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1503. El alto costo de la tortura en México

© 2016 Henry Romero/Reuters

Sólo habrá cambios reales en este país cuando las autoridades, desde el presidente hasta los agentes del MP, tribunales, policía y Fuerzas Armadas se sientan obligadas a tomar mucho más en serio las normas que prohíben la tortura.
La tortura estará en la agenda del Congreso mexicano. Combatir esta práctica generalizada debería ser una prioridad urgente para todos los poderes del Estado. Su impacto en México ha sido devastador, no sólo para las numerosas víctimas de tortura, sino además para la credibilidad del propio sistema de justicia penal.
Consideremos, a modo de ejemplo, el caso de Taylin Wang y de “Pedro Salazar”, una víctima de secuestro para quien empleamos un seudónimo con el fin de proteger su identidad y privacidad.
Wang llegó a México desde su Perú natal hace siete años, en busca de un futuro mejor para sus hijos. Encontró trabajo vendiendo ropa, y luego abrió un restorán peruano. Se casó con un ciudadano mexicano, y juntos estaban criando a sus dos niñas de 7 y 9 años, y a su hijo de 16. Cuando agentes de la Policía Federal allanaron su domicilio en febrero de 2014, Wang estaba embarazada de siete semanas.
Recientemente, Wang le dio a Human Rights Watch su testimonio sobre lo sucedido durante el allanamiento, con la esperanza —según dijo— de que su historia sirva para evitar que otros tengan que vivir una situación similar.
Wang y su esposo, que se habían acostado tarde luego de ver una película, fueron despertados por policías que irrumpieron sorpresivamente en su residencia cerca de las 3 a.m. Los policías no les mostraron una orden de detención. En cambio, sacaron a Wang por la fuerza de su cama, le gritaron que era una “puta” y le exigieron saber dónde estaba su “amante”. Se llevaron a su esposo a una habitación contigua, donde estaban sus tres hijos.
Uno de los agentes le quitó a Wang la bata y la acostó por la fuerza en la cama. Mientras otros policías miraban, la penetró con el arma, le agarró fuerte los senos y le preguntó si eso le gustaba.
Los policías llevaron a Wang y a su esposo hasta una dependencia de la Policía Federal. No permitieron que Wang llamara al consulado peruano. Le vendaron los ojos, la golpearon durante horas y la obligaron a firmar un papel en blanco. “Hice cualquier garabato con tal que me dejaran de golpear”, nos contó.
Wang luego fue trasladada a la sede de la Procuraduría General de la República, donde advirtió que estaba sangrando profusamente, mucho más fuerte que cuando tenía su período. La hemorragia continuó durante días, incluso después de haber sido trasladada a una cárcel en el estado de Nayarit. Posteriormente, le confirmaron que había perdido el embarazo.
Un informe médico oficial emitido cuatro días después de la detención señala solamente “lesiones que no ponen en peligro la vida” y que “tardan en sanar menos de 15 días”. Sin embargo, una evaluación psicológica independiente de octubre de 2015 concluyó que había sido torturada. Y hasta hoy sigue recibiendo tratamiento médico, entre otras cosas, por los severos dolores de espalda por las brutales golpizas, que la aquejan desde el allanamiento.
En octubre de 2014, el Ministerio Público formuló cargos contra Wang, acusándola de pertenecer a una banda de secuestradores. Las pruebas en su contra incluían el testimonio policial y de otros dos presuntos miembros de esta banda. La policía sostuvo haberla detenido, no a las 3 a.m. en su vivienda, sino a las 10 a.m. en otro lugar, donde también encontraron a una víctima de secuestro, que estaba esposado y con los ojos vendados. Los otros supuestos implicados afirmaron que Wang había participado plenamente en la actividad delictiva de la organización.
Los agentes del Ministerio Público también presentaron la declaración de la víctima de secuestro, Pedro Salazar. Salazar ofreció un relato estremecedor de cómo fue llevado a punta de pistola, sometido a golpes y puntapiés, y obligado a repetir —bajo amenazas de asfixia— el rescate exigido a sus familiares: debían pagar a los secuestradores USD 2,5 millones o le cortarían los dedos.
