Recaudar el dinero lavado, el de la corrupción y el de la evasión de impuestos ayudaría a combatir el COVID-19 y la crisis climática
El lavado de dinero alcanza cada año hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial. Este delito, junto a la corrupción y la evasión de impuestos constituyen un fraude que priva a los gobiernos de recursos que ayudarían en la respuesta a las emergencias que asolan al planeta. La adopción de estándares internacionales de integridad financiera haría posible recaudar esos fondos para aliviar las contingencias e impulsar el desarrollo sostenible.
Los miles de millones de dólares que quedan fuera de las arcas públicas por actividades delictivas como la corrupción, el lavado de dinero y la evasión tributaria podrían financiar los esfuerzos contra el COVID-19 y el cambio climático, además de impulsar la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo sostenible.
Según un informe elaborado por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI), una décima parte de la riqueza mundial podría estar oculta en activos financieros extraterritoriales, lo cual impediría la recaudación justa de impuestos por parte de los gobiernos.
De esta manera, en la actualidad el lavado de dinero alcanzaría hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial cada año y las corporaciones privarían a los gobiernos de unos 600.000 millones de dólares también anualmente valiéndose de paraísos fiscales.
El Panel de Alto Nivel se estableció en marzo de 2020 para analizar los vacíos y deficiencias normativas y de implementación que facilitan el movimiento mundial de flujos ilegales de dinero proveniente de actividades de corrupción, lavado de dinero y evasión tributaria.
Robo al erario
Estos flujos suponen un robo para los países porque con ellos se podría progresar hacia un desarrollo sostenible que no dejara a nadie atrás.
Además, las actividades ilícitas socavan la confianza en las instituciones, contribuyen a una mayor pobreza y, en la coyuntura actual, también disminuyen los recursos para enfrentar la pandemia de COVID-19 y la crisis climática.
El trabajo del Panel se llevó a cabo mientras la pandemia avanzaba causando estragos en la salud y las economías, exacerbando la desigualdad y evidenciado la necesidad de contar con mayores recursos públicos para invertir en la recuperación y restaurar la confianza en la gobernanza nacional e internacional.
Integridad financiera
José Antonio Ocampo, integrante del panel formado por ex dirigentes y gobernadores de bancos centrales, líderes empresariales y de la sociedad civil, y académicos, explicó que la intención fue recomendar medidas para evitar que continúe la sangría del erario de manera que los dineros se destinen a atender las necesidades sociales.
“Las recomendaciones están orientadas al tipo de acciones qué se pueden hacer a nivel mundial pero también a ver cómo se pueden apoyar los esfuerzos nacionales para tratar de contrarrestar estos flujos que significan enormes dineros que se pueden utilizar para propósitos de desarrollo, máxime en la crisis que estamos viviendo, pero también para mejorar la gobernabilidad.”
Es decir, los expertos del panel propusieron adoptar una integridad financiera que capte y utilice los recursos para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así, en vez de desaparecer en laberintos offshore o extraterritoriales, los fondos que hoy se desvían ilegalmente, se utilizarían en beneficio de las personas y los lugares que los generaron.
Para conseguir la integridad financiera, dijo José Antonio Ocampo, se deben replantear las estrategias actuales de combate a los flujos ilícitos.
“En primer lugar hay que repensar la forma de atacar estos flujos financieros ilegales en el mundo a través de mayor cooperación internacional y de forma integral, porque algunos se relacionan entre sí. Por lo tanto, se propone que haya un seguimiento coordinado por parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC. En este proceso es muy importante que los países en desarrollo estén sentados a la mesa porque ellos son algunas de las grandes víctimas, como se sabe por los casos de algunos casos de fortunas asociadas a la corrupción que han fluido desde países en desarrollo hacia países desarrollados”, apuntó.
Existen leyes que prohíben el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción, pero son delitos que siguen ocurriendo, ¿qué se necesita para forzar su cumplimiento?
“Se necesita el fortalecimiento de todas las instituciones nacionales que le dan seguimiento a esos temas, en eso puede haber avances sustanciales. En materia bancaria el control del lavado y otros flujos ilegales se puede fortalecer. Yo como ministro de Hacienda en Colombia establecí los mecanismos de revisión de las actividades de los bancos en este campo en colaboración con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Y Colombia es hoy día uno de los países que aparece en los rankings como uno de los mejores en materia de lavado de dinero a través del sistema financiero, aunque hay otras formas de lavado, por ejemplo el a través del contrabando, que es un tema que Colombia sigue sufriendo. Sí, se puede crear instituciones nacionales con un grado de efectividad importante”, aseveró Ocampo.
