México, Distrito
Federal. Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en
numerosos casos de desaparición forzada, señaló Human Rights Watch en un
informe divulgado hoy. Prácticamente en ninguno de estos casos las víctimas
fueron halladas ni se llevó a los responsables ante la justicia, lo cual ha
exacerbado el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, comprobó
Human Rights Watch.
El informe de 193
páginas, Los Desaparecidos de
México: El persistente costo de una crisis ignorada, documenta casi 250
desapariciones ocurridas durante el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón,
que ocupó la presidencia entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. En 149 de
esos casos, Human Rights Watch encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas,
en las cuales tuvieron participación agentes estatales.
“El Presidente Peña
Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se
hayan producido en América Latina a lo largo de la historia”, indicó José Miguel Vivanco, Director para las
Américas de Human Rights Watch. “A pesar de que su administración ha anunciado
medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos
necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean
llevados ante la justicia”.
Human Rights Watch
encontró evidencias que indican que miembros de todas las fuerzas de seguridad
intervinieron en desapariciones forzadas, es decir, el Ejército, la Marina y
las policías federales, estatales y municipales. En algunos casos, como las más
de 20 desapariciones forzadas que habrían sido perpetradas por miembros de la
Marina en junio y julio de 2011 en Nuevo León y Tamaulipas, el modus
operandi con que se llevaron a cabo los delitos, la magnitud de los
operativos y las versiones contradictorias ofrecidas por la Marina sugieren que
podrían haber sido planificados y coordinados.
En más de 60 casos,
Human Rights Watch encontró evidencias de que agentes estatales colaboraron
directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de
personas y/o para extorsionar a sus familiares. Por ejemplo, las evidencias
indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron
arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los
entregaron a la delincuencia organizada. Desde entonces, se desconoce el
paradero de estos hombres.
Las casi 250
desapariciones documentadas en Los Desaparecidos de México no
representan la totalidad de los casos registrados en el país desde 2007. Por el
contrario, las estadísticas oficiales prácticamente no dejan dudas de que hay
miles de casos más. En noviembre de 2012, se filtró a los medios una lista
provisoria elaborada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría
de Gobernación sobre más de 25.000 personas desaparecidas o que se denunciaron
como extraviadas desde 2006.
Es común que
agentes del Ministerio Público y funcionarios de seguridad pública no inicien
una búsqueda oportuna ni exhaustiva de personas desaparecidas ni investiguen a
los responsables. En muchos casos, estos funcionarios sugieren que las víctimas
tienen la culpa de lo sucedido e indican a los familiares que son ellos quienes
tienen la responsabilidad de investigar, según comprobó Human Rights Watch. Las
escasas medidas que adoptan los agentes del Ministerio Público con frecuencia
se ven contrarrestadas por demoras, errores y omisiones.
En ninguno de los
249 casos documentados por Human Rights Watch se ha condenado a los
responsables de las desapariciones.
La falta de
diligencia en las investigaciones, o la ausencia absoluta de medidas en este
sentido, potencian el sufrimiento de los familiares, para quienes no saber qué
sucedió a sus seres queridos provoca un desconsuelo constante. Más grave aún,
los familiares de personas desaparecidas pueden perder el acceso a servicios
sociales básicos que recibían anteriormente a través del empleo de la víctima,
lo cual los obliga a intentar recuperar estos beneficios, como cuidados
infantiles, mediante procedimientos lentos que tienen un alto costo económico y
emocional.
Luz María Durán
Mota, cuyo hijo Israel Arenas Durán, de 17 años, desapareció junto con tres
compañeros de trabajo en Monterrey, Nuevo León, tras ser detenidos por policías
locales en junio de 2011, dijo a Human Rights Watch: “Es una tortura diaria, el
no saber dónde está. Que si lo están torturando. Que si ya comió”.
Las medidas
adoptadas por el gobierno de Calderón para afrontar este problema fueron
tardías y evidentemente inadecuadas. Durante gran parte de su presidencia,
Calderón negó que las fuerzas de seguridad hubieran cometido violaciones de
derechos humanos. En el último año, reconoció que se habían producido abusos y
se comprometió a adoptar medidas para abordarlos. Sin embargo, no cumplió la
mayoría de sus compromisos, como completar un registro nacional de personas
desaparecidas o presentar un nuevo proyecto legislativo al Congreso para
reformar el Código de Justicia Militar, a fin de adecuarlo a lo dispuesto por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias sobre el tema.
El informe también
documenta ejemplos de medidas positivas adoptadas en el ámbito de los estados
para abordar las desapariciones. En Nuevo León, en respuesta a presiones de
familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, funcionarios
gubernamentales y agentes del Ministerio Público han comenzado a investigar
seriamente un grupo específico de aproximadamente 50 casos de desaparición. Si
bien hasta el momento los avances han sido limitados, y solamente se ha logrado
encontrar los restos de unas pocas personas desaparecidas, este esfuerzo
conjunto muestra que recuperar la confianza de los familiares de víctimas y
otorgarles herramientas para que puedan exigir a los agentes del Ministerio
Público que rindan cuentas por su actuación son pasos que pueden ayudar a
superar algunos de los obstáculos más importantes que se interponen a las
investigaciones.
