Washington,
D.C., Estados Unidos. Cuando asumió la presidencia de México, Enrique Peña
Nieto dijo que su gobierno se centraría en la reducción de la violencia y los
delitos que más afectan a la población. Él también dijo que trabajaría para que
los “derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la
práctica”. A un año del gobierno de Peña Nieto, esas promesas siguen sin
cumplirse.
Hasta
ahora, los resultados de la estrategia del gobierno de Peña Nieto para reducir
la violencia y combatir los delitos que más afectan a la sociedad han sido
decepcionantes. Si bien ha habido una ligera reducción en la tasa de
homicidios, la violencia sigue siendo desenfrenada en partes del país, y el
secuestro y la extorsión se encuentran en niveles récord. Como la Encuesta de
Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para
2013 dejó en claro, más mexicanos se sienten inseguros este año que en los años
anteriores.
Expertos
en seguridad han señalado un ligero aumento en los homicidios relacionados con
la delincuencia organizada para octubre 2013, después de una caída en
septiembre, y en algunos estados, sobre todo Michoacán, la situación de seguridad
ha seguido deteriorándose. Hay acusaciones generalizadas de colusión entre los
funcionarios del gobierno, la policía, y los grupos criminales. Los grupos de
autodefensa están enfrentándose públicamente con las organizaciones criminales,
en gran parte porque el gobierno ha sido incapaz de detener los asesinatos, los
secuestros, la extorsión y otros abusos contra la población.
El
gobierno de Peña Nieto ha intentado distanciarse de las fallidas estrategias
implementadas por el expresidente Calderón, y dijo que pondría un mayor énfasis
en la prevención de la violencia, el trabajo de la inteligencia, y la
coordinación. Sin embargo, hasta ahora su gobierno ha mantenido en gran medida
la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados
igualmente pobres. El ejército sigue desempeñando un papel principal en la
seguridad pública, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informa
periódicamente sobre el número de presuntos delincuentes detenidos, así como la
cantidad de drogas, armas, y vehículos incautados. Estos números permiten al
gobierno afirmar que sus esfuerzos están produciendo resultados, pero indican
poco sobre el impacto de la estrategia en la violencia y la inseguridad.
Además, mientras que la Policía Federal está desempeñando un papel activo en
los operativos contra el crimen organizado, la fuerza sigue plagada de muchas
acusaciones de abuso y corrupción, como fue la detención en octubre 2013 de 13
agentes por participar en una banda de secuestradores en Acapulco. Las casas de
migrantes y las organizaciones de derechos humanos también han reportado
múltiples casos de agentes de la policía federal que han extorsionado a
migrantes en tránsito por México. El anunciado Gendarmería Nacional, que
supuestamente iba a ser un elemento clave en el fortalecimiento de las fuerzas
federales de seguridad, ha sido reducida a unos 5.000 efectivos de civiles
adscritos a la Policía Federal y no estará en operaciones hasta julio de 2014.
En su
primer año de gobierno, Peña Nieto tampoco ha mostrado un claro compromiso con
el respeto a los derechos de la población. Aunque firmó poco después de asumir
el cargo legislación histórica para víctimas de delitos y violaciones a los
derechos humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no se finalizó
hasta octubre, y no está claro si tendrá recursos suficientes en 2014 para
llevar a cabo sus tareas.
De la
misma manera, nueve meses después de la presentación de una base de datos de
personas desaparecidas y extraviadas, que estaba plagado de errores y
omisiones, el gobierno mexicano aún no ha presentado una base de datos depurado
o dejado en claro cómo se está desarrollando una base de datos completa que
incluye todos los casos registrados de desapariciones. Aunque la Procuraduría
General de la República (PGR) creó una unidad de búsqueda para personas
desaparecidas en mayo del presente año, ha sido lento en producir resultados tangibles,
y el gobierno federal no ha desarrollado una metodología clara para investigar
los casos. El desarrollo de las investigaciones sobre casos de desapariciones
forzadas donde están implicados miembros de las fuerzas armadas ha enfrentado
otros obstáculos ya que son investigados en la jurisdicción militar.
Al
respecto, en septiembre, el Senado comenzó a realizar importantes discusiones
sobre la reforma al Código de Justicia Militar. Esta reforma debe garantizar
que violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas
armadas contra civiles sean investigados y juzgados en cortes civiles en lugar
de los tribunales militares. Sin embargo, no se ha fijado una fecha para su
votación, y aún no se sabe si el texto final de la legislación cumpliría con
las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de las
decisiones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta
materia.
Periodistas
y defensores de derechos humanos también están en riesgo. En los últimos meses
el Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha avanzado en su consolidación y
en asegurar su financiamiento. No obstante, la falta de compromiso político con
el Mecanismo sigue siendo un obstáculo y los ataques y las amenazas continúan.
