Nueva York, Estados Unidos.
La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y
económico en todos los países de América Latina según un nuevo informe del
Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) lanzado hoy en su sede en Nueva York.
Pero no basta sólo con medidas de control del delito; para una reducción
duradera de la inseguridad en la región, el Informe Regional de Desarrollo
Humano (IDH) 2013-2014 recomienda políticas orientadas hacia la mejora de la
calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia por
medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia
eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social.
Ell IDH “Seguridad
Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”
revela una paradoja: en la última década la región ha sido escenario de dos
grandes expansiones, la económica pero también la delictiva. Pese a las mejoras
sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo.
Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha
aumentado en América Latina, que registra más de 100 mil asesinatos cada año,
llegando a superar un millón de asesinatos entre 2000-2010. Si bien la tasa de
homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países,
todavía es alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos
por cada 100,000 habitantes, nivel considerado epidémico. En todos los países
analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha
triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a
los latinoamericanos.
“La seguridad
ciudadana es un tema delicado que preocupa a tomadores de decisión y repercute
al calor de las campañas electorales,” dijo la Administradora del PNUD, Helen
Clark. “Es un tema crucial para varias regiones, incluso América Latina y el
Caribe, porque sin paz no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede
haber una paz duradera.”
“No hay una solución
mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero este grave
problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política de largo
plazo,” dijo el Subsecretario General de la ONU y Director del PNUD para
América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz. “Se requiere, en cada país, un Acuerdo Nacional por la Seguridad
Ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la
seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado.”
El estudio se
concentra en seis amenazas principales que se entrecruzan e impactan
negativamente a la región: el delito callejero;
la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la
violencia de género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes
públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado); la violencia por parte
de actores estatales y la delincuencia organizada.
“Si bien algunas
amenazas—como la delincuencia organizada, y especialmente el narcotráfico—
suelen ser utilizadas para explicar la inseguridad, las dinámicas regionales,
nacionales y locales son mucho más diversas”, explica el coordinador del IDH,
Rafael Fernandez de Castro. “Incluso, muchas se originan y se manifiestan en el
ámbito local.”
Una de las
principales lecciones aprendidas en la región es que las políticas de
"mano dura" no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con
altos índices de criminalidad, dice el informe. Las experiencias analizadas
confirman que un enfoque que proteja los derechos a una vida digna y la
integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, que es un
bien público al cual todas las personas deben tener acceso y, como tal, su
provisión es responsabilidad del Estado, resalta el IDH.
MAPA DE LA
INSEGURIDAD
Mientras que en la mayoría
de los países de América Latina la pobreza y la desigualdad disminuyeron en el
periodo de 2004-2010, en más de la mitad de los países analizados la tasa de
homicidio aumentó, incluso en aquellos países con menores niveles de pobreza.
Además, uno de cada tres latinoamericanos señaló haber sido víctima de un
delito con violencia en el año 2012, revela el informe del PNUD.
El aumento de las
expectativas de consumo y relativa falta de movilidad social en la región
impulsan lo que se denomina un “delito aspiracional”, dice el IDH. Además, las
transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado,
así como los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema
escolar han generado condiciones que inciden en la criminalidad. El porte de
armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus
causales, también impulsan el delito según el estudio, que señala que “las
capacidades de los Estados latinoamericanos no han estado a la altura del
desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de
proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad.”
La encuesta de
cárceles que el PNUD realizó en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y
Perú evidencia persistentes retos sociales. Uno de cada tres internos abandonó
el hogar familiar antes de los 15 años (en Chile, uno de cada dos), y entre un
13% (Argentina) y un 27% (El Salvador) nunca conocieron a su padre o madre. La
encuesta también reveló que un 40% de los internos en Chile no acabó la
educación primaria. En todos los países, más de un 80% de los internos
encuestados no completó 12 años de escolaridad.
El informe también
revela una correlación directa entre el crecimiento urbano y el delito: la
mayoría de los países que tuvieron un crecimiento de la población urbana
superior al 2% anual (el crecimiento demográfico natural), también tuvieron
incrementos en las tasas de homicidio, con la excepción de Colombia y Paraguay.
“El problema no es el tamaño de la ciudad, sino la capacidad institucional para
incorporar a los sectores que se encuentran en los barrios en condiciones de
marginalidad”, señala el IDH.
Los jóvenes,
principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la
violencia y, a la vez, son los responsables más comunes de la violencia y los
delitos, según el informe, que también hace un llamado para evitar la
criminalización y estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos
ingresos. El Salvador (92.3), Colombia (73.4), Venezuela (64.2), Guatemala
(55.4) y Brasil (51.6) tienen las cinco tasas de homicidio juvenil más altas
del mundo (por 100,000 jovenes), según datos de la Organización Mundial de la
Salud, del 2011.
