de papel.
En 2021, México estrenó una reforma de ley que, en el papel, prometía poner al país a la vanguardia en la protección de los derechos de la niñez migrante. Pero, en esta investigación, Animal Político documenta —a través de más de 200 solicitudes de información, 50 entrevistas y reporteo en la frontera sur y Centroamérica— que la reforma no se cumple: miles de niños no están pasando por el nuevo sistema de protección, y los que sí pasan continúan siendo detenidos en cárceles migratorias o anexos. Además, en miles de casos, el Estado simula que cumple con la nueva norma, o directamente la viola, para expulsar a niños, niñas y adolescentes cuyas vidas corren peligro en los países de los que salieron huyendo.
Ureste., M. Niñez migrante, promesas de papel. www.animalpolitico.com. Recuperado el 05 de mayo de 2024
https://www.animalpolitico.com/ninez-migrante-promesas-papel
Niñez migrante: defendida en el papel, violentada en los hechos; solo 19% de los detenidos pasa por nuevo sistema de protección
Sobre el papel, México tiene en la actualidad uno de los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes migrantes más vanguardista y garantista de derechos humanos de América Latina y el mundo.
Pero, en la práctica, esa protección se queda solo en eso: en el papel.
En enero de 2021, entró en vigor una ambiciosa reforma impulsada por la sociedad civil que, a pesar de la resistencia de diversos actores al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Instituto Nacional de Migración (INM), logró armonizar la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados para que en estas dos leyes quedara establecida la no detención de niños, niñas y adolescentes migrantes —ni de sus familias— en estaciones migratorias, que son cárceles de facto.
Ahora, la niñez migrante debe ser albergada en los Centros de Asistencia Social (CAS) del Sistema DIF o en refugios de la sociedad civil, mientras que otro cambio clave es que a partir de la reforma son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y no el INM, las que deciden en primera instancia si un menor de edad migrante es deportado o no a su país de origen.
Para ello, estas procuradurías deben analizar caso por caso qué es lo mejor para estos niños, niñas y jóvenes migrantes, y elaborar un plan de restitución de derechos que puede consistir en remitirlos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para que esta analice su caso, reunificarlos con familiares en México o incluso en Estados Unidos, o retornarlos a sus países de origen, siempre que su vida allá no corra peligro.
Sin embargo, documentación obtenida por Animal Político mediante más de 200 solicitudes de información revela que, en la práctica, muy pocos niños, niñas, y jóvenes están pasando por este nuevo sistema de protección, y que, incluso, se está violando la Ley para deportarlos a los contextos de violencia extrema y pobreza de los que salieron huyendo.
“¿Y dónde están los niños?”
Entre enero de 2021, cuando entró en vigor la reforma, y mayo de este 2022, el INM informó a través de sus boletines estadísticos que detuvo y canalizó al Sistema DIF a 98 mil 671 migrantes indocumentados que eran menores de edad.
Tonatiuh Guillén, quien fue comisionado del INM durante el primer año de López Obrador, explicó en entrevista que, en la teoría, deberían existir 98 mil 671 análisis individuales por parte de las Procuradurías, con sus respectivos planes de restitución de derechos. De lo contrario, advirtió, estaríamos ante “un incumplimiento de la obligación” que marca la nueva reforma de Ley.
Sin embargo, la Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, y otras 28 Procuradurías estatales respondieron a este medio por transparencia que en ese periodo realizaron apenas 19 mil 067 planes de restitución de derechos, es decir, que analizaron solo un 19% de los casos de niñez detenida por el INM
En entidades como Baja California, en la frontera norte, la disparidad es tal que las cifras indican que se realizaron 15 mil 498 detenciones frente a solo 117 planes de restitución por parte de la procuraduría, esto es, el 0.7% de los casos.
En Tabasco, en la frontera sur, se hicieron 16 mil 696 detenciones frente a 283 planes, apenas el 1.7%.
“Las cifras de protección no cuadran, estamos lejísimos. Y por eso me surge una pregunta que parece título de película: ¿Y dónde están los niños?”, cuestionó Pablo Loredo, exprocurador de la Niñez en San Luis Potosí.
El exfuncionario, que ahora colabora con la Coalición Internacional Contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), apuntó en entrevista que una posible explicación de por qué tanta disparidad en las cifras es que ni la Procuraduría Federal ni las estatales conocen los datos relativos a los planes que hacen las procuradurías a nivel municipal, lo cual, denunció, es también “una falla de comunicación grave y una debilidad institucional muy fuerte, pues no tenemos certeza de qué sucedió con miles de niños migrantes”.
Animal Político también realizó múltiples solicitudes de transparencia a procuradurías municipales en la frontera sur, la puerta de entrada de la migración indocumentada, y constató que las cifras siguen siendo muy dispares.
Por ejemplo, en Chiapas, las Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes municipales, que están divididas en 14 delegaciones, respondieron que elaboraron en total 2 mil 972 planes de restitución de derechos. La estatal, por su parte, hizo otros 2 mil 713. Aun sumando ambas cifras, se obtiene un total de 5 mil 685 planes de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, frente a casi 23 mil detenidos por el INM: tan solo el 24%.
En Tabasco, las Procuradurías de la Niñez de los 17 municipios reportaron por transparencia que hicieron 378 planes. Esto, más los 283 planes que informó la Procuraduría Estatal, arroja un total de 661 planes frente a los 16 mil 696 detenidos por el INM en esa entidad, apenas el 4%.
Por otra parte, del 19% de los casi 100 mil menores de edad migrantes detenidos que sí pasaron por las procuradurías, en la mayoría de los casos, el 55%, estas decidieron que lo mejor era deportarlos a países como Honduras, nación que en 2017 registró la tasa más alta del mundo de asesinatos de población infantil.
En contraste, en menos de uno de cada 10 casos las procuradurías decidieron que lo mejor era la reunificación del menor de edad migrante con familiares en México o enviarlo a la Comar para que analizara su caso.
Mientras tanto, en ninguno de los 19 mil casos analizados, las procuradurías decidieron que lo mejor era la reunificación del niño, niña o adolescente con sus familiares en Estados Unidos.
Violaciones a la ley
Esta investigación también revela que hay procuradurías que están violando abiertamente la ley al analizar de forma “colectiva” miles de casos de niños, niñas y adolescentes migrantes, puesto que la reforma obliga a que estos análisis deben ser siempre individuales: caso por caso.
Por ejemplo, en Chiapas, la Procuraduría Estatal informó por transparencia que hizo hasta mil 355 planes “colectivos”, mientras que a nivel municipal las procuradurías en las delegaciones Istmo, Soconusco y Sierra Mariscal hicieron otros 477 planes colectivos.
En Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Morelos y Tabasco, las procuradurías, tanto estatales como municipales, respondieron que hicieron al menos otros 500 análisis colectivos que violan la Ley.
De acuerdo con las respuestas, en la mayoría de los casos, estos planes “colectivos” determinaron que lo mejor para los jóvenes era deportarlos. Es decir, México está expulsando a niños, niñas y adolescentes migrantes mediante planes de restitución de derechos que violan abiertamente la Ley.
“La situación de cada niño y niña es diferente, por eso los diagnósticos tienen que ser individuales, aunque vengan de la misma colonia de Guatemala o de Honduras, o aunque sean familia. Ni siquiera debe existir un documento que diga ‘plan colectivo’, pues eso es una violación a la Ley”, recalcó Sandra Mejía, abogada de la infancia en el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI).