No hay ninguna duda de que las autoridades mexicanas deberían asegurar que las personas responsables de este terrible delito sean llevadas ante la justicia. Pero existen motivos más que suficientes para dudar que Wang fuera una de ellas.
La acusación presenta graves e innumerables incongruencias. En primer lugar, está la absurda afirmación de que la Policía sabía que se estaba produciendo un delito en la casa donde detuvieron a Wang —y por eso ingresaron sin una orden judicial— en parte porque habían encontrado a su esposo afuera y él les había informado, voluntariamente, que retenía a una víctima de secuestro en la casa.
Luego, tres vecinas de Wang que declararon que ella no estaba allí, sino en su propia vivienda, corroborando así su versión sobre el allanamiento. Sin embargo, el agente del Ministerio Público desestimó el valor probatorio de los testimonios de las vecinas y sostuvo —sin pruebas consistentes— que se “presum[ía] aleccionamiento”, es decir, que habían sido entrenados sobre qué testificar.
En tercer lugar, el Ministerio Público aceptó como válida la identificación positiva de la voz de Wang hecha por Salazar (quien nunca la había visto mientras estuvo en cautiverio) en un procedimiento que no incluyó la comparación con otras voces femeninas.
Por último, y más alarmante, el Ministerio Público se basó en señalamientos incriminatorios de los cuales los demás supuestos miembros de la banda ya se habían retractado, tras afirmar que fueron torturados para formularlos y que eran falsos.
No sería la primera vez que agentes del Ministerio Público de México arman un caso sobre la base de testimonios obtenidos mediante coacción. El escandaloso uso de la tortura por las autoridades ha desacreditado sustancialmente las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de 22 civiles en Tlatlaya en 2014. Y estos son tan sólo los casos más conocidos. En la última década, Human Rights Watch ha documentado muchísimos casos de torturas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, como golpizas, asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual, entre otras tácticas, empleadas a menudo para obtener información u otras declaraciones incriminatorias.
Debido a este uso de la tortura para “resolver” casos, a las víctimas de delitos y sus familiares —ya sea Salazar o las familias de los estudiantes de Ayotzinapa— les resulta mucho más difícil obtener justicia, a la que tienen pleno derecho. Estos métodos nefastos generan información que no es confiable, socavan la credibilidad del proceso judicial y, muy frecuentemente, llevan a encarcelar a personas inocentes.
En diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una propuesta de Ley General sobre Tortura que, entre otras cosas, reforzaría las prohibiciones existentes sobre el uso de tortura para obtener pruebas. El año pasado, el Senado aprobó una versión mejorada, aunque imperfecta, pero en la Cámara de Diputados el proyecto sufrió modificaciones que debilitaron varias de sus principales disposiciones. El mes pasado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México publicó un análisis de este proyecto legislativo e identificó disposiciones que deben modificarse para asegurar que México cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos. En el período de sesiones legislativas que empieza este mes, el Congreso tiene la oportunidad de incorporar estas modificaciones y promulgar una ley más sólida.
En vista de los deplorables antecedentes de México en materia de tortura, el Congreso debería aprobar una ley contundente para intentar eliminar esta práctica. Sin embargo, solamente habrá cambios reales cuando las autoridades mexicanas, desde el presidente hasta los agentes del Ministerio Público, los tribunales, la policía y las Fuerzas Armadas, se sientan obligadas a tomar mucho más en serio las normas que prohíben la tortura.
Mientras tanto, Pedro Salazar aún no ha recibido de las autoridades una versión seria y confiable sobre qué ocurrió y quienes son responsables. Y en una cárcel de mujeres en la zona sur de México D.F., Taylin Wang espera que se dicte sentencia, en un proceso judicial viciado y plagado de irregularidades, por un delito que insiste no haber cometido.
Daniel Wilkinson. Director de la División de la Americas de HRW

