La paz no solo es
ausencia de guerra. La concepción de la violencia tuvo una significativa
evolución gracias a hechos históricos y a la contribución de estudiosos en la
materia, que lograron superar la limitada posición que relacionaba la paz
simplemente con la inexistencia de un estado de guerra.
Es indispensable
partir de la importancia vital que tienen las relaciones humanas
interpersonales e intergrupales, que pueden manifestarse en términos de
atracción o antagonismo. Las relaciones atrayentes se construyen sobre la base
del respeto hacia el diferente, aunando esfuerzos para lograr un bien común que
establezca los fundamentos de una propuesta autocrítica y constructiva,
sustentada por una política de justicia y equidad que coadyuve a proyectar una
Cultura de Paz.
Por el contrario, las
relaciones antagónicas se centran en una polarización en torno a las
necesidades, intereses y valores de las partes involucradas, y no logran
encontrar un marco de justicia que las regule, dando lugar a una
internalización de sentimientos y expresiones incompatibles que incuban una
cultura de violencia.
En el medio de estos
enfoques de paz y violencia se manifiestan los conflictos —como una dinámica
normal y continua en las relaciones humanas—, que ponen a prueba la capacidad
de los sistemas políticos para responder a las necesidades fundamentales del
ser humano como el bienestar, la libertad, la identidad y la justicia. Es
decir, si logramos gestionar el conflicto con creatividad, empatía y no
violencia, y los consideramos como energía social, pueden convertirse en una
oportunidad de cambio que permita su transformación constructiva.
Para gestionar los
conflictos, con el enfoque mencionado, existen mecanismos judiciales y
extrajudiciales. El sistema judicial es fundamental para la democracia no solo
porque puede gestionar pacíficamente los conflictos y establecer sanciones,
reparaciones y protecciones, sino porque tiene un mandato de resguardo e
interpretación de la Constitución Política del Estado y de la arquitectura
normativa. En relación a mecanismos extra-judiciales, si bien existen normas
que viabilizan esta posibilidad, es necesario darle una mayor importancia a la
conciliación en sede judicial y a la mediación privada, que coadyuvarían a
reducir la carga procesal de los órganos jurisdiccionales beneficiando a la
ciudadanía que, confiando en esta posibilidad, resolvería de manera consensuada
sus controversias.
El conflicto y su
nexo con la paz y la violencia. Si al contrario, los actores de una disputa
apuestan a la confrontación a ultranza, imponiendo sus puntos de vista y desconociendo
los intereses y derechos de la otra parte, generan un escalamiento del
conflicto forjando acciones violentas que acentúan el distanciamiento entre las
partes y en muchos de los casos erosionan el tejido social, dando lugar a
conflictos prolongados y profundamente arraigados que incluso pueden llegar a
pretender la eliminación del oponente.
Los hechos de
violencia apabullan a la humanidad y permean diferentes espacios territoriales
e identidades culturales, económicas y políticas en nuestro país y en el mundo,
logrando naturalizar y legitimar la cultura de la violencia.
Violencia. Según
diversos estudios, la violencia se sustenta en los siguientes fundamentos
históricos: el patriarcado y la mística de la masculinidad; el poder absoluto y
autoritario; la incapacidad para resolver pacíficamente los conflictos; el
economicismo como fin en sí mismo, que puede convertirse en generador de
desintegración social; la carrera armamentista y los intereses de las grandes
potencias; las ideologías fundamentalistas, el etnocentrismo y el
desconocimiento sobre el otro distinto. A este panorama se suma la
deshumanización y el mantenimiento de estructuras que perpetúan la injusticia,
la falta de oportunidades, la discriminación de género y de sectores vulnerables
en la toma de decisiones.
La paz no solo es
ausencia de guerra. El proceso de concepción de la violencia tuvo una
significativa evolución gracias a hechos históricos y a la contribución de
estudiosos en la materia, que lograron superar la limitada posición que
relacionaba la paz simplemente con la ausencia de guerra, y que expresaron que
para que exista paz se tiene que atenuar diferentes tipos de violencia.