Animal Político buscó al Sistema Nacional DIF y a la Procuraduría Federal de Niños, Niñas y Adolescentes para preguntarles por esta situación y para solicitarles una entrevista al respecto. Ninguna respondió.
Por otra parte, funcionarios y exfuncionarios al interior del INM y de las procuradurías reconocieron en entrevista que se están realizando análisis “al vapor” para deportar a miles de niños y adolescentes migrantes.
“Hay procuradurías que utilizan ‘machotes’ ya establecidos donde solo cambian el nombre del niño o la niña y la nacionalidad, y donde todos vienen ya con la medida de retorno asistido como medida de protección”, dijo una exfuncionaria del INM que pidió anonimato.
Esta práctica irregular también ha sido denunciada por organizaciones internacionales de derechos humanos, así como por organizaciones civiles mexicanas, como el IMUMI, Asylum Access o Sin Fronteras.
Asimismo, funcionarios como Édgar Olvera, procurador municipal de la niñez en Tenosique, admitieron que persiste la práctica de encarcelar a menores de edad en estaciones migratorias o en anexos llamados “centros de canalización”, debido a la falta de espacios en los Centros de Asistencia Social de los DIF.
En ese municipio fronterizo de Tabasco, este medio documentó el caso de Sarahí, una guatemalteca de 13 años que pasó una semana recluida en un “centro de canalización”, un “limbo” al interior de las estaciones del INM donde activistas denuncian que las autoridades mantienen encerrada a la niñez migrante.
“Fue horrible. Por la noche entraba un policía. A una de mis amigas le decía que se fuera con él. Una vez se la llevó y regresó llorando. Le dijimos a los demás policías, pero no nos creyeron. Nos decían que si seguíamos diciendo eso nos iban a llevar de vuelta para nuestro país”, contó en entrevista.
Animal Político también buscó al INM para preguntarle por estas denuncias, pero tampoco ofreció respuesta.
Sin presupuesto
La investigación también revela que, aunque la reforma establece que el Estado mexicano debe brindar de recursos económicos suficientes a las procuradurías para aplicarla, en la práctica esto tampoco sucede: en 2021 y 2022, la mayoría de procuradurías estatales respondieron por transparencia que sufrieron recortes, a pesar de las nuevas atribuciones que les dieron en relación a la niñez migrante indocumentada, y a pesar de que, ya de por sí, tenían una importante carga de trabajo atendiendo a la niñez mexicana y a la niñez deportada de Estados Unidos.
En 2021, por ejemplo, la Procuraduría de Nuevo León tuvo un recorte en términos reales (ya con la inflación) de hasta el 42%: de 113 millones en 2020, pasó a tener un presupuesto aprobado de 69 millones.
Y en 2022, de las 27 procuradurías que respondieron las solicitudes de transparencia, solo nueve tuvieron aumentos, destacando los casos de Baja California, con un alza del 102%, o de Tamaulipas, 218%.
Sin embargo, con todo y esos aumentos, muchas de estas procuradurías tienen presupuestos que no pasan de los 40 millones de pesos. Así sucede también con otros estados clave de la frontera sur, como Tabasco, que, aunque tuvo un aumento del 47% en 2022, su presupuesto es de apenas 23 millones de pesos para atender a 16 mil niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos en esa entidad.
A la par, otros actores clave en la protección, como la Comar o el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), también mantuvieron su presupuesto congelado o con recortes en términos reales.
De hecho, el presupuesto para el INM en 2022 (mil 662 millones) fue 22 veces superior al del SIPINNA (69 millones), 36 veces más que el de la Comar (45 millones) o 40 veces más grande que el de la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (39 millones).
La única dependencia de protección que ha registrado aumentos notables de presupuesto es el Sistema Nacional DIF, que con 3 mil 475 millones aprobados para 2022 tuvo un alza del 100%. Este aumento se explica debido a que en 2021 el gobierno de López Obrador anunció una inversión para construir o remodelar albergues del DIF ante la llegada masiva de niñez migrante acompañada y sin acompañar.
Sin embargo, entre el medio centenar de entrevistas realizadas para esta investigación, activistas, exfuncionarios, funcionarios y defensores de derechos de migrantes coincidieron en apuntar una misma preocupación: que los albergues del DIF se conviertan en “estaciones migratorias para niños”.
“Se está pensando solo en una dinámica de detengo al niño en un albergue, lo tengo cinco días en ese espacio y lo deporto”, advirtió Pablo Loredo, el exprocurador de la Niñez de San Luis Potosí.
Sin personal
Además, de 28 procuradurías que respondieron las solicitudes de información, 22 mantuvieron congelados en 2022 sus equipos multidisciplinarios de abogados, psicólogos y de trabajadores sociales, o incluso los redujeron.
En contraste, los elementos dedicados a detener migrantes —incluidos los menores de edad— siguen aumentando año con año. Un dato: en 2022, la Guardia Nacional destinó 9 mil 445 soldados a realizar labores de “contención migratoria”, un aumento del 200% en comparación con 2021, según información recabada del Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador.
Otras cifras dibujan a detalle cuál es el tamaño del aparato de contención y cuál el de la protección de la niñez migrante: en 2022, las procuradurías respondieron que, en total, dispusieron en todo el país de mil 015 elementos, frente a los 2 mil 160 agentes que el INM destina a labores de contención y verificación migratoria, los casi 9 mil 500 soldados de la Guardia Nacional, y los 14 mil soldados del Ejército en labores de contención migratoria.
Es decir, por un integrante de las Procuradurías de Niñas, Niños y Adolescentes, hay dos agentes del INM, nueve elementos de la Guardia Nacional y 13 soldados de la Sedena.
Y otro dato: en 2022 hubo un total de 25 mil 618 integrantes del Ejército, la Guardia Nacional y el INM destinados a detener migrantes, por tan solo los 105 que la Comar reportó por transparencia a este medio.
Andrés Ramírez, titular de la Comar, explicó que en los próximos meses se incorporarán al menos otros 90 integrantes de la Comisión de la Frontera Sur, que se espera desaparezca. Pero, aun así, el funcionario federal aseguró en entrevista que la Comar tendría muy complicada su operación de no contar con el apoyo, tanto económico como de personal, de organizaciones internacionales de derechos humanos, como el ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados.
“Si el ACNUR dejara de apoyarnos, entraríamos en una situación de colapso”, admitió.
Ante esta situación, procuradores de la niñez denunciaron que tienen “las manos atadas” para cumplir con la reforma, aunado a que están sometidos a una gran “presión” por parte del INM para que prevalezca la política de detención y deportación.
“Una cosa es el deber ser que dicta la reforma y otra muy distinta es lo que está pasando en el terreno. Las procuradurías, sin presupuesto ni personal, estamos rebasadas y no queremos hacer visible que tenemos una broncota”, reconoció en entrevista el titular de una Procuraduría de la Niñez estatal, que pidió anonimato.
“Desde el Legislativo, la reforma parecía algo muy vanguardista”, terció Alberto Xicotencatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo. “Pero ya en la práctica se está viendo que hay un enorme abanico de carencias técnicas, de conocimiento y de falta de recursos, que impiden que se concrete. Y en parte esto es así porque ni la niñez ni la población migrante son una prioridad para el Estado mexicano”.