1463. Investigación sobre tortura a la CIA, una tarea inconclusa

Un año después del informe del Senado, sigue sin haberse abierto una investigación penal ni se ha proporcionado ningún tipo de reparación
Las alegaciones del Gobierno de Obama de que obstáculos legales impiden la investigación penal sobre la tortura a manos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no son convincentes y amenazan con dejar un legado en el que la tortura es una opción política, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Existe suficiente evidencia para que el fiscal general ordene la investigación penal de altos funcionarios de Estados Unidos y otros implicados en el programa de la CIA después del 11 de septiembre para la tortura, la conspiración para la tortura y otros delitos tipificados en el derecho estadounidense.
El informe de 153 páginas, “No More Excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture” (“No más excusas: una hoja de ruta hacia la justicia para las torturas de la CIA”), exhibe evidencia para apoyar los principales cargos penales que pueden presentarse contra los responsables de los actos de tortura sancionados por el Estado, y cuestiona las afirmaciones de que los juicios no son legalmente viables. El informe también detalla las obligaciones legales de EE.UU. de proporcionar reparación a las víctimas de la tortura, así como los pasos que debe seguir para hacerlo. También especifica las acciones que otros países deben emprender para reivindicar las investigaciones penales sobre las torturas de la CIA.
“Ha pasado un año desde el informe del Senado sobre la tortura y aún el Gobierno de Obama no ha abierto nuevas investigaciones penales sobre las torturas de la CIA”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Sin estas investigaciones penales, que eliminarían la tortura como una opción política, el legado de Obama quedará manchado para siempre”.
El 9 de diciembre de 2014, el Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU. difundió un demoledor resumen del informe todavía confidencial de 6.700 páginas que documentaba el programa de detención e interrogatorios de la CIA. Además de confirmar informes anteriores, el resumen del Senado también reveló que la tortura era una práctica más brutal, sistemática y extendida en la CIA de lo que se había informado anteriormente. También brindó nuevos detalles sobre los abusos cometidos, como la denominada “alimentación rectal”, y aportó información sobre el brutal impacto que las posiciones dolorosas y la privación del sueño tenían sobre los detenidos. El resumen se centró en si “las técnicas de interrogatorio mejoradas” eran un medio eficaz para obtener inteligencia útil (concluyó que no lo eran), pero no evaluó la legalidad del programa.
 El Departamento de Justicia asegura que ya había investigado los abusos de la CIA en 2009 y concluyó que no había pruebas admisibles suficientes para presentar cargos. Pero esa investigación, dirigida por John Durham, examinó sólo los abusos de la CIA que iban más allá de las acciones “autorizadas”, en lugar de todas las torturas y malos tratos de la agencia. Incluso entonces, parece que ninguno de los investigadores entrevistó a ninguno de los ex detenidos, debilitando las alegaciones de que su investigación fue exhaustiva y creíble.
Uno de los argumentos de defensa más repetidos es que la CIA y los altos funcionarios de la Casa Blanca se basaron en opiniones legales de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia que pretendían considerar que las “técnicas de interrogatorio mejoradas” eran legales: los denominados “Memos de la tortura”. Sin embargo, el resumen del Senado pone en evidencia que los funcionarios de la CIA sabían desde el principio que estas prácticas supondrían una violación de las leyes contra la tortura. Otra prueba muestra que funcionarios de la CIA y la Casa Blanca trataron de obtener garantías contra el procesamiento penal y cuando éstas les fueron denegadas, contribuyeron a elaborar esas mismas opiniones legales que autorizarían la tortura que aplicarían a continuación.
Los “Memos de la tortura” estaban tan forzados en su razonamiento jurídico que no pueden ser considerados de manera justa como una interpretación honesta de la ley. Estos hechos constituyen la antítesis de la confianza de buena fe en el asesoramiento de un abogado que podría servir como una defensa legítima en los cargos de tortura. Además, el resumen del Senado y otras evidencias muestran que la CIA cometió abusos que no fueron autorizados y aplicaron técnicas permitidas en formas que excedían las autorizaciones.
Aunque gran parte de la tortura y otros abusos fueron cometidos hace una década o más, la ley de prescripción no obstruye algunos cargos criminales. La prescripción usual federal de cinco años no es un impedimento para los delitos de tortura y conspiración para torturar en los casos en que hay un “riesgo previsible de que pudieran producirse lesiones físicas graves o la muerte”, ni para ciertos cargos de abuso sexual. Además, la ley de prescripción para el delito de conspiración puede ser extendida si los responsables ocultan un componente central de la trama, como fue el caso con el programa de la CIA, dijo Human Rights Watch.
Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que EE.UU. ratificó en 1988, los gobiernos están obligados a investigar de manera creíble las denuncias de tortura y a entablar procesos legales en los casos en que esté justificado. No investigar ni enjuiciar las torturas de la CIA aumenta el peligro de que algún futuro presidente autorice métodos ilegales de interrogatorio similares en respuesta a una inevitable amenaza de seguridad grave. Varios candidatos presidenciales para las elecciones de 2016 han defendido el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas” y algunos han asegurado que las volverían a utilizar en caso de resultar elegidos.
La Convención contra la Tortura, en cuya concepción el gobierno de EE.UU. jugó un papel decisivo, también contempla el derecho de las víctimas de tortura a recibir una reparación o indemnización. Sin embargo, los gobiernos de Bush y Obama han frustrado activamente todos los esfuerzos por parte de ex detenidos de obtener reparaciones en los tribunales estadounidenses, invocando reclamaciones de inmunidad y seguridad nacional para conseguir que las demandas fueran desestimadas incluso antes de que los demandantes pudieran siquiera presentar evidencias de abuso.
El Departamento de Justicia debería nombrar a un fiscal especial para llevar a cabo nuevas investigaciones que garanticen que todos los testigos pertinentes, incluso las presuntas víctimas de tortura, sean entrevistados y que se recopilen, conserven y examinen todas las pruebas materiales pertinentes disponibles, recomendó Human Rights Watch.
“Si EE.UU., con su democracia establecida y su sistema político estable, puede incumplir su obligación legal de procesar la tortura, socava el respeto por el imperio de la ley en todo el mundo”, dijo Roth. “Los funcionarios del gobierno, que buscaron y ayudaron a crear opiniones jurídicas que justificaban lo injustificable no deberían de poder valerse de esas opiniones para evadir su responsabilidad”.
El informe también describe casos en el extranjero para investigar los abusos de la CIA relacionados con la tortura. Estas investigaciones realizadas en otros países se han centrado en funcionarios de EE.UU., así como funcionarios nacionales acusados de haber participado o actuado como cómplices de abusos de la CIA. El deber de enjuiciar le corresponde principalmente al gobierno de EE.UU., pero la Convención contra la Tortura contiene una cláusula de “jurisdicción universal” que obliga a todos los gobiernos a procesar a los sospechosos que entran en su territorio, independientemente del lugar donde tuvo lugar la tortura. El hecho de que EE.UU. no lleve a cabo sus propias investigaciones exhaustivas y creíbles sobre las torturas de la CIA significa que otros gobiernos deberían tomar medidas para investigar estos crímenes.
“Ante la negativa del gobierno de Obama de investigar y procesar a altos funcionarios responsables de estos graves delitos, otros países deberían proceder”, dijo Roth. “Si el presidente Obama no va a evitar un peligroso precedente de impunidad para la tortura, otros países deberían intervenir”.
Hrw.org. Washington, D.C., 01/12/15 

