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La Cultura de la Legalidad como instrumento garante de la Cultura de Paz

Paz en la sociedad contemporánea
"La Cultura de la Legalidad como instrumento garante de la Cultura de Paz"
Por José Zaragoza Huerta
Actualmente, advertimos un cambio en el Estado mexicano.
La pérdida de valores, el incremento de la impunidad, la delincuencia, la corrupción y la ausencia del respeto a las normas, son rasgos de identidad nacional.
Consecuencia de ello es la desconfianza ciudadana frente a las autoridades y, lo más preocupante, la apatía de la misma para intervenir en la solución de estos temas.
El imperio del terror ha ocupado un lugar preponderante en la mente del ciudadano, que observa lejana la oportunidad de vivir en armonía y esperanza.
La buena noticia es que solo nosotros podemos y debemos mejorar la situación que vivimos; sin duda, es compromiso de la ciudadanía y las autoridades realizar las acciones necesarias para paliar estos efectos nocivos, que laceran la dignidad humana e impiden la paz social.
Con el objetivo de solucionar esta realidad, debemos instrumentar mecanismos que permitan tal pretensión; en este sentido, consideramos que a través de la cultura de la legalidad es posible superar la “idea” rancia, trasnochada e hipócrita de la voluntad política que se configura como un obstáculo a superar.
Lo anterior implica el cumplimiento de las obligaciones asignadas a cada miembro de la sociedad (eliminándose la transferencia de culpas y responsabilidades), esto es, responder a las expectativas que se tienen en cada individuo, bien como figura pública o privada.
Dicha cultura de legalidad, en nuestra opinión, debe estar sustentada en una serie de acciones que a continuación señalamos:
• Acción Gubernamental: Las autoridades gubernamentales deben crear e impulsar los mecanismos que permitan garantizar los contenidos dogmáticos (derechos fundamentales) de la Constitución General, y que se traducen en buena medida, en que al Poder Legislativo le compete estar pendiente de su configuración legal; al Poder Ejecutivo le corresponde considerarlos en sus políticas públicas y; al Poder Judicial contar con estos en su desempeño funcional.
• Acción Política: Los miembros de los partidos políticos integrantes del Poder Legislativo tanto estatales como de la federación deben ocuparse por crear y reformar normas que garanticen el bienestar social por encima de intereses personales y partidistas, respondiendo a la confianza de quienes por medio del sufragio creyeron en sus propuestas.
• Acción social: La sociedad (particulares, empresarios, religiosos, profesionales, etc.), es corresponsable de los cambios funestes que este país ha venido experimentando en las últimas décadas. La ausencia de honestidad, solidaridad y, en definitiva, de una simbiosis con el prójimo, es consecuencia de este panorama.
A manera de corolario, consideramos que estas tres acciones se subsumen en una sola la cultura de la legalidad, que no es otra cosa tan simple que cumplir con nuestras obligaciones, sin buscar justificaciones que impidan hacerlo, pues esta manera de actuar nos ha llevado al borde del precipicio. Sin embargo, estamos frente a un reto que solamente en forma conjunta saldremos adelante. Lo que no es imposible.
josezh@hotmail.com
José Zaragoza Huerta. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de numerosas publicaciones entra las que destacan los libros: "Los Derechos Humanos en la Sociedad Contemporánea", "Derecho Penitenciario Español", "El Sistema Penitenciario Mexicano" y "Los Derechos Humanos de las Reclusas" publicados por editorial La&Go, Lazcano y Porrúa respectivamente. Conferencista en Chile, España, Italia, Bolivia, R. Dominicana, Estados Unidos de América y México. Actual coordinador de investigación del Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica (CITEJYC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Responsable de la línea de investigación en Derecho Penitenciario, Derecho Penal y Criminología de la UANL.

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