Las consecuencias
Ante esta inaplicación de la ley, así como en algunos casos la violación a la misma, Animal Político viajó a Honduras, donde documentó casos como el de Alexander, de 15 años, que huyó tras ser amenazado de muerte por Barrio 18, una de las pandillas transnacionales más peligrosas del mundo. Pese a que su vida y las de sus familiares corren peligro, las autoridades mexicanas lo regresaron a la misma colonia de Tegucigalpa de la que huyó, y ahora vive a escondidas de la pandilla. “México me quitó la oportunidad de cambiar mi vida”, lamentó.
Emma, de 14 años, comenzó a consumir cocaína y piedra a los ocho, cuando fue reclutada por la Mara Salvatrucha 13, la 'némesis' de Barrio 18. Un día se emborrachó y perdió un pequeño cargamento de droga que tenía que vender para la mara. Como castigo, la humillaron con golpes y rapándole el pelo y las cejas. Ahora intenta huir de esa pesadilla. Su sueño es ser cantante.
Mientras que, en la frontera sur mexicana, este medio documentó que los menores de edad migrantes que sí consiguieron acceder al nuevo sistema de protección llegan a permanecer varados hasta seis, siete, ocho o nueve meses en espera de una respuesta del Estado mexicano. La falta de recursos y de personal en las procuradurías y en la Comar, la falta de espacios en los DIF, más la enorme cantidad de casos de personas huyendo de Centroamérica, Venezuela o Haití, hacen que los albergues de la sociedad civil continúen siendo su único refugio.
Aunque ni ahí están a salvo.
“Todos le tenemos pánico al cártel”, dijo Amalia, una hondureña de 17 años que, tras ser detenida por el INM con su bebé y retenida varios días en una oficina de canalización al interior de una estación migratoria, fue abandonada en plena noche en la puerta del albergue La 72, en Tenosique, en donde este medio documentó en los alrededores la presencia de ‘halcones’ del Cártel Jalisco Nueva Generación.
"En lugar de que las autoridades los protejan, lo que hacen es aventarlos a los lobos", denunció una activista del refugio.
Ureste., M. Niñez migrante: defendida en el papel, violentada en los hechos; solo 19% de los detenidos pasa por nuevo sistema de protección. animalpolitico.com. Recuperado el 05 de mayo de 2024.
https://panel.animalpolitico.com/ninez-migrante-promesas-papel/detenidos-violencia-sistema-proteccion.html
La falta de presupuesto y personal en procuradurías deja a niñez migrante sola ante el narco y las agresiones de funcionarios
—Dejar a una adolescente en mitad de la noche tirada afuera del albergue es, literal, aventarla a los lobos.
María, activista del albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, lanza la sentencia ante la mirada tímida de Amalia, una hondureña de 17 años de ojos negros y tez cobriza, alta, espigada, de cuello largo y esbelto, con los pies tan grandes que no le entran en las desgastadas chanclas rosas que arrastra con desgana. Solo sus manos grandes llenas de viejas heridas delatan que trabajaba como albañil antes de ser madre a los 16 años.
—¡Es tirarla a los lobos! —insiste la activista, que habla desde el patio del refugio, donde hay un mural que muestra a un Donald Trump de cuyos llameantes cabellos salen cientos de personas que migran hacia Estados Unidos—. Porque, de puertas para afuera, hay muchos peligros que no podemos controlar —apunta con la barbilla hacia la puerta del refugio, a través de la cual pueden observarse unos puestecitos de comida corrida—. Ahí fuera hay gente que solo está pendiente de quién entra y sale para ver en qué momento les ofrecen llevarlos a algún lugar. Y pues una niña, o una adolescente, no te va a decir que no. Porque ellas son muy vulnerables. Buscan ayuda desesperadamente.
Cuando María habla de los “lobos” al acecho, se refiere a los espías y sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos del narcotráfico más violentos de México, que se colocan en los alrededores del albergue para reclutar migrantes y traficarlos mediante extorsiones, amenazas o secuestros. Y por los “peligros que no pueden controlar”, probablemente se refiere a que caer en las garras de ese cártel, especialmente las niñas o jóvenes centroamericanas indocumentadas como Amalia, es un boleto seguro para acabar explotadas en los prostíbulos que brotan por toda la frontera sur.
Por eso el enojo, dice María con el ceño fruncido. Porque, a pesar de que este contexto de violencia extrema no es un secreto para nadie —tampoco para las autoridades—, y a pesar de que, al menos sobre el papel, la adolescente debía ser protegida por el Estado mexicano, Amalia fue abandonada en la puerta de La 72 en plena noche y cuando no había ningún activista en el refugio para recibirla.
Las autoridades la dejaron sola, recalca la defensora de derechos humanos.
Sola, con un bebé en brazos, y rodeada por los “lobos” del cártel.
"El gobierno nunca quiso la reforma"
En enero de 2021, luego de pasar siete años congelada en el Congreso mexicano, entró en vigor durante la administración de Andrés Manuel López Obrador una importante reforma que armoniza las leyes de Migración, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Refugiados.
Esto se traduce en que, por un lado, la niñez migrante ya no puede ser recluida en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Y, por otro, en que ahora recae sobre el Sistema Nacional DIF albergar a estos niños en sus Centros de Asistencia Social (CAS) o en albergues de la sociedad civil. Mientras tanto, las Procuradurías de Niños, Niñas y Adolescentes tienen que analizar cuál es su interés superior y elaborar un plan de restitución de derechos, que puede consistir en enviarlos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), reunificarlos con familiares en México o Estados Unidos, o regresarlos a sus países de origen.
Activistas y defensores de derechos humanos coincidieron en que se trata de una reforma “vanguardista” y “garantista” de los derechos de la niñez migrante, aunque matizaron que hay actores al interior del gobierno mexicano que nunca la vieron con buenos ojos, lo cual ha llevado a una aplicación muy deficiente por falta de recursos, personal y también de voluntad política.
"La aprobación de esta reforma tomó por sorpresa al gobierno de López Obrador. El INM, Segob, Cancillería y hasta el DIF eran totalmente contrarios. Incluso, en el gobierno hay quienes decían abiertamente: 'Tranquilos, esta reforma va a caer por su propio peso'", expuso en entrevista una integrante de una organización internacional de derechos humanos, quien pidió que no se mencionara su nombre ni el de la organización para evitar confrontaciones con el gobierno.
"El INM nunca quiso esta reforma", corroboró Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). "El INM ya tiene todo su esquema de estaciones migratorias y de detención y deportación. Y con una reforma de este tipo, al menos en la teoría, quien tiene ahora el poder de decidir qué debería pasar con estos miles de niños son las procuradurías y no el INM".
Melissa Vértiz, integrante del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, señaló que, incluso, hubo oposición de la Secretaría de Hacienda, que alegaba que dicha reforma tendría un impacto presupuestal muy fuerte y que había otras prioridades.
"También vimos que, evidentemente, había una opinión negativa del INM y del DIF —agrega—. Y los argumentos eran que, si se aprobaba la reforma, habría un gran riesgo de que los adultos migrantes utilizaran a los niños para cruzar México como una especie de visa de tránsito".
Esto es así porque la reforma, además de obligar a los DIF a albergar a la niñez migrante en los CAS, también obliga a dar albergue y visa humanitaria a sus familiares para evitar la separación.
A pesar de estas resistencias, la reforma fue aprobada en septiembre de 2020 gracias a la presión de la sociedad civil y de organizaciones internacionales de derechos humanos, y entró en vigor en enero de 2021. Sin embargo, las cifras indican que está muy lejos de ser aplicada al 100%.