1459. Promesas en el papel. Impunidad diaria. La epidemia de Tortura en México

Un año después de la publicación del informe de Amnistía Internacional Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, la tortura persiste en el país, y el número de denuncias recibidas por las autoridades federales ha ido en aumento. El gobierno se ha comprometido a prevenir y sancionar la tortura, aunque su promesa aún tiene que traducirse en cambios en la vida de la gente, como llevar a los responsables ante la justicia u otorgar reparación completa a las víctimas. La iniciativa de Ley General contra la Tortura actualmente en el Congreso debe abordar la fuente de la impunidad en torno a esa práctica. Sin un diseño y mecanismos de vigilancia e implementación adecuados, únicamente consagrará los problemas existentes. Amnistía Internacional insta al gobierno de México a que adopte medidas urgentes para erradicar la tortura y garantizar que médicos oficiales, expertos forenses y agentes del ministerio público dejen de apartar la vista ante este fenómeno generalizado.
Amnesty International.org. México, Distrito Federal, 22/10/15
https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/2676/2015/es/ 

Tres agentes de policía consignados de tortura en caso histórico – una oportunidad para la justicia

Tres agentes de policía fueron acusados de tortura en el estado de Baja California tras el incansable trabajo de campaña de un sobreviviente de tortura, su familia y su abogado, con el apoyo de Amnistía Internacional. Esta es la primera consignación por tortura en un estado donde las denuncias de tortura son cuantiosas. A nivel federal, sólo existen siete condenas de tortura desde 1991, cuando la tortura se tipificó como delito en México.
Adrián Vázquez Lagunes fue detenido, amenazado, golpeado y semi-asfixiado durante 12 horas bajo custodia de la policía estatal en 2012. La Procuraduría General de la República lo acusó de portación ilegal de armas de fuego y de ser uno de los principales operadores del Cartel de Sinaloa haciendo caso omiso de sus denuncias de detención de arbitraria, tortura y fabricación de pruebas. Actualmente permanece en prisión, mientras que su juicio está en curso a pesar de que la única prueba relevante en su contra le fue plantada durante la tortura que sufrió.
"Este es un momento histórico para la justicia en Baja California, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Las autoridades mexicanas deben desistir de los cargos en contra de Adrián Vázquez y liberarlo de la cárcel inmediatamente. Al mismo tiempo, las autoridades deben continuar sus investigaciones sobre este terrible caso, llevar a todos los responsables ante la justicia y garantizar que esto no vuelva a suceder ", dijo Carolina Jiménez, Directora Adjunta de Investigación de  Américas de Amnistía Internacional.
"Lamentablemente este es un ejemplo más de cómo las autoridades mexicanas pisotean la justicia en su carrera por la llamada “guerra contra las drogas”. La policía y las fuerzas armadas siguen utilizando la tortura y otros malos tratos contra personas en un intento de hacer arrestos apresurados, y al hacerlo, violan el derecho internacional. Esto no puede continuar".
Al ser puesto a disposición de la Procuraduría General de la República, Adrián Vázquez fue examinado por un médico legista. El médico llegó a la conclusión de que las lesiones sufridas por Adrián bajo custodia policial no ponían en peligro su vida y se curarían en 15 días. Tras esta evaluación, Adrián sufrió un colapso y fue trasladado de urgencia al hospital, donde le intervinieron quirúrgicamente para salvar su vida. El informe médico del hospital identificó múltiples lesiones causadas por golpes, incluyendo lesiones de pulmón y vejiga, además de trauma abdominal.
Duraron dos años para que las autoridades llevaran a cabo los exámenes médicos forenses de Adrián. Dicho informe no cumplió con las normas internacionales básicas establecidas en el Protocolo de Estambul. Este es un problema frecuente en México, las autoridades deben tomar medidas eficaces para garantizar que todas las víctimas de tortura tengan acceso a exámenes medico forenses oficiales adecuados.
"México debe asegurar que los expertos forenses oficiales sean independientes de las autoridades de procuración de justicia para  garantizar que todas las víctimas de tortura tengan acceso oportuno a exámenes médicos forenses adecuados. Por otra parte, los exámenes forenses realizados por expertos independientes deben ser plenamente aceptados en el proceso penal, siempre y cuando cumplan con el Protocolo de Estambul", dijo Carolina Jiménez.
Amnistía.org.mx. México, Distrito Federal, 16/04/15

"Más allá del diferendo sobre lo extendido de su práctica, debemos garantizar que cada caso de Tortura sea investigado y sancionado": CNDH