Así, la violencia
estructural es fruto de un determinado modo injusto de organizar la sociedad, la
insatisfacción de necesidades básicas —salud, educación, vivienda y servicios—
y la inequitativa distribución de recursos y oportunidades. Según datos del INE
(Instituto Nacional de Estadística) en Bolivia se observa una reducción de la
extrema pobreza, evidenciándose que entre 1999 y 2011 ha disminuido en 19,83%;
sin embargo, este descenso, que es significativo, se encuentra aún en la franja
de vulnerabilidad, en la medida que si no se consolidan los avances
socioeconómicos, se puede experimentar un retroceso en los logros alcanzados.
En cuanto a la distribución del ingreso per cápita, de acuerdo con el Índice de
Gini, se observa una mejora relativa entre 1999 y 2011, pero aún somos uno de
los países con mayor inequidad en cuanto a distribución de la riqueza.
Un hecho preocupante
es la alta informalidad del empleo: según el CEDLA (Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario), en 2011, 65% de los trabajadores realiza su
actividad en condiciones precarias careciendo de seguro médico, jubilación y
otros beneficios sociales. Asimismo, otro aspecto lacerante, de acuerdo con
informes de la Defensoría del Pueblo y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia), en nuestro país, de cada 1000 niños 85 trabajan en situación
de explotación laboral y se encuentran bajo riesgo social.
Otra expresión de
este tipo de violencia estructural se manifiesta en las deficiencias del
sistema educativo, identificado como un espacio donde se cultiva actitudes
violentas, por sus características autoritarias y por el escaso esfuerzo de la
comunidad educativa de posicionar los derechos humanos en la educación.
Desconfianza. Asimismo, la confianza de la población en las instituciones de garantía de los
derechos humanos es baja; sólo la Defensoría del Pueblo supera la media,
mientras que la institución policial es la de menor confiabilidad, no solo a
nivel nacional, sino a escala latinoamericana. (Cultura política de la
democracia en Bolivia 2014. Hacia una democracia de ciudadanos, Ciudadanía y
Lapop, resumen)
En cuanto al sistema
judicial, actualmente se encuentra en una crisis institucional, un factor a
tomar en cuenta es la alta tasa de carga procesal en materia de instrucción
penal cautelar; en las ciudades del eje, el promedio supera a 3.000 casos por
juez en un solo año. (Henry Oporto, La justicia se nos muere, en Nueva Crónica
#148 de agosto 2014, Instituto Prisma) Otro tema preocupante es que Bolivia es
el país de América con mayor proporción de privados de libertad sin sentencia,
83,6% en 2013. (Oporto, La justicia se nos muere) En cuanto a la población
involucrada en procesos judiciales, la proporción de causas resueltas en los
últimos años fue irregular, sobresaliendo la existencia de procesos que superan
los 21 años de duración. (Un ejemplo muy conocido es la retardación de justicia
en el caso de violación a la niña Patricia Flores, 1999, que tardó 15 años en
dictaminar sentencia condenatoria, en agosto de 2014) Estas condiciones de
retardación afectan a los ciudadanos e impide una gestión oportuna y adecuada
del conflicto entre partes.
La violencia directa
es la más visible, que puede ser física, sexual o psicológica e impide el
desarrollo pleno del ser humano, concentrándose en sectores vulnerables, como
las mujeres, niñas y niños, la tercera edad o los grupos con opciones sexuales
diferentes.
En Bolivia, la
violencia contra la mujer ha llegado a niveles de máxima preocupación: en el
primer semestre de 2014, según los datos del Observatorio “Manuela” (Iniciativa
del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, Cidem), se registraron 98
asesinatos de mujeres, de los cuales 59 fueron feminicidios (de éstos, 21
ocurrieron en Cochabamba, 16 en La Paz, 8 en Santa Cruz, 6 en Oruro, 4 en
Potosí y 3 en Chuquisaca. Fuente: http://www.la-razon.com/ciudades/FELCV-atiende-casos-violencia-intrafamiliar_0_2124387589.html
consultada el 17 de septiembre de 2014) y 39 muertes violentas por inseguridad
ciudadana.