Además de las instituciones, los expertos reconocen la labor crucial de los actores no estatales.
“Defendemos a los periodistas y a todos los actores que encuentren información y la den a conocer a las autoridades. Hay que protegerlos de las distintas actividades que puedan perjudicarlos. Esto incluye a las personas dentro de las empresas que saben que hay prácticas ilegales y las informan a las autoridades judiciales. También hay que crear estándares internacionales para los profesionales del derecho, del sector financiero y de la contabilidad a nivel internacional porque se les debe considerar igualmente culpables si están involucrados en los delitos o si asesoran a aquellos que involucrados en lo financiero, legal o contable”, detalló.
Convención sobre temas tributarios
Según el informe del Panel los mecanismos de cooperación tienen que reforzarse para combatir la evasión tributaria y para ello propone un instrumento internacional de la ONU sobre impuestos para que estén incluidos todos los países.
“Una convención de las Naciones Unidas en materia tributaria que establezca los principios de control tributario, los principios de cooperación tributaria internacional y que cree un órgano intergubernamental en las Naciones Unidas que se encargue de los temas tributarios”, abundó Ocampo.
Estos temas incluirían el control sobre las ganancias de capital, añadió el panelista, “ya que es muy típico que esas utilidades se registren en paraísos fiscales”
Recomendaciones
El informe del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 elaboró 14 recomendaciones entre las que destacan:
- Responsabilidad de los países, el sector privado y la comunidad internacional en su conjunto para la promulgación y cumplimento de leyes, persecución de delitos de corrupción y transfronterizos, y tolerancia cero al fomento de flujos ilícitos a título empresarial
- Elaboración de una Convención Tributaria de las Naciones Unidas que estipule normas de transparencia en ese terreno y que sea un instrumento legal abierto e inclusivo con participación universal
- Establecimiento de un registro centralizado de información sobre los beneficiarios finales del lavado de dinero que tenga base en las normas internacionales
- Pago justo de impuestos de los contribuyentes, sobre todo por parte de las corporaciones multinacionales, y diseño de incentivos para combatir la elusión y evasión ficales
- Pautas globales para evitar la complicidad de los profesionales financieros, legales y contables.
- Normas mínimas de protección a los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros denunciantes de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal
- Desarrollo de mecanismos de gobernanza nacional sólidos y coordinados que refuercen la integridad financiera para el desarrollo sostenible
- Establecimiento de un mecanismo de coordinación global que se ocupe de la integridad financiera de forma sistémica que esté a cargo del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC)
Un cartel en una lavandería de Nueva York tenía un atractivo eslogan, aunque pudiera parecer frívolo: «Lavamos ropa sucia, no dinero sucio». Más recientemente, en 2019 la película Lavandería, basada en el libro Mundo Secreto, del periodista Jake Bernstein, ganador del Premio Pulitzer, expuso el mundo bizantino del blanqueo de capitales.
Son los lados más oscuros del sistema financiero mundial, con cientos de miles de millones de dólares en ganancias mal habidas que se encuentran a salvo en bancos extranjeros, un delito perpetrado a escala mundial, denunció el Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Facti, en inglés).
Ibrahim Mayaki, copresidente del Facti y ex primer ministro de Níger, señaló que cerrar las brechas que permiten el blanqueo de dinero, la corrupción y los abusos fiscales, y poner fin a las malas prácticas de banqueros, contables y abogados son pasos obligados para transformar la economía mundial en aras del bien universal.
En un informe publicado el jueves 25, el panel puesto en marcha en marzo de 2020 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), insistió a los gobiernos en la necesidad de que se apruebe el Pacto Mundial para la Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible, que se viene proponiendo hace años para controlar la evasión fiscal y el lavado de dinero.
El Panel está integrado por antiguos dirigentes mundiales, gobernadores de bancos centrales, dirigentes empresariales y de la sociedad civil y académicos y en su informe afirma que cada año se blanquea hasta 2,7 % del producto bruto mundial.