 La tortura es inadmisible y representa un serio retroceso en el Estado de Derecho, sostiene
 González Pérez se reunió con 100 organizaciones sociales de Nuevo León
Ante un centenar de organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que más allá del grado de incidencia o de lo extendido que se encuentre el fenómeno de la tortura en México, es indispensable garantizar que cada caso de tortura sea investigado y sancionado.
"Como lo he señalado en los informes de actividades presentados recientemente ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo, la tortura es inadmisible, es indignante y representa un serio retroceso en el
Estado de Derecho. Su prohibición está universalmente reconocida y consta de diversos instrumentos internacionales y regionales, además de ser un principio ampliamente aceptado en el derecho internacional", enfatizó.
González Pérez señaló que en el debate sobre la realidad de una práctica tan lacerante como la tortura, las cifras pueden ser aclaradas, pero lo que no podemos permitir, subrayó, es que las recomendaciones hechas por los organismos internacionales queden sin ser atendidas y cumplidas
en su totalidad.
"Dado que México se inscribió en el concierto internacional de los derechos humanos, ahora debemos asumir y honrar el compromiso y acatar las recomendaciones de organismos como las Naciones Unidas", indicó.
Durante el encuentro con las 100 organizaciones, González Pérez escuchó los planteamientos de sus representantes sobre la situación de los derechos humanos en la entidad e intercambió puntos de vista.
El titular de la CNDH sostuvo también reuniones privadas con el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz; con el rector de la Universidad Regiomontana, Ángel Jesús Casán Marcos; con el director de Renace, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, y con Consuelo Morales Elizondo, directora y fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
Además, con Rosario Pacheco, directora de Alternativas Pacíficas y de Irma Rosa Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, así como con otras organizaciones no gubernamentales que
trabajan en proyectos comunitarios para la construcción de una cultura de los derechos humanos y de participación ciudadana.
En la gira de trabajo, González Pérez estuvo acompañado por el Primer Visitador General, Ismael Eslava; la consejera de la CNDH, Ninfa Delia Domínguez; el Secretario Técnico de la Comisión Nacional, Joaquín Narro, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Martínez de la Garza.
Cndh.org. Monterrey, Nuevo León, 07/04/15

Buscan impulsar Ley contra la Tortura

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que se debe trabajar en una Ley General contra la Tortura en México, para evitar que esta práctica se siga presentando en el país.
En una reunión con organizaciones de la entidad, junto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Ombudsman mencionó que la iniciativa sería de suma importancia para establecer protocolos de investigación y sanción.
"Debemos impulsar una Ley General (contra la Tortura) que establezca las políticas que deban de seguirse; y que haya protocolos en los que se dé una investigación y sanción efectiva.
"Mas allá de las diferencias y los puntos de vista en cifras, lo importante es que condenemos la tortura, la tortura es indignante, pues representa un retroceso en el Estado de derecho", consideró.
González Pérez, subrayó que parte importante para terminar con esta práctica, sería atender las recomendaciones emitidas a nivel internacional.
"No podemos dejar que pase un solo caso de tortura sin que sea investigado y sancionado, y debemos atender los llamados que nos hacen desde organismos internacionales".
Luis Hernández. ElNorte.com. Monterrey, Nuevo León, 07/04/15

Sigue colaboración internacional: Segob

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que hay un diferendo muy importante con el informe de Juan Méndez, Relator de Naciones Unidas sobre Tortura, aunque garantizó que el Gobierno mexicano seguirá cooperando con organismos internacionales.
"Ha dejado muy clara la posición del Secretario de Relaciones Exteriores (José Antonio Meade), por supuesto que hay un diferendo importante, que no coincidimos de ninguna manera con lo que fueron sus conclusiones. Por supuesto que tampoco coincidimos con los comentarios en relación a su trabajo.
"(En relación) a si hubiera presión de parte del Estado mexicano, de ninguna manera (la hay). Todo lo contrario, hemos venido haciendo permanentemente una coordinación y cooperación con los organismos internacionales y lo vamos a seguir haciendo de esta manera", subrayó.
Tras participar en la puesta en marcha de la producción de las boletas electorales para los comicios del 7 de junio, Osorio Chong subrayó que el tema ha quedado concluido, por lo que el Gobierno va "para adelante" .
"Por supuesto vamos a seguir trabajando con las instancias internacionales en todas las materias", reiteró. 
Antonio Baranda. Elnorte.com. México, Distrito Federal, 06/04/15

Defiende SRE postura sobre tortura
El Gobierno mexicano reiteró su rechazo al informe y las declaraciones del relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan Méndez.
A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la dependencia reconoció a la tortura como una práctica que no ha sido erradicada.
Además, indicó que valora positivamente la visita y las recomendaciones del Relator, pero no acepta la resolución de su informe.
"Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad", afirmó la SRE.
La Cancillería argumentó que el relator define el término "generalizado" como actos que no son "aislados", lo cual, según la dependencia, contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.
La dependencia también se mantuvo firme en su crítica al trabajo de Juan Méndez, a quien acusó de ser inconsistente en su labor y de faltar a su código de conducta.
"El Código de Conducta al que están sujetos los relatores requiere de ellos que 'al expresar sus opiniones (deben) indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate'. Catalogar la posición de la SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este código", indicó el comunicado.
El Gobierno federal señaló que en el informe, el Relator asegura que no recibió en ningún momento denuncias de tortura.
"Otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones según la cual el Relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención.
"Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al Relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión".
Con estos argumentos, la SRE dio por concluido el diferendo que tiene con el relator sobre Tortura, el cual ha provocado la crítica de legisladores y organizaciones internacional de derechos humanos.
Reitera apertura
En su mensaje, la Cancillería refrendó su postura de mantenerse abierta al escrutinio internacional y cooperan con los mecanismos de evaluación en materia de derechos humanos.
"México está y se mantendrá abierto al escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal.
"México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del Relator", reiteró.
Sobre este punto, adelantó que se incluirán los últimos desarrollos legislativos en la materia.
Elnorte.com. México, Distrito Federal, 05/04/15

