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1556. Falsas sospechas: Detenciones Arbitrarias en México por policías
“El sistema de justicia de México es totalmente inadecuado
para su propósito y, por tanto, está fallando masivamente a la población”, ha
manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía
Internacional.
“La policía parece estar deteniendo a personas sin más
motivo que fingir que está actuando para hacer frente a la delincuencia. En
última instancia, con esto no se consigue nada, más que poner a todas las
personas del país en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos tales
como tortura y otros malos tratos.”
Las detenciones arbitrarias pueden dar lugar fácilmente a
otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada
y la ejecución extrajudicial.
En este informe Amnistía Internacional investigó la forma en
la que ocurren los arrestos llevados a cabo por los cuerpos de policía en
México, en específico, cuando las autoridades alegan que arrestaron a la
persona en flagrancia; es decir, en el momento en el que se estaba cometiendo
un delito.
La investigación de Amnistía Internacional encontró que en
México los arrestos a las personas que supuestamente estaban cometiendo un
delito al ser aprehendidas, no suelen funcionar como una respuesta auténtica
para enfrentar los delitos cometidos en el país, sino que son utilizados por
las autoridades de forma ilegal, principalmente contra aquellas personas que
enfrentan situaciones históricas de discriminación, con una preocupante
afectación a hombres jóvenes que viven en pobreza.
Amnistia.org.mx. 13/07/17
1507. Informe Anual 2016/17 de Amnistía Internacional: La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo
“Política de demonización” que engendra división y miedo
• Amnistía Internacional publica su Informe 2016/17
• Riesgo de efecto dominó a medida que Estados poderosos dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos
• Salil Shetty, que dirige el movimiento global de Amnistía Internacional, advierte de que el concepto de “nunca más” está perdiendo todo su sentido a medida que los Estados dejan de reaccionar ante las atrocidades masivas
Los políticos que se valen de la retórica tóxica y deshumanizadora del “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y peligroso, ha advertido Amnistía Internacional hoy, al presentar su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
En su informe, La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización presenta un análisis especialmente exhaustivo del estado de los derechos humanos en el mundo, que abarca 159 países. Advierte en él de que las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda en Europa, Estados Unidos y otras partes están fomentando un retroceso mundial en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente la respuesta global a las atrocidades masivas.
“2016 fue un año en el que el uso cínico de una retórica del “nosotros contra ellos” en discursos de culpa, odio y miedo adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930. Son demasiados los políticos que responden a los temores legítimos de índole económica y de seguridad haciendo una manipulación venenosa y divisiva de la política de la identidad con el fin de ganar votos”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El alarmismo divisivo se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. Se trate de Trump, Orban, Modi, Erdoğan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas.
La política de demonización que se hace en la actualidad difunde descaradamente la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana.”
La política de demonización impulsa un retroceso global en materia de derechos humanos
Los radicales cambios políticos de 2016 pusieron de manifiesto el potencial de la retórica de odio para desatar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Claro ejemplo de la tendencia global a hacer política de manera más airada y divisiva fue la venenosa retórica de campaña de Donald Trump, pero los líderes políticos de otras partes del mundo también apostaron su poder futuro a discursos de miedo, culpa y división.
Está retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. En 2016, los gobiernos miraron para otro lado frente a crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos.
También dieron la espalda a las personas refugiadas y migrantes, a las que a menudo resultaba fácil convertir en chivos expiatorios. El Informe Anual de Amnistía Internacional documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos corrían peligro.
En el caso más reciente, el presidente Donald Trump ha puesto en práctica la retórica xenófoba y de odio que utilizó en su campaña electoral, firmando una orden ejecutiva con la que se intenta impedir que las personas refugiadas soliciten su reasentamiento en Estados Unidos dificultando así que quienes huyen de la guerra y la persecución en Estados asolados por los conflictos busquen refugio seguro en el país.
Mientras tanto, Australia causa deliberadamente un terrible sufrimiento dejando a las personas refugiadas atrapadas en Nauru y la isla de Manus, la UE ha llegado a un temerario acuerdo ilegal con Turquía para enviar a las personas refugiadas de regreso allí aunque no sea un país seguro para ellas y México y Estados Unidos continúan expulsando a personas que huyen de la violencia incontrolada de Centroamérica.
En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión. Otros países pretenden adoptar medidas de seguridad intrusivas, como los prolongados poderes de excepción en Francia y las leyes sobre vigilancia sin precedentes en Reino Unido. Otra característica de la política de mano dura fue el aumento de la retórica antifeminista y anti LGBTI, como los intentos de desmantelar los derechos de las mujeres en Polonia que fueron recibidos con protestas masivas.
“Son demasiados los líderes que, en vez de luchar por los derechos de la gente, han adoptado por conveniencia política una agenda deshumanizadora. Muchos violan los derechos de grupos utilizados como chivos expiatorios para marcarse tantos políticos o desviar la atención de su propio fracaso a la hora de garantizar derechos económicos y sociales”, ha afirmado Salil Shetty.
En 2016, estas formas especialmente tóxicas de deshumanización se convirtieron en fuerza dominante en la política convencional global. Los límites de lo que se considera aceptable han cambiado. Los políticos legitiman desvergonzada y activamente todo tipo de retóricas y políticas de odio basadas en la identidad de las personas, como la misoginia, el racismo y la homofobia.
“El primer blanco han sido las personas refugiadas, y si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira. Su eco dará lugar a más ataques, perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión. Cuando las personas dejemos de vernos unas a otras como seres humanos con los mismos derechos, empezaremos a precipitarnos en el abismo.”
El mundo vuelve la espalda a atrocidades masivas
Amnistía Internacional advierte de que en 2017 veremos agravarse las crisis en curso debido a la debilitadora ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en un escenario mundial caótico. El modo de hacer política basado en el “nosotros contra ellos” se está poniendo también de manifiesto en el plano internacional, donde el multilateralismo está siendo sustituido por un orden mundial más agresivo y belicoso.
“Sin voluntad política de los líderes mundiales para ejercer presión sobre los Estados que violan los derechos humanos, están en juego principios básicos que abarcan desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo”, ha señalado Salil Shetty.
“Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los derechos humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. Cuantos más países den marcha atrás en sus compromisos fundamentales con los derechos humanos mayor será el riesgo de que se produzca un efecto dominó y un líder tras otro se anime a retirar garantías de protección de los derechos humanos ya establecidas.”
El mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas, entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán. En el Informe Anual de Amnistía Internacional se documentan crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016.
A pesar del desafío que plantean datos así, la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra se ha convertido en algo totalmente normal, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU permanece paralizado por las rivalidades entre sus Estados miembros permanentes.
