Demoras
inexplicables, anuncios contradictorios y escasos resultados
Los esfuerzos de
México para abordar la gran cantidad de casos de desaparición forzada y
personas llevadas ilegalmente contra su voluntad, ocurridos en todo el país
durante los últimos años, han estado plagados de demoras inexplicables y
anuncios públicos contradictorios, señaló Human Rights Watch en una carta
enviada al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Si bien el gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha importantes medidas para
encontrar a personas cuyo paradero se desconocía, brindar asistencia a sus
familiares e investigar y perseguir penalmente abusos, los resultados han sido
muy limitados, observó Human Rights Watch.
“Las desapariciones
representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para
México”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de
Human Rights Watch. “Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto está muy lejos de
cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a las miles de personas
cuyo paradero se desconoce, y ahora incluso recorta el presupuesto de la unidad
especial de la PGR que este mismo gobierno creó para ocuparse de estos casos”.
En febrero de 2013,
Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El
persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250
desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón,
incluidos 149 casos en los cuales existían evidencias convincentes de que se
trató de desapariciones forzadas con participación de agentes de diferentes fuerzas
de seguridad del país.
Tras la publicación
del informe, el Secretario de Gobernación Osorio Chong reconoció la existencia
de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de 26.000 personas
que habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas, y prometió
examinar estos casos y determinar con mayor precisión la magnitud del problema.
En mayo de 2014, el
Secretario de Gobernación señaló que la cantidad de personas desaparecidas o
extraviadas había descendido a 8.000. En junio, el entonces subprocurador de
derechos humanos de la Procuraduría General de la República indicó que la cifra
de 8.000 incluía únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña
Nieto. Más tarde ese mismo mes, Osorio Chong anunció en una conferencia de
prensa que todavía se desconocía el paradero de 16.000 personas. En agosto, el
gobierno informó que la cantidad real de “personas no localizadas” era de más
de 22.000, incluidas personas cuyo paradero desconocido había sido denunciado
durante las presidencias de Calderón y de Peña Nieto.
El gobierno indica
que la cantidad de personas que se reportaron como extraviadas durante la
presidencia de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce se ha reducido en
17.000 (de 29.000 a 12.000), mientras que el número de extraviados desde que
Peña Nieto asumió la presidencia se redujo en 13.000 (de 23.000 a 10.000). Sin
embargo, el gobierno no ha proporcionado una lista de personas cuyo paradero
aún se desconozca ni de aquellas que han sido localizadas. En lugar de ello,
simplemente ha generado una base de datos en línea que permite determinar la
situación de personas específicas, pero que prácticamente no aporta información
relevante sobre cada uno de los casos.
“En vez de aclarar el
problema, el gobierno de Peña Nieto ha emitido una serie de anuncios
contradictorios que han suscitado más interrogantes de los que han respondido”,
observó Vivanco. “El gobierno afirma que han aparecido 30.000 personas que no
estaban localizadas, pero no ha revelado quiénes son ni qué les sucedió”.
El gobierno, en
particular la Procuraduría General de la República, ha impulsado diversas
iniciativas, en principio prometedoras, para responder al problema de las
desapariciones, que incluyeron la creación de una unidad especial de la PGR
para investigar desapariciones y buscar a personas con paradero desconocido.
También creó un sistema denominado “Alerta Amber” para buscar a mujeres, niños,
niñas y adolescentes extraviados.
No obstante, estas
iniciativas se han traducido en resultados limitados. Las autoridades han
encontrado solamente a 214 mujeres, niños, niñas y adolescentes a través del
sistema “Alerta Amber” desde 2011, y a 86 personas a través del trabajo de la
unidad especial.
Ninguna persona ha
sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según
información oficial. Entre 2006 y 2013, las autoridades iniciaron 99
averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición forzada a nivel
federal, y 192 en el ámbito de los estados. Durante ese período, solamente seis
personas fueron condenadas por la desaparición forzada de siete víctimas, y
todos estos casos habían ocurrido antes de 2006.
Funcionarios de la
unidad especial dijeron a Human Rights Watch que, a pesar de que el procurador
general de la República había asignado carácter prioritario a esta iniciativa,
no contaban con recursos suficientes para gestionar el gran volumen de casos de
la unidad. Sin embargo, según se informó en la prensa, en septiembre el
gobierno anunció que recortaría en más del 60 por ciento el presupuesto de la
unidad especial.
“Sin apoyo adecuado,
será imposible que los agentes del Ministerio Público a quienes se les ha
asignado esta enorme tarea puedan encontrar a las personas cuyo paradero se
desconoce y llevar a los responsables ante la justicia”, observó Vivanco.
En febrero de 2013,
la Procuraduría General de la República firmó un acuerdo con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva
con información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas
cuyo paradero sea desconocido, que podría ser crucial para esclarecer el
destino de muchas de las personas desaparecidas. No obstante, hasta agosto de
2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo adicional para
que la CICR les donara el software necesario, y el sistema no estaba
funcionando en ninguna de ellas.