"Pretende México distraer en tortura": Juan Méndez, Relator de la ONU

México se distrae en ataques personales, en vez de combatir contra el grave problema de la tortura, dijo el relator de la ONU en la materia, Juan Méndez.
Asimismo, aseguró que la negativa de la Cancillería mexicana a aceptar que la tortura es una práctica generalizada en el País sólo obstaculiza la lucha contra un crimen sistemático.
"Los ataques personales son una distracción de la esencia, que es erradicar el grave problema de la tortura en México", indicó el relator.
"Que yo califique (la tortura) como generalizada me parece que no es injusto ni arbitrario decirlo, y francamente no me han dado ninguna razón para cambiar de idea sobre eso", añadió.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez, indicó en una reunión privada con senadores que Méndez no fue "profesional ni ético" en su informe sobre este crimen en México.
Esa posición fue avalada por el Canciller José Antonio Meade, quien aseguró que el País dejaría de colaborar con el relator de la ONU.
Méndez, quien pide ser invitado para realizar una visita de seguimiento y dejar de lado el lenguaje ofensivo, también escribió una carta a Jorge Lomónaco, Embajador de México ante Organismos Internacionales en Ginebra, designado por la Cancillería.
En otra misiva, este último minimizó el informe al señalar que el relator sólo se basa en 14 casos.
Sin embargo, Méndez defiende su metodología: los 14 casos representan a por lo menos 107 víctimas mexicanas, asegura.
El relator de la ONU consideró que si el Estado mexicano no reconoce que la tortura es una práctica generalizada, la lucha contra ésta puede derivar en parches que no resolverán el problema de fondo.
"Todas las recomendaciones y las medidas que ya están en curso pueden ser muy útiles, pero si no se empieza por reconocer que hay un problema de fondo muy grave, que es la generalización y la habitualidad de la tortura, se empieza con un punto de partida muy limitado.
"Puede terminar en parches que puedan ser útiles para algunas víctimas pero que realmente no van a resolver el tema de fondo", señaló en entrevista el especialista argentino en derechos humanos.
El también ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se dijo abierto al diálogo, por lo que propuso a la Cancillería que lo invite nuevamente al País para realizar una visita de seguimiento en el tema, como ha ocurrido con países como Tayikistán, Túnez y Uruguay.
"Quiero creer que cuando hablan de mantener un dialogo con todos los procedimientos especiales me incluyen a mí también en él, pero obviamente, por eso es que en mi carta dije que estoy dispuesto a continuar de esa manera o de cualquier otra, pero continuar el diálogo".
¿Qué valoración hace de las declaraciones de la SRE?
En todo el proceso de mi viaje, las facilidades que me dieron durante mi visita y los contactos posteriores, no tengo ninguna queja, fue una discusión con mucha altura.
Pero en ocasión de la presentación ante el Consejo se empieza a hablar de violaciones al código de conducta. Que se personalizara en mí y que se dijera que fui irresponsable y falto de ética me pareció una escalada retórica que me perjudicó personalmente, porque es mi reputación y mi integridad profesional la que se pone en entredicho. Lo encontré completamente distinto y mucho más grave que todo el diálogo que habíamos tenido hasta entonces.
La preocupación de México es la connotación del término en derecho internacional...
Tengo clara la argumentación que hace (Juan Manuel) Gómez Robledo, me lo dijo desde el primer momento. La descripción sobre crímenes de lesa humanidad se refiere a un estándar probatorio o de conducta de individuos sometidos a proceso penal internacional. No es mi mandato analizar conductas individuales, sino estrictamente en términos de responsabilidades estatales.
Nunca afirmé que la tortura fuera parte de un ataque generalizado contra la población civil y mucho menos que fuera con conocimiento. Tendrá que ser la tarea de otros determinar si la Corte Penal Internacional (CPI) tiene o no competencias en este caso.
No tengo elementos para decir que la tortura es un crimen de lesa humanidad en México, lo que digo es que es generalizada. Que haya una sinonimia entre la forma en que se usa el término en uno y otro ámbito no quiere decir que automáticamente esto va a abrir las puertas a la competencia de la CPI.
¿Puede pedir un Gobierno a un relator que se retracte?
No hay nada de malo en pedirme que cambie mi posición si me dan elementos de juicio para cambiarla. Que me digan que no es generalizada porque pueden ir a la CPI, no es suficiente elemento para mí.
Que me digan que no puedo decir que es generalizada porque está basada en pocos casos tampoco es correcto; si me pueden demostrar que es equivocado que hay una práctica muy similar de tortura cuando actúan distintos cuerpos en distintos lugares del País, con características muy similares y que para cualquiera de esos cuerpos no hay una investigación seria posterior, yo cambio mi apreciación. Nunca me han demostrado eso. 
¿Por qué sorprende que México lo acuse de violar el código de conducta?
Hay Estados que todo el día están hablando del código de conducta, lo hacen casi mecánicamente. Lo que hay detrás es negarse a reconocer la existencia de los procedimientos especiales y la posibilidad de un diálogo constructivo.
México nunca había caído en esa trampa, nunca había agitado el código de conducta como una forma de desacreditar o menospreciar el trabajo de un relator.
Inder Bugarin y Silvia Garduño. ElNorte.com. Bruselas, Bélgica. 02/04/15