“2017 da comienzo con muchos de los Estados más poderosos del mundo afanados en estrechos intereses nacionales a costa de la cooperación internacional. Esta situación amenaza con llevarnos hacia un mundo más caótico y peligroso”, ha dicho Salil Shetty.
“Un nuevo orden mundial en el que los derechos humanos aparecen representados como un obstáculo para los intereses nacionales reduce peligrosamente la capacidad de abordar las atrocidades masivas y abre la puerta a abusos que recuerdan las épocas más funestas de la historia humana.
“La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transferencia en directo del horror de Alepo, los miles de personas muertas a manos de la policía en la “guerra contra las drogas” de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur. La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes tomar medidas contra ellas”.
¿Quién va a defender los derechos humanos?
Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los cínicos intentos de retroceso en consolidados derechos humanos con la lejana promesa de prosperidad y seguridad.
En su Informe Anual, la organización advierte de que la solidaridad global y la movilización popular serán de especial importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos, que suelen ser tachadas por los gobiernos de amenaza para el desarrollo económico, la seguridad y otras prioridades.
Amnistía Internacional documenta en su Informe Anual que en 2016 se dieron casos de personas a quienes mataron por defender los derechos humanos en 22 países. Las mataron por actividades como cuestionar arraigados intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas u oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. El homicidio de la notable dirigente indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en Honduras el 2 de marzo de 2016 fue una pavorosa advertencia a quienes hacen activismo, pero no se llevó a nadie ante la justicia.
“No podemos depender pasivamente de los gobiernos para que defiendan los derechos humanos; somos las personas quienes tenemos que actuar. Con los políticos cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras veces ha sido tan evidente cuán necesario es que todas las personas luchemos por los valores básicos de la dignidad humana y la igualdad en todas partes”, ha manifestado Salil Shetty.
“Cada persona debe pedir a su gobierno que utilice todo el poder e influencia que tenga para poner en evidencia a quienes cometen abusos contra los derechos humanos. En los malos tiempos, la gente ha logrado cambiar las cosas cuando ha tomado postura, fuera como activistas de los derechos civiles en Estados Unidos, activistas contra el apartheid en Sudáfrica o movimientos por los derechos de las mujeres y de las personas en todo el mundo. Todas las personas tenemos que aceptar ahora este reto.”
Información complementaria
Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos en 159 países en 2016. Entre los ejemplos del aumento y del impacto de la retórica venenosa y las campañas nacionales de represión del activismo y la libertad de expresión destacados por Amnistía Internacional en su Informe Anual figuran:
Arabia Saudí: Se detuvo y encarceló por imprecisos cargos, como “insultar al Estado”, a personas que se mostraban críticas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de los derechos de las minorías. Las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí cometieron graves violaciones del derecho internacional, incluidos presuntos crímenes de guerra, en Yemen. Las fuerzas de la coalición bombardearon escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, matando e hiriendo a miles de civiles con armas suministradas por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, entre ellas bombas de racimo, que están prohibidas internacionalmente.
Bangladesh: En vez de investigar los homicidios de activistas, periodistas y blogueros y blogueras o brindar protección contra ellos, las autoridades llevaron a juicio a medios de comunicación y a la oposición por, entre otras cosas, publicaciones en Facebook.
China: Persistieron las medias enérgicas contra profesionales del derecho y activistas, entre ellas la detención en régimen de incomunicación, la emisión de confesiones por televisión y el hostigamiento a sus familiares.
Egipto: Las autoridades impusieron prohibiciones de viaje, restricciones económicas y congelaciones de activos para menoscabar, difamar y silenciar a grupos de la sociedad civil.
Estados Unidos: Una campaña electoral caracterizada por la retórica discriminatoria, misógina y xenófoba suscitó gran preocupación en relación con la solidez de los futuros compromisos de Estados Unidos con los derechos humanos dentro del país y en el plano internacional.
Etiopía: Un gobierno cada vez más intolerante con las voces disidentes se valió de la legislación antiterrorista y del estado de excepción para reprimir a periodistas, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a la oposición política y, en particular, a manifestantes, contra quienes se hizo uso de fuerza excesiva y letal.
Filipinas: Una oleada de ejecuciones extrajudiciales sucedió a la promesa del presidente Duterte de matar a millones de personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de drogas.
Francia: Entre las estrictas medidas de seguridad aplicadas en virtud del prolongado estado de excepción hubo millares de registros domiciliarios, así como prohibiciones de viaje y detenciones.
Honduras: Berta Cáceres y siete activistas más de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio.
Hungría: La retórica del gobierno propugnó una divisiva modalidad de política de la identidad y una sombría visión de la “Fortaleza Europa” que se tradujeron en una política de represión sistemática de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
India: Las autoridades aplicaron represivas leyes para restringir la libertad de expresión y silenciar las voces críticas. Las organizaciones y las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos continuaron sufriendo hostigamiento e intimidación. Se utilizaron leyes opresivas para intentar silenciar a activistas estudiantiles, figuras del mundo académico, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Irán: Se ejerció una fuerte represión de la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de religión. Se encarceló a personas que expresaban pacíficamente críticas tras juicios manifiestamente injustos ante tribunales revolucionarios, entre ellas periodistas, profesionales del derecho, blogueros y blogueras, estudiantes, activistas de los derechos de las mujeres, cineastas, e incluso artistas musicales.
Myanmar: Decenas de miles de rohingyas –a quienes se sigue privando de nacionalidad– fueron víctimas de desplazamiento como consecuencia de “operaciones de limpieza”, en las que se denunciaron homicidios ilegítimos, disparos indiscriminados contra civiles, violaciones, y detenciones arbitrarias. Mientras tanto, los medios de comunicación oficiales publicaron artículos de opinión donde se empleaba un lenguaje alarmantemente deshumanizador.
Reino Unido: Tras el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea aumentaron los delitos de odio. Una nueva ley de vigilancia amplió considerablemente los poderes de las agencias de inteligencia y otros organismos para invadir la privacidad de las personas a escala masiva.
República Democrática del Congo: Se sometió a detención arbitraria y, en algunos casos, a reclusión prolongada en régimen de incomunicación a activistas en favor de la democracia.
Rusia: A nivel interno, el gobierno continuó asfixiando a las ONG nacionales con creciente propaganda en la que tachaba a las que se mostraban críticas de “indeseables” o de “agentes extranjeros” y con el primer procesamiento de una ONG en aplicación de la ley de “agentes extranjeros”. Mientras tanto se añadió a la lista de “agentes extranjeros” a decenas de ONG independientes que recibían fondos del extranjero. En el exterior, mostró una absoluta falta de respeto por el derecho internacional humanitario en Siria.
Siria: Continuó la impunidad de los crímenes de guerra y los abusos graves contra los derechos humanos, incluidos ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles, así como prolongados asedios en los que quedó atrapada la población civil. Con el encarcelamiento, tortura, desaparición o huida del país de gran número de activistas, la comunidad de derechos humanos quedó suprimida casi por completo.
