Londres,
Inglaterra. Latifah, una niña Indonesia de 14 años, fue
acusada de adulterio por la policía local cuando acudió a denunciar que había
sido violada.
Louisa,
una joven de Burkina Faso, fue insultada y abofeteada mientras daba a luz en un
hospital local.
A
Marta, una empleada doméstica indonesia de 30 años, le negaron anticonceptivos
en un centro de salud de Yakarta porque aún no había tenido hijos.
Elena,
una niña de 10 años violada por un sacerdote en Nicaragua, sufrió presiones
para que guardase silencio y no denunciase el abuso antes de que el violador
fuese por fin procesado y condenado a 30 años de cárcel.
Los
nombres de estas mujeres son ficticios, pero sus historias muestran las
consecuencias de la arraigada discriminación que sufren millones de mujeres y
niñas de todo el mundo, simplemente debido a su género.
Según
organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional entre ellas, cuando
las mujeres y las niñas carecen de servicios de salud efectivos y de
información sobre ellos, las consecuencias son a menudo catastróficas. En
muchos países, la falta de autonomía y capacidad decisoria suele constituir un
impedimento adicional para las mujeres y las niñas.
La
ONU ha denunciado recientemente que cada día mueren en torno a 800 mujeres por
causas relacionadas con el embarazo y el parto, y que, por cada una de ellas,
otras 20 soportan sufrimiento durante toda la vida como consecuencia de
lesiones, infecciones, enfermedades o discapacidades derivadas del embarazo, el
parto o abortos practicados en condiciones de riesgo.
“De
Indonesia a Perú, de Sierra Leona a Estados Unidos, millones de mujeres y niñas
pagan con su vida las políticas de salud fallidas, la atención insuficiente, y
las leyes discriminatorias. Muchas sufren discriminación y violencia en sus
familias y comunidades, con poca o ninguna esperanza de obtener justicia o
recibir apoyo de sus gobiernos”, ha afirmado Marianne Mollmann, asesora general
de política de Amnistía Internacional.
El
coste de la discriminación
En
muchos países, a las mujeres y las niñas les resulta casi imposible acceder a
información y servicios básicos de salud sexual y reproductiva.
En
algunos casos se debe a que los gobiernos no dan prioridad a esta cuestión ni
invierten recursos en ella. En otros, cuando sí existen servicios de salud,
suelen estar concentrados en zonas más prósperas, limitando así el acceso para
muchas mujeres que viven demasiado lejos o no pueden permitirse el coste del
desplazamiento hasta allí.
Amnistía
Internacional ha hallado que las mujeres que viven en la pobreza, aunque
consigan llegar a los centros de salud, a veces son objeto de maltrato por
parte de profesionales de la salud que no entienden sus necesidades y que, en
ocasiones, ni siquiera hablan su idioma.
En
Estados Unidos, por ejemplo, muchas mujeres migrantes afirmaron que las habían
echado del centro de salud justo después de dar a luz porque no tenían dinero
suficiente para pagar el tratamiento.
“Cada
año, millones de mujeres y niñas se encuentran con obstáculos casi insalvables
para acceder a la atención a la salud más básica, especialmente cuando se trata
de su salud sexual y reproductiva. Se les niega sistemáticamente el acceso a
información, anticonceptivos, servicios obstétricos de emergencia, e incluso a
reparaciones por la atención de baja calidad”, ha afirmado Mollmann.
“La
trágica realidad es que muchas muertes y lesiones relacionadas con el embarazo
y el parto son evitables.”
Falta
de información
Tras
examinar la disponibilidad y calidad del acceso a la atención a la salud en más
de una decena de países, Amnistía Internacional concluyó que una de las
principales causas de muerte de las mujeres es la falta de información sobre
los servicios de atención a la salud disponibles.
En
Indonesia, por ejemplo, las mujeres entrevistadas por la organización afirmaron
que no se les proporcionaba información adecuada sobre su derecho a acceder a
anticonceptivos.
La
falta de información, unida a las restricciones en el acceso al aborto, supone
que muchas mujeres jóvenes no tienen más remedio que seguir adelante con un
embarazo no deseado o someterse a un aborto clandestino, que suele practicarse
en condiciones poco seguras.
Según
estimaciones de la ONU, de los aproximadamente 19 millones de abortos inseguros
que se llevan a cabo anualmente en los países del mundo en vías de desarrollo,
2,5 millones se practican a adolescentes, y el 70 por ciento de las
hospitalizaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo son de niñas de
entre 10 y 19 años.
En
2011, ONUSIDA informó de que solo el 34 por ciento de la juventud de los países
en vías de desarrollo era capaz de responder correctamente cinco preguntas
básicas sobre el VIH y cómo prevenirlo. Actualmente, en esa misma población se
registra el 41 por ciento de todos los nuevos casos de VIH.
Un
plan global
En
1994, en una conferencia pionera celebrada en El Cairo, dirigentes de 179
países reafirmaron los derechos humanos de las mujeres y las niñas a tomar sus
propias decisiones sobre la sexualidad, el embarazo y la maternidad, y se
comprometieron a convertir el empoderamiento de las mujeres en un elemento
central de sus políticas sobre población y desarrollo.
Durante
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, los líderes
mundiales también aprobaron un Programa de Acción con el que se pretendía
cambiar el modo de formular y ejecutar las políticas y los programas de
población.
La
idea era garantizar que los derechos sexuales y reproductivos –incluidas
cuestiones como la prevención y respuesta a la discriminación que sufrían las
mujeres cuando intentaban acceder a atención a la salud– ocupasen un lugar
destacado en las políticas sobre población adoptadas por países de todo el
mundo.
El
Programa de Acción incluía medidas centradas en la reducción de la mortalidad
neonatal, infantil y materna; la población y el medio ambiente; la migración
interna e internacional; la prevención y el control del VIH/sida; la
información, la educación y la comunicación, y la tecnología, la investigación
y el desarrollo.
Amnistía
Internacional considera que en los años transcurridos desde la Conferencia de
El Cairo se han tomado algunas medidas importantes para cumplir los compromisos
adquiridos en ella. Pero estos progresos han tardado en llegar y, en algunas
áreas como la salud sexual y reproductiva, han sido, como mucho, irregulares.
“Estos
últimos decenios hemos visto un especial aumento en la inversión en atención
prenatal. Y aunque eso supone lógicas mejoras en la atención a los neonatos,
apenas sirve para abordar las desigualdades subyacentes en el acceso a
información y atención a la salud”, ha afirmado Mollmann.
“Evidentemente,
las mujeres tienen problemas de atención a la salud que no tienen que ver con
el parto. La realidad es que los gobiernos son reacios a prevenir la
discriminación y reparar los abusos.”
El
futuro de los derechos de las mujeres
Representantes
de los Estados miembros de la ONU se reunirán de nuevo en 2014 para revisar los
avances logrados con el Programa de Acción aprobado 20 años antes en El Cairo.
En concreto, examinarán las iniciativas de los gobiernos para cumplir sus
compromisos.
“Esperamos
que esta revisión contribuya al avance de estas cuestiones. Nuestras peticiones
son básicas: toda persona debe poder vivir sin violencia y tomar decisiones
independientes e informadas sobre su salud, su cuerpo y su vida”, ha explicado
Mollmann.
“Para
ello, como mínimo es necesario que todas las personas tengan acceso a educación
integral sobre sexualidad.”
Amnistía
Internacional.org. 13/02/13
