El Fiscal General de
Estados Unidos Eric Holder debería exigir a funcionarios del estado y
autoridades locales de Ferguson, Missouri que impulsen la modificación de
prácticas policiales para asegurar un mayor respeto de derechos fundamentales,
señaló Human Rights Watch. Durante su visita a Ferguson, este 20 de agosto
de 2014, Holder debería además dar su apoyo a reformas federales que podrían
contribuir a superar la consternación suscitada en torno a prácticas policiales
y discriminación racial durante las protestas que han tenido lugar en esa
ciudad en los últimos 10 días.
“La actuación
policial deficiente que hemos visto en Ferguson podría estar ocurriendo en el
resto del territorio de Estados Unidos”, observó Alba Morales, investigadora en
justicia penal estadounidense de Human Rights Watch, quien sigue atentamente la
situación en Ferguson desde el 17 de agosto. “Holder debería exhortar a
funcionarios del estado y locales a que revisen sus reglamentaciones y
políticas sobre intervención policial, pero también debería evaluar si el
gobierno federal está contribuyendo a los problemas que ocurren allí”.
Las protestas en
Ferguson, un suburbio de población mayormente afroamericana al norte de St.
Louis, se desencadenaron luego de que Michael Brown, un joven de 18 años que no
estaba armado, muriera el 9 de agosto como resultado de disparos efectuados por
un policía. Si bien se informaron algunos saqueos, numerosos medios de noticias
y versiones de testigos han calificado a las protestas como mayormente pacíficas.
La Policía ha
respondido con medidas intimidatorias —como apuntar con fusiles de asalto
militares a manifestantes pacíficos y desplegar vehículos blindados— que
cercenan el ejercicio pacífico del derecho de reunión y expresión. Sus miembros
también han aplicado la fuerza de manera presuntamente innecesaria o excesiva,
por ejemplo, al disparar gases lacrimógenos y balas de goma contra la multitud,
y detener arbitrariamente a periodistas que cubrían los acontecimientos.
La respuesta policial
a las protestas también concitó preocupación con respecto a si se puede esperar
algún tipo de rendición de cuentas de las autoridades de seguridad pública,
indicó Human Rights Watch. Algunos policías no llevaban placas identificatorias
ni con números visibles, según señalaron testigos. Al inicio de la respuesta
policial intervinieron cuatro organismos de seguridad pública, pero los
funcionarios en el lugar se negaron a identificar cuál era el organismo a
cargo. Esto dificultó la posibilidad de determinar si cada uno de los
organismos contaba con políticas sobre uso de la fuerza y si estaban siendo
cumplidas.
Varios residentes de
Ferguson expresaron a Human Rights Watch su frustración debido a la aparente
falta de vías claras para denunciar irregularidades en la conducta policial, y
advirtieron sobre la inexistencia de un mecanismo de supervisión policial
transparente y efectivo. Diversos grupos comunitarios han pedido que se
conforme un consejo civil de evaluación policial en Ferguson. A su vez, si bien
el estado de Missouri ha llevado a cabo un seguimiento de datos sobre controles
de tránsito desde 2000, los incidentes motivados por medidas basadas en
criterios raciales van más allá de estos controles, y el estado no informa
exhaustivamente sobre incidentes de uso excesivo de la fuerza por agentes de
seguridad pública, expresó Human Rights Watch.
Missouri y otros
estados interesados en mejorar las relaciones entre la comunidad y la Policía
deberían evaluar la posibilidad de sancionar leyes que exijan a los gobiernos
locales realizar un seguimiento a supuestos incidentes de uso excesivo de la
fuerza por funcionarios de seguridad pública y recabar datos que ayuden a
identificar prácticas que respondan a intencionalidades persecutorias de tipo
racial, observó Human Rights Watch. Los gobiernos locales deberían considerar
fortalecer las facultades de los consejos civiles de supervisión para que
examinen incidentes de presunto uso excesivo de la fuerza por agentes de
seguridad pública, y dicten capacitación a estos funcionarios que contribuya a
reconocer y erradicar prácticas policiales tendenciosas.
El 11 de agosto,
Holder anunció que se iniciaría una investigación federal sobre la muerte de
Brown. Esta se impulsa simultáneamente con una investigación del fiscal del
condado de Saint Louis, Bob McCulloch. El gobernador de Missouri puede dar
instrucciones a la Fiscalía General de ese estado para que investigue también
la muerte de Brown, si McCulloch lo solicita.
Human Rights Watch
instó al Fiscal General Holder a adoptar las siguientes medidas en el ámbito
federal:
· Exigir mejoras en la recopilación de
datos a nivel federal sobre uso excesivo de la fuerza por autoridades de
seguridad pública federales, de los estados, locales y tribales. La legislación
federal (42 USC 14142) exige al Fiscal General de EE. UU. recopilar información
sobre uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad pública, pero no
obliga a las autoridades de aplicación de la ley de los estados, locales y
tribales a presentar información al gobierno estadounidense sobre incidentes de
esta naturaleza. El Departamento de Justicia no ha recabado estos datos de
manera tal que puedan tener un fin útil, o bien no ha estado en condiciones de
hacerlo. Holder debería trabajar con el Congreso para establecer incentivos
destinados a que las autoridades de los estados y locales aporten datos sobre
incidentes de uso excesivo de la fuerza.
· Exhortar al Congreso a que sancione la
Ley para la Erradicación de Perfiles Raciales (End Racial Profiling Act). La
Ley para la Erradicación de Perfiles Raciales, que fue copatrocinada por el
presidente Barack Obama cuando este era senador, aún está siendo tratada en el
Congreso de Estados Unidos. La norma supeditaría en parte la entrega de fondos
federales a una certificación de los organismos de seguridad pública locales,
que garantice que sus miembros han recibido capacitación orientada a erradicar
prácticas que causan o fomentan la aplicación de criterios raciales. La
capacitación destinada a eliminar prácticas que responden a criterios raciales
podría ayudar a funcionarios de seguridad pública locales a identificar
intencionalidades persecutorias y cómo estas pueden afectar las decisiones
relativas a actuación policial y la interacción con miembros de la comunidad.
· Actualización de pautas, y mayor
orientación sobre perfiles raciales a nivel federal. El periódico The New York
Times informó en abril que el Departamento de Justicia estaba próximo a emitir
una versión actualizada y más rigurosa de sus Pautas sobre Uso de Criterios
Raciales por Organismos Federales de Aplicación de la Ley (Guidance Regarding
the Use of Race by Federal Law Enforcement Agencies), que fueron adoptadas
inicialmente por el gobierno de George W. Bush en 2003. La versión actualizada
aún no ha sido difundida.
“Los disturbios en
Ferguson alertan sobre problemas más profundos en las prácticas policiales en
EE. UU.”, aseveró Morales. “La población de Ferguson está reclamando que haya
cambios. Y el Fiscal General Holder debería ofrecerles una oportunidad genuina
de reforma”.
hrw.org. 20/08/14