Sudán: Hubo convincentes indicios de uso de armas químicas por parte del gobierno en Darfur. En otras partes se sometió a detención arbitraria a personas sospechosas de criticar u oponerse al gobierno. El uso excesivo de la fuerza por las autoridades al dispersar concentraciones se cobró numerosas víctimas.
Sudán del Sur: Los persistentes combates, en los que se cometen abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, continuaron teniendo consecuencias devastadoras para la población civil desde el punto de vista humanitario.
Tailandia: Se utilizaron poderes de excepción y leyes sobre la difamación y la sedición para restringir la libertad de expresión.
Turquía: Decenas de miles de personas fueron encarceladas tras el golpe de Estado fallido, cuando se suspendieron centenares de ONG, se emprendió una represión masiva de los medios de comunicación y se prosiguió con la ofensiva en la zonas kurdas.
Venezuela: Una ofensiva contra defensores y defensoras de los derechos humanos que realizaban abiertamente su trabajo hizo sonar la alarma con respecto a la crisis humanitaria causada por el fracaso del gobierno a la hora de hacer valer los derechos económicos y sociales de la población.
Cifras
23 crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países
36 países que devolvieron ilegalmente a personas refugiadas a un país donde sus derechos corrían peligro
22 países en los que se dio muerte a personas por defender pacíficamente los derechos humanos
Amnesty.org. 22/02/17
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/02/amnesty-international-annual-report-201617/
INFORME 2016/17 AMNISTÍA INTERNACIONAL: LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO
El Informe 2016/17 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en 159 países y territorios durante 2016. Para millones de personas, 2016 ha sido un año de miseria y miedo implacables, sembrados por los abusos contra los derechos humanos que gobiernos y grupos armados han cometido de multitud de formas. Un gran número de personas han seguido huyendo de los conflictos y la represión en muchas regiones del mundo. Entre otros abusos generalizados, este informe documenta la persistencia de la tortura y otros malos tratos, la inacción a la hora de hacer valer los derechos sexuales y reproductivos, la vigilancia ejercida por los gobiernos y la cultura de impunidad por delitos cometidos en el pasado.
Amnesty.og. 22/02/17
https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/4800/2017/es/
1501. "Hasta que la dignidad se haga costumbre"
Jacinta, Alberta y Teresa reciben las disculpas de la PGR; es una victoria "Hasta que la dignidad se haga costumbre"
Después de volver a relatar la aprehensión injusta, las acusaciones falsas, la violación a sus derechos, las humillaciones, las pérdidas y el dolor que les causó la fabricación de su caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) -pero esta vez sí con la atención de funcionarios de alto nivel-, las mujeres hñähñú Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan escucharon el reconocimiento público de su inocencia y el ofrecimiento de disculpas por parte del titular de la PGR, Ricardo Cervantes, en un acto llevado en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.
Ciudad de Mexico. 22/02/17
Discurso de Teresa González
Buenas tardes, soy Teresa González Cornelio.
El 26 de marzo 2006 llegaron a mi comunidad de Santiago Mexquititlán Agentes
Federales a hacer destrozos al tianguis, y al no dejarnos es que nos hicieron
acusaciones falsas. Nos acusaron de delitos que no cometimos y nos llevaron detenidas
el 03 de agosto del mismo año, con engaños, sin saber por qué estábamos detenidas.
La PGR nos acusó con acusaciones falsas de secuestradoras y posesión de cocaína y
nos sacó ante los medios de comunicación. Nuestra familia sufrió mucho porque nos
cambió la vida por completo, porque no sabíamos cómo defendernos al no tener los
recursos económicos.
Hoy en día, estos once años de lucha nos han hecho tener las fuerzas para seguir
luchando con nuestra familia y amigos. Para mí esta disculpa pública es una gran
victoria porque cierra estos once años de lucha junto con el acompañamiento de
nuestros abogados. La organización Miguel Agustín Pro Juárez creyó en nuestra
inocencia, en nosotras, siendo mujeres indígenas.
Hoy quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras: que luchen, que no
se queden calladas hasta que las autoridades las escuchen y la sociedad sepa la
verdad. Sí se puede. A veces es por miedo que nos quedamos calladas.
Por último quisiera pedirle, señor Procurador, que se comprometa a que ya no va a
volver a suceder que las autoridades fabriquen pruebas, que más personas no vayan a
parar injustamente a la cárcel por delitos que no cometieron.
Muchas gracias.
Discurso de Alberta Alcántara
26 de marzo 2006.
Llegaron unos agentes federales a Santiago Mexquitilán a hacer
un decomiso de discos, pero llegaron sin orden y sin
identificación. La gente se molestó por los hechos.
3 de agosto 2006.
Me detienen en mi trabajo. Me llevaron al Cereso femenil. Allí
pasé humillaciones por las custodias y compañeras, por ser
indígena y pobre. Viví cosas muy difíciles por estar separada de
mi familia.
Tocamos muchas puertas y no nos hacían caso, hasta que
encontramos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez. Allí empezó a cambiar nuestra situación, a ser
escuchadas, después de 3 años 8 meses en prisión.
Después de salir de prisión no fue fácil volver a la sociedad;
algunos no te comprenden.
No se queden callados. Hablen, busquen apoyo de las
organizaciones, siempre hay alguien que nos puede ayudar,
siempre hay una pequeña luz en el camino.
Señor Procurador: espero no sea la primera ni la última disculpa
pública. Hay muchas víctimas como nosotras. Espero que sus
colaboradores trabajen bien.
Con la disculpa no me devuelven el tiempo perdido.
Discurso de Esthela, hila de Jacinta
Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes pueblo de México y pueblos del mundo,
gracias por todavía acompañarnos, es lamentable, vergonzoso e increíble que a 6 meses
de cumplirse 11 años del caso 48/2006…hoy, por fin la Procuraduría General de la
República reconoce de manera forzada no por voluntad que el caso citado fue un error,
la disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que
fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente, la evidenciaron
en los diarios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal que no alcanzaba
fianza, la investigaron los mismos policías demandantes, la encarcelaron con mentiras sin
decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor.
Jacinta Francisco Marcial, es mi querida madre, es una mujer Indígena ñhöñhó de
Santiago Mexquititlán. ella fue secuestrada legalmente el jueves 03 de agosto de 2006
acusada de privación ilegal de la libertad de seis agentes Federales de Investigación (Hoy
agentes ministeriales) con el expediente 48/2006, sentenciada a 21 años de cárcel y una
multa de dos mil días de salario mínimo un equivalente a 90 mil pesos. Ella fue liberada
gracias al apoyo del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
A.C.(Prodh), organismo no gubernamental de los padres jesuitas de México la noche del
15 de septiembre de 2009.
