Al cabo de unas
horas, una versión del vídeo en el que aparecían Rogelio y cuatro amigos suyos
confesando el delito invadía las pantallas de televisión de Ciudad Juárez,
localidad situada en el norte de México, junto a la frontera con Estados
Unidos.
Esta ciudad es una de
las más violentas del país, notoria por los enfrentamientos brutales entre
cárteles de la droga rivales y agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Las autoridades
locales se felicitaron por haber capturado a quienes calificaban de miembros de
“La Línea”, cártel de la droga local que llevaba años aterrorizando a la gente
de la zona. También se los acusó de colocar un coche bomba que había estallado
hacía poco en el centro de Ciudad Juárez.
Narcotraficantes
entre rejas. Problema resuelto.
Sin embargo, cuando
estos hombres ya habían cumplido varios años de condena, salió a la luz la
verdadera historia de cómo se hizo el vídeo, y quedó expuesto el espantoso uso
de la tortura que impera en México.
La pesadilla de
Rogelio comenzó la noche del 10 de agosto de 2010.
Estaba conversando
con unos amigos en la calle cuando varios agentes de policía estacionaron
bruscamente junto a ellos y se bajaron sin decir palabra, empujaron a Rogelio
al suelo, le propinaron patadas violentamente y lo metieron junto con sus
amigos en una furgoneta.
Una vez en la
comisaría de policía, encerraron a Rogelio y a sus amigos en celdas pequeñas
donde empezaron los brutales interrogatorios.
“¿Dónde trabajas?
¿Para quién trabajas?”, gritaban los agentes mientras seguían golpeándolo, y
apenas le dejaban tiempo para responder.
Le pusieron un trapo
en la cara y lo sometieron a un simulacro de ahogamiento al tiempo que
vociferaban: “Vas a decir que trabajas para los narcotraficantes. ¿Quién es tu
jefe? Tus amigos ya están confesando y te están echando la culpa.”
Los gritos de Rogelio
pidiendo ayuda se sumaban a alaridos semejantes que surgían de las otras
celdas.
En los días
siguientes, los cinco hombres fueron trasladados ilegalmente a diferentes
dependencias policiales, donde la tortura no hizo sino aumentar.
A Rogelio le dijeron
una y otra vez que matarían a su esposa embarazada y a su hijo si no admitía
que integraba un cártel de la droga. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de
plástico en varias ocasiones, para simular que lo asfixiaban. Lo golpearon y le
propinaron patadas con tanta fuerza que, un año más tarde, todavía se veían 30
marcas y cicatrices en el cuerpo.
“¡Mátenme ya! ¿Qué
quieren que haga?”, gritaba Rogelio.
Entonces llevaron la
cámara.
Una vez que Rogelio y
sus cuatro amigos hubieron “confesado” formar parte de “La Línea”, fueron
trasladados a la oficina local de la Procuraduría General de la República,
donde tuvieron que firmar una declaración escrita. En aquel momento, el abogado
de oficio que estaba presente les dijo que no podía hacer nada.
Mayra, la esposa de
Rogelio, que lo había estado buscando durante días, no supo de la detención de
su marido hasta que vio su “confesión” por televisión.
“Lo había estado
buscando por todos lados, en hospitales, en comisarías, en los bares. Cuando
fui a la fiscalía a denunciar su desaparición me avisaron que habían aparecido
en la televisión, que los estaban acusando de muchas cosas que, yo sabía, no
eran ciertas”, contó Mayra.
Tras pasar 80 días en
detención previa al juicio, los cinco hombres comparecieron al fin ante un
juez, donde se retractaron de sus confesiones y denunciaron que habían sido
torturados.
Fue en vano. Los
acusaron formalmente de pertenecer a un grupo delictivo y de poseer armas y
drogas, y los encerraron en prisiones federales de alta seguridad alejadas de
sus hogares.
Finalmente, los
cargos que pesaban contra los cinco acusados se retiraron después de que
expertos forenses confirmasen que las confesiones, única prueba contra ellos,
habían sido extraídas con tortura.
Desde que hace 30
años entró en vigor la histórica Convención contra la Tortura, está prohibido
obtener confesiones mediante tortura. México ratificó la Convención en 1986 y
desde 1991 existe una ley federal que prohíbe la tortura.
