Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y
defensores de derechos humanos en México
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con
ARTICLE 19, oficina para México y Centroamérica, y SocialTIC, hemos documentado
76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas
y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y
julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados en contra de científicos
y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.
En cada caso, una o más personas recibieron mensajes con
enlaces infecciosos vinculados a la infraestructura de Pegasus.
Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que
solamente puede ser comercializado a gobiernos. En los últimos años, se ha
reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han
adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa
Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de
vigilancia.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje
SMS en su teléfono, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer
clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el
mensaje de un familiar o amigo. Si la persona hace clic en el enlace, su
teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante,
entre otras cosas, tener acceso a todos los archivos guardados en el
dispositivo, así como controlar la cámara y el micrófono del celular.
A través de este informe hemos registrado que todos los
objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir
coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas. Resulta
preocupante que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores
de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor; todas, con
un actor en común: el gobierno federal.
Por ejemplo, personal del Centro Prodh recibió intentos de
infección durante coyunturas como el décimo aniversarios de la represión en
Atenco, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la presentación del
informe final del caso Ayotzinapa por parte del GIEI. En el caso de Aristegui
Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos como la exoneración
del presidente Peña Nieto por el conflicto de interés de la casa blanca o la
publicación de reportajes relacionados con la figura presidencial.
Otro de los objetivos, Carlos Loret de Mola, recibió
intentos de infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en
Tanhuato, Michoacán. Por su parte, personal del Instituto Mexicano para la
Competitividad fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la
discusión de la ley 3 de 3, en tanto que dos periodistas de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes tras la publicación del reportaje
sobre la red de empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte, en el cual
colaboró la organización.
A la luz de las normas de derechos humanos y el marco
jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de
espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas
anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente. Por el contrario,
los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones
a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación
exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y
castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales.
El documento puede descargarse y está disponible bajo una
licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Ciudad de México, 19/06/17
‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas
y periodistas en México
Destacados defensores de derechos
humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados
por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que,
en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa se encuentran abogados que
investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista
que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas
más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de
abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han
alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un
adolescente.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han
gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de
origen israelí.
El software conocido como Pegasus se infiltra en los
teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la
vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de
texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el
micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de
la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que
vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que
solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles
de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The
New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido
utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del
gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin
precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la
corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan
Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien
redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y
el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un
análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la
democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.
Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son
indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan
cuestionamientos legales y éticos sobre un gobierno que enfrenta fuertes
críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede
autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los
funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa
solicitud. Es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación
judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron
varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.
“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una
orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, dijo Eduardo Guerrero, un
exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de
las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo
sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la
protección de los derechos humanos?”.
“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”,
agregó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para
hacerlo”.
Los intentos para realizar hackeos fueron muy
personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para
inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el
caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un
operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le imploró
darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La
esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que
le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El gobierno mexicano reconoce haber recabado información de
sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen
democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la
seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”,
señaló un funcionario. No obstante, el gobierno “rechaza categóricamente que
alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de
comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas
anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del
gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y
activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.
Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno
sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó.
Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente
quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha
utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas
dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están
involucrados.
“Básicamente, es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis
Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que confirmó que los
teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.
Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los
cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el
programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que
se ha instalado la tecnología.
NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos
en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una
vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de
inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de
saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo
usadas.
La compañía simplemente le cobra a sus clientes
gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a
diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares,
además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de
comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de
su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede
entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el
hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una
inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados
a la autoridad legal competente… por lo que los gobiernos terminan siendo los
responsables de vigilarse a ellos mismos.
Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo
poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de
varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o
actualizaciones del software.
Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado
ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han
presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus
herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
El paso de la esperanza a la intimidación
Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los
derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros
enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado
por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios
que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, como es el caso de México.
El presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012
con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México
en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a
la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.
No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de
esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de
43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las
acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un
constructor que después recibió varios contratos públicos.
Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente
cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato –un político enérgico dispuesto a
trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo
han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven
los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los
periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores
que no han permitido que sean olvidados.
“Este era un gobierno que pasó de establecer la agenda a ser
reactivo”, dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que
recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono
con el programa Pegasus. “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos
están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'”.
México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación
que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado
autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la
prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una
crisis con respecto a esos temas.
El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante
cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.
“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta
tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que
exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos,
dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García,
director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a
identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es
a favor del pueblo”.
Un caso cercano al presidente
Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la
reputación del presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado
tan caro por haberlo hecho.
Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la
“Casa blanca”, una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un
arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del gobierno
que tiene una relación de vieja data con el mandatario.
La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la
esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de
dilema ético para el gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en
el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final
el presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras
que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña
prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus
oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus
movimientos.
“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo
Aristegui en una entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.
Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a
recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a
que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a
un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos
a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada
estadounidense sobre su visa.
Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera
clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los
siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a
arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando
muestra de los descuidos del operador.
Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto
también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui,
Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar
encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.
Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de
la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su
sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas.
En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui
“excedió su libertad de expresión y de información” por la publicación de un
libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.
En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre
irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni
siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha
decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.
“He optado por creer que mi trabajo público es lo que me
protegerá”, dijo Aristegui. “El gran reto para los periodistas y los ciudadanos
es que el miedo nos sirva y no nos conquiste”.
Amenazas vía mensajes de texto
Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa
con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas
de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa… y
después un extraño mensaje de texto.
Habían pasado largos meses de una campaña para que se
aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de
México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de
intereses financieros.
En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio
sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que
confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la
corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas
en medios en los que llegó a burlarse de que el gobierno gastaba más en comprar
café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.
El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con
políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas —director
general del Instituto Mexicano para la Competitividad— ayudó a redactar.
Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje:
“En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del
velatorio, espero puedas venir”. Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó
que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los
contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.
Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más
de 630.000 firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que
discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio
informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono
celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: “La
historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad”.
Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque
sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.
Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él,
los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía
ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas
mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y
le explicó que era un intento de acoso. “Esta gente otra vez”, respondió ella.
Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente
intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión
para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas
con contratos públicos –en total se verían afectados alrededor de 30 millones
de mexicanos– tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El
presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser
discutida con mayor profundidad.
Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde
nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas
que se beneficiaban con el dinero del gobierno. La iniciativa estaba atorada,
pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: “Oiga
afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, let tome fotos
vealos y cuídese (sic)”.
Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el
mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se
asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No
había nada.
“Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico
en este asunto del hackeo”, bromeó Pardinas.
Gajes del oficio
A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La
mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos
humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día
siguiente: un pánel internacional que fue a México para investigar la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final.
Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.
Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia,
incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las
personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los
estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el gobierno.
Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había
estado esperando: “EL GOBIERNO DE MÉXICO SALE AL FRENTE DEL GIEI”, decía el
texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe.
Parecía ser la noticia que estaba esperando.
Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero
en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo
redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa
a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el
gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.
Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de
defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en
varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha
sido un gran crítico del gobierno.
Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron
atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las
familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada
estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.
“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”,
dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado
considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener
evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están
amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para
intentar detenernos”.
Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh
representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de
Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un
cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que
los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como
argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas
por soldados.
Entre los clientes de la organización también se encuentran
las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas
y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las
protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas
a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.
Además del grave abuso de poder y la violación de las
mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la
represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual
presidente.
Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión
falló a favor de las mujeres, ordenó al gobierno que les diera reparaciones y
que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las
autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía
incluir a Peña Nieto. El caso después fue enviado ante la Corte Interamericana.
Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los
ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso
que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y
policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la
dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.
“Es parte de defender los derechos humanos en México”,
aseguró Brewer. “Son los gajes del oficio”.
Azam Ahmed reportó desde Ciudad de México y Nicole Perlroth
desde Boulder, Colorado. Paulina Villegas colaboró con el reportaje en Ciudad
de México.
Azam Ahmed y Nicole Perlroth, NYTimres.com, Estados Unidos, 19/06/2017
Niega Presidencia espionaje
El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas,
periodistas y defensores de derechos humanos, como publicó The New York Times.
En un texto dirigido al diario, la Administración federal
condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.
"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna
de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje
descrito en su artículo.
"Para el Gobierno de la República, el respeto a la
privacidad y la protección de datos personales son valores inherentes a nuestra
libertad, democracia y Estado de Derecho", indicó Presidencia.
Asimismo, el Gobierno federal llamó a las víctimas de
espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.
ElNorte.com, Ciudad de México, 19/06/17
Condena HRW espionaje a activistas
El espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos
es injustificable, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de
Human Rights Watch (HRW).
"La información publicada por el New York Times (NYT)
es de la mayor gravedad porque constituye obviamente una invasión en la
privacidad de defensores de derechos humanos y periodistas", sostuvo.
"Un hecho de esta naturaleza es especialmente grave
porque no es posible justificarlo. Con una orden judicial se puede, en
cualquier parte del mundo, autorizar la intervención de las comunicaciones de
alguien que esté sujeto a una investigación penal, siempre con la autorización
de un juez. Acá estamos ante una situación absolutamente irregular y que ojalá
se logre esclarecer a la brevedad posible".
En entrevista, Vivanco, quien participa en la 47
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que es de
la mayor importancia que a raíz de la denuncia del NYT se haga una
investigación lo más rigurosa posible, para determinar el origen del espionaje
telefónico.
De probarse que el Gobierno mexicano es responsable del espionaje,
dijo, constituiría un grave abuso contra aquellos que ejercen el periodismo
independiente y de investigación en México y contra quienes defienden derechos
fundamentales.
Silvia Garduño. ElNorte.com, Cancún, México,19/06/17