Mientras, las empresas que buscan jurisdicciones libres de impuestos merman los presupuestos de sus países en un total de hasta 600 000 millones de dólares al año.
Eso se produce en un contexto de que durante la pandemia de covid-19 la riqueza de los multimillonarios se ha disparado 27,5 %, mientras 131 millones de personas engrosaron las filas de la pobreza extrema.
Sucede, indica el informe del Facti, mientras se calcula que una décima parte de la riqueza mundial estaría oculta en activos financieros en paraísos fiscales, lo que impediría a los gobiernos recaudar la parte de impuestos que les corresponde y poder contar con recursos para afrontar los impactos sociales y económicos de la covid.
Por ejemplo, el Facti indica que la recuperación de las pérdidas anuales por evasión y elusión fiscal en Bangladesh permitiría al país ampliar su red de seguridad social a nueve millones más de adultos mayores. Chad, por su parte, podría costear 38 000 aulas y Alemania tendría con que construir 8000 turbinas eólicas.
Kunal Sen, director del Instituto Mundial de Investigaciones Económicas para el Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, dijo «En un momento en que los países en desarrollo se enfrentan a una fuerte disminución de los ingresos fiscales debido a la crisis económica generada por la pandemia, es imperativo encontrar soluciones a las grandes pérdidas en el erario público debido a los flujos financieros ilícitos».
Se trata, precisó, de un reto clave para el desarrollo, ya que la prestación de servicios públicos cruciales, como la educación, la sanidad y las infraestructuras, depende de que los Estados tengan fondos para gastar.
“La coordinación global de las políticas fiscales, preferiblemente liderada por los países del Grupo de los Siete (G7, de potencias industrializadas del mundo), para limitar la evasión fiscal y el blanqueo de dinero es la necesidad del momento», señaló.
James A. Paul, ex director ejecutivo del Foro de Política Global, dijo que el nuevo informe del Facti de la ONU es ciertamente bienvenido, pero hay razones para preguntarse a dónde nos llevará.
“Ofrece un análisis devastador del sistema financiero mundial corrupto y de cómo los financieros socavan el bienestar, la equidad y la legitimidad”, aseguró.
El informe sostiene que la arquitectura y las reglas del sistema financiero hacen que el desarrollo sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se dificulten y puedan ser hasta imposibles de cumplir.
“Aquellos que han seguido de forma crítica el sistema financiero global durante las últimas décadas no estarán en desacuerdo, pero encontrarán poco aquí que sea realmente nuevo», dijo Paul, autor de obras como «Of Foxes and Chickens (De zorros y gallinas)” «Oligarchy and Global Power in the UN Security Council» (Oligarquía y poder global en el Consejo de Seguridad de la ONU)”.
También señaló que «hace tiempo que está claro que las familias y las naciones más ricas del mundo son las principales beneficiarias de este sistema, que tienen el control de la política y que no tienen intención de cambiar las cosas de manera fundamental».
En particular, destacó, los líderes nacionales de esta mafia de la corrupción mundial son ciudadanos de Estados Unidos y de Reino Unido, cuyas instituciones financieras y oligarquías son las más poderosas del mundo.
“Han gobernado el sistema financiero mundial durante mucho tiempo y (a pesar de las declaraciones en sentido contrario) se oponen rotundamente a las reformas que aumentarían la equidad, la transparencia y las demás buenos elementos que el Panel de Alto Nivel trata de promover», dijo Paul.
Para el especialista, “esto nos lleva al dilema sobre la ONU y su capacidad para analizar y resolver los problemas más fundamentales del mundo».
Sin embargo, Paul consideró que hay que felicitar a los presidentes de la Asamblea General de la ONU y del Consejo Económico y Social por haber creado el Facti y por recordarnos una vez más cómo la oligarquía mundial está practicando la corrupción a una escala impresionante y devastadora.
Pero el gran problema del informe del Facti es que sus redactores no han sido capaces de ir lo lejos que la situación de los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales requiere. Aunque esto no sea una sorpresa debido a los intereses y los sectores involucrados.
“Necesitamos algo más fundamental: nada menos que una hoja de ruta hacia un orden democrático mundial, liberado de las garras de la oligarquía financiera y guiado por fin por las necesidades y la voluntad de los propios pueblos… La ONU y su capacidad para analizar y resolver los problemas más fundamentales del mundo”, insistió Paul.