Los niveles de
criminalidad son menores en comparación con otros países de América Latina; sin
embargo, la sensación de inseguridad ciudadana es una de las más altas en la
región, según el Latinobarómetro 2014. Por otro lado, los casos de delitos
comunes de mayor incidencia se han incrementado en el 35%: de 33.813 el año
2000 pasaron a 45.590 el 2012 (http://www.ine.gob.bo/indice/estadisticasocial.aspx?codigo=30902,
fuente consultada el 17 de septiembre de 2014).
Estructuras. La
violencia cultural/simbólica es invisible y ejercida a través de la imposición
de una visión del mundo, de roles sociales, de categorías cognitivas y de
estructuras mentales que incitan a la violencia directa o a legitimar la
violencia estructural. Un ejemplo de esto se expresa en que a pesar de existir
normativa avanzada para la preservación de los ecosistemas, las condiciones
medioambientales en el país están cada vez más deterioradas, afectando la
calidad de vida de quienes cohabitan en esos territorios y, por tanto,
perturban sus condiciones de paz individual y colectiva. Otra expresión de la
violencia cultural es la discriminación por el origen étnico-cultural, también
por procedencia regional y por la vigencia de brechas simbólicas entre los
habitantes de áreas urbanas y rurales. (Fundación UNIR Bolivia,
Representaciones sociales de la Paz y la Violencia en Bolivia, La Paz, 2013).
El camino es la Paz.
Pese a las dificultades mencionadas, los seres humanos realizamos esfuerzos, en
algunos casos notables, para atenuar la violencia en todas sus formas y lograr
una convivencia pacífica. Por ejemplo, en el caso boliviano, Laymes y Qaqachacas
—luego de décadas de enfrentamientos— lograron establecer relaciones
convergentes. En otros países destacan casos como el de madres de Palestina e
Israel que a pesar de perder a sus hijos en enfrentamientos armados conformaron
un espacio de reflexión y acción por la paz (Parent Circle); en Nicaragua,
indígenas de la costa del este y el gobierno sandinista (1981-1984) alcanzaron
una reconciliación esgrimiendo como principios la verdad, la misericordia, la
justicia y la paz; en Colombia se lleva a cabo —en octubre se cumplen dos años
de esto— un diálogo lento, complejo y sostenido entre las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno, que debe aún superar diversas
pruebas de fuego y hacer frente a intereses de diferente índole. Así, podríamos
citar muchos casos que transcurren incluso en el anonimato; lamentablemente,
estas acciones pacíficas no son difundidas ni se les da la importancia que
merecen, porque se tiende a privilegiar la noticia violenta.
Estos esfuerzos de la
sociedad son respaldados por el preámbulo de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DDHH), que considera que el derecho humano a vivir en Paz
constituye la piedra angular de todos los demás y de su interdependencia
recíproca. Esto ha permitido su positivación jurídica y ha favorecido por esta
misma razón que la paz represente la finalidad esencial del derecho a la
educación y constituya la esencia del aprendizaje de la ciudadanía democrática.
Por su parte, la
Constitución Política del Estado en Bolivia es muy explícita y categórica en
expresar la defensa de los Derechos Humanos, tanto individuales como
colectivos, además de que en sus artículos 8 parágrafo II, y 9 y 10, establece
los principios y valores necesarios para la construcción de un Estado pacifista
que promueve la Cultura de Paz.
Somos conscientes de
que es difícil imaginar la paz cuando se convive cotidianamente con realidades
violentas o cuando no se atiende las necesidades fundamentales. Pese a estas
condiciones es imprescindible garantizar su construcción, que necesita de
voluntad política, coherencia y compromiso, así como contar con un enfoque
estratégico y con propuestas que la operativicen como la integralidad, la
interdependencia, la sostenibilidad y una infraestructura que la mantenga.
Antonio Aramayo Tejada. La-razon.com. 28/09/2014