De manera similar, el
gobierno cuenta con varias iniciativas para ofrecer apoyo a víctimas de
delitos, incluida la sanción de una Ley de Víctimas que prevé medidas de
justicia y reparación, y la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas y una oficina en el ámbito de la Secretaría de Gobernación, con un
mandato similar al de la comisión. No obstante, la Comisión Ejecutiva no puede
brindarles reparación a las víctimas debido a que el gobierno no ha
reglamentado la ley, un paso necesario para ejecutar el presupuesto de cerca de
500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 38 millones) que ya ha
sido aprobado por el Congreso.
El gobierno tampoco
ha incluido medidas para dar respuesta al problema de las desapariciones en el
Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
adoptado en abril.
El gobierno de Peña
Nieto debería difundir la lista de personas que, según afirma, fueron
reportadas como extraviadas y han sido encontradas, indicó Human Rights Watch.
El gobierno debería además priorizar la investigación penal de presuntos casos
de desaparición forzada y acelerar la implementación en todo el país de la base
de datos donada por la CICR.
Human Rights Watch
mencionó otras medidas que el gobierno debería adoptar, como asegurarse de que
la definición de desaparición forzada sea consistente en las diferentes
jurisdicciones y acorde con el derecho internacional, definir una estrategia
clara de prevención del delito para que no ocurran desapariciones, y asegurar
una colaboración genuina entre autoridades federales y de los estados, así como
entre dependencias federales con un ámbito de actuación similar.
Hrw,org. 08/10/14
Carta de Human Rights Watch a
Miguel Ángel Osorio Chong sobre desapariciones
Sr. Miguel Ángel
Osorio Chong
Secretario de
Gobernación
México, D.F. - MÉXICO
De mi mayor
consideración:
Tengo el honor de
dirigirme a Ud. con el propósito de transmitirle la preocupación de Human
Rights Watch ante los limitados avances de México en casos de desapariciones
forzadas y de personas llevadas ilegalmente contra su voluntad. Si bien esta
grave crisis de derechos humanos comenzó durante el gobierno anterior, han
ocurrido miles de casos durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y
sigue afectando a muchísimos mexicanos en la actualidad.
En febrero de 2013,
Human Rights Watch publicó el informe “Los Desaparecidos de México: El
persistente costo de una crisis ignorada”, donde se documentan casi 250
desapariciones ocurridas durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón.
Como posiblemente recuerde, encontramos evidencias convincentes de que 149 de
esos casos constituyeron desapariciones forzadas, en las cuales estaban
involucrados agentes de todas las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército,
la Marina, la policía federal y las policías locales. También documentamos que
las autoridades en general no investigaban estas desapariciones, ni hallaban a las víctimas o perseguían
penalmente a los responsables[1].
Cabe reconocer que,
en respuesta a la publicación del informe, el gobierno de Peña Nieto admitió la
gravedad del problema y anunció una serie de iniciativas destinadas a encontrar
a personas cuyo paradero se desconocía, y a brindar asistencia a las víctimas y
sus familiares.
Sin embargo, desde
entonces, los esfuerzos del gobierno se han visto eclipsados por demoras
inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas
han tenido resultados muy limitados.
Para evaluar
cabalmente la respuesta del gobierno, Human Rights Watch realizó recientemente
una misión de investigación a México, durante la cual se reunió con un amplio
espectro de altos funcionarios gubernamentales, así como con abogados de
víctimas, especialistas en seguridad pública, representantes de la sociedad
civil y miembros de la comunidad internacional.
Comprobamos que
—aunque algunos funcionarios, especialmente en la Procuraduría General de la
República, están genuinamente comprometidos con avanzar en la búsqueda de
personas no localizadas y proveer asistencia a las víctimas— las actuaciones
del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que
México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis
de derechos humanos.
Determinar la
magnitud del problema
Tras la presentación
de nuestro informe de 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoció la
existencia de una lista, confeccionada por el gobierno anterior, de más de
26.000 personas que habían sido denunciadas como desaparecidas o
extraviadas[2]. Debido a que esta lista era deficiente e incompleta, SEGOB se
comprometió a examinar los casos, eliminar aquellos que ya no correspondiera
incluir en ella y determinar con mayor precisión la magnitud y la naturaleza
del problema de las desapariciones en México.
No obstante,
transcurrió más de un año sin que hubiera novedades sobre la actualización de
la lista. Y cuando este largo silencio finalmente se interrumpió, fue con una
serie de anuncios contradictorios por parte de funcionarios que, más que
aportar claridad, generaron mayor confusión.
En mayo pasado, Ud.
señaló que la cantidad de personas desaparecidas o extraviadas había descendido
a 8.000. Posteriormente, en junio, el subprocurador de derechos humanos de la
Procuraduría General de la República indicó que la cifra de 8.000 incluía
únicamente a personas extraviadas durante el gobierno de Peña Nieto. Más tarde
ese mismo mes, Ud. anunció en una conferencia de prensa que en México todavía
se desconocía el paradero de 16.000 personas[3]. Por último, el 21 de agosto, SEGOB
y la PGR anunciaron que la cantidad de “personas no localizadas” en México era
superior a 22.000, incluidos los casos tanto de la presidencia de Calderón como
los de la presidencia de Peña Nieto[4].