El ghanés y ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, denunció en el pasado los alcances del blanqueo y evasión de capitales en África.
«Miles de millones de dólares de fondos públicos siguen siendo escamoteados por algunos líderes africanos, incluso mientras las carreteras se desmoronan, los sistemas de salud fallan, los niños en edad escolar no tienen ni libros ni pupitres ni profesores, y los teléfonos no funcionan», afirmó.
Richard Ponzio, investigador principal y director del Programa de Gobernanza Global, Justicia y Seguridad del Centro Stimson, con sede en Washington, dijo que el abuso fiscal la corrupción y el lavado de dinero erosionan las bases fiscales nacionales y restan fondos para proyectos críticos para los países, que dependen de los tributos de esos capitales.
Se trata de delitos muy graves, recordó, y “contribuyen a alimentar la inseguridad en la economía global hiperconectada de hoy, al sostener el trabajo de los sindicatos criminales y los terroristas internacionales en detrimento de la seguridad y la justicia globales”.
El recomendado Pacto Mundial de Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible contribuiría a ampliar el alcance mundial del Grupo de Acción Financiera Internacional, que creó en 1989 el G7 y al que posteriormente se unieron algunas docenas de países, con el objetivo de coordinar los esfuerzos mundiales contra el blanqueo de capitales.
Además, coincidieron los especialistas consultados, se debería animar a los países a sumarse a la Declaración de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) sobre el Intercambio Automático de Información (AEOI, en inglés) en Materia Fiscal, cuyo objetivo es aumentar la transparencia bancaria y reducir la evasión fiscal en todo el mundo.
La norma AEOI beneficia tanto a los países pobres como a los ricos, dificulta a los blanqueadores de dinero la ocultación de sus ganancias y facilita a las víctimas de la evasión fiscal la recuperación de los fondos.
Para que los países en desarrollo puedan aprovechar plenamente los beneficios de esta nueva transparencia, dijo, el mundo desarrollado y las instituciones internacionales deben reconocer y ayudar a superar las limitaciones financieras y de capacidad que impiden a los países menos favorecidos participar en un régimen multilateral de AEOI.
Al mismo tiempo, los países desarrollados y en vías de desarrollo deberían promover la transparencia de los registros corporativos para evitar que los blanqueadores de dinero operen detrás de empresas ficticias, subrayaron los académicos consultados.
Paul abundó que las organizaciones no gubernamentales (ONG), locales e internacionales, llevan mucho tiempo señalando las asombrosas sumas desviadas del erario público por bancos y gestores financieros, ayudados por políticos corruptos y sistemáticamente encubiertos por periodistas, empresarios y académicos cómplices.
Investigaciones éticas han mostrado, entre otras cosas, cómo se evaden o eluden los impuestos y cómo las personas y empresas más ricas no pagan casi nada en apoyo de proyectos y programas públicos.
“Este conocimiento ha profundizado la desconfianza pública en los gobiernos y nos ha llevado a la actual crisis de autoritarismo global, pero ha hecho poco para cambiar las leyes reguladoras, mejorar la recaudación de impuestos o reducir la corrupción pública. En todo caso, la tendencia ha ido en la dirección contraria”, subrayó el especialista.
Ponzio, por su parte, dijo que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU y otras normas de responsabilidad social corporativa también pueden contribuir a mejorar los requisitos para prevenir o reducir los flujos financieros ilícitos en diferentes sectores económicos, incluidos el financiero, el contable y el jurídico.
Para este experto, los presupuestos participativos y un enfoque de derechos humanos en el control presupuestario pueden poner de manifiesto si esos flujos ilícitos desvían el gasto gubernamental destinado a promover el bien público.
Con la información adecuada, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público en general pueden desempeñar un papel importante a la hora de exigir a los Estados, las empresas y los facilitadores (abogados y contadores, entre otros) que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Thalif Deen. Ipsnoticias.net. Naciones Unidas, 26/02/ 2021
http://www.http://www.ipsnoticias.net/2021/02/blanqueo-paraisos-fiscales-lado-mas-oscuro-del-sistema-financiero-mundial//2021/02/blanqueo-paraisos-fiscales-lado-mas-oscuro-del-sistema-financiero-mundial/
