Londres, Reino Unido. En EE.UU., está cobrando ímpetu la posibilidad de que el
gobierno ofrezca algún tipo de amnistía o indulto al ex contratista de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden. Tanto The New York Times
como The Guardian expresaron su apoyo a la idea. Incluso Rick
Ledgett, jefe del grupo de trabajo de la NSA que investiga las filtraciones de
Snowden, dijo recientemente en el programa de televisión 60 Minutes de CBS que
está abierto a discutirlo.
Nuestra posición siempre ha sido que EE.UU. debería hacer
ejercicio de su discreción para no procesar a Edward Snowden, dadas las graves
deficiencias en la protección de los trabajadores del sector de la seguridad
nacional que denuncian irregularidades.
La ley actual tiene fallas fundamentales en al menos dos
aspectos importantes. En primer lugar, tal como han experimentado anteriores
denunciantes de seguridad nacional, los mecanismos para denunciar, sin
represalias, malas prácticas del gobierno a través de los canales internos son
lamentablemente inadecuados. Incluso un reciente informe del propio panel designado
por el presidente para revisar las prácticas de vigilancia del gobierno de
EE.UU. reconoció el problema. En segundo lugar, en caso de enjuiciamiento en
virtud de la Ley de Espionaje, la ley vigente no reconoce la defensa legal de
que el interés público en el caso de las revelaciones de Snowden sobrepasaba
los daños resultantes de la ruptura de la confidencialidad.
Es cierto que Edward Snowden tenía muy pocos canales internos a
su disposición para denunciar las anomalías. Sin embargo, aunque hubiesen existido
dichos canales, es posible que no hubieran hecho ninguna diferencia, debido a
que el gobierno así había institucionalizado cualquier irregularidad. El
programa de vigilancia que Snowden puso en evidencia —en el que el gobierno de
EE.UU. recopilaba cantidades sin precedentes de información sobre sus propios
ciudadanos y otros en todo el mundo sin su conocimiento— estaba autorizado, y
se está llevando a cabo dentro de un sistema altamente secreto con pocos
controles sobre potenciales abusos. La opinión generalizada dentro del poder
Ejecutivo, ante la ausencia de escrutinio o debate público, era que los
programas no eran problemáticos. Incluso miembros de los comités de supervisión
del Congreso que estaban en desacuerdo carecían de autorización para hablar de
ello.
En estas circunstancias, es razonable que Snowden afirmara que
la única manera que vio para abordar estas irregularidades generalizadas fue
hacerlas públicas (aunque asegura que primero trató de proceder vía los canales
internos). Snowden debería poder presentar una defensa de interés público, sin
embargo, la ley bajo la cual fueron presentados los cargos en su contra no lo
permite.
El gobierno debería reconocer su responsabilidad en esta
situación
Es razonable que EE.UU. tome medidas para desalentar a los
empleados del gobierno a filtrar información clasificada simplemente porque, en
su opinión, es en el mejor interés del país. Pero cuando un gobierno participa
en secreto en malas prácticas al tiempo que hace que sea prácticamente imposible
que nadie pueda denunciar eficazmente ese delito, debería aceptar la
responsabilidad por la conducta resultante. Parte de esa responsabilidad
debería implicar indulgencia hacia Snowden.
A algunos les preocupa que ofrecerle a Snowden algún tipo de
clemencia sentaría un precedente peligroso. Pero hay una manera de resolver ese
problema: el presidente debería presentar una sólida propuesta para el
fortalecimiento de las protecciones para los informantes de seguridad nacional.
Si los denunciantes del futuro tuvieran a su disposición una manera eficaz para
denunciar las irregularidades, probablemente habría menos necesidad de salirse
de los canales oficiales. EE.UU. también debería adoptar medidas robustas para
aumentar la transparencia en torno a asuntos de gran importancia pública, tales
como los programas de vigilancia que Snowden puso en evidencia. Por último,
EE.UU. debería establecer una defensa de interés público para los cargos por
violación de las leyes de confidencialidad, que podría utilizarse en los casos
en que, a pesar de la existencia de canales de información oficiales más
rigurosos, las personas todavía podrían sentir la necesidad de salirse del
sistema para denunciar eficazmente cualquier posible abuso. Es hora de que el
gobierno asuma la responsabilidad por sus propias fallas en el caso Snowden y
cree un nuevo camino hacia adelante.
Laura Pitter. Hrw.org. 15/01/14
http://www.hrw.org/es/news/2014/01/15/el-caso-de-snowden-acentua-la-necesidad-de-una-reforma-para-proteger-informantes