El estudio del PNUD destaca
la violencia de género como una amenaza persistente y un obstáculo para el
desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos en la región. Los
registros de violencia intrafamiliar, violaciones y asesinatos de mujeres
(feminicidio) han aumentado en casi todos los países. De los internos que
habían cometido delitos sexuales entre el 75% y el 90% declararon conocer a sus
víctimas antes del delito y entre el 20% y el 40% eran sus familiares, según el
informe.
PERCEPCION DE
INSEGURIDAD
El IDH regional muestra que en todos los casos analizados es
mayor la percepción de inseguridad que la victimización directa. Cinco de cada
10 latinoamericanos perciben que la seguridad en el país se ha deteriorado.
Pero en Honduras, por ejemplo, que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo
(86.5 por 100,000 habitantes), ocho de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en
sus barrios, siguiendo el promedio regional. En contraste, en Chile, el país
con menores tasas de homicidio de la región (2 por 100,000 habitantes) y
niveles bajos de victimización por robo, la percepción de seguridad es menor
que en Honduras: siete de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su barrio.
COSTOS DE LA
INSEGURIDAD
El informe resalta que la inseguridad impacta en al menos tres
dimensiones del desarrollo humano: a la persona, a la cohesión social y a las
instituciones democráticas. También afecta el potencial económico de la región:
sin el exceso de muertes por homicidios el Producto Interno Bruto (PIB) de la
región hubiese sido superior en un 0,5%, lo que equivaldría a una ganancia
potencial de más de US$24 mil millones de dólares en el 2009. Además, América
Latina perdió 331 millones de años de vida en el año 2009 considerando la
pérdida en la expectativa de vida, el tamaño de la población regional y
teniendo en cuenta las tasas de homicidio para 15 países, señala el IDH.
Asimismo, un estudio
del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el informe analizó
los costos de la delincuencia y los niveles de
victimización en cinco países y reveló que Honduras experimenta los más
altos costos con el delito y la violencia en porcentaje de su PIB en el 2010
(10.54%, equivalente a 1.669 millones de dólares), seguido de Paraguay (8,7%,
lo que equivale a 1.742 millones de dólares), Chile (3.32%, es decir 7.215
millones de dólares) Uruguay (3%, o cerca de 1.165 millones de dólares) y Costa
Rica (2.52%, 915 millones de dólares). En todos estos países los gastos
públicos como consecuencia del delito (agentes de policía, jueces, prisiones)
son más altos en todos los países, excepto en Uruguay, donde el costo antes de
la delincuencia (medidas de seguridad, prevención) es mayor.
RESPUESTAS
El IDH
resalta que reformar las instituciones básicas de la cadena de
justicia—policía, jueces, ministerio público y cárceles—es esencial para
responder a la inseguridad ciudadana, con énfasis en reestructurar los procesos
de contratación, administración y profesionalización de los funcionarios para
lograr una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos humanos.
El estudio analizó la proporción de policías y de jueces en distintos países y
realizó encuestas que revelaron bajos niveles de confianza de los ciudadanos en
el sistema de justicia criminal. Excepto Nicaragua y Panamá, más de la mitad de
los latinoamericanos expresaron poca o ninguna confianza en que los tribunales
actuarían de manera confiable en el caso de ser víctimas de un robo o asalto.
Según el estudio del
PNUD el sistema penitenciario está en crisis en prácticamente todos los países
de la región, con distintas intensidades. Algunos factores como las
deficiencias institucionales de las policías y los tribunales, la
sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son retos clave. Además, la
función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido priorizada,
según el informe, “las cárceles se han vuelto espacios que potencian la
violencia, los abusos de los derechos humanos, las redes criminales y la
reincidencia delictiva.” Asimismo, la percepción de los ciudadanos del
encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha limitado el
avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas
alternativas y fomentar la reinserción social, destaca el IDH.
MÁS ALLÁ DEL ESTADO
El informe resalta la importancia de la respuesta de “actores no estatales”,
incluso de los movimientos sociales, y de la cooperación internacional, a nivel
regional y con organismos internacionales. Sin embargo, enfatiza que debido a
la creciente percepción de inseguridad, a la expansión de las clases medias y
al “adelgazamiento” del Estado, la contratación de vigilantes privados ha
crecido en América Latina a una tasa estimada del 10% anual. La región tiene
hoy casi 50% más vigilantes privados (3.811.302) que agentes de policía
(2.616.753), siendo los agentes de seguridad privada de la región los más
armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces
mayor que la de Europa occidental. Este fenómeno aumenta la desigualdad de la
población en términos de capacidad de lidiar con el delito, dice el IDH.