El caso 48/2006 es un simple ejemplo de tantas, de las muchas arbitrariedades ilegales
que cometen las autoridades que tienen título, nombramiento, reconocimiento oficial en
este nuestro país que es México.
Este largo proceso de desgaste económico, emocional, físico, psicológico dejo una gran
experiencia de la realidad. Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los
delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los
que poderosos someten voluntad ajena; Los delincuentes de mayor poder, de cuello
blanco no pisan la cárcel, no conocimos en Querétaro ningún rico que estuviera en la
cárcel.
Jacinta pudo ser liberada gracias al apoyo de su familia, gracias a la publicación que hizo
muchos seres humanos pensantes, pero sobre todo, gracias a la valiosa intervención de
todo el equipo de apoyo del Centro Prodh. De no haber sido por esta gran labor, Jacinta
hoy estaría pagando una sentencia de un delito que jamás existió. La pregunta es
¿cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un delito no cometido o que no existe?
¿Cuántos secuestradores, delincuentes autorizados, con título, nombrados por la ley
andan sueltos, cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, persiguiendo o acosando
con un delito fabricado?
Agentes federales como los que acusaron a Jacinta y sus cómplices (porque tuvieron
cómplices) son los que él estado contrata para garantizar la seguridad social, ¿Qué sería
la vida sin ellos?, ¿qué hay hoy de estos funcionarios públicos con título o nombramiento
(Agentes federales, ministerio Publico, juez y los cómplices de los policías demandantes)
espero equivocarme, pero, seguramente siguen trabajando y cobrando de nuestros
impuestos, siguen siendo nuestros empleados a pesar de demostrar con este caso su
ineficiencia e inutilidad.
Preguntaran que si es suficiente la disculpa pública y la aclaración de inocencia de Jacinta,
jamás lo será, no basta la reparación de daños para superar el dolor, la tristeza, la
preocupación y las lágrimas ocasionado a la familia. ¿Quién va devolver la de vida mi
hermano José Luis que no pudo estar tres años con su mamá? Y que hoy, a seis días de
cumplir siete años que falleció, seguimos recordando que estuvo solo cinco meses con mi
mamá después de recuperar su libertad.
A los que solo piensan en el dinero de reparación de daños, no se preocupen, no nacimos
con él, ni moriremos con él, nuestra riqueza no se basa en el dinero, pueden estar
tranquilos lo destinaremos y lo haremos llegar a donde tiene que llegar en su momento
justo.
A los abogados particulares que se dedican a robar a sus clientes, no sean mediocres de
conciencia y no abucen del dolor ajeno, tengan tantita dignidad y si no pueden tomar el
caso con éxito, no engañen a la gente, no coman ni beban a costa del sufrimiento.
Este caso cambio nuestra vida para ver, saber y sentir que las victimas nos necesitamos,
que, lo que al otro le afecta, tarde o temprano me afectara a mi, en este sentido nuestra
existencia hoy tiene que ver con nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas
que nos faltan, con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros
presos políticos, con mis compañeros maestros caídos, cesados por defender lo que por
derecho nos corresponde: mejores condiciones de vida y trabajo.
A todas las instituciones gubernamentales como CDI, CNDH, y otras de apoyo social,
pónganse a trabajar de verdad, no solo den recomendaciones cuando ya otras
instituciones no gubernamentales lo hacen por ustedes, no sean títeres ni solo sirvan para
acarrear gente para ver a un gobernador o político.
Alas victimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales y maestros que estamos en
pie de lucha, a los caídos, desaparecidos, encarcelados, exiliados, perseguidos,
aterrorizados que defienden, luchan y están a favor de los derechos humanos…quiero
decirles que después de vivir este terrorismo de estado, asumimos el dolor, vencimos el
miedo para que la victoria fuera nuestra …la ignorancia, el miedo no puede estar ensima
de la vida…estamos orgullosos de ustedes…, hoy la historia la podemos escribir gracias
a las personas que nos atrevimos a levantar la voz, los que nos atrevimos hacer uso de la
palabra, los que todavía tenemos principios humanos, estamos orgullosos de que esta
historia aun cuando los tiempos actuales está de moda enaltecer la corrupción, la
estupidez, la ignorancia, no se la dejamos a la pudrición. Hoy nos queda solidarizarnos
con otras víctimas, nos queda saber que la conciencia, la sabiduría, la razón, la vida y la
libertad no se vende, no se negocia, ni tiene precio…
Al procurador General de la Republica, decimos que no estamos contentos ni felices por
este acto de disculpa, pedimos el cese a la represión, persecución y liberación de presos
políticos quienes su único delito es aspirar mejores condiciones de trabajo, vida, patria
digna y justa…, pedimos no sigan dándose este tipo de casos, hoy queda demostrado,
que, ser mujer, pobre e indígena, no vergüenza del pueblo, vergüenza hoy es de quien
supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas, como
humanos,
Actualmente vemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos, no les damos las
gracias, exigimos que, por traidores a nuestra patria, renuncien a sus cargos si no tienen
dignidad, por vergüenza.
La familia Jacinta gradecemos infinitamente a todos(as) los(las) aquellos héroes anónimos
que nos apoyaron incondicionalmente en el caso, con sus cartas, con comida, con dinero
de manera directa o indirecta, “estamos seguros que la vida les recompensara el favor
realizado, sabemos que el éxito de este proceso es gracias a la participación de muchas
personas…este caso nos cambió la forma de ver la vida, hoy sabemos que no es necesario
cometer un delito para ser perseguido o estar en la cárcel.
Por los que seguimos en pie de lucha por la justicia, la libertad, la democracia y la
soberanía de México, para nuestra patria, por la vida, para la humanidad, quedamos de
ustedes por siempre y para siempre la familia Jacinta Francisco Marcial…hasta que la
dignidad se haga costumbre.
Discurso de Jacienta
Buenas tardes a todos aquí presentes. Yo, como acaba de decir
Ricardo Rocha, soy Jacinta Francisco Marcial, hay muchos que ya
me conocen. A veces me voy por donde quiera y siempre digo gracias
a muchas gentes; a donde quiera que vaya, a veces cuando oigo
“doña Jacinta” y me volteo a verlos, y ni los conozco, digo “¿Quién
es?” y me dicen: “tú no me conoces, pero tú eres la señora de la tele,
tú eres la señora del periódico”.
Me dicen eso porque yo estuve en la cárcel injustamente, porque yo
no sabía defenderme, yo no sabía hablar, ni sabía por qué me
llevaban. Es igual que cuando tienes un animalito y lo llevas, y ni sabe
por dónde lo llevas. Me decían que era secuestradora, y me pongo a
pensar y digo que secuestradores eran ellos, porque me llevaban a
un lugar que yo no conocía, y nunca pensé que iba a llegar allí. A mí
me llevaron con engaño, a muchos de nosotros nos ha pasado eso.
