Monterrey, Nuevo León. El representante en México de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, visitó hoy la ciudad de Monterrey con el objetivo de impulsar la aprobación en el estado de Nuevo León de la ley sobre desaparición forzada de personas.
Hernández Valencia se reunió con el gobernador y otras altas autoridades del estado para conversar sobre el proceso iniciado por el Congreso de Nuevo León, que ha avanzado en la redacción de un marco legislativo para las desapariciones forzadas.
El representante de la ONU enfatizó la importancia de culminar el proceso de la aprobación de la ley y ofreció la asistencia y cooperación técnica del organismo mundial en esa y otras iniciativas de protección y promoción de los derechos humanos.
El experto consideró que la tipificación legal de las desapariciones forzadas en la legislación de Nuevo León marcaría la vanguardia y el ejemplo a seguir en el resto de México.
Centro de Noticias de las Naciones Unidas. 20/01/12
"Pedimos a los legisladores de Nuevo León que cambien esta situación”: Amnistía Internacional
Monterrey, Nuevo León. Las autoridades de México deben aprobar y aplicar leyes que tipifiquen como delito las desapariciones forzadas de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, ha dicho Amnistía Internacional a raíz de que un estado esté planteando un proyecto de ley para prohibir esta práctica.
Nuevo León, próximo a la frontera con Estados Unidos, es uno de los estados mexicanos que han experimentado una oleada de violencia en los últimos años, que incluye secuestros y desapariciones forzadas en las que están implicados miembros de bandas criminales, las fuerzas armadas y la policía.
El 19 de enero, las autoridades estatales llevarán a debate un proyecto de ley para tipificar como delito las desapariciones forzadas. De aprobarse esta ley, Nuevo León se sumaría a los otros ocho estados mexicanos que ya cuentan con una legislación similar.
“En muchas de las desapariciones forzadas que se producen en México está implicada la policía municipal o estatal, lo que significa que la jurisdicción federal y la legislación federal actual pueden no tener competencia sobre ello”, ha explicado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
“La aprobación de esta ley clave en Nuevo León reforzaría los esfuerzos de todo el país por introducir una legislación al respecto y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de casos presentes y futuros de desapariciones forzadas.”
Los casos de detenciones y secuestros ilegales de México en los que están implicados funcionarios públicos normalmente no se investigan, ya que las autoridades prefieren que toda la responsabilidad recaiga únicamente sobre las organizaciones criminales.
“Según el derecho internacional, los Estados deben evitar las desapariciones forzadas y llevar a los responsables ante los tribunales”, ha dicho Javier Zúñiga.
“Las autoridades no deben esperar a que se apruebe la nueva legislación para actuar de forma inmediata en los numerosos casos en los que existen indicios evidentes de la implicación del ejército, la armada o la policía.”
Casi 50.000 personas han sido asesinadas y miles de ciudadanos continúan desaparecidos en todo México desde diciembre de 2006, fecha en la que el presidente Calderón ocupó su cargo y comenzó a hacer uso de las fuerzas armadas para luchar contra las redes de crimen organizado.
El conflicto entre los cárteles de la droga se ha extendido a muchos estados y ciudades como Monterrey, la capital del estado de Nuevo León.
Existen numerosas denuncias por connivencia de funcionarios públicos. La respuesta militar a las bandas criminales está teniendo como resultado graves violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen actos de tortura, desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos. La respuesta general a todos estos delitos es la impunidad.
Las organizaciones locales de derechos humanos han documentado cientos de casos de secuestros y desapariciones en el estado. Afirman que la policía estatal y municipal, con frecuencia acusada de connivencia con bandas criminales, ha estado implicada directa o indirectamente en el 40 por ciento de estos casos.
De acuerdo con el sistema de gobierno federal de México, cada uno de los 31 estados que componen el país, junto con el Distrito Federal de Ciudad de México, tiene su propia jurisdicción penal. Esto significa que la responsabilidad de investigar y enjuiciar delitos como desapariciones forzadas, detenciones ilegales y secuestros generalmente recae en los estados y no en las autoridades federales.
Las víctimas de estos delitos y las ONG se encuentran con innumerables obstáculos para lograr que estos casos se investiguen de forma efectiva y para aclarar el papel desempeñado por los funcionarios estatales.
México ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y estudiar los informes presentados por las víctimas u otros Estados Parte en la Convención.
“Al no contar con leyes adecuadas que garantizan la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones forzadas de forma efectiva como un tipo de delito, México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales”, ha afirmado Javier Zúñiga.
“Pedimos a los legisladores de Nuevo León y de otros estados mexicanos que cambien esta situación.”
Amnistía Internacional.org. 18/01/2012