Relator de la ONU acusa ataque personal del Gobierno Mexicano

Acusa Relator ataque personal del Gobierno Mexicano
El Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, considera un ataque personal las acusaciones del Gobierno mexicano que indican que su trabajo fue poco ético y profesional.
En una carta enviada este miércoles al Representante de México en Ginebra, Jorge Lomónoaco, el Relator alega las recientes declaraciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
"Los medios mexicanos reportaron declaraciones del subsecretario para Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, (más tarde ratificadas completamente por el Secretario Meade Kuribreña) que constituyen un ataque personal contra mí", escribió.
Asimismo, reprueba que el Gobierno de México lo haya acusado de violar el Código de Conducta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"Jamás vi mi integridad ni mi ética cuestionadas, hasta ahora. Quienes ocupamos las posiciones de expertos independientes de Naciones Unidas estamos acostumbrados a ser acusados de haber violado el Código de Conducta para los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, pero debo decir que jamás esperé una acusación de México en ese sentido", indica el Relator en una carta de siete cuartillas.
Juan Méndez señala que, contrario a lo señalado por Gómez Robledo, su trabajo no es quedar bien con el Gobierno de México, sino ser constructivo, justo y honesto, al describir la situación tal y como la ve.
En ese sentido, justificó una vez más por qué, desde su punto de vista, la tortura es una práctica generalizada en México.
Reconoció que presentó 14 casos de tortura, que involucran a 107 víctimas, y explicó que únicamente puede presentar casos que cumplan con las reglas del Consejo de Derechos Humanos, lo que implica evaluar denuncias, verificar que las víctimas hayan dado su consentimiento para usar sus nombres, entre otras.
Advirtió que 14 casos y 107 víctimas es mucho más evidencia que la que presenta cualquier otro País en un año.
"Me preocupa que la discusión de mi informe se reduzca al uso de un adjetivo, un adjetivo que considero justificado, objetivo y justo, por todas las razones ya mencionadas. Me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar las problemáticas hechas que señalé a su Gobierno", señala.
"A pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona, quisiera asegurarle a usted, a su Gobierno y al Consejo de Derechos Humanos que mantengo inalterada mi actitud de diálogo constructivo".
Silvia Garduño. Reforma.com. México, Distrito Federal, 01/04/15

Disparar contra el mensajero no puede ocultar el problema de tortura en México: relator de la ONU
Envía carta que cuestiona a las autoridades locales y detalla las razones del informe sobre tortura en nuestro país.
El relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, afirmó que considera que las declaraciones de diplomáticos mexicanos “constituyen un ataque personal”, dado que su ética nunca ha sido cuestionada y niega fallas en su código de conducta.
La carta, dirigida a Jorge Lomónaco, representante de México ante la ONU, explica por qué utilizo el término, “tortura generalizada” tras el informe presentado,  donde además revela haber “recibido presiones” para cambiar de parecer.
“Me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su Gobierno”, afirmó.
Explicó que jamás vio su integridad ni si ética cuestionadas. “Hasta ahora quienes ocupamos las posiciones de expertos independientes de Naciones Unidas estamos acostumbrados a ser acusados de haber violado el Código de Conducta para los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos (Código de Conducta), pero debo decir que jamás espere una acusación de México en este sentido”, dijo.
La respuesta de Méndez se refieren a las declaraciones del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y luego “respaldados en su totalidad” por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.
Gómez Robledo afirmó que el informe le parece “muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar y que no pudo documentar concluya que hay una práctica generalizada”.
En la carta el relator, fechada el primero de abril, señala que la expresión de “tortura generalizada” la mencionó desde inicios de 2014 para informar al Gobierno de México el término de su visita.
“Ha sido con mucho pesar que arribe a esa conclusión, pero lo he hecho bajo o el entendimiento de que su Gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”, dijo Méndez.
“Hubiera sido una falta, de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí, en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería por falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe o incluso ahora, cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación”, añadió.
El relator llama a que los funcionarios mexicanos corregir las declaraciones atribuidas erróneamente e incluye cifras sobre tortura y desaparición forzada por lo que considera un “tema recurrente” en el país.
“¿Cómo pueden haberme dicho al comienzo de mi visita algunos de sus colegas, que los datos sobre denuncias de torturas han disminuido en comparación con la administraci6n anterior? Fue atento a ello que en mi informe establecí que el Gobierno y la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos reportaron una baja en el número de denuncias”, cuestionó.
Aristeguinoticias.com. México, Distrito Federal, 01/04/15