RECOMENDACIONES
El
IDH regional subraya que los esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana deben de tener en cuenta las necesidades y
demandas específicas de los jóvenes y las mujeres. El estudio ofrece 10
recomendaciones basadas en las lecciones
aprendidas de la región: 1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el
delito y la violencia, incluyendo un Acuerdo Nacional por la Seguridad
Ciudadana como política de Estado; 2. Generar políticas públicas orientadas a
proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; 3. Prevenir
la delincuencia y la violencia impulsando un crecimiento incluyente, equitativo
y con calidad; 4. Disminuir la impunidad fortaleciendo las instituciones de seguridad
y justicia con apego a los derechos humanos; 5.
Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente las
comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana; 6.
Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes; 7.
Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio
doméstico-privado y en el ámbito público; 8; Salvaguardar activamente los
derechos de las víctimas; 9. Regular y reducir los disparadores del delito,
tales como alcohol, drogas y armas, desde una perspectiva integral y de salud
pública y 10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la
cooperación internacional.
El IDH regional
concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Undp.org. 12/11/13
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2013/11/12/citizen-insecurity-thwarts-latin-america-s-development-says-undp/
Informe Regional de
Desarrollo Humano 2013-2014
"Seguridad
Ciudadana con rostro humano:diagnóstico y propuestas para América Latina"
Nueva York, Estados Unidos. A pesar de los
avances sociales y económicos en las dos últimas décadas, América Latina sigue
siendo la región más desigual y más insegura del mundo. El Informe de
Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014 del Programa de las Naciones
Unidas Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela nuevos datos sobre como la
delincuencia y la violencia impactan la región y destaca una serie de
recomendaciones políticas para la mejora efectiva en la seguridad ciudadana.
“Por la objetividad y
solidez de su análisis, así como la pertinencia de sus propuestas de reformas
institucionales y políticas públicas, este informe está llamado a ser una
referencia obligada en la discusión y solución de la inseguridad ciudadana, el
principal obstáculo para el desarrollo de América Latina y el Caribe."
- ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN
Ex-Presidente de México y Director del Centro de
Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.
"Las políticas
de seguridad ciudadana son importantes en el mundo entero, con características
particulares en América Latina. Este informe es una contribución a la reflexión
necesaria en el ámbito de seguridad que atañe al ciudadano de manera
prioritaria. En materia de violencia contra la mujer, destaca la necesidad de
prevenirla y combatirla en todas sus formas, desde el hogar hasta el ámbito
público."
- ANA PALACIO
Ex Ministra de Asuntos Exteriores de España;
miembro del Consejo de Estado.
"Este informe
será un referente obligado para entender la seguridad ciudadana en la región y
contribuirá significantemente a los desafíos gubernamentales de mejorar las
políticas públicas de seguridad ciudadana y evitar caer en la tentación fácil
de la mano dura”.
- JOSE MIGUEL INSULZA
Secretario-General de la Organización
de los Estados Americanos.
“Los hallazgos de
este informe representan una carta de navegación para los Gobiernos que, entre
otros, les permitirá orientar sus políticas públicas en la búsqueda de
soluciones comunes al desafío de la inseguridad. El BID contribuyó al estudio de costos de la
violencia, para que los recursos invertidos promuevan sociedades más seguras e
inclusivas”.
- LUIS ALBERTO MORENO
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Undp.prg. 12/11/13
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/idh-regional/
Informe Regional de
Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014
“Seguridad Ciudadana
con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para América Latina”
Nueva York, Estados Unidos. La región
latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional, y
avanza en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el crecimiento
económico y la estabilidad financiera. Sin embargo, algunos desafíos persisten:
en su conjunto la región sufre la pesada carga de la violencia, con más de
100.000 homicidios registrados por año.
La mayoría de los
países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la
clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con tasas mucho más altas
que en otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son
demasiado altos.
Esta realidad llevó
al PNUD a dedicar su Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina
2013-14 al desafío de garantizar la seguridad ciudadana. “Seguridad Ciudadana
con Rostro Humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina” evidencia los
problemas de la delincuencia y la violencia en la región, y ofrece importantes
recomendaciones para mejorar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana.
El informe tiene como antecedentes el Informe de Desarrollo Humano para
Centroamérica del PNUD, “Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el
desarrollo humano“, lanzado en el 2009, y el Informe de Desarrollo Humano del
Caribe, “Desarrollo Humano y el cambio hacia una mejor seguridad ciudadana”,
del 2012.
