Buenos Aires, Argentina. La antropóloga y directora del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), Paula Miraglia sostiene que es necesario un abordaje multicausal a la problemática de la inseguridad. “La seguridad privada no sirve”, afirmó. En visita al país recibió a Política Argentina para hablar sobre los desafíos que enfrenta América Latina en esta materia.
-¿Qué se entiende por prevención?
- Son acciones que se anticipan al crimen y que se contraponen con las medidas represivas. Incluyen a la justicia y a la policía, pero también a las políticas sociales, de planificación urbanística, de salud y educación.
-¿Qué medidas concretas se pueden aplicar para evitar el crimen?
- Podríamos hablar de una formación específica para la policía, brindarle alternativas pacíficas de resolución de conflictos, dotarla de mayores técnicas de investigación, por un lado y la generación de proyectos sociales con jóvenes, la implementación de políticas de salud pública, de educación y de justicia, por el otro. Las políticas sociales son esenciales para pensar una estrategia amplia en materia de seguridad.
-¿Debe modificarse el actual esquema policial?
- Tenemos que tener a las instituciones responsables funcionando bien. Es fundamental para cualquier democracia tener una policía bien entrenada, que respete los derechos humanos y que sea capaz de prevenir el crimen. Es incompatible la existencia de una política de inclusión social impecable con una mala policía. Debe tener capacidad técnica para promover derechos, no para reprimirlos. Si no tiene capacidad para solucionar crímenes, tampoco la tendrá para prevenirlos. En el caso de la trata de personas hay veces en que la policía no conoce el fenómeno y no es capaz de detectarlo. Por lo que se generan dificultades para diferenciar este delito con la migración ilegal. Es un problema brutal, porque se trata de saber diferenciar a alguien que está cometiendo un crimen de una persona que es víctima de un secuestro ilegal.
-¿Cuál es la razón para que América Latina sea el continente más violento?
- Este escenario de violencia es multicausal. El crecimiento urbano de muchas ciudades latinoamericanas sin el planeamiento necesario, la presencia de las armas de fuego, la falta de políticas de fortalecimiento comunitario y de atención a los grupos vulnerables –mujeres y jóvenes-, el crecimiento del mercado internacional de la droga, la profesionalización de las organizaciones criminales globales y la trata de personas son algunas de las causas.
-¿El panorama regional indica un aumento o una baja en el nivel de violencia?
-Hay fluctuaciones. Por un lado, América Central está enfrentando desafíos muy grandes respecto a la violencia letal. Por el otro, se está consolidando la idea de seguridad ciudadana, los latinoamericanos estamos entendiendo la implicación de diferentes actores con el tema.
-¿Los Gobiernos están más interesados en esta perspectiva multidisciplinaria de combate del crimen o prefieren las políticas represivas?
- Hay una tensión entre los dos modelos. Los Estados están viendo que las políticas de mano dura no lograron ningún resultado. Entonces se busca una reflexión crítica sobre lo que verdaderamente funciona. No es tan fácil vender hoy el paquete represivo porque existe una masa crítica y mucho conocimiento sobre el papel fundamental de la prevención. Es entender que estos principios y valores brindan mayores garantías de derechos y menores costos. Por lo que se trata de una cuestión de principios y mejor uso de los recursos económicos.
-Muchas veces es la propia ciudadanía la que reclama mano dura…
- En esta tensión el miedo es una cuestión fundamental, el sentimiento legítimo de inseguridad es explotado todo el tiempo y en esta balanza tiene un peso muy importante. Si uno vive en una gran ciudad con un nivel alto de crímenes, el temor se trata de algo concreto y tiene que ser reconocido. No se pueden formular las políticas pensando que la gente se siente segura. Pero el miedo no puede ser el principal eje del gobierno, tiene que tener alternativas. Hay una parte del trabajo que compete a los especialistas que es de presentar y comunicar mejor la eficacia de la prevención. En ese sentido, ahora en el CIPC empezamos a estudiar la relación costo-beneficio de las políticas públicas preventivas. Comparamos cuánto cuesta construir una prisión versus un proyecto de integración con jóvenes, el costo de un joven que pasa ocho años de su vida en el sistema carcelario y cómo ese dinero podría aplicarse en políticas de prevención.
-¿Qué resultados están teniendo de esos informes?
-Es más económico aplicar políticas de prevención y por eso hay un crecimiento del número de países que utilizan estas acciones.
-¿Hay maneras individuales de prevención?
-Cada actor tiene su responsabilidad. Recuerdo una audiencia pública sobre política criminal donde un propietario de un comercio de Brasil reclamaba por la policía tras cuatro asaltos reiterados en su comercio. El empresario no había hecho las denuncias correspondientes, porque creía que nada iba a pasar. Es un círculo vicioso, porque si no se hace la denuncia la policía no cuenta con estadísticas para hacer un buen mapa del delito. La información es esencial. La baja confianza en las instituciones genera esta falta de cooperación, pero estamos hablando de un sistema donde todo está ligado e implicado. También suele suceder que las personas creen que pueden salvarse de la inseguridad contratando seguridad privada, y no es una solución.
-¿Cuánto tiempo demoran estas acciones en generar un cambio?
-Depende del nivel de intervención. En cinco años se cambió la tasa de homicidios en Brasil gracias a la política de desarme. La creación de espacios públicos comunes como una plaza o una salita sanitaria puede llegar a modificar la dinámica de todo un barrio. Lo que es equivocado es pensar que todas las acciones en materia de seguridad son a largo plazo.