Ese día yo estaba en una comunidad de la religión católica, no estaba
en mi casa. Agarré un taxi para llegar temprano a mi casa. Llegando,
había dos señores que llegaron preguntándome por un terreno,
cuando yo no conocía el terreno, ni de compras ni ventas de terreno,
pues yo no tengo nada. Y ya atravesaron el camino y me dijeron: “no
tengas miedo”, mientras me llevaban; “te vamos a llevar a declarar
por un árbol verde que tú cortaste, ¿no sabes que eso es un delito?”.
Les dije “No, yo no he cortado nada, pues por qué no me lo dijeron
antes para entrar en mi casa y ver que ahorita no tengo leña”. Y me
dijeron: “no, vamos, nomás vas a ir a declarar y te regresas. Hasta
nosotros vamos a regresar y dejarte en tu casa”, como burlándose de
nosotros. A mí en ese momento no me dio miedo, era mi esposo
quien iba un poco espantado porque decía: “se me hace que son
esos que llegaron el día de la piratería en Santiago”. Me decía “tú di
la verdad, lo que es y lo que tú viste. No digas otra cosa que no sean
verdades”. Entonces, por decir la verdad me llevaron 3 años y dos
meses a la cárcel, por decir la verdad. Así fue. Yo nunca pensé que
iba a estar 3 años, pensé que, si yo ni vendía ni estaba allí, ¿por qué
voy a estar?
Tuvimos una semana inicial con rejas abiertas, cuando uno nunca
conoce cómo es la cárcel: todo abierto y un frío que hacía ese día...
Estaba lloviznando. Y nos dice la custodia: “agarre una cobija cada
quien, nomás una”. Y ese lugar donde íbamos a dormir era una piedra
sin nada y con mucho frío. Yo lloré en ese momento, porque pensé:
“¿pues yo qué hice para estar en este lugar?”. Y pensé: “siempre se
habla del infierno y yo creo que en el infierno estoy ahorita en este
momento”; eso es lo que pensé, porque hacía mucho frío y yo no hice
nada.
Pero todavía, otro de los días que estuve allí, estuve contenta, porque
mi familia estaba luchando para que yo saliera fuera. Y ya cuando
me pasan a población me dicen las compañeras: “¿Por qué estás
aquí? Te vimos en la tele que vienes por secuestro. Pero eso nadie
te va a creer, ni nosotras que estamos aquí”. Me dijeron: “no tengas
miedo. Si tú dices la verdad, la luz del día algún día va a salir”. Yo
creo que en este momento lo estamos viendo, pero no por ello estoy
contenta, estaría yo contenta el día que se acabe la injusticia, estaría
contenta cuando seamos respetados como indígenas. Y mientras
que no, no estoy contenta.
Gracias a las compañeras que me apoyaron allá, que me decían “no
llores”, porque yo lloraba día y noche acordándome de mis hijos que
dejé en la primaria, que dejé en la secundaria y en bachilleres. Y en
su graduación no estuve, en ninguna de las tres. Eso es un dolor muy
grande cuando tienes hijos, cuando tienes familia y estás unida a ella.
En ese momento uno sufre mucho porque, si llega la familia a
visitarte, van llorando y salen con tristeza. Y gracias a Dios que la
directora, la contadora que estaba, era bien buena gente, y dijo:
“cuando llegue su familia, quiero que ustedes estén bañadas, que
estén arregladas. Recíbanlos con sonrisas y no llorando”. En ese
momento yo me ponía fuerte para no llorar y que me vieran bien. Y
ellos igual, salían bien y yo me quedaba llorando. En ese momento
entraba en la celda donde estaba y lloraba porque veía a mi familia.
Una vez, uno de mis nietos no se quería ir, se quería quedar conmigo.
Yo digo que seamos escuchadas y que se respete nuestro derecho
como indígenas, nada más. Que nos hablen y que nos digan:
“tenemos mucho apoyo para los pueblos indígenas”. A mí, aunque
no me den apoyo, aunque no me den un peso, con tal de que se haga
justicia con todo lo que hay en este momento, porque ahorita yo ya
la viví y me duele mucho escuchar a otras personas y verlo en otras
personas. Me duele porque me hace revivir y me hace recordar todas
las cosas que me pasaron a mí y a mi familia. Y, por ejemplo, como
dijo mi hija, mi hijo que falleció a los 5 meses y los 3 años de que me
quitaron de libertad, eso no se puede regresar. Nunca se puede
recuperar.
Yo le pediría en éste momento, a quien nos esté escuchando, como
el presidente de derechos humanos… porque recurrimos con mi
familia a diputados, a senadores, a gobernadores y decían que no
podían hacer nada porque era un delito muy grave. Y entonces
llegaban y me decían: “ya fuimos con éste, pero no nos atendió, no
nos dijo nada”, y en ese momento me ponía a llorar. Yo lloraba
mucho, y una compañera me decía: “no llores doña Jacinta, ya sabes
que nosotras aquí te apoyamos, te ayudamos”. Y las personas que
me apoyaron son las que llevaban un delito muy grave. A veces dicen
que son los malos, pero para mí son los que fueron mejores amigos
porque me apoyaron cuando yo no sabía hablar, cuando no entendía
bien las palabras, cuando no sabía qué decir... Ellos me dijeron qué
significaban las palabras que yo no entendía. Por eso no de daba
miedo, porque yo no sabía que era un secuestro, me dio miedo
cuando ya uno me dijo: “pues quién sabe si te vas o no te vas, porque
el delito por el que te están acusando es un delito grave. Yo vengo
por homicidio y es más fácil que me vaya yo que tú”. Y en ese
momento pensé: “¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me va a
ayudar? Más que pedirle a Dios que me ayudara. Mi esposo me
decía: “no llores ni tengas miedo, nosotros estamos luchando”. Y mis
compañeras me decían: “no llores, hay personas que están aquí y
salen y ya no están sus hijos. Tú sabes que tienes una familia bien
unida que te está esperando allá fuera: tus hijos, tus nietos... ellos no
te van a dejar sola”. Pero es muy difícil para quien está dentro y para
la familia que está fuera. Y me dijo mi esposo “te estamos apoyando
porque sabemos que no has hecho nada. Si hubieras hecho, yo creo
que es otra cosa”.
Y yo digo que no nada más los pueblos indígenas, indígenas y no
indígenas si no son culpables yo les pido a las autoridades que
chequen bien el expediente, que no esperen a mañana, hasta que se
muera su familia para dejarles salir; no esperen hasta que se
enfermen dentro de la cárcel para ver estos casos.