Tal como se expuso en la primera entrega de esta investigación, Animal Político documentó por medio de solicitudes de transparencia que, de casi 100 mil niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos por el INM y canalizados a los Sistemas DIF entre enero de 2021 y mayo de este año, las Procuradurías estatales de la Niñez respondieron que solo hicieron 19 mil 067 planes de restitución de derechos, es decir, que analizaron apenas 19% de los casos de niñez detenida.
Por otra parte, el INM informó por transparencia que en el último año y medio entregó 29 mil 653 visas humanitarias a menores de edad migrantes, tan solo el 30% de los que detuvo.
En cuanto al presupuesto y personal, esta investigación documenta que, en 2022, de 27 Procuradurías estatales de la Niñez al menos 18 tuvieron recortes o presupuesto congelado, a pesar de la enorme carga de trabajo que se les puso encima con la reforma, mientras que 22 mantuvieron congelados sus equipos para atender a casi 100 mil niños migrantes.
"La reforma fue demasiado. Nos entregaron responsabilidades muy extremas y no nos proporcionaron los recursos para aplicarla", lamentó en entrevista Édgar Olvera, titular de la Procuraduría de la Niñez municipal de Tenosique, Tabasco.
"Nos aventaron una bomba sin que los DIF ni las procuradurías tuviéramos la capacidad para atender todo lo que iba a suponer la reforma", apuntó la persona titular de otra procuraduría estatal, que prefirió mantener el anonimato.
"Las Procuradurías de la Niñez ya atendíamos casos de maltrato infantil —agregó—, de adolescentes en conflictos con la ley, adopciones de bebés… Es decir, ya teníamos una saturación de trabajo. Y ahora, de la noche a la mañana, súmale que por ley estamos obligados a atender a los 70 mil niños migrantes que detuvieron en 2021, y encima sin recursos ni personal extra. Por eso digo que una cosa es el deber ser de la reforma y otra muy distinta lo que está pasando en el terreno, que es que estamos rebasados y en pañales".
El resultado de todo lo anterior ya se está traduciendo en que miles de niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos no están pasando por el nuevo sistema de protección que, además de no contar con los recursos ni el personal, se enfrenta a que, paradójicamente, forma parte de un Estado que, por un lado, aprueba una ley garantista de derechos, y por el otro, mantiene una política de detención y deportación: con más de 70 mil niños y jóvenes migrantes detenidos en 2021, México batió todos los récords desde que comenzó a llevar registro de las estadísticas de detenciones hace 20 años, en 2002.
Mientras tanto, en los casos que sí se aplica la reforma, esta se aplica mal o se cae directamente en violaciones a la ley, perjudicando directamente a niños y jóvenes como Amalia, la hondureña de 17 años abandonada por las autoridades en la puerta de La 72.
Exhibidos como "animalitos"
Sentada en una destartalada silla en el patio del albergue, Amalia fuma un cigarrillo mientras su hijo gatea distraído por el suelo de la cancha de futbol.
De un teléfono celular sale un tema de hip hop que le gusta.
"Oh, me falta el aire/ Y el corazón, tucún-tucún-tucún/ Hoy va a correr sangre/ Ya sé por dónde se mueve ese bum…".
Tras escupir al suelo, la hondureña explica que el que canta es El Canserbero, un reconocido rapero venezolano muerto en 2015 tras caer de un edificio —aún no está claro si se tiró, lo tiraron o se cayó—, en cuyo tema "Es épico" narra un peculiar descenso al infierno tras matar a tiros a "Carlos", el asesino de su hermano.
"El corazón, tucún-tucún, tucún/ Y las balas, pacán, pacán, pacán…".
Amalia tararea el estribillo con una sonrisa aniñada, para, a continuación, decir que su particular descenso a los infiernos comenzó cuando un pandillero de la Mara Salvatrucha 13, la MS13, se fijó en ella.
—El problema es que yo no quería ser su novia, ni quería nada con la mara —dice posando las manos sobre el ajado vestido de color rosa mexicano que viste—. Y como no quería nada, un día me golpearon y me robaron todo. Por eso mejor me fui para Estados Unidos. Allá me espera una prima y un hermano que no conozco.
Pero Amalia no sabía que el camino para alcanzar ese sueño iba a ser otro infierno: nada más cruzar a pie la frontera con un hijo en brazos, con la compañía de Paola, otra joven migrante que cargaba en brazos a otro bebé y que venía embarazada de siete meses, la hondureña fue detenida por agentes del INM y de la Guardia Nacional, y recluida tres días en un anexo de la estación migratoria de Tenosique al que llaman “oficina de canalización”; una situación que, aunque ella lo desconocía, es violatoria de la reforma de ley, pues esta prohíbe recluir a menores de edad tanto en estaciones como en "lugares habilitados" para ello.
—Estar ahí fue algo horrible. Era un cuarto cerrado donde no se veía la luz del día. No sabía si era por la mañana, la tarde o la noche. Solo podía estar ahí sentada, sin hacer nada. Ni siquiera me daban pañales para mi hijo.
José Morales, coordinador del área de Derechos Humanos de La 72, dice que ha visto esa habitación, que describe como un cubículo de vidrio, "sin una silla, ni colchonetas, nada", donde los niños permanecen sin que nadie les informe qué sucederá con ellos, ni por qué están presos, ni por cuánto tiempo.
"Los tienen ahí exhibidos como animalitos", denunció.
Sarahí, otra migrante guatemalteca de ojos negros rasgados, pelo negro y mirada cansada a pesar de sus 13 años, dice que también pasó una semana encerrada en esa “oficina de canalización” del INM en Tenosique, junto a su hermana Sol, de ocho años, y su hermanito de seis. La niña explica que huyeron de su país porque su padre amenazó desde la cárcel con matar a su madre, a sus cinco hermanos y a ella.
Cree que su esposa se fue con otra persona.
En el anexo, Sarahí cuenta que los agentes del INM los “castigaban” poniéndoles muy fuerte el aire acondicionado para que no hicieran "bulla", situación que corrobora Lionel, hondureño de 17 años: "Cuando no les hacés caso, te prenden los dos climas para que, con el frío, te quedés tranquilo".
Sarahí, en una especie de tortura psicológica, narra que los agentes del INM también le decían que su madre los había "abandonado".
—Yo les preguntaba todos los días cuándo me iban a dejar ir, pero solo me respondían: “Tu mamá no ha venido ni un solo día a verte, y no puedes salir” —cuenta la niña, ante la mirada llena de lágrimas de María Estefani, su madre, que asegura que los días en que sus hijos estuvieron encerrados movió "cielo y tierra" para que la dejaran llevarlos al refugio, cosa que finalmente logró.
Además de esta odisea, la niña denuncia que presenció cómo por las noches entraba un "policía" al cuarto a susurrarle cosas al oído a ella y a otras niñas.
—Les decía a mis amigas que se fueran con él para afuera. Una vez, a una sí se la llevó. Cuando amaneció, estaba llorando.
Édgar Olvera, el titular de la Procuraduría de la Niñez en Tenosique, señaló que, a pesar de lo que dicta la nueva reforma de ley, continúa habiendo casos de niños, niñas y adolescentes migrantes presos en estaciones migratorias, o en las "oficinas de canalización" anexas.