- Son acciones que se anticipan al crimen y que se contraponen con las medidas represivas. Incluyen a la justicia y a la policía, pero también a las políticas sociales, de planificación urbanística, de salud y educación.
-¿Qué medidas concretas se pueden aplicar para evitar el crimen?
- Podríamos hablar de una formación específica para la policía, brindarle alternativas pacíficas de resolución de conflictos, dotarla de mayores técnicas de investigación, por un lado y la generación de proyectos sociales con jóvenes, la implementación de políticas de salud pública, de educación y de justicia, por el otro. Las políticas sociales son esenciales para pensar una estrategia amplia en materia de seguridad.
-¿Debe modificarse el actual esquema policial?
- Tenemos que tener a las instituciones responsables funcionando bien. Es fundamental para cualquier democracia tener una policía bien entrenada, que respete los derechos humanos y que sea capaz de prevenir el crimen. Es incompatible la existencia de una política de inclusión social impecable con una mala policía. Debe tener capacidad técnica para promover derechos, no para reprimirlos. Si no tiene capacidad para solucionar crímenes, tampoco la tendrá para prevenirlos. En el caso de la trata de personas hay veces en que la policía no conoce el fenómeno y no es capaz de detectarlo. Por lo que se generan dificultades para diferenciar este delito con la migración ilegal. Es un problema brutal, porque se trata de saber diferenciar a alguien que está cometiendo un crimen de una persona que es víctima de un secuestro ilegal.
-¿Cuál es la razón para que América Latina sea el continente más violento?
- Este escenario de violencia es multicausal. El crecimiento urbano de muchas ciudades latinoamericanas sin el planeamiento necesario, la presencia de las armas de fuego, la falta de políticas de fortalecimiento comunitario y de atención a los grupos vulnerables –mujeres y jóvenes-, el crecimiento del mercado internacional de la droga, la profesionalización de las organizaciones criminales globales y la trata de personas son algunas de las causas.
-¿El panorama regional indica un aumento o una baja en el nivel de violencia?
-Hay fluctuaciones. Por un lado, América Central está enfrentando desafíos muy grandes respecto a la violencia letal. Por el otro, se está consolidando la idea de seguridad ciudadana, los latinoamericanos estamos entendiendo la implicación de diferentes actores con el tema.
-¿Los Gobiernos están más interesados en esta perspectiva multidisciplinaria de combate del crimen o prefieren las políticas represivas?
- Hay una tensión entre los dos modelos. Los Estados están viendo que las políticas de mano dura no lograron ningún resultado. Entonces se busca una reflexión crítica sobre lo que verdaderamente funciona. No es tan fácil vender hoy el paquete represivo porque existe una masa crítica y mucho conocimiento sobre el papel fundamental de la prevención. Es entender que estos principios y valores brindan mayores garantías de derechos y menores costos. Por lo que se trata de una cuestión de principios y mejor uso de los recursos económicos.
-Muchas veces es la propia ciudadanía la que reclama mano dura…
- En esta tensión el miedo es una cuestión fundamental, el sentimiento legítimo de inseguridad es explotado todo el tiempo y en esta balanza tiene un peso muy importante. Si uno vive en una gran ciudad con un nivel alto de crímenes, el temor se trata de algo concreto y tiene que ser reconocido. No se pueden formular las políticas pensando que la gente se siente segura. Pero el miedo no puede ser el principal eje del gobierno, tiene que tener alternativas. Hay una parte del trabajo que compete a los especialistas que es de presentar y comunicar mejor la eficacia de la prevención. En ese sentido, ahora en el CIPC empezamos a estudiar la relación costo-beneficio de las políticas públicas preventivas. Comparamos cuánto cuesta construir una prisión versus un proyecto de integración con jóvenes, el costo de un joven que pasa ocho años de su vida en el sistema carcelario y cómo ese dinero podría aplicarse en políticas de prevención.
-¿Qué resultados están teniendo de esos informes?
-Es más económico aplicar políticas de prevención y por eso hay un crecimiento del número de países que utilizan estas acciones.
-¿Hay maneras individuales de prevención?
-Cada actor tiene su responsabilidad. Recuerdo una audiencia pública sobre política criminal donde un propietario de un comercio de Brasil reclamaba por la policía tras cuatro asaltos reiterados en su comercio. El empresario no había hecho las denuncias correspondientes, porque creía que nada iba a pasar. Es un círculo vicioso, porque si no se hace la denuncia la policía no cuenta con estadísticas para hacer un buen mapa del delito. La información es esencial. La baja confianza en las instituciones genera esta falta de cooperación, pero estamos hablando de un sistema donde todo está ligado e implicado. También suele suceder que las personas creen que pueden salvarse de la inseguridad contratando seguridad privada, y no es una solución.
-¿Cuánto tiempo demoran estas acciones en generar un cambio?
-Depende del nivel de intervención. En cinco años se cambió la tasa de homicidios en Brasil gracias a la política de desarme. La creación de espacios públicos comunes como una plaza o una salita sanitaria puede llegar a modificar la dinámica de todo un barrio. Lo que es equivocado es pensar que todas las acciones en materia de seguridad son a largo plazo.
Alan Longy. Política Argentina.com. 05/04/2012