Por ejemplo, durante 2013, se ha registrado unos 100 actos de agresión contra
periodistas y medios de comunicación. El Comité para la Protección de los
Periodistas (CPJ) considera que México es el país más peligroso para los
periodistas en el hemisferio y uno de los más peligrosos en el mundo.
Igual
de importante, las recientes victorias para víctimas de violaciones de derechos
humanos se han logrado a través de la incansable labor de organizaciones de
derechos humanos en México, y no a través de un sistema de justicia que
funciona. Tal es el caso de la reciente orden de la Suprema Corte de México
para liberar aIsrael Arzate, quien fue torturado por soldados y falsamente
implicado en una masacre en 2010, que tuvo lugar en el fraccionamiento de
Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. Arzate fue liberado solamente después de
que organizaciones de derechos humanos mexicanas asumieron su defensa legal y
trabajaron para atraer atención nacional e internacional a su caso. Del mismo modo,
después de pasar 13 años en prisión, el profesor indígena Alberto Patishtán fue
otorgado un indulto por Peña Nieto en octubre de 2013, porque el gobierno
encontró que sus derechos humanos habían sido gravemente violados, en
particular el derecho al debido proceso. Desafortunadamente, Patishtán no
hubiera sido liberado si no fuera por los años de campaña por su liberación por
parte de su familia y de organizaciones nacionales e internacionales quienes
trabajaron para visibilizar las injusticias que había sufrido.
Por su
parte, las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en una manera
generalizada. Entre enero y octubre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos recibió 1.062 quejas contra las fuerzas armadas (del Ejército y la Marina)
y 559 en contra de la Policía Federal, incluyendo casos de privación de la
vida, desaparición forzada, tortura y trato cruel o inhumano.
Durante
su presentación para el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, el gobierno mexicano reconoció sus rezagos en materia de
derechos humanos. En la práctica, sin embargo, parece que las declaraciones del
gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en acciones concretas,
como la investigación y la sanción de policías y soldados que son responsables
de violaciones a los derechos humanos. Hasta que haya más avances para combatir
la impunidad que prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los
derechos humanos en el país seguirá siendo poco más que buenas palabras.
Maureen
Meyer y Clay Boggs. Wola.org. 27/11/13
http://www.wola.org/es/comentario/a_un_ano_del_gobierno_de_enrique_pena_nieto
Peña
Nieto aplica la misma táctica de seguridad de Calderón: WOLA
Washington
D.C., Estados Unidos. Durante el primer año de gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto se han registrado muy pocos avances en materia de seguridad y
derechos humanos, pues se sigue cometiendo una enorme cantidad de violaciones a
esas garantías, en medio de total impunidad, señaló la Oficina de Washington en
América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
Un día
después de que la organización internacional Human Rights Watch diera a conocer
una carta en la que afirma que el supuesto cambio de la nueva administración en
estos temas ha sido únicamente retórico, WOLA formuló señalamientos en contra
del gobierno de Peña Nieto en términos muy similares.
Mediante
un documento firmado por Maureen Meyer y Clay Boggs, el colectivo recordó que
al asumir el cargo, el Presidente prometió reducir la violencia y combatir los
delitos que más afectan a la población, pero hasta ahora los resultados han
sido decepcionantes.
WOLA
destacó que tras una ligera caída en septiembre de este año, los homicidios
relacionados con la delincuencia organizada repuntaron en octubre.
La violencia
sigue siendo desenfrenada en muchas partes del país, y el secuestro y la
extorsión se encuentran en niveles récord, lo cual ha provocado el surgimiento
cada vez mayor de grupos de autodefensa, apuntó.
Resultados
pobres
Lamentó
que pese a las declaraciones de que se apartaría de la estrategia de seguridad
aplicada por Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto ha mantenido en gran
medida la estrategia de seguridad de su predecesor y ha producido resultados
igualmente pobres, con el Ejército desempeñando tareas de seguridad pública en
medio de acusaciones de abusos y corrupción.
De
igual forma, la nueva administración federal no ha depurado la lista de 26 mil
víctimas de desaparición revelada a inicios de este año por la Secretaría de
Gobernación, y su Unidad de Búsqueda de Desaparecidos no ha dado resultados
tangibles y no ha concretado la reforma para acotar el Código de Justicia
Militar.
Además,
se siguen cometiendo violaciones graves de derechos humanos de forma
generalizada –muchas de ellas cometidas por el Ejército, la Marina y la Policía
Federal– y los comunicadores y los activistas de organizaciones sociales aún
son víctimas de intimidaciones y ataques.
Las
declaraciones del gobierno y las buenas intenciones aún no han resultado en
acciones concretas. Hasta que haya más avances para combatir la impunidad que
prevalece en México, el discurso del gobierno sobre los derechos humanos en el
país seguirá siendo poco más que buenas palabras, enfatizó el colectivo
estadunidense.
Fernando
Camacho Servín. La Jornada.unam.mx. 28/11/13
http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/politica/007n2pol