"Sí, hay niños en centros de detención —admitió—. Pero no es por culpa de nosotros, de la procuraduría. Porque si nosotros hacemos el análisis para determinar el interés superior del niño en un día o dos, máximo, a partir de ahí los niños ya pueden ser canalizados a los Centros de Asistencia Social del DIF. Pero el problema es que no hay espacios en esos centros, y en lo que se desocupan, pues los tienen que tener ahí (en las oficinas de canalización del INM)".
Engañar a la ley
Lionel no se llama así, pero le encanta el futbol y el Barcelona, así que pide que se le llame así: como Messi, su ídolo.
Al inicio de la plática, se muestra tímido, con la mirada en la mesa y respondiendo con balbuceantes monosílabos. Pero, cuando recuerda cómo el INM y los soldados lo persiguieron a él y a otros dos migrantes, su verbo se dispara.
—¡Pinches chamacos, si los agarramos van a valer verga! Los vamos a mandar de vuelta para su pinche país —dice que les gritaban.
—¡Estaban bravísimos los federales! ¡Jah! —ríe travieso.
Finalmente, tras lograr burlar al INM y a la Guardia Nacional, Lionel acudió a la Comar a solicitar refugio. Él, como la gran mayoría de migrantes que están en el albergue La 72, huyó de la MS13 luego de que amenazara a su madre por no pagar la "cuota" de mil 500 lempiras semanales (unos mil 200 pesos).
—Allá te matan, ¡jah! —exclama de nuevo—. Si vos no pagás la extorsión, así sea que solo falles una vez en el pago, te matan.
Por una cuestión burocrática, Lionel tuvo que ir al INM a pedir unos papeles que le pedían en la Comar. Y cuando llegó sin documentos, rápido lo encerraron en el cuarto por el que pasaron Amalia y Sarahí, aunque él solo permaneció unas horas hasta que el abogado de la Procuraduría de la Niñez lo sacó y lo llevó al módulo del DIF que está dentro de la estación migratoria; una situación que, si bien no viola la ley, sí es denunciada por activistas como otra "triquiñuela" para que el INM siga manteniendo encerrados a los niños y conserve el control sobre ellos.
"Es una forma de engañar a la ley —advirtió José Morales, de La 72—. Porque dicen: 'Oye, yo estoy cumpliendo. El niño no está en una estación migratoria'. Y sí, técnicamente hablando, es cierto que los llevan a un módulo del DIF, pero ese módulo está dentro de la estación. Para mí, es una forma de agarrarse a los vacíos legales para decir que están cumpliendo y tratar de engañar a la sociedad civil".
Lionel, de hecho, dice que no vio diferencia entre estar encerrado en la "oficina de canalización" del INM y estar encerrado en el módulo del DIF al interior de la estación.
—También me sentía como en una cárcel —asegura—. Me acostaba a dormir, me levantaba para la comida, de ahí otra vez a comer, luego dormir… Me estaba volviendo loco.
Desde que entró en vigor la reforma, uno de los principales problemas ha sido, precisamente, dónde albergar a casi 100 mil niños migrantes detenidos por el INM en el último año y medio.
La ley es clara: no pueden estar en las estaciones migratorias. Pero los DIF, ni antes de la reforma ni después, tienen el espacio ni la infraestructura suficiente. Por ello, las Procuradurías de la Niñez están enviando casi en automático a niños, niñas y adolescentes migrantes a los albergues de la sociedad civil, aun cuando estos centros dependen de la caridad y del apoyo de organizaciones internacionales.
"Los albergues son los que están haciendo el paro, como siempre", recalcó una exfuncionaria del SIPINNA, que pidió anonimato.
"No es que el Estado no esté intentando responder, es que la situación se ha desbordado y no hay capacidad de infraestructura para el alojamiento", respondió una exfuncionaria que trabajaba en el INM cuando entró en vigor la reforma
Ante esta situación, el gobierno de López Obrador anunció un importante aumento de presupuesto para el Sistema DIF que, en efecto, con más de 3 mil 400 millones de millones de pesos aprobados para 2022, registró un alza del 100%; un dinero que se ha destinado en buena medida a convenios entre el DIF Federal y los municipales para construir nuevos CAS o ampliar los existentes.
Sin embargo, casos como el de Lionel llevan a los activistas a pensar que esa inyección de recursos tampoco va a cambiar mucho la situación de la niñez migrante, más allá de tener nuevos espacios para mantenerlos encerrados.
"El INM sigue deteniendo niños, aunque ahora no los lleva a las estaciones, sino a los CAS del DIF. Pero sí les inicia el proceso administrativo antes de llevarlos al DIF. Y, al iniciarlo, los niños siguen bajo custodia de Migración, y los CAS se convierten en extensiones de la estación migratoria", explicó Alejandra Macías, de Asylum Access.
"Es una paradoja inaceptable", agregó Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM en el primer año de López Obrador. "Que, con todo y la reforma, lo que tenemos sean estaciones migratorias para niños a los que llamamos albergues. Son espacios donde la gestión, me da la impresión, no es del DIF, sino del INM; de un instituto que tiene criterios que establece el Ejército o la Guardia Nacional. Y ese no es el modelo de protección de la niñez ni el espíritu de la reforma de ley".
"Ya no aguanto más"
Junto a Amalia, se ha sumado en el patio de La 72 su amiga Paola, que carga a su hija de año y medio en brazos. En Honduras no se conocían, pero desde que se cruzaron caminando sin documentos para entrar a México se han hecho inseparables. De hecho, parecen hermanas, ríen al unísono, aunque Paola, más introvertida, dice que más bien parece su madre, pues siempre le anda advirtiendo de posibles peligros.
—Mirá vos, yo aquí no confío en nadie —dice—. Acá todo es una sonrisa por fuera, pero por dentro son malos. No podés confiar en nadie.
La desconfianza de Paola está justificada. Su historia es un cúmulo de tragedias: su madre la abandonó siendo una adolescente, y su padre, al ingresar en la cárcel, se la entregó a una tía.
—Pero ella odiaba a mi mamá. Y como decía que yo me parecía mucho a mi madre, pues me golpeaba —comenta dibujando una mueca de tristeza que rara vez abandona su rostro de tez cobriza y de ojos negros ligeramente rasgados.
Paola se refugió en su pareja y muy pronto quedó embarazada de su primera hija, que también muy pronto dio paso al segundo embarazo. Ahí fue cuando su novio la abandonó, no sin antes darle una paliza y aventarle con violencia el casco de la moto al vientre.
Por si fuera poco, Paola también tuvo problemas con la MS13, que la quería a la fuerza como su novia. Como se negó, la amenazaron con "picarla" en pedazos.
—Por eso yo no pensé en nada. No pensé cómo era el camino a México, ni si era muy peligroso, ni nada. Solo tomé a mi hija y vine con fe en Dios.
Pero en México las cosas tampoco están marchando como ella esperaba. O al menos no a la velocidad que esperaba: Paola lleva más de dos meses varada en el albergue. Y hace tan solo unos días le aventaron otro balde de agua fría que la tiene sumida en un profundo desánimo: en la Comar le dijeron que para analizar su caso deberá esperar, al menos, otros cuatro meses.
El procurador Édgar Olvera explica que en Tenosique, una de las principales puertas de entrada de niñez migrante, cuentan con un equipo de 17 personas, de las cuales cinco —tres abogados, una psicóloga y una trabajadora social— son aportadas por el ACNUR.