“Yo siempre les dije
que no había participado en lo del coche bomba, pero nos seguían golpeando y
torturando. Luego tuve que padecer tres años y siete meses por esa acusación.
Tres años y siete meses alejado de mi familia, sintiendo mucha impotencia. Sin
poder ver crecer a mis hijos. Fue muy doloroso”, afirmó Rogelio, que ahora es
un hombre libre.
La plaga de la
tortura
Rogelio, que ahora
vive en Ciudad Juárez con su esposa y sus dos hijos pequeños, sigue luchando
por superar la tortura que le infligieron.
Su sufrimiento no es
en absoluto un caso aislado.
En México, la tortura
es como un virus de proporciones epidémicas.
Las fuerzas de
seguridad recurren con frecuencia a las palizas, los simulacros de asfixia y
los abusos sexuales para castigar a los detenidos u obtener confesiones de
ellos. Según un sondeo encargado por Amnistía Internacional, el 64 por ciento
de los mexicanos temen que podrían sufrir tortura si son puestos bajo custodia.
Asimismo, un informe
publicado por la organización revelaba que el número de casos denunciados ante
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había aumentado un 600 por ciento
entre 2003 y 2013. Y esta institución sólo detecta una pequeña parte de todos
los posibles casos de tortura que tienen lugar en el país.
La tortura tiene tal
presencia que cualquiera puede ser víctima de ella. Sin embargo, quienes viven
en la pobreza o en barrios marginales corren más riesgo porque los agentes de
policía y los fiscales tienden a asumir que estas personas disponen de menos
recursos para defenderse.
“La policía y los
soldados de México están tan desesperados por encontrar a alguien a quien
culpar de los delitos cometidos por bandas sin escrúpulos que no parecen
pensárselo dos veces a la hora de detener a una persona y extraerle una
confesión a toda costa. No parece haber límites”, afirmó Erika Guevara Rosas,
directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.
La mayoría de los
responsables de infligir o autorizar la tortura nunca comparecen ante la
justicia: sólo siete torturadores han sido alguna vez declarados culpables por
tribunales federales.
Mientras miles de
personas intentan superar las secuelas de la tortura, las autoridades mexicanas
dan la espalda a esta plaga.
Debido a las graves
deficiencias de las investigaciones emprendidas por los fiscales y por las
comisiones de derechos humanos, denuncias bien fundadas acaban en muchos casos
por ser desestimadas o por no registrarse. Sobre el papel, México se rige desde
hace un decenio por las normas internacionales más estrictas sobre exámenes
forenses de presuntas víctimas de tortura. En realidad, los exámenes forenses
son por lo general deficientes, sufren demoras, obligan a las víctimas a volver
a vivir el trauma y tienen un sesgo contra ellas, como en el caso de Rogelio.
Él fue uno de los pocos afortunados que pudo ponerse en contacto con expertos
forenses independientes. El informe que éstos realizaron echó por tierra la
acusación que pesaba contra Rogelio y sentó las bases de su liberación sin
cargos. Por el momento, nadie ha comparecido ante la justicia por haber
torturado a Rogelio, que no ha recibido ninguna indemnización.
“Yo estoy retomando
mi vida en Ciudad Juárez, con mi familia, en mi trabajo, asistiendo a terapias,
para estar lo mejor posible para mi familia. Nunca voy a quedarme callado sobre
lo que me pasó. Yo sólo busco que el gobierno reconozca que actuó mal, que se
equivocó y que se castigue a las personas que ocasionaron todo este daño”,
afirmó.
En un golpe de vista
En 2013 se
registraron 1.505 denuncias de tortura y otros malos tratos en México, un 600
por ciento más que en 2003.
Según un sondeo
llevado a cabo recientemente por Amnistía Internaiconal, el 64 por ciento de la
población mexicana teme ser torturada si se encontrara en situación de
custodia.
A partir del año
2006, han aumentado los informes de tortura y otros malos tratos paralelamente
a la intensificación de la violencia en México como resultado de la
"guerra contra el narcotráfico" del gobierno.
Los tribunales
federales vieron 123 procesos de tortura entre 2005 and 2013; sólo siete de
ellos concluyeron con condenas en aplicación de la legislación federal.
Entre las técnicas de
tortura empleadas más habitualmente están la semi-asfixia, las palizas, los
simulacros de ejecución, la violencia sexual, las amenzas de muerte y las
descargas eléctricas.