En definitiva, el
éxito de las iniciativas en los estados dependerá en gran parte de si el
gobierno federal adopta pasos para abordar el problema. Para ello, Human Rights
Watch ha instado al gobierno mexicano a:
·
Crear bases de datos nacionales exhaustivas y precisas sobre personas
desaparecidas y restos humanos no identificados.
·
Reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que todas las
presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones
forzadas, cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas
en la justicia penal ordinaria.
·
Revisar la definición de desaparición forzada en la legislación federal
y de los estados para asegurar que sea coherente en todo México y acorde con
las normas internacionales de derechos humanos.
·
Dictar un decreto por el cual se exija que todas las personas detenidas
sean llevadas inmediatamente a la agencia del Ministerio Público y se indique
claramente que en ningún caso los detenidos podrán ser trasladados a
establecimientos militares, dependencias policiales o centros de detención
clandestinos.La desaparición forzada constituye un delito “continuo” conforme
al derecho internacional, dado que persiste en el tiempo y continúa causando
sufrimiento a los familiares de las víctimas mientras se desconoce o se oculta
cuál fue la suerte de la persona desaparecida.
La desaparición
forzada constituye un delito “continuo” conforme al derecho internacional, dado
que persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de
las víctimas mientras se desconoce o se oculta cuál fue la suerte de la persona
desaparecida.
“Si bien es posible
que las desapariciones hayan comenzado mientras Calderón estuvo en el poder, no
concluyeron al finalizar su mandato”, aseveró Vivanco. “Miles de personas
desaparecidas aún no han sido encontradas. Numerosos soldados y policías
ocultan la verdad acerca de cuál fue su destino. Y los familiares de las
víctimas continúan sufriendo por no saber qué ocurrió a sus seres queridos”.
Ejemplos de desapariciones expuestos en el informe, en los cuales las evidencias sugieren de manera contundente que habría participación de miembros de las fuerzas de seguridad:
Ejemplos de desapariciones expuestos en el informe, en los cuales las evidencias sugieren de manera contundente que habría participación de miembros de las fuerzas de seguridad:
·
En diciembre de 2011, diez hombres de Guanajuato fueron detenidos
ilegalmente por policías locales en el municipio de Joaquín Amaro, Zacatecas,
cuando regresaban de una excursión de caza. Según relataron dos integrantes del
grupo que lograron escapar, los policías vendaron, golpearon e interrogaron a
los hombres acerca de si tenían vínculos con la delincuencia organizada. En
grabaciones tomadas por cámaras de seguridad se puede ver cuando, más tarde,
ocho de los detenidos son entregados por policías locales a hombres armados en
una gasolinera en Fresnillo, Zacatecas. Los ocho hombres
nunca más fueron vistos.
·
José Fortino Martínez Martínezfue detenido arbitrariamente en junio de
2011 en su vivienda en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por hombres que vestían
uniformes de la Marina, según pudieron ver sus familiares. Varios familiares de
Martínez y de otros hombres que fueron privados ilegalmente de la libertad esa
noche pudieron tomar fotografías y grabaciones de video de los vehículos que
participaron en las detenciones y tenían insignias de la Marina. En julio, la
esposa de Martínez se reunió con agentes de la PGR y representantes de la
Secretaría de Gobernación para exigir que investigaran la desaparición de su
marido. Tres días después, su vivienda fue baleada.
·
Roberto Iván Hernández García y Yudith Yesenia Rueda García, ambos de 17
años, fueron detenidos arbitrariamente en la vivienda de la abuela de Rueda en
Monterrey, Nuevo León, el 11 de marzo de 2011, por un grupo de hombres con
uniformes de la policía federal. Varios familiares presenciaron el momento en
que fueron detenidos ilegalmente.Aproximadamente una semana después, un hombre
se presentó en la vivienda de Hernández y le advirtió a un familiar que si no
querían que desaparecieran otros hijos, no debían denunciar lo sucedido a las
autoridades. Hasta el momento se desconoce cuál fue la suerte de Hernández y
Rueda.
·
Oscar Germán Herrera Rocha, Ezequiel Castro Torrecillas, Sergio
Arredondo Sicairos y Octavio del Billar Piña se comunicaron telefónicamente con
sus esposas por separado para avisarles que habían sido interceptados por
policías locales en una gasolinera en Francisco I. Madero, Coahuila, en mayo de
2009. Nunca más se tuvo noticias de los hombres. Otras tres personas habían
desaparecido en idénticas circunstancias en ese mismo sitio el mes anterior.
Hrw.org. 20/02/13
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