En comparación con Procuradurías de la Niñez estatales —por ejemplo, la estatal de Tabasco respondió por transparencia que cuenta con un equipo de apenas tres personas—, se trata de una de las procuradurías con más personal en la frontera sur. Pero, aun así, Olvera señala que la carga de trabajo y la falta de presupuesto hacen que la lista de espera sea larga. Y eso sin meter en la ecuación a la Comar, que tiene sus propios problemas de falta de recursos.
"Yo, con 17 personas en mi procuraduría, si viene un adolescente migrante para que analicemos su caso, lo programo para una semana o semana y media. Eso, con 17 personas, insisto. Ahora, imagínate si solo tuviera a tres, como muchas procuradurías. Si viene un niño y tengo ese equipo, le tengo que dar cita para dentro de tres meses, al menos".
Lo anterior ya se está traduciendo en casos como los de Paola, Amalia y Lionel, que llevan meses esperando una respuesta a sus situaciones extremas, que, tal como advierte Rocío Santos, psicóloga y técnica de Protección de la organización Ayuda en Acción, pueden generar transtornos de ansiedad, depresión y enfermedades mentales en estos niños, niñas y adolescentes que, de por sí, ya traen historias terribles de persecución, violencia sexual y asesinatos.
Además, la activista María, de La 72, apunta que, una vez que las autoridades del INM y del DIF les entregan a estos menores de edad migrantes, tampoco hay un seguimiento, ni están al tanto de su salud física o mental, situación que recae directamente sobre ellos, la sociedad civil.
Con la mirada cansada y su hija en brazos, Paola musita que, al no tener ni visa humanitaria ni CURP, no puede trabajar y no sabe cuánto tiempo más podrá vivir de la caridad de un albergue en cuya puerta hay cientos de migrantes que esperan su turno para entrar. Por ello, una de las cosas que le atormenta es la idea de tener que salir a la calle a pedir limosna con sus dos hijas en brazos, como hacen muchas otras madres migrantes en Tenosique, especialmente al caer la noche.
—Yo me pongo a pensar y me digo: ¿qué será de mí?
Paola mira de reojo a Amalia, que al no tener una respuesta para su amiga, ni para ella misma, cambia su habitual sonrisa aniñada por una mueca seria.
—Me siento muy deprimida —murmura con voz queda—. Si no me dan pronto los papeles, mejor me voy de acá. Ya no aguanto más esta vida.
A continuación, Paola apoya su mano en la cabeza de su bebé y comienza a llorar en silencio.
Detrás de ella, el grafiti de un corazón reza: "Tenemos sueños".
Ureste., M. La falta de presupuesto y personal en procuradurías deja a niñez migrante sola ante el narco y las agresiones de funcionarios. animalpolitico.com. Recuperado el 05 de mayo de 2024.
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De vuelta al infierno: niñas, niños y adolescentes son deportados por México sin pasar por el nuevo sistema de protección
—¡Hey! ¿Por qué no bajás los vidrios?
Bertilio Amaya, activista de Casa Alianza Honduras, es de esas personas que tienen siempre una sonrisa. Pero ahora, tras bajarse como un relámpago del carro, se dirige con el gesto serio hacia el chofer de otro vehículo donde viaja un par de periodistas a los que acompaña en un recorrido por la colonia El Edén, una de las zonas más violentas de Tegucigalpa, la capital hondureña.
—¡No jodás, vos! ¡Bajálos! ¡Bajá los vidrios! —demanda gesticulando con ambas manos, mientras visiblemente tenso dirige la mirada hacia dos motos que, de la nada, salieron de las laberínticas callejuelas de la colonia.
Las normas eran muy claras: para acceder a los barrios donde viven algunos de los niños, las niñas y los adolescentes que fueron deportados por México, había que contar primero con el permiso de los líderes locales de la Mara Salvatrucha 13 y de Barrio 18, dos de los grupos criminales más violentos de América Latina y del mundo. Y, una vez obtenido este permiso, había que cumplir a rajatabla sus indicaciones.
La primera, precisamente, era bajar las ventanillas del coche para que los espías de las maras, las "banderas", pudieran identificar que quienes viajaban en su interior no eran pandilleros de "clicas" rivales.
—En la Edén nos van a controlar nada más entrar —había advertido tan solo unos minutos antes de llegar al lugar Esdras Medina, integrante de Casa Alianza—. Así que tenemos que ir muy bien identificados. De lo contrario, podemos tener muchos problemas. Porque si alguien entra acá sin permiso, lo detienen y no da una explicación que los convenza… es muy posible que no salga vivo de la colonia.
Ante la gravedad del descuido del chofer, Bertilio, Esdras y Leyder Castellanos, otro activista de Casa Alianza, se afanan en colocarse los chalecos azul marino con los logos de la organización, y en hacer lo más visibles posible sus gafetes.
Los periodistas, a los que instaron a que vistieran camisas de manga larga para ocultar los tatuajes, además de no usar tenis de la marca y modelo Nike Cortez —solo Barrio 18 puede usarlos—, también se bajan del carro mostrando los chalecos azules de la organización y ocultando las cámaras en las mochilas.
Finalmente, tras observar los logos de Casa Alianza que los carros llevan en las puertas, las "banderas" de la MS13 se retiran para alivio de todos.
De vuelta al infierno
A continuación, los periodistas caminan hacia una estructura de varios niveles, de fachada de cemento, techos de lámina y puerta de entrada metálica. Es una vivienda humilde que está junto a un río de aguas pardas que hace las veces de línea fronteriza: de este lado, está la MS13; al otro, Barrio 18. Y nadie, así sea un vecino que quiera comprar un refresco en la pulpería —así llaman en Honduras a las tienditas de abarrotes—, puede cruzar al otro territorio sin recibir un balazo.
Tras abrir la puerta, doña Ángela, una señora robusta que luce una cola de caballo, urge a los visitantes a que pasen rápido, no sin antes mirar a izquierda y derecha de la calle para asegurarse de que ninguna “oreja” los ha seguido. Ella, su marido, sus hijos y su nieto se están poniendo en riesgo: si la MS13 se entera de que están hablando con periodistas, las consecuencias serán brutales.
Una vez arriba, en el segundo nivel, esperan sobre un ajado sofá marrón Alexander, un espigado adolescente de 15 años, y su hermana Leticia, que acaba de cumplir la mayoría de edad. Tras subir por unas frágiles escaleras de hierro, doña Ángela llega algo jadeante al cuarto y pide a los periodistas que, antes de sacar las cámaras, se metan hasta el fondo de la habitación que apenas está iluminada por un foco de luz macilenta. Ahí estarán más seguros, dice maternal, lejos de la estrecha puerta que da a un pequeño balcón desde el que se observa a lo lejos el territorio prohibido de la 18.
—Si vieran las tirazones que a cada rato avientan de aquel lado… —suspira la señora apuntando con la barbilla hacia el río—. Acá tuvimos que poner losa porque las balas penetraban la lámina —apunta ahora la mujer hacia la frágil pared que separa la habitación del balcón.
La familia tiene poco de haber vuelto tras ser deportada de México. Alexander, que tiene el rostro envuelto en penumbras para proteger su identidad, cuenta que ha sufrido el “acoso” de “los 18” desde niño, debido a que la escuela a la que le toca ir está en “territorio enemigo”. Una situación que fue aprovechada por los mareros de su colonia como la oportunidad perfecta para tratar de reclutarlo.