Yo, cuando llegué a la cárcel, supe que sí hay mucha gente
injustamente encarcelada; decía una compañera, discúlpenme por la
palabra, pero así lo dijo la compañera: “las cárceles se hicieron para
los pendejos, como nosotros que estamos aquí; no se hicieron para
otras personas”. Y eso me di cuenta que sí era cierto, porque ahí
conocí a personas pobres, a ninguna persona rica conocí.
Entonces les pediría que hicieran algo, que fueran a revisar los casos,
que no esperen a que se mueran sus familias. Pónganse en su lugar,
el de ellos y de nosotros; que ya sufrimos y vivimos, y es muy difícil
estar ahí y más cuando pierdes a un ser querido, un hijo, un familiar,
mamá y papá. Cuando nosotros no queremos dejar un niño, no
queremos dejar una mamá, un papá. Entonces sí, durante 3 o 4 años
te prohíben tu libertad. En este momento yo no estoy para estar
contenta sino para decirles que ojalá que otras personas sean
escuchadas y se haga justicia. Eso es lo que estamos esperando y,
al estar aquí, eso es lo que queremos que vean. Hay muchos que
está su familia esperando ahorita, pero ojalá que con esto, que es
algo importante y especial, recordemos tanto a los que salieron sin
pedirles disculpas ni perdón pero ojalá que de aquí en adelante, a
todos los que salen injustamente, les pidieran una disculpa y perdón;
yo creo que todo eso es lo que necesitamos.
CentroProdh.org.mx. Ciudad de México, 22/02/17
http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2264:jacinta-alberta-y-teresa-reciben-las-disculpas-de-la-pgr-es-una-victoria-qhasta-que-la-dignidad-se-haga-costumbreq&catid=209:front-rokstories
Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética”
El reconocimiento de inocencia en el caso de las indígenas hñähñu Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González –presas durante tres años– y las disculpas públicas del titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, pusieron nuevamente en evidencia la incapacidad del Estado mexicano para impartir cabal justicia.
De los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano reparación a las víctimas, en ninguno ha cumplido de manera integral, sostiene Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México.
Y cita como ejemplos los casos de Campo Algodonero, de Rosendo Radilla, de las indígenas me’phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
–¿En qué estado se encuentra el tema de la reparación integral a las víctimas por parte del gobierno en México? –se le pregunta.
–Hay que ver de dónde viene la tradición jurídica de la reparación. La reparación del daño está vinculada tradicionalmente a que un organismo internacional como la Corte Interamericana mandate al Estado realizar actos de reparación ante la violación a los derechos humanos. Una forma puede ser de índole económica, para devolver a las víctimas los gastos en que incurrieron debido a las situaciones de violación a sus derechos; una segunda, la restitución, la menos común por la dificultad que entraña que las cosas regresen al estado en que estaban antes de ser violentadas sus garantías; una tercera es de carácter moral y puede ser una disculpa pública o poner el nombre de la víctima a una calle emblemática; una cuarta son las manifestaciones o las formas que tienen que ver con la reparación física y psicológica de una persona, y la quinta es la garantía de no repetición.
La reparación tiene que comprender que los hechos no vuelvan a ocurrir: “Esto es muy importante. Tengo algunos años trabajando con víctimas y lo interesante es que todas tienen una frase común, todas piden que las cosas que vivieron no le ocurran a nadie más. Esa es la garantía de no repetición”.
La disculpa, un avance
Sostiene Reneaum: En México, las formas de reparación del daño han estado vinculadas al ámbito interamericano. La sentencia a Rosendo Radilla es un caso emblemático por la forma en que se constituyó después de una garantía de no repetición y reparación del daño. Se dio a través de una reforma constitucional que después devino en reconocer que todos los derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales tenían un reconocimiento constitucional.
Para la representante de AI, es interesante que en el caso de las tres indígenas hñähñu que estuvieron más de tres años presas acusadas de secuestrar a seis agentes federales y de narcotráfico, por primera vez la reparación la mandató un tribunal federal, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Añade: “La disculpa pública en un acto solemne, público, por parte del titular de la PGR, Raúl Cervantes. Moralmente repara mucho a las víctimas, de alguna manera las reivindica y las reconstituye, pues es una forma de decir: ‘Yo no hice nada’… El Estado se equivocó”.
Comenta que la importancia de la reparación integral es que las formas de reparación no son aisladas. Lo adecuado es que coadyuve una con la otra, dice. “Por ejemplo, si a una persona le hacen una disculpa pública, que también le hagan una pecuniaria por el tiempo que estuvo presa y que no ganó dinero; pero también es interesante para las víctimas saber quiénes son los responsables; ponerles rostro, cara, voz, y sancionarlos”.
La representante de AI no cuenta con el número de recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana que el Estado mexicano ha incumplido. Sin embargo, menciona que cifras de la CNDH muestran que hay incumplimiento hasta en 60% de los casos. De las emitidas por la Corte Interamericana, recuerda una que fue resuelta en 2007 en materia de derechos sexuales y reproductivos y que se concluyó con un acuerdo de solución amistosa:
“Se trata del Caso Paulina N., la menor que quedó embarazada al ser víctima de violación sexual. Las autoridades de Baja California obstaculizaron la interrupción de su embarazo. En el acuerdo (con la Corte) el Estado mexicano se comprometió a poner la pastilla del día siguiente como un medicamento de la canasta básica de medicamentos. Eso aún es un pendiente porque en algunas entidades la pastilla no se vende.”
Otros casos
La directora ejecutiva de AI México refiere que la sentencia del Campo Algodonero fue muy importante, pues también marcó la comprensión de la violencia contra las mujeres. Dice que de ésta se cumplieron las partes menos complicadas –entre ellas la de legislar–, pero aún se desconoce quiénes son los responsables o cómplices de los delitos.
“El Estado suele incumplir con frecuencia la conducción del proceso penal de manera eficaz y en la parte de hacer visibles a los responsables y sancionarlos, así como la rendición de cuentas cuando hay funcionarios involucrados en un proceso de irregularidad”, afirma.
–¿Cómo califica el que se cumpla con una parte y con la otra no?
–Es más fácil cumplir con las partes “cosméticas”, como una disculpa pública, una reforma legislativa o pagarle a las víctimas. Lo pendiente es que los hechos no se repitan. México tiene la sentencia del Campo Algodonero y al día de hoy tenemos alertas de género en Jalisco, Morelos, Edomex…
–¿Ninguna víctima ha sido reparada integralmente?
–No… Las víctimas de violaciones a derechos humanos nunca se sienten del todo reparadas. La hija de Jacinta Francisca lo ilustró totalmente cuando le dijo al titular de la PGR: “No estamos contentas de estar aquí, porque el tiempo perdido nadie lo recupera”. Y así es en su caso, pues un hijo de Jacinta murió al par de días de que ella quedó en libertad.