Este cálculo más
reciente parecería ser el más confiable hasta la fecha. No obstante, no es
posible tener certezas sobre la base de la información brindada por el
gobierno. Para empezar, la lista completa de casos no ha sido difundida. En vez
de ello, el gobierno ha proporcionado simplemente una base de datos en línea
que permite a las personas determinar si ciertos casos concretos están en la
lista, pero no indica prácticamente nada sobre los casos en cuestión, más allá
de la fecha y el lugar donde la persona fue vista por última vez, y datos de
identificación mínimos como género o edad[5].
Algunos interrogantes
clave continúan sin respuesta. Por ejemplo, el gobierno informó que la cantidad
de personas no localizadas del período de Calderón había descendido a 12.000.
Sin embargo, ¿cómo es que esta cifra se redujo de manera tan significativa?
Según el gobierno, la mayoría de los casos eliminados de la lista correspondían
a personas que habían sido halladas con vida. No obstante, el gobierno no ha
hecho públicos los nombres de estas personas ni aportado información sobre
estos casos que permita corroborar tal afirmación.
La base de datos
tampoco aclara cuántas de las personas que continúan sin ser localizadas o
fueron halladas muertas habían sido víctimas de desaparición (es decir,
personas que fueron llevadas contra su voluntad). Resulta particularmente
preocupante que la base de datos no prevé modo alguno para determinar cuántos
de los casos involucran a víctimas de presuntas “desapariciones forzadas” perpetradas
por agentes estatales, como miembros de fuerzas de seguridad, sobre los cuales
el Estado mexicano tiene responsabilidad directa. Según autoridades
gubernamentales entrevistadas por Human Rights Watch, apenas una minoría de los
miles de casos de personas “no localizadas” serían presuntos casos de
desapariciones forzadas[6]. Si bien esto podría ser cierto, las evidencias
recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una unidad de la
PGR que se ocupa de la investigación de desapariciones, así como las
investigaciones que ha llevado a cabo Human Rights Watch, sugieren que esta
cantidad podría ser igualmente muy significativa[7].
Por último, la base
de datos no aporta información sobre avances en la investigación y persecución
penal de casos en los cuales se puedan haber cometido delitos (incluidas graves
violaciones de derechos humanos), y esto dificulta la posibilidad de evaluar en
qué medida México está cumpliendo con su obligación jurídica internacional de
llevar a los responsables de abusos ante la justicia[8].
Es decir, la
información difundida por el gobierno ha suscitado tantos interrogantes como
preguntas ha esclarecido con respecto a la magnitud del problema y a la
eficacia con que el gobierno está respondiendo a él.
Encontrar a las
personas ausentes
En reuniones con
Human Rights Watch, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
SEGOB y la PGR indicaron que la prioridad del gobierno, en consonancia con las
solicitudes recibidas de las víctimas y sus familias, es encontrar con vida a
las personas cuyo paradero se desconoce[9].
Con ese fin, el
gobierno ha impulsado diversas iniciativas potencialmente prometedoras. Una de
ellas es el sistema “Alerta Amber”, creado inicialmente por el gobierno de
Calderón en mayo de 2012[10]. Por medio de este sistema, cuando se denuncia
como ausente a un menor de edad o una mujer, la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) analiza
la denuncia y puede activar la alerta enviando información sobre la persona
extraviada a las autoridades relevantes a nivel estatal, nacional e
internacional[11]. A través de este procedimiento, FEVIMTRA pudo localizar a
214 menores y mujeres cuyo paradero se desconocía desde 2011, todos ellos vivos
a excepción de dos[12].
El gobierno actual
también ha estado trabajando en la creación de un mecanismo de “búsqueda
urgente” para dar con el paradero de cualquier persona (no sólo niños, niñas o
mujeres) inmediatamente después de que se haya presentado una denuncia de
desaparición. Según ha sido previsto por el gobierno, sería aplicado durante
las primeras 48 horas por agentes especializados que operan desde las distintas
procuradurías de los estados[13]. Si bien el gobierno ha creado una red
nacional de 160 funcionarios para implementar este mecanismo, en agosto aún no
había terminado de definir su diseño[14].
Una iniciativa más
ambiciosa ha sido la creación, en junio de 2013, de la Unidad Especializada de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, una unidad especial de la PGR con
facultades específicamente para investigar desapariciones y buscar a las
víctimas[15]. A mediados de agosto de 2014, eran cerca de 190 las personas que
trabajaban en la unidad, incluidos 30 agentes del Ministerio Público, con
aproximadamente 15 casos a cargo de cada uno[16]. Hasta el 9 de julio de 2014,
la unidad había encontrado a 86 personas (29 muertas y 57 con vida)[17].
Aunque la creación de
esta unidad representa una medida importante, funcionarios de esa entidad nos
dijeron que si bien el Procurador General de la República le había asignado
carácter prioritario a esta área de trabajo, no contaban con recursos
suficientes para gestionar el volumen de casos a su cargo[18]. En vez de asegurar que tenga estos recursos,
el gobierno decidió recientemente reducir drásticamente el presupuesto de la
unidad[19].
