México, Distrito Federal. La violencia en el país durante 2011 alcanzó niveles mayores que los registrados en años anteriores, debido a la impunidad y al fracaso de las estrategias en seguridad pública y política económica, afirmaron Elena Azaola y René Alejandro Jiménez Ornelas, especialistas en temas de seguridad y violencia social.
Las desapariciones, los secuestros y asesinatos masivos, cuyas víctimas ya no son sólo integrantes de bandas rivales, sino ciudadanos comunes, grupos de migrantes y activistas de derechos humanos, se han convertido en una situación cotidiana desde los primeros meses del año, comentaron en entrevistas por separado.
La comunidad de San Fernando, en Tamaulipas, que el año pasado fue escenario de la masacre de 72 migrantes indocumentados, volvió a ser noticia a fines de marzo, con el hallazgo de 47 fosas clandestinas en las que se encontraron 193 cuerpos. Casi al mismo tiempo, en Durango, se localizaron 243 cadáveres en otras 10 fosas.
De acuerdo con investigaciones, la mayoría de los cadáveres son de migrantes del centro y sur del país, que pretendían llegar a Estados Unidos y fueron interceptados por bandas criminales. En los meses siguientes se descubrieron más fosas y cuerpos en Nuevo León, Chihuahua y Veracruz.
En Monterrey, Nuevo León, el 25 de agosto hombres armados, presuntamente zetas, atacaron e incendiaron el casino Royale, con un saldo de 53 muertos, entre ellos una mujer embarazada. Aparentemente los delincuentes actuaron en represalia porque el dueño no “paga” el cobro de derecho de piso.
El 20 de septiembre, 35 cadáveres fueron abandonados en una conocida zona comercial de Boca del Río, Veracruz, previo al encuentro nacional de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia.
Dos meses después, el 24 de noviembre, en un episodio similar fueron abandonados 24 cadáveres en la vía pública en Guadalajara.
Impunidad, factor en escalada Elena Azaola, coordinadora de la Red de Especialistas en Seguridad Pública e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS), advirtió que la escalada de violencia es preocupante, no sólo por la cantidad, sino por las modalidades que ésta ha asumido.
Consideró que el aumento de la violencia es resultado, por un lado, de la impunidad en que han quedado la mayoría de los asesinatos y hechos violentos, que no han sido investigados ni castigados y, por el otro, de las fallas en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y justicia.
“Hay una descomposición social brutal, los responsables de la violencia ven que no pasa nada, y, si no hay un freno por parte de las instituciones, la confrontación escala geométricamente porque no hay la capacidad de aplicar las leyes”, dijo.
Es preocupante, afirmó, que entre las víctimas haya incluso defensores de derechos humanos, mujeres y niños, así como la falta de conciencia del gobierno, que tendría que estar trabajando en reducir los niveles de violencia y en reparar el grave daño causado a las víctimas.
René Jiménez Ornelas, especialista en violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el incremento de la violencia pone de manifiesto el fracaso de la estrategia no sólo de combate al crimen organizado, sino también la de política económica.
Destacó también los elevados niveles de impunidad, no sólo respecto de los asesinatos, sino de los secuestros y desapariciones, que han obligado a las familias de las víctimas a tomar por su cuenta la investigación, ante la incapacidad de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Jiménez Ornelas afirmó que el gobierno federal debe modificar sustancialmente la política económica y modificar la estrategia anticrimen, pues de lo contrario lo único que podrá esperarse son niveles mayores de violencia, dado el contexto social de desigualdad y la falta de oportunidades que enfrenta el país, sumado a la actividad de los grupos delictivos.
El Universal.com.mx. 30/12/11