El caso de Jacinta, Alberta y Teresa, detenidas el 26 de marzo de 2006, fue atraído por la SCJN en 2010, después de que un juez les ratificó la sentencia de 21 años de cárcel. Meses antes, en septiembre de 2009, Jacinta quedó en libertad “no por ser inocente, sino porque no encontraron pruebas para inculparla”, argumentó la PGR.
Olga Sánchez Cordero, entonces ministra de la Primera Sala, comenta que ella propuso que la Corte atrajera el caso en apelación extraordinaria. Eso determinó la libertad de Alberta y Teresa.
–¿Hay otros casos tan evidentes de violaciones al proceso penal de las víctimas que la Corte pudo haber atraído en algún momento?
–En apelación extraordinaria podía haber, sí, pero nosotros revisamos en amparo directo, por ejemplo, el caso del acusado de los homicidios de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez. Le decretamos la libertad, pero ya había pasado todas las instancias judiciales. Entonces, sí hay asuntos que la Corte ha atraído en amparo, no en apelación.
Acerca de si hay asuntos graves que pueda atraer la SCJN en apelación extraordinaria en este momento, Sánchez Cordero explica: “Integré la Primera Sala durante 21 años. Le puedo decir que la Corte no atrae apelaciones porque les resta instancia a los justiciables. Por los candados que hay en la propia Constitución, los casos que la Corte vea tienen que ser extraordinarios.
–¿En el caso del Campo Algodonero la Corte pudo atraerlo?
–No, porque ahí lo que se reclamó ante la Corte Interamericana es la falta de investigación de la PGR. Estos casos no llegan ni siquiera a tribunales; se quedan en la instancia de las procuradurías, que no investigan.
Habla también de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien también agotó todas las instancias: “Nosotros resolvimos sobre un amparo directo en revisión, como una especie de cuarta instancia. Hubo violaciones flagrantes al debido proceso”.
Otro caso es el de Sebastiana, una indígena chiapaneca a quien se le decretó la libertad desde la Corte por falta de atención al debido proceso. Las de Rosendo Radilla, Atenco y Tlatlaya son investigaciones que aún están en la PGR.
–Uno de los objetivos de la reparación es la garantía de no repetición. ¿Por qué el Estado mexicano repite los mismos hechos? –se le pregunta a Sánchez Cordero.
–Ocurre en una responsabilidad internacional, o sea si el Estado mexicano tiene una actuación de repetición, la consecuencia sería esa.
–¿Por qué el Estado insiste en repetir los mismos hechos?
–En el caso de Jacinta, la disculpa pública es parte del reconocimiento del Estado mexicano de los errores judiciales y de los errores en que incurrió y de la no repetición; eso es clave. Por eso es trascendente este reconocimiento de inocencia y esta disculpa pública. (El Estado) está obligado a no repetir este tipo de acusaciones que no tienen sustento.
–Si no hay castigo para los culpables, ¿no hay una reparación completa?
–Después de esta disculpa pública y de este reconocimiento de inocencia, cuando menos tendrían que investigar a los agentes que denunciaron. Este es mi punto de vista: que se tiene que seguir la investigación sobre esto, darle vista al Ministerio Público para que continúe con las atribuciones, facultades y competencia que le son asignadas por la Constitución.
En el caso de Jacinta, Teresa y Alberta la reparación no llegó hasta conocer y sancionar a los responsables. De acuerdo con la oficina de Comunicación Social del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el organismo no gubernamental que llevó su defensa, eso no formó parte del reclamo.
Patricia Dávila. Ciudad de México, 27/02/17
http://www.proceso.com.mx/475933/jacinta-alberta-teresa-una-disculpa-cosmetica
1470. Amnistía Internacional: La incompetencia y la inercia manifiestas favorecen la epidemia de desapariciones en México
La
incompetencia que afecta a todo el sistema y una ausencia total de voluntad por
parte de las autoridades estatales y federales de México para investigar la
desaparición de miles de personas y buscarlas debidamente están alimentando una
crisis de derechos humanos de dimensiones epidémicas, afirma Amnistía
Internacional en un nuevo informe.
En “Un
trato de indolencia”: La respuesta del Estado frente a la desaparición de
personas en México, la organización de derechos humanos expone cómo se reflejan
en el estado septentrional de Chihuahua y el resto del país las graves
deficiencias de la investigación sobre la desaparición forzada de 43
estudiantes en el estado meridional de Guerrero en septiembre de 2014. Según
datos oficiales, sigue sin conocerse el paradero de más de 27.000 personas,
muchas de ellas víctimas de desaparición forzada.
“La
incesante ola de desapariciones que se ha adueñado de Chihuahua y la
irresponsabilidad total con que se está manejando la investigación sobre la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponen de manifiesto el
desprecio absoluto de las autoridades mexicanas por la dignidad y los derechos
humanos”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía
Internacional para América.
“Por
desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México
que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana. En las contadas
ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de
ser una mera formalidad para aparentar que se está haciendo algo.”
Incompetencia
En muchos
casos de desapariciones denunciadas, la víctima fue vista por última vez cuando
era detenida por la policía o el ejército. Sin embargo, México carece de un
registro detallado de detenciones, lo que permite a las autoridades negar toda
responsabilidad y lavarse las manos ante la comisión de desapariciones
forzadas.
Cuando los
familiares acuden a la policía para dar parte de una desaparición, las
autoridades suelen acusar a la víctima de pertenecer a un cártel de la droga y
afirmar que las desapariciones obedecen a luchas de poder entre bandas rivales.
La búsqueda de la persona cuya desaparición ha sido denunciada se aplaza por
sistema, o nunca llega a ponerse en marcha. En las raras ocasiones en que
realmente se llevan a cabo investigaciones, suelen ser tan defectuosas que
apenas dan resultados.
En el caso
de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que el gobierno
no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien
documentado. Se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los
estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal y entregados a una
banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La
teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada
tajantemente por un órgano internacional de expertos nombrado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que era imposible en las
circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con
pruebas.
La
deficiente investigación realizada hasta la fecha no ha esclarecido mínimamente
la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni
fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se
reunieron pruebas balísticas pero no se examinaron para encontrar rastros de
sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material
probatorio fundamental.
El equipo
investigador de Amnistía Internacional descubrió casos análogos de
incompetencia en la investigación de desapariciones ocurridas en el estado
septentrional de Chihuahua, y al menos un caso de encubrimiento por parte de
las autoridades de dicho estado. Desde 2007, casi 1.700 personas han desaparecido
en todo Chihuahua.
En la
mayoría de los casos las autoridades no adoptaron medidas fundamentales para la
investigación, como hacer comprobaciones telefónicas, bancarias y financieras
de las víctimas o los sospechosos, usar la señal de geolocalización de los
teléfonos móviles o revisar los datos procedentes de las imágenes de las
cámaras de seguridad instaladas en la zona donde la persona desapareció.