Por último, en
febrero de 2013, la PGR y SEGOB firmaron un acuerdo con el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) para generar una base de datos exhaustiva con
información estandarizada sobre restos no identificados y casos de personas
cuyo paradero sea desconocido[20]. Esta “Base de Datos Ante-Mortem –
Post-Mortem” es una plataforma electrónica donada por la CICR con capacidad
para cruzar datos y determinar si alguno de los cuerpos no identificados
pertenece a alguna de las personas denunciadas como extraviadas.
Esta nueva base de
datos podría ser crucial para determinar el paradero de muchas de las personas
desaparecidas, permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus
seres queridos y facilitar investigaciones penales que podrían posibilitar que
se juzgue a los autores de delitos.
No obstante, hasta
agosto de 2014, solamente seis jurisdicciones habían firmado un acuerdo
adicional para que la CICR les donara el software necesario, y al momento de la
redacción de esta carta el sistema no estaba funcionando en ninguna de
ellas[21]. Las autoridades trabajan actualmente en la finalización de
protocolos para determinar qué información debería ser recabada y volcada a la
base de datos, así como en la capacitación de funcionarios y la elaboración de
un censo de cementerios y fosas clandestinas en el país[22]. Han efectuado,
asimismo, un diagnóstico de la infraestructura existente de servicios forenses
locales en todos los estados, e instalado 95 “laboratorios móviles” de la PGR
en todo el país para apoyar a agentes del Ministerio Público locales[23].
Si bien las
autoridades de la PGR esperan que la plataforma con información de algunos de
los estados esté funcionando para diciembre de 2014, no hay una fecha prevista
para que la totalidad del sistema esté operativo en todo el país[24].
Asistencia a las
víctimas
En enero de 2013, el
gobierno aprobó una Ley de Víctimas para proveer medidas de justicia y reparación para
víctimas de delitos. Por medio de la ley se creó la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), encargada de brindar asistencia legal y psicológica
a víctimas de delitos, establecer un Registro Nacional de Víctimas y
administrar un fondo que permitiera otorgarles reparaciones adecuadas[25].
La CEAV se estableció
formalmente en enero de 2014[26]. Hasta agosto, tenía a su cargo cerca de 4.000
casos, de los cuales 1.712 eran casos de desapariciones, y todavía se
encontraba trabajando en el Registro Nacional de Víctimas, que esperaba
estuviera listo para mediados de 2015[27].
Sin embargo, miembros
de la CEAV indicaron a Human Rights Watch que no podían otorgarles reparaciones
a las víctimas debido a que el gobierno no había reglamentado la Ley de
Víctimas, un paso que debería haber cumplido hace un año. Sin tal
reglamentación, la CEAV no puede ejecutar el presupuesto de cerca de 500
millones de pesos mexicanos (aproximadamente USD 38 millones), que ya fue
aprobado por el Congreso de México para ese fin dentro del presupuesto
federal[28].
Además de la CEAV, en
abril de 2013, el gobierno creó una oficina en el ámbito de SEGOB que depende
de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la misión concreta de apoyar a
víctimas de delitos[29]. En agosto, la oficina brindaba asistencia psicológica,
legal y social a víctimas de delitos, incluidas aproximadamente 700 familias de
víctimas de desapariciones[30].
La Ley de Víctimas
dispone expresamente que el gobierno debe asegurar que los familiares de
víctimas de desaparición “ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales
y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo
familiar”[31]. No obstante, el proceso por el cual se declara formalmente
“ausente” a una persona extraviada y luego se establece su “presunción de
muerte” no resulta adecuado para reconocer formalmente casos de desapariciones
y atender las necesidades de las familias de las víctimas[32]. La CEAV, la PGR
y SEGOB reconocen la necesidad urgente de modificar las normas existentes, pero
hasta agosto ninguna había presentado públicamente un proyecto legislativo con
ese fin[33].
Justicia por abusos
El informe publicado
en 2013 por Human Rights Watch demostró que en general el gobierno no había
efectuado investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de casos de
presuntas desapariciones forzadas. Según la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, es común que los agentes del Ministerio Público no cumplan con pasos
elementales durante la investigación para asegurar que las víctimas obtengan
acceso a la justicia[34].
Hasta abril de 2014,
ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas
después de 2006, según surge de estadísticas oficiales aportadas por el
gobierno de México al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones
Forzadas. El informe gubernamental indica que, entre 2006 and 2013, las autoridades
iniciaron 99 averiguaciones previas por presuntos delitos de desaparición
forzada a nivel federal, y 192 en el ámbito de los estados[35]. En el orden
federal, se dictaron seis condenas contra seis acusados por la desaparición
forzada de siete víctimas, pero todas esas desapariciones se habían producido
antes del gobierno de Calderón[36].
Prevención del delito
En agosto de 2014,
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de
la Secretaría de Gobernación indicó a Human Rights Watch que la estrategia del
gobierno de prevención del delito aspira a “reducir los niveles de violencia” y
lograr que “no haya desaparecidos”[37]. Sin embargo, el Programa Nacional para
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adoptado por el gobierno y
publicado en abril de 2014 con el propósito de definir de manera general sus
estrategias y objetivos en materia de prevención del delito y seguridad
ciudadana para los próximos cuatro años, no hace siquiera mención del problema
de las desapariciones[38].