—La MS13 me ofrecía "pisto" (dinero) y tenis nuevos. Y me decían: "Mirá, esto es una familia. Si aceptás entrar a la mara, ya nadie se va a meter con vos".
Un día antes, Melvin Martínez, otro activista de Casa Alianza que se encarga de identificar en las calles a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono y de vulneración de derechos, explicaba en otro recorrido con los periodistas por la colonia Los Pinos que el modus operandi narrado por Alexander es el "típico" que emplean las pandillas: ofrecer dinero y, sobre todo, la promesa de una "familia" que protege a los suyos.
"Con 5 mil o 6 mil lempiras (de 3 mil 900 a 4 mil 700 pesos, aproximadamente), los niños se emocionan. Luego les dan un celular y un arma, y desde ese momento ya son prisioneros de la mara. Y en el caso de niñas y adolescentes es todavía más delicado, porque si un pandillero se enamora de ella, la niña no puede decir no", expuso el activista.
De vuelta a la casa de Alexander, se le cuestiona qué hubiera tenido que hacer en el caso de que, finalmente, hubiera entrado a la Mara 13.
Ante el planteamiento, el adolescente encoge los hombros.
—Hacer de "halcón" —responde con naturalidad—. Vigilar a una persona para que luego la maten. O ir por las pulperías cobrando el impuesto de guerra.
Precisamente, otro de los motivos por los que huyó la familia fue la extorsión de Barrio 18: un día, cuenta doña Ángela, llegó un adolescente que tendría la misma edad que su hijo y le dejó "un papelito" con la indicación de que tenía que pagar 10 mil lempiras semanales (unos 9 mil 500 pesos) por tener abierta su tortillería.
—Primero, fue por escrito. Y luego, me dejaron dos balas sin usar.
Por si fuera poco, la hermana mayor de Alexander y de Leticia fue raptada a bordo de una camioneta cuando salía de su trabajo en un hospital de la capital hondureña. Los que se la llevaron, dice su madre, tenían tatuajes de la 18.
—La cerámica de mi baño es blanca. Pero cuando mi hija regresó a casa y salió de ahí… todo quedó manchado de rojo. No se sabe cuántos la violaron —cuenta doña Ángela, que rompe en llanto.
Ante esta triple agresión —el intento de reclutamiento, el cobro de extorsión y la violación—, doña Ángela y su familia huyeron. En las mochilas llevaban las denuncias selladas por la autoridad hondureña con las que irían directo a pedir refugio en México.
Pero nada de eso sirvió, lamenta Alexander: al poco de cruzar la frontera fueron detenidos en Chiapas, en un retén de Migración y de la Guardia Nacional. Y ni las denuncias, ni el hecho de que Alexander tenía 15, que Leticia también era menor de edad al momento de la detención, y que además migraban con un bebé, fueron suficientes para que pasaran por el nuevo sistema de protección de la infancia mexicano. Un sistema que, desde enero de 2021, obliga primero a otorgarles una visa humanitaria; luego, a enviarlos a un Centro de Asistencia Social del DIF o a un albergue de la sociedad civil, y por último, a mandarlos a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes.
En estas procuradurías, deberían haber analizado los casos de Alexander y de Leticia como menores de edad, y determinar si los remitían a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para que esta, a su vez, los analizara. Y ni ellos ni sus padres debían ser separados ni encarcelados en estaciones migratorias mientras durase el proceso administrativo.
—Cuándo Migración te detuvo, ¿no te enviaron a un albergue del DIF? —se le cuestiona a Alexander, que niega rotundamente con la cabeza.
—No, nos tuvieron encerrados en una habitación.
—¿No analizaron tu caso en alguna Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes? ¿No te hicieron un Plan de Restitución de Derechos?
—No —vuelve a responder tajante.
—¿Alguna autoridad te ofreció la posibilidad de pedir refugio?
—Tampoco. No me dijeron nada de eso.
A continuación, doña Ángela explica que los agentes federales se limitaron a decirles que los papeles que traían con la denuncia "no servían en México".
—No nos quisieron dar ni explicaciones —lamenta.
En tan solo tres horas, y sin pasar por el DIF, la Procuraduría, ni la Comar, fueron expulsados del país.
México los regresó a la colonia El Edén, al infierno de las pandillas.
Planes de protección hechos al vapor
En Honduras, uno de los países más violentos del mundo con una tasa de homicidios de 41.7 por 100 mil habitantes en 2021 —la de México fue de 28—, la población de niños, niñas y adolescentes es una de las más afectadas.
De acuerdo con datos del Observatorio de Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes en Honduras, de Casa Alianza, hasta octubre pasado sumaban en 2022 al menos 209 muertes violentas de niños, niñas y jóvenes. En los últimos 24 años, entre 1998 y octubre de 2022, la organización civil lleva contabilizados al menos 14 mil 185 casos.
Lo anterior se traduce en que casi 600 niños y jóvenes menores de 22 años son asesinados al año en un país que, en 2017, fue considerado como la nación con mayor tasa de muertes violentas de jóvenes en todo el mundo.
Como consecuencia, las solicitudes de refugio en México de menores de edad migrantes se han disparado. Andrés Ramírez, titular de la Comar, expuso en entrevista que, en 2021, un total de 31 mil 455 niños, niñas y adolescentes pidieron asilo; es decir, hasta 24% de los 131 mil migrantes que pidieron refugio en total, dato récord.
Ante esta situación, la entrada en vigor en enero de 2021 de la mencionada reforma de ley en México que protege a la niñez migrante fue vista por activistas y organizaciones de derechos humanos como un importante paso adelante.
Sin embargo, las detenciones de menores de edad indocumentados también se han disparado en México: 77 mil 608 solo en 2021, otra cifra récord, de los que el INM ya deportó a 10 mil 596 a Honduras —aunque, por transparencia, el gobierno hondureño dice que fueron 12 mil 194, casi mil 600 más.
Además, el nuevo sistema de protección emanado de la reforma tampoco se está aplicando. Esta investigación documenta que solo 19% de los casi 100 mil niños que el INM detuvo entre enero de 2021 y mayo de 2022 pasó por una Procuraduría de la Niñez. Mientras que en otros casos documentados por Animal Político, como el de Allan, de 17 años, sí pasaron por ese pequeño porcentaje que fueron atendidos en los DIF y Procuradurías, pero también acabaron deportados, a pesar de que tenían familiares en Estados Unidos y de que su vida de vuelta a colonias como la Centroamérica Oeste, en Tegucigalpa, corre peligro.
La organización civil Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) publicó en febrero de este año el informe 'Retos para la protección de la niñez y adolescencia en situación migratoria', en el que señala que las procuradurías no están haciendo de manera correcta los Planes de Restitución de Derechos de miles de niños, niñas y adolescentes migrantes, pues se trata de análisis superficiales que no ahondan en la situación del niño, ni en el contexto de violencia del que huye.
Animal Político tuvo acceso por transparencia a informes elaborados por Procuradurías de la Niñez. Y, efectivamente, corroboró que los análisis de los casos consisten en un párrafo donde, si el niño menciona que no corre peligro, es enviado sin mayor estudio al INM para su deportación sin pasar por la Comar.
"Lo que sucede es que ellos (las Procuradurías de la Niñez) no son expertos en el tema de protección internacional, ni en refugio. Ellos pueden intuir, creer, pero no tienen la atribución ni el expertise en refugio, y nosotros sí, pues a eso nos dedicamos", dijo Andrés Ramírez, titular de la Comar, al ser preguntado en entrevista por los menores de edad migrantes que pasan por las procuradurías.