Estos
graves fallos obligan a los familiares de las personas desaparecidas a asumir
la carga de buscar a sus seres queridos. Algunos recorren el país en su busca,
otros contratan a detectives privados y reúnen pruebas por su cuenta.
Normalmente,
la información que aportan las familias sólo sirve para engrosar el expediente
del caso; rara vez es sometida a un examen escrupuloso por las autoridades para
establecer nuevas líneas de investigación o comprobar todas las pistas
disponibles.
José
Rosario Hernández fue víctima de desaparición forzada la tarde del 23 de
octubre de 2011: una patrulla de policía municipal lo detuvo cuando iba en
coche con dos amigos por la Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Sigue
sin conocerse su paradero.
En los días
que sucedieron a su desaparición, las autoridades se negaron a facilitar
información de cualquier clase a su familia. Funcionarios de las oficinas de
policía municipal y patrulla de carreteras negaron incluso que hubiera sido
detenido, a pesar de que una grúa se había llevado el automóvil de José Rosario
por orden de las autoridades y había testigos de su detención.
La familia
identificó al agente que había detenido a José Rosario y lo desafió a contar lo
que había pasado, pero él se negó. Finalmente se detuvo al agente, gracias al
empeño y las reiteradas peticiones de la familia y sus representantes letrados.
Está previsto que su juicio comience en enero de 2016. Con todo, la
investigación no ha sido exhaustiva y no se ha intentado obtener información
que ayude a esclarecer el paradero de José Rosario.
La madre de
Brenda Karina Ramírez, joven de 22 años desaparecida el 19 de julio de 2011
después de que unos hombres armados se la llevaran de la casa de unos parientes
en Ciudad Cuauhtémoc, ha asumido la carga de buscar ella misma a su hija
después de que las autoridades no investigaran debidamente el trágico suceso.
Cuando al
fin tuvo acceso al expediente oficial del caso, se encontró con que estaba
prácticamente vacío.
Contó lo
siguiente a Amnistía Internacional: “Lo que hay en el expediente de mi hija es
lo que he entregado yo, nada más.”
El poder y
la influencia de los carteles de la droga también tienen mucho que ver en los
retrasos de las investigaciones.
Los
familiares de otra persona que había desaparecido contaron que miembros de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se negaron a investigar
en cierta zona del estado aduciendo que tenían miedo y no podían ir allí.
Falta de recursos
Los graves
defectos de las investigaciones también están causados por la falta de
inversión en las procuradurías que se encargan de hacerlas. Las autoridades están
sobrepasadas, con un volumen de casos inmanejable y excesiva rotación del
personal.
“La
incapacidad del gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones
mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de
personas”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas.
“Las
autoridades mexicanas deben elaborar una política pública destinada a evitar
estas tragedias para impedir que ocurran más desapariciones. Deben poner en
marcha investigaciones efectivas y buscar eficazmente a las personas
desaparecidas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar
reparaciones adecuadas a las víctimas.”
El 10 de
diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un proyecto de ley
al Congreso para abordar la crisis de desapariciones. Sin embargo, este
proyecto no cumple las normas internacionales en algunos aspectos
fundamentales. El Congreso de México debe mejorar sustancialmente el documento
para que sea un instrumento eficaz a la hora de garantizar verdad, justicia y
reparación a las víctimas y de impedir que ocurran más desapariciones.
Amnistía Internacional.org.mx. México, 01/ 14/16
Un trato de indolencia: La respuesta del estado frente la desaparición de personas en México.
En México
las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales
que estén encaminadas a encontrar la verdad y lograr justicia y reparación para
las más de 27,000 personas desaparecidas. Amnistía Internacional ha documentado
las deficiencias del Estado para buscar a las personas que han sido
desaparecidas y a conducir investigaciones efectivas que lleven a la
identificación y sanción de los responsables. En este documento, Amnistía
Internacional analiza el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de
Ayotzinapa, y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de
Chihuahua.
Amnistía Internacional.org. 01/14/16
1459. Promesas en el papel. Impunidad diaria. La epidemia de Tortura en México
Un año después de la publicación
del informe de Amnistía Internacional Fuera de control: Tortura y otros malos
tratos en México, la tortura persiste en el país, y el número de denuncias
recibidas por las autoridades federales ha ido en aumento. El gobierno se ha
comprometido a prevenir y sancionar la tortura, aunque su promesa aún tiene que
traducirse en cambios en la vida de la gente, como llevar a los responsables
ante la justicia u otorgar reparación completa a las víctimas. La iniciativa de
Ley General contra la Tortura actualmente en el Congreso debe abordar la fuente
de la impunidad en torno a esa práctica. Sin un diseño y mecanismos de
vigilancia e implementación adecuados, únicamente consagrará los problemas
existentes. Amnistía Internacional insta al gobierno de México a que adopte
medidas urgentes para erradicar la tortura y garantizar que médicos oficiales,
expertos forenses y agentes del ministerio público dejen de apartar la vista
ante este fenómeno generalizado.
Amnesty International.org. México, Distrito Federal, 22/10/15
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/2676/2015/es/
1457. El gobierno mexicano debe implementar recomendaciones de la CIDH y enfrentar la crisis en materia de derechos humanos que vive el país
Frente al informe preliminar
emitido el pasado 2 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la Secretaría de Gobernación señaló que no refleja una
situación generalizada del país, por el contrario, da cuenta de la situación de
sólo 6 de las 32 entidades del país y de algunos casos específicos aislados.
México debe reconsiderar su posición e implementar de manera inmediata las
recomendaciones de la CIDH, enfatizó Amnistía Internacional.
En su informe, la CIDH puntualizó
la brecha que existe “entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad
cotidiana que viven millones de personas en el país”. Calificó la situación
actual como una “crisis de graves violaciones de derechos humanos”,
caracterizada por niveles críticos de desapariciones forzadas, asesinatos y
ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento interno forzado y
violencia contra personas defensoras y periodistas. Así mismo, se hizo hincapié
en el carácter endémico de la impunidad y consideró que la militarización de la
seguridad pública es la principal causa de los altos índices de violencia y de
las violaciones graves a derechos humanos.
“México debe cambiar la cultura
prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, demostrar que está
preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y dar pasos
firmes para pasar del discurso al desarrollo de planes integrales y medidas
concretas para resolver los problemas estructurales en materia de derechos
humanos” señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional
México.
“De igual manera, para que las
recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto real
en los derechos humanos, es necesario que el gobierno mexicano reconozca la
magnitud de las violaciones a los mismos. No se podrá hacer frente al problema
mientras no se admita que existen diferentes patrones de violaciones a derechos
humanos profundamente arraigados y no así un contexto de aislados y
extraordinarios casos.” añadió Quiroz.
AmnistíaInternacional.org.mx. México, Distrito Federal, 07/10/15
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