En la reunión con
Human Rights Watch, el Subsecretario Campa manifestó interés en entablar contacto
con organizaciones de la sociedad civil que trabajen en este tema. El 26 de
agosto, Human Rights Watch proporcionó datos de contacto de algunas de las
principales organizaciones. A la fecha de redacción de esta carta, las
organizaciones no han sido contactadas por la Subsecretaría para abordar este asunto.
Recomendaciones
Cabe concluir que, si
bien el gobierno mexicano ha adoptado algunas medidas en la dirección acertada,
se necesitan acciones mucho más enérgicas para hacer frente a esta crisis de
derechos humanos.
La prioridad
principal debería ser impulsar medidas de persecución penal y justicia en casos
de desaparición forzada. Concretamente, el gobierno debería priorizar la
investigación penal de presuntos casos de desapariciones forzadas, asegurando
que la unidad especial de la PGR, y otros agentes del Ministerio Público con
competencia, cuenten con los recursos y el personal que necesitan para hacer su
trabajo, y que los investigadores reciban cooperación plena y activa de parte
de todas las instituciones federales y de los estados.
Otra prioridad
central debería ser acelerar la implementación en todo el país de la Base de
Datos Ante-Mortem – Post-Mortem que, una vez en funcionamiento, podría jugar un
papel clave al brindar la información necesaria para que las familias de
personas desaparecidas encuentren a sus seres queridos, para que los agentes
del Ministerio Público lleven adelante investigaciones penales y para que los
responsables de la adopción de políticas públicas y la sociedad mexicana
comprendan la verdadera naturaleza y magnitud de la crisis de derechos humanos
que atraviesa México.
Entre otros pasos
cruciales que el gobierno debería adoptar se incluyen:
Dar a conocer los
nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron
encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas;
Reconocer la
competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de
desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus
miembros a que realicen una visita oficial a México;
Asegurar que la
definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales,
tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes
jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones
establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la
definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas
que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo
o indirecto), su consentimiento o aquiescencia;
Modificar la
definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código
Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan
el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el
ámbito de los estados;
Reglamentar la Ley General
de Víctimas;
Adoptar una
estrategia clara de prevención del delito para frenar las desapariciones, que
incluya un análisis profundo del modus operandi de las fuerzas de seguridad en
casos de presunta desaparición forzada;
Elaborar indicadores
claros para medir el avance en la implementación de los objetivos del Programa
Nacional de Derechos Humanos vinculados con el problema de las desapariciones;
y
Tomar la iniciativa
para asegurar una colaboración efectiva entre autoridades federales y de los
estados, así como entre las distintas autoridades federales con mandatos
similares.
Esperamos que las
recomendaciones anteriores sean tenidas en cuenta al adoptar las medidas
necesarias para abordar esta crisis de derechos humanos.
Aprovecho la
oportunidad para expresar los sentimientos de mi más alta consideración y
estima.
Atentamente,
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo,
División de las Américas
CC: Jesús Murillo
Karam, Procurador General de la República
[1] Human Rights
Watch, Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada
(Nueva York: Human Rights Watch, 2013),
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mexico0213sp_ForUpload_0_0.pdf.
[2] La lista, que fue
recibida del gobierno anterior, había sido preparada por la Procuraduría
General de la República (PGR) con información aportada por las procuradurías de
los estados, y presentaba defectos sustanciales, como información incongruente
o incompleta.
[3] Alberto Morales y
Juan Arvizu, “Destaca Osorio que cifra de desaparecidos se redujo 70%”, El
Universal, 23 de mayo, 2014,
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/destaca-osorio-que-cifra-de-desaparecidos-se-redujo-70-1012369.html
(consultado el 29 de agosto de 2014). Jorge Monroy, “Las diferencias entre PGR
y Segob”, El Economista, 1 de junio de 2014,
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/06/01/las-diferencias-entre-pgr-segob
(consultado el 29 de agosto de 2014). “La Segob ‘corrige’ la cifra de ‘personas
no localizadas’: son 16.000”, informe en video, CNN, 16 de junio de 2014,
http://mexico.cnn.com/nacional/2014/06/16/la-segob-corrige-la-cifra-de-personas-no-localizadas-son-16000
(consultado el 29 de agosto de 2014).
[4] Según el
gobierno, las personas “no localizadas” eran “todas aquellas personas de las
que se desconoce su paradero y esta circunstancia es hecha del conocimiento de
la autoridad a través de una denuncia presentada ante la misma”. Durante el
gobierno de Felipe Calderón, se
denunciaron como no localizadas 29.707 personas. Al 31 de julio de 2014,
un total de 17.175 personas de esa lista habían sido localizadas, incluidas
16.274 que fueron halladas con vida, y 12.532 seguían sin ser localizadas.
Desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012 y hasta
el 31 de julio de 2014, se denunciaron como extraviadas 23.234 personas ante
autoridades gubernamentales. De estas, 13.444 fueron localizadas, incluidas
12.821 que fueron halladas con vida, y 9.790 seguían sin ser encontradas.
