Naciones Unidas. La Oficina de la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy profunda
preocupación por la escalada de violencia en Venezuela y muy especialmente por
la muerte de tres personas durante las manifestaciones que han tenido lugar en
Caracas en los últimos días.
Miles de personas han
protestado en las principales ciudades de ese país contra las detenciones de
estudiantes ocurridas recientemente.
La procuraduría
venezolana indicó el jueves que tres personas murieron, 66 resultaron heridas y
69 fueron detenidas como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas
de seguridad y los manifestantes.
En ese sentido, el
portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert
Colville, instó al gobierno de Venezuela a garantizar la libertad de expresión
y de reunión pacífica de los ciudadanos y a promover una investigación
imparcial sobre esas muertes.
“Los autores deben
ser procesados y aquellas personas que sean halladas culpables de los actos de
violencia y de las muertes deben ser castigadas con las penas
correspondientes”, señaló Colville.
También pidió el
inicio de un diálogo pacífico entre las partes para encontrar una salida a la
crisis.
Un.org. 14/02/14
Venezuela debe
investigar la violencia durante protestas
No debe censurarse la
cobertura informativa
Washington, D.C., Estados Unidos. Las
autoridades venezolanas deberían investigar de forma oportuna e imparcial los
hechos de violencia ocurridos durante manifestaciones en distintos puntos del
país el 12 de febrero de 2014, señaló Human Rights Watch. Las
investigaciones no deben ser usadas como pretexto para perseguir penalmente a
opositores políticos o limitar la libertad de expresión.
Al menos tres
manifestantes fueron asesinados y más de 60 resultaron heridos durante
incidentes y enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad. Altos
funcionarios gubernamentales atribuyeron la responsabilidad por las muertes al
dirigente de oposición Leopoldo López, y un tribunal de Caracas libró una orden
de arresto en su contra, según trascendió en la prensa local. El canal
internacional de noticias NTN24, que se transmite por cable, fue sacado del
aire esa misma tarde, e indicó que esta medida se habría adoptado a modo de
represalia por su transmisiónsobre las protestas.
“Venezuela necesita
con urgencia que estos asesinatos sean investigados y que los responsables sean
llevados ante la justicia, independientemente de cuál sea su pertenencia
política”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human
Rights Watch. “Lo que Venezuela no necesita es que las autoridades usen a
opositores políticos como chivos expiatorios o cierren medios de comunicación
cuya cobertura les disgusta”.
El 12 de febrero,
estudiantes y grupos de oposición participaron en más de una decena de
manifestaciones en todo el país en protesta por la detención de estudiantes
durante marchas realizadas pocos días antes. Varias de las manifestaciones que
tuvieron lugar el 12 de febrero culminaron en incidentes violentos, según
indicaron medios de noticias. La organización de derechos humanos Provea
informó que miembros de las fuerzas de seguridad habían empleado armas de fuego
y gases tóxicos para dispersar al menos algunas de las manifestaciones. Human
Rights Watch no tiene información sobre si otras personas presentes, además de
las fuerzas de seguridad, estaban armadas.
En Caracas,
estudiantes marcharon por la ciudad hasta la sede de la Fiscalía General de la
República, donde se produjeron enfrentamientos violentos. La Fiscal General
Luisa Ortega Díaz indicó que dos personas murieron, varias resultaron heridas
—entre ellas agentes gubernamentales— y cuatro automóviles oficiales fueron
incendiados. Los medios oficiales informaron que la sede de la fiscalía fue
“atacad[a] por grupos violentos que se encontraban con los manifestantes”. Un
tercer manifestante fue asesinado más tarde ese día en el municipio Chacao.
Según la fiscal general, 69 personas fueron detenidas durante los incidentes.
El Presidente Nicolás
Maduro acusó a líderes de oposición de haber generado la violencia. El
Vicepresidente Elías Jaua expresó que López era el autor intelectual de los
asesinatos. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, exigió que se
“sancionar[a] con el peso de la ley” a los responsables. El gobierno no ha
difundido pruebas que permitan fundamentar estos señalamientos. En el pasado,
las autoridades venezolanas han recurrido a la amenaza de investigaciones
penales como herramienta política.
El 12 de febrero, la
justicia dispuso la detención de López en relación con los dos asesinatos
ocurridos en las proximidades de la Fiscalía General y por los delitos de
lesiones graves, intimidación pública, incendio a edificio público y daños a la
propiedad pública, según se observa en la imagen de la presunta orden de
detención oficial que fue difundida en Internet por un periódico venezolano.
Los medios indicaron que la justicia había dispuesto la captura de López y el
allanamiento de su residencia.
“Si se confirma que
López ha sido acusado penalmente sin que existan evidencias serias de que
instigó los hechos de violencia, estaríamos ante un evidente abuso de poder”,
expresó Vivanco.
El 11 de febrero,
William Castillo, director de CONATEL, el órgano del Estado que regula a los
medios de transmisión, indicó que la cobertura mediática de incidentes
violentos podía importar una violación de la Ley de Responsabilidad Social.
Castillo hizo referencia al artículo 27 de la ley, que fue sancionada por la
Asamblea Nacional chavista en 2004 y luego reformada en 2010 con el objeto de
prohibir que emisoras de radio y televisión difundieran contenidos que
“fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público”, “desconozcan a
las autoridades legítimamente constituidas” o “inciten o promuevan el odio y la
intolerancia por razones religiosas [o] políticas”.
Este artículo ha sido
aplicado en el pasado por CONATEL para aplicar sanciones al canal venezolano
Globovisión, luego de que transmitiera programación que contenía críticas al
gobierno.
En la tarde del 12 de
febrero, dos proveedores venezolanos de televisión por cable dejaron de
transmitir el canal internacional de noticias NTN24, que había informado sobre
los incidentes violentos durante el día. El canal indicó que CONATEL había
exigido a las compañías de cable que adoptaran esta medida.
Hrw.org 13/02/14
http://www.hrw.org/es/news/2014/02/13/venezuela-debe-investigar-la-violencia-durante-protestas
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