La titular de una Procuraduría estatal de la Niñez, que pidió anonimato, coincidió con el funcionario federal: "Esa parte la debería llevar íntegramente la Comar, porque nosotros, por ejemplo, no sabemos qué pasa si regresamos los niños a su país. No conocemos a fondo cuál es la situación de las maras en Centroamérica".
Miedo al INM
Por otra parte, tanto el Imumi como Amnistía Internacional tuvieron acceso a Planes de Restitución de Derechos elaborados por procuradurías que son "deficientes", y en los que hay un "patrón de emisión que dicta en automático el retorno de niñas, niños y adolescentes alegando el principio de unidad familiar".
Sandra Mejía, abogada de infancia migrante en el Imumi, incluso señaló en entrevista que han detectado "machotes" de Planes de Restitución de Derechos con errores burdos, como que en una parte se señala que la nacionalidad del niño es una y en el texto del plan se menciona otra.
"Por la misma falta de operatividad de las procuradurías, y porque al INM le urge regresar a estos niños, lo que se hace en esos planes es un 'copia y pega'", admitió una persona que trabajaba en el INM con niñez migrante.
"Yo he visto planes —continuó exponiendo— que decían que se retornaran a listas completas de niños. De hecho, es muy raro que se hagan planes individualizados, como marca la nueva reforma de ley, porque el volumen de menores de edad detenidos es demasiado grande. Incluso, recuerdo que los primeros meses de la reforma lo que le decíamos a las procuradurías era: 'Hagan los planes como sea, porque nos urge regresar al niño a su país, aquí no se puede quedar'".
Sobre esto, tal como se expuso en la primera entrega de esta investigación, Animal Político documentó que procuradurías, tanto estatales como municipales en entidades como Veracruz, Chiapas, Tabasco o Michoacán, admitieron haber realizado más de mil 500 Planes de Restitución de Derechos "colectivos", violando la ley.
"Al final, todo es apariencia —concluyó la exfuncionaria del INM—. Tienes que hacer los planes para cumplir en el papel con la reforma, pero ya estamos viendo que ni se hacen, porque faltan muchísimos en comparación con las detenciones".
Gretchen Kuhner, directora del Imumi, también pone sobre la mesa otro punto importante: además de la falta de recursos y de personal para cumplir con la reforma, también hay falta de voluntad para aplicarla.
"Aún hay algunos procuradores de la niñez que tienen miedo de tomar decisiones, porque desconocen las atribuciones que tienen, y porque saben que si nada más llenan un 'machote' de un Plan de Restitución de Derechos, el INM va a estar encantado de ir a recoger al niño y retornarlo a su país. Entonces, ahí no solo es un tema de atribuciones, y de falta de infraestructura y capacitación, sino también de falta de voluntad política", subrayó.
Édgar Olvera, procurador municipal de la Niñez en Tenosique, Tabasco, corroboró en entrevista que hay procuradores que le "temen" al INM.
"Yo he tenido pláticas de 'empoderamiento' con otros procuradores en las que les he dicho: 'Se la tienen que creer'. Porque la misma ley lo está diciendo: ¡créetela! Créete el lugar y el poder que te están dando como procurador, porque si no te la crees, lo que va a pasar es que, en efecto, estás dejando que otras instituciones de gobierno decidan por ti, cuando la ley te exige que lo hagas tú".
Esdras Medina, de Casa Alianza, es testigo en las colonias híper violentas de Tegucigalpa de que todo lo anterior tiene consecuencias graves en el terreno.
"Los países de origen, tránsito y de destino no visualizan qué es lo que les sucede a estos niños y sus familias, y los deportan sin importarles qué pasa después. No son conscientes de que no pueden retornarlos a la colonia de donde huyeron por amenazas, y que deportarlos de nuevo ahí, es cortar de tajo sus sueños y poner sus vidas en peligro", sentenció.
Posdata: los niños migrantes de mañana
El balón corre por la cancha de cemento que está en el patio del albergue de Casa Alianza, en Tegucigalpa. Detrás de él, niños, niñas y jóvenes adolescentes corren con entusiasmo, lanzando gritos y haciéndose bromas.
Al observar a Beicel, una joven de 17 años alta, espigada y de ojos muy negros, nada hace sospechar que su sonrisa esconde una historia en la que se entremezclan un hermano asesinado por la mara, policías, balaceras, amenazas de muerte de una pandilla rival y una persecución que la ha desplazado a este oasis.
Cuando, después del juego, se le pregunta si piensa migrar a Estados Unidos o pedir refugio en México cuando cumpla la mayoría de edad y tenga que salir del albergue, la joven rompe a llorar. “Lo siento, lo siento”, repite afligida muchas veces. “Quería ayudarles, pero no puedo”, lamenta ante la mirada de Teresa Ortiz, la psicóloga de Casa Alianza, que explica que la mayoría de niños, niñas y adolescentes que atienden tienen historias tan brutales de persecución desde la infancia, que les cuesta mucho expresar sus emociones.
Así le pasa, por ejemplo, a Kevin, de 11 años, que ante la cámara niega haber tenido problemas con las pandillas, aunque su historia es espeluznante: tras negarse a ser reclutado por la mara, esta, como represalia, violó frente a él a su madre y a su hermana menor de edad, a la que dejaron embarazada. Ahora, Kevin está en tratamiento psicológico. Cuando se le pregunta si tiene pensado migrar, solo encoge los hombros y dice que aún no lo tiene decidido.
Nathaly, de 14 años, cuenta que lleva ya un año y dos meses en Casa Alianza, donde ha continuado con sus estudios y ha emprendido nuevas pasiones, como el diseño gráfico y de modas. Llegó acá huyendo de su ciudad natal, donde un pandillero violó a su hermana de 19 años. Su padre vive en Estados Unidos, pero ella dice que, por ahora, no tiene pensado migrar, aunque no descarta agarrar la mochila en un futuro para alejarse para poner su propio salón de belleza.
Emma, también de 14 años, explica que entró a la mara siendo una niña, luego de empezar a drogarse con cocaína y crack. Tras pasar por la etapa de hacer de “bandera” de la mara, la niña comenzó a vender droga por las calles de la colonia, hasta que un día se emborrachó y perdió un cargamento. La MS13 la castigó dándole una paliza y rapándole al cero la cabeza y las cejas.
En casa, las cosas no iban mejor: Emma comenzó a ser violenta con sus padres y hermanos, y su familia decidió sacarla lejos de la pandilla y enviarla a Casa Alianza. Su sueño, dice con una sonrisa que le achina los ojos, es ser cantante, y nada más asegurarlo se arranca a cantar con afinada voz aguda y pausada las letras de la canción "Disfruto", de Carla Morrison.
"Me complace amarte,
Disfruto acariciarte y ponerte a dormir…
Es escalofriante,
Tenerte de frente, hacerte sonreír…"
Cuando se le pregunta si tiene pensado migrar en un futuro, la niña se pone seria y mira hacia el suelo para decir que aún no lo sabe.
Una semana después de la entrevista, Emma se marchó del albergue.
Ureste., M. De vuelta al infierno: niñas, niños y adolescentes son deportados por México sin pasar por el nuevo sistema de protección. animalpolitico.com. Recuperado el 05 de mayo de 2024.
https://panel.animalpolitico.com/ninez-migrante-promesas-papel/infierno-deportados-mexico-sistema.html