“Personas No Localizadas: Mensaje a medios de la subprocuradora Jurídica y de
Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana
Benítez Tiburcio”, comunicado de prensa, 21 de agosto de 2014
[5] Quienes visitan
la página pueden efectuar búsquedas utilizando el nombre de la víctima, el
rango de fechas en el cual se registró el caso, o el número de folio. “Consulta
de datos de personas desaparecidas”, Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas, http://sirenped.secretariadoejecutivo.gob.mx/CritMinTPadronPersonaPublicoSFotoCNT?idExtDes=1
(consultado el 15 de septiembre de 2014).
[6] Entrevista de
Human Rights Watch con el equipo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de
la PGR, México D.F., 14 de agosto de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con
Mercedes Peláez, titular de la Dirección General de Estrategias para la
Atención de Derechos Humanos y Secretaria Técnica de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, México D.F.,
14 de agosto de 2014.
[7] La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido denuncias o información
sobre 2.500 casos de “desapariciones” ocurridas entre 2005 y diciembre de 2012.
La CNDH ha formulado 12 “recomendaciones” en las cuales concluyó que en esos casos,
que afectaban a 30 víctimas, habían estado implicados agentes estatales en las
desapariciones. En cerca de otros 600 casos más, la CNDH halló evidencias
circunstanciales de que podría haber habido participación de agentes estatales.
Entrevista de Human Rights Watch con Luis García, primer visitador de la CNDH,
México D.F., 15 de agosto de 2014.
La Unidad
Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR tiene a su cargo
cerca de 370 expedientes, que involucran a más de 400 víctimas cuyo paradero se
desconoce. Según el titular de la unidad, su dependencia se encarga
principalmente de casos en los cuales los responsables son presuntamente
autoridades federales, y “una importante mayoría [de los casos] serían
desapariciones forzadas”. Entrevista de Human Rights Watch con el equipo de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, México D.F., 14 de agosto de
2014.
[8] Conforme al
derecho internacional, una desaparición forzada constituye un delito
permanente, dado que persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a
los familiares de la víctima mientras se desconoce o se oculta el paradero de
la persona ausente. En estos casos, la obligación de los Estados de ofrecer un
recurso eficaz a las víctimas y de llevar a cabo investigaciones oportunas y
exhaustivas de los delitos reviste particular urgencia. Asamblea General de la
ONU, Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas, adoptada el 12 de enero de 2007, Res. A.G. 61/177,
Doc. de la ONU A/61/177 (2006), en vigor desde el 23 de diciembre de 2010,
ratificada por México el 18 de marzo de 2008, arts. 2, 3, 4, 7 y 12;
Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 33 I.L.M. 1429 (1994),
en vigor desde el 28 de marzo de 1996, ratificada por México el 28 de febrero
de 2002, arts. 2 y 3. Ver también Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada
el 18 de diciembre de 1992, Res. A.G. 47/133, 47 U.N. GAOR Supp. (N.º 49) en
207, Doc. de la ONU A/47/49 (1992), artículo 3.
[9] Entrevista de
Human Rights Watch con el equipo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de
la PGR, México D.F., 14 de agosto de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con
Mercedes Peláez, México D.F., 14 de agosto de 2014; Entrevista de Human Rights
Watch con Roberto de León Huerta y Sofía Lascurain Sánchez de Tagle, México
D.F., 15 de agosto de 2014.
[10] Alerta Amber
México, “Antecedentes”, junio de 2014,
http://www.alertaamber.gob.mx/antecedentes.html (consultado el 26 de agosto de
2014).
[11] Alerta Amber
México, “Preguntas Frecuentes”, junio de 2014,
http://www.alertaamber.gob.mx/preguntas-frecuentes.html (consultado el 26 de
agosto de 2014).
[12] Entrevista de
Human Rights Watch con el equipo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de
la PGR, México D.F., 14 de agosto de 2014.
[13] Entrevista de
Human Rights Watch con Roberto de León Huerta y Sofía Lascurain Sánchez de
Tagle, México D.F., 15 de agosto de 2014.
[14] Entre los 160
funcionarios de la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de
Personas Desaparecidas se incluyen 2 miembros de la Policía Ministerial y un
agente del Ministerio Público de cada estado, que suman en total 96, así como
un policía ministerial federal y un agente del Ministerio Público federal en
cada una de las sedes de la PGR en el país, que son en total 64 funcionarios.
“Avances para la creación del Plan Nacional para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas”, Secretaría de Gobernación, PGR, Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y Comité Internacional de la Cruz Roja,
presentación Power Point, enviada por la PGR a Human Rights Watch por correo
electrónico el 13 de agosto de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con
Mercedes Peláez, México D.F., 14 de agosto de 2014.
[15] “Acuerdo
A/066/13 por el que se crea la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y se establecen sus facultades”, Diario Oficial de la Federación,
21 de junio de 2013,
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303411&fecha=21/06/2013
(consultado el 26 de agosto de 2014).
[16] Trabajan con 30
auxiliares del Ministerio Público, 40 policías ministeriales, 15 policías
federales y 38 ex miembros de Províctima, una oficina gubernamental que
anteriormente brindaba asistencia a víctimas de delitos. Províctima fue disuelta
tras la sanción de la Ley de Víctimas en 2013, y su personal se asignó a tareas
en distintas dependencias gubernamentales, incluidas la PGR y la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (ver más adelante). “Decreto por el que se
transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, Diario Oficial de la Federación,
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329188&fecha=08/01/2014
(consultado el 26 de agosto de 2014); Entrevista de Human Rights Watch con el
equipo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, México D.F., 14 de
agosto de 2014.
