Continúa descontento
por normalistas desaparecidos en Guerrero.
El jefe del Grupo de
Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU vino a México y se pronunció sobre
el secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo tiene claro: Al menos en los
últimos cuatro años, en todo el planeta no ha habido un caso con las
características del perpetrado en Iguala. Entre las posibles explicaciones está
el hecho de que la impunidad tiene un “patrón crónico” en el país y que el
gobierno mexicano no atendió 33 recomendaciones que esa instancia hizo en 2011.
En los años recientes ningún país ha tenido una desaparición
forzada de la magnitud de la ocurrida en Iguala. Y ya desde 2011 la ONU había
advertido al gobierno mexicano que en los “miles y miles” de estos casos que
hay en México existe el “patrón crónico de la impunidad”.
Así sintetizó Ariel
Dulitzky, jefe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU
(GTDF-ONU), la mirada que este organismo internacional tiene sobre lo ocurrido
en Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, cuando seis personas fueron
asesinadas, una veintena heridas y 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl
Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron secuestrados y desaparecidos por policías
municipales.
Esos hechos obligaron
a Dulitzky a visitar México la semana pasada. Aquí hizo una lista de
deficiencias del gobierno federal: Las mismas que detectó en 2011 cuando visitó
el país durante 13 días para constatar las denuncias que había en ese tiempo.
“La única diferencia
de lo sucedido en Iguala con las desapariciones ocurridas durante la Guerra
Sucia y las de años recientes es la magnitud, el número de desaparecidos. En
mis cuatro años de encargado del Grupo de Trabajo no he recibido ningún caso
así de ningún país”, sostiene Dulitzky en entrevista.
“Mi presencia aquí
refleja la importancia que la comunidad internacional le está dando a los
hechos de Iguala”, dice. Y explica que todas las desapariciones sucedidas desde
los setenta comparten ciertas características: “Aparente implicación del crimen
organizado, dificultades de coordinación entre autoridades federales y locales,
falta de reacción inmediata, insuficiencia en la legislación y desconfianza de
los familiares en el sistema de justicia, en los ministerios públicos, las
policías y las fuerzas armadas”. Así, denuncia la “impunidad crónica que
contribuye a la perpetuación de las desapariciones forzadas”.
Enumera otros errores
del gobierno: no cuenta con políticas públicas para combatir las desapariciones,
carece de coordinación horizontal y vertical entre los niveles de gobierno, no
tiene un sistema nacional de búsqueda y ni siquiera ha delineado un marco legal
adecuado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Sobre las dudas que
generó la última versión del procurador general de la República, Jesús Murillo
Karam, en el sentido de que los jóvenes secuestrados fueron calcinados,
Dulitzky explica: “Eso (la incredulidad) es porque hay una situación de
desconfianza que trasciende este caso y que está todavía sin resolver. (…) El
Estado no estaba preparado para esto”.
Jesus A. Cervantes.
Proceso. México, 15/11/14
http://www.proceso.com.mx/?p=387859