[17] Ibíd.
[18] Entrevista de
Human Rights Watch con el equipo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de
la PGR, México D.F., 14 de agosto de 2014.
[19] “Peña busca
“empequeñecer” la unidad de búsqueda de desaparecidos”, Proceso, 15 de
septiembre de 2014, http://www.proceso.com.mx/?p=382176 (consultado el 25 de
septiembre de 2014).
[20] PGR, “Sistema de
Información Ante Mortem – Post Mortem” (Base de Datos AM PM), sin fecha,
proporcionado a Human Rights Watch el 14 de agosto de 2014. Copia en los
registros de Human Rights Watch.
[21] La CICR
suscribió acuerdos con la PGR y con procuradurías en México D.F. y en los
estados de Puebla, Veracruz, Estado de México y Tlaxcala. “Personas no
localizadas”, comunicado de prensa, 21 de agosto de 2014.
[22] Entrevista de
Human Rights Watch con Roberto de León Huerta y Sofía Lascurain Sánchez de
Tagle, México D.F., 15 de agosto de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con
el equipo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, México D.F., 14
de agosto de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con Mercedes Peláez, México
D.F., 14 de agosto de 2014; “Avances para la creación del Plan Nacional para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas”, enviado por la PGR a Human Rights Watch
por correo electrónico el 13 de agosto de 2014.
[23] “Avances para la
creación del Plan Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”, enviado
a Human Rights Watch por correo electrónico el 13 de agosto de 2014. Programa
Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, 30 de abril de 2014,
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014
(consultado el 26 de agosto de 2014). Ver también, “Personas no localizadas”,
comunicado de prensa, 21 de agosto de 2014.
[24] Entrevista de
Human Rights Watch con el equipo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de
la PGR, México D.F., 14 de agosto de 2014; Entrevista de Human Rights Watch con
Roberto de León Huerta y Sofía Lascurain Sánchez de Tagle, México D.F., 15 de
agosto de 2014.
[25] Ley General de
Víctimas, Diario Oficial de la Federación, promulgada el 9 de enero de 2013,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf (consultada el 27 de agosto
de 2014), artículos 32, 44, 67 y 88 (XXI).
[26] “Decreto por el
que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, Diario Oficial de la
Federación,
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329188&fecha=08/01/2014
(consultado el 26 de agosto de 2014).
[27] El registro
incluirá información que ya se encuentra en poder de autoridades federales y de
los estados, así como nuevos casos que están siendo compilados utilizando un
formulario estandarizado que diseñó la comisión. Entrevista de Human Rights
Watch con Jaime Rochin, Carlos Ríos y Julio Hernández, miembros de la CEAV,
México D.F., 14 de agosto de 2014.
[28] Ibíd. Ley
General de Víctimas, artículo 143.
[29] “Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación”, Diario Oficial de la Federación, 2
de abril de 2013,
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294185&fecha=02/04/2013
(consultado el 28 de agosto de 2014).
[30] Entrevista de
Human Rights Watch con Mercedes Peláez, México D.F., 14 de agosto de 2014.
[31] Ley General de
Víctimas, artículo 88.
[32] Desde el momento
en que desaparece una persona, según los pasos estipulados en la ley, obtener
una “declaración de ausencia” demora al menos dos años y 10 meses. Asimismo, la
“presunción de muerte del ausente” solamente podrá solicitarse seis años
después de que se haya dictado la declaración de ausencia. Ambas medidas deberán
ser solicitadas por un representante legal y aprobadas por un juez. Por lo
tanto, en circunstancias normales, el proceso para obtener un certificado de
presunción de muerte —que muchas instituciones gubernamentales exigen a los
familiares para continuar brindándoles acceso a servicios sociales
fundamentales vinculados con el empleo de la víctima— demora, por lo menos,
ocho años y diez meses desde la desaparición de una persona. El costo de este
extenso proceso, para el cual los familiares deben contratar a un abogado, es
bastante elevado, en especial para las familias de bajos recursos.
[33] La CEAV trabaja
actualmente en dos proyectos. El primero crearía una “declaración provisional
de desaparición con presunción de vida” que sería otorgada por un organismo
administrativo y permitiría a los familiares ejercer la representación
inmediata de la víctima para ciertos actos jurídicos. El otro consiste en una
declaración similar, pero que sería otorgada por la justicia y concedería a los
familiares mayores facultades para representar a la víctima en la
administración de sus bienes. Entrevista de Human Rights Watch con Jaime
Rochin, Carlos Ríos y Julio Hernández, miembros de la CEAV, México D.F., 14 de
agosto de 2014.
El Plan Nacional para
la Búsqueda de Personas Desaparecidas prevé modificar las normas relativas a
los procesos que deben seguirse para obtener una “declaración de ausencia”.
“Avances para la creación del Plan Nacional para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas”, enviado a Human Rights Watch por correo electrónico el 13 de
agosto de 2014. La Secretaría de Gobernación ha efectuado un examen exhaustivo
de leyes locales que regulan la “declaración de ausencia” y trabaja en la
redacción de un proyecto legislativo de reforma del Código Civil, cuyos detalles hasta agosto de 2014 no se habían hecho
públicos. Entrevista de Human Rights Watch con Mercedes Peláez, México D.F., 14
de agosto de 2014.
[34] Entrevista de
Human Rights Watch con Luis García, primer visitador, México D.F., 15 de agosto
de 2014.
[35] Comité de las
Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, “Examen de los informes
presentados por los
Estados partes en
virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención. Informes que los Estados
partes debían presentar en 2012. México”, CED /C/MEX/1, 17 de abril de 2014,
párrs. 73 y 74.
[36] Uno de los casos
corresponde a 1977, otro a 2002, uno a 2003 y tres a 2005. En uno de los casos,
el gobierno no indicó los nombres de la víctima ni del agresor, pero la
redacción en español sugiere que se trata de una víctima y un responsable.
Ibíd., párr. 164.
[37] Entrevista de
Human Rights Watch con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, México D.F., 15 de
agosto de 2014.
[38] La única mención
del término “desapariciones” se halla en una nota al pie donde se cita el
informe de Human Rights Watch de 2011 “Ni Seguridad Ni Derechos: Ejecuciones,
desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México”, para
sostener que los delitos en México se han vuelto más violentos. Programa
nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia:
2014-2018, Diario Oficial de la Federación, DOF: 30/04/2014,
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343087&fecha=30/04/2014
(consultado el 26 de agosto de 2014).
Hrw.org. 08/10/2014
HRW acusa a Peña de
responder tarde sobre Iguala y “encubrir” en Tlatlaya
Human
Rights Watch acusó gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, de responder
muy tarde a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y de encubrir la
masacre cometida en junio en Tlatlaya, dentro de un patrón de desidia ante las
crisis de derechos humanos.
El director para las
Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo en una conferencia de prensa que el
presidente de México tardó cuatro días en reaccionar al caso de los 43
estudiantes desde que se conoció, el pasado 26 de septiembre, y cuando se
pronunció lo hizo mal, sosteniendo que el problema es de Iguala (Guerrero).
Una vez que la
Fiscalía de Guerrero confirmó el pasado domingo el hallazgo de 28 cuerpos en
fosas clandestinas que podrían corresponder a algunos de los jóvenes
desaparecidos, Peña Nieto lamentó la situación y prometió investigaciones.
Muy tarde, Peña
Nieto, muy tarde. Este asunto pudo haberse resuelto probablemente si hubiera
quedado clara la responsabilidad inicial del gobierno federal con esos
estudiantes, indicó Vivanco.
¿Y por qué es tardía
la respuesta del gobierno federal? Porque el tema de derechos humanos para el
actual gobierno no es un prioritario, no es un tema central, agregó.
Aseguró que tanto en
el caso de Iguala como en el de Tlatlaya, hay agentes del Estado que piensan
que pueden actuar con impunidad, nada menos que desaparecer a decenas de
estudiantes con conocimiento de las autoridades, porque tienen la expectativa
de que nada les va a ocurrir, porque no hay investigaciones serias.
Respecto al caso de
Tlatlaya, en el Estado de México, donde 22 civiles murieron presuntamente en un
choque armado con militares el 30 de junio, Vivanco puso en duda que las
responsabilidades de los hechos se limiten a los tres militares considerados
culpables por el fiscal general, Jesús Murillo.
Hay dos delitos en
Tlatlaya: uno es la masacre y el otro, tan grave como la masacre, es el
encubrimiento, que es la práctica habitual en México para impedir que estos
hechos sean conocidos por la opinión publica y para proteger a los actores,
afirmó Vivanco.
El responsable de HRW
aseguró que da la impresión que el encubrimiento continúa hoy, porque no es
creíble que tres soldados hayan tomado la decisión por sí solos, sin haber
consultado a sus superiores, y hayan tenido la capacidad de engañar a todo un
país durante tres meses con una versión oficial que luego se modificó.
Me da la impresión
que en el gobierno de México hay una enorme improvisación, indicó.
Es un gobierno que
reacciona tarde y solo forzado por la magnitud que alcanzan estos problemas en
los medios, y ante la vergüenza que le da su paralización, es que adopta
medidas de parche para abordar esa crisis como algo muy circunstancial, con la
ilusión de que estos temas van a desaparecer a las pocas horas o a los días,
agregó.
Según Vivanco, son
temas que tratan de esconderse debajo de la alfombra, porque los ven como mala
publicidad para México.
Consideró que la
reacción emitida este martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos,
que pidió una investigación completa y transparente en Iguala, ha sido un
importante factor que ha obligado al gobierno de México a entender que era un
tema serio.
No obstante, dijo que
le habría gustado ver declaraciones más contundentes por parte de la
Administración de (Barack) Obama, que en general ha sido bastante silenciosa y
ha evitado formular criticas sobre el récord de derechos humanos en México.
Vivanco señaló que la
desidia y la negligencia del gobierno actual quedan en evidencia con sus
avances pobres ante el problema de las desapariciones en el país, algo que hoy
denunció en una carta al secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel
Osorio Chong.
Prodigy.msn.com 09/10/14