"Hubo presiones para minimizar la tortura en México": Relator de la ONU
La tortura en México está “generalizada”, reiteró el relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, en una carta dirigida al representante permanente de México ante oficinas de Naciones Unidas y organismos internacionales en Ginebra, Jorge Lomónaco.
“Ha sido con mucho pesar que arribé a esa conclusión, pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible. Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe o incluso ahora cuando toda la evidencia de que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación”.
El texto que redacta Juan Méndez es en respuesta a la carta enviada por Lomónaco al presidente del Consejo de Derechos Humamos, con fecha 13 de marzo de 2015, “especialmente debido a que, inmediatamente luego de que recibí copia de la misma, los medios de prensa en México difundieron comentarios del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo (luego respaldados en su totalidad por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade), y que constituye un ataque personal”, advierte el especialista.
Agrega no estar de acuerdo con la afirmación de Gómez Robledo “cuando afirma que mi trabajo es quedar bien con los gobiernos con los que tengo que trabajar. Muy en contrario, para que mi diálogo con los gobiernos sea realmente constructivo, tengo que ser justo, pero también honesto, al describir la situación tal y como la veo”.
En el extenso texto Juan Méndez sostiene que a pesar de ser “rudimentarias e insatisfactorias” las comunicaciones individuales para conocer la situación del país “resultan de gran utilidad”. Agrega que cuando el gobierno de México le solicitó la presentación de casos individuales, “yo lo interpreté como una muestra de interés de buena fe para tomar mediadas respecto a los casos que pudiera presentarles. En ese sentido, sigo muy atento e interesado en conocer en cuáles de estos casos (14) se ha avanzado para investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, así como para excluir evidencias obtenidas con tortura. Ese intercambio de información con respecto a algunos casos jamás se presentó, como su gobierno pretende, como el único fundamento de las conclusiones del informe sobe la situación actual de la tortura en México”, sostiene que su evaluación se basa, además de los casos particulares, en otros presentados en años anteriores y precisa que en 2012 y 2013 se trataron de 25 víctimas.
Enfatiza que su evaluación sobre la naturaleza generalizada de la tortura en México se basa en el hecho de que diversas fuentes aducen circunstancias similares: “la tortura y los malos tratos ocurren en las primeras 24 a 48 horas de la detención y generalmente terminan luego de que la persona es consignada; los métodos utilizados incluyen las amenazas, los insultos, la destrucción de propiedad, pero también los golpes usualmente con objetos duros, la electrocución, el water-boarding, en muchos casos la violencia y la violación sexual.
“Más importante aún, las historias eran muy similares independientemente de quién llevara a cabo la detención, se tratara de la policía municipal, estatal o federal, las procuradurías estatales o federales; o el Ejército y la Mariana”.
Añade que es engañoso expresar sorpresa por sus conclusiones ya que “el propio Programa Nacional de Derechos Humanos de 2014-2018, presentado por su gobierno refiere a la tortura como un tema recurrente y ejemplifica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue de una denuncia en 2005 a 2 mil 126 en 2012, además que en 2003 el Comité contra la Tortura estableció que en México la tortura era habitual y sistemática”.
Juan Méndez expresa su preocupación al concluir este texto porque “la discusión de mi informe se reduzca al uso de un adjetivo (tortura generalizada), un adjetivo que considero justificado, objetivo y justo por todas las razones ya mencionadas. Me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su gobierno... A pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona, quisiera asegurarle a usted, a su gobierno, y al Consejo de Derechos Humanos, que mantengo inalterable mi actitud de diálogo constructivo. En ese sentido, respetuosamente me permito pedir que le traslade a su gobierno mi interés en realizar una visita de seguimiento”.
Ciro Pérez Silva y Fernando Camacho Servín. Jornada.unam.mx. México, Distrito Federal, 01/04/1

La SRE realiza un ataque en mi contra: Relator de la ONU; “jamás vi mi ética cuestionada"
Juan Méndez, Relator contra la Tortura de Naciones Unidas, envió una carta al Representante de México en Ginebra, Jorge Lomónoaco,  en la que considera que existe un ataque hacia su persona por parte del gobierno de México que ha dicho que su informe presentado este año sobre la Tortura ha sido “poco ético y profesional”.
“Los medios mexicanos reportaron declaraciones del subsecretario para Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo que constituyen un ataque personal contra mí”, dice el contenido de la misiva dado a conocer este día por la prensa mexicana.
En el documento, Mendez dice:
“Jamás vi mi integridad ni mi ética cuestionadas, hasta ahora. Quienes ocupamos las posiciones de expertos independientes de Naciones Unidas estamos acostumbrados a ser acusados de haber violado el Código de Conducta para los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, pero debo decir que jamás esperé una acusación de México en ese sentido”.
Y agrega:
“Me preocupa que la discusión de mi informe se reduzca al uso de un adjetivo, un adjetivo que no considero justificado, objetivo y justo, por todas las razones ya mencionadas. Me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar las problemáticas hechas que señalé a su gobierno”.
Mendez dio a conocer el 9 de marzo las conclusiones sobre la tortura en México. En su informe dijo que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.
Ese mismo día, Jorge Lomónoaco, a quien ahora dirige la carta, le respondió: “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”.
Posteriormente, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que el Relator “sólo aportó información de 14 casos” de los cuales de 13 ya se le presentaron avances significativos para su atención.
En el mismo sentido, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo en días pasados: “Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar, que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada [de la Tortura]“. Las declaraciones de Robledo fueron suscritas la semana pasada por el Canciller José Antonio Meade.
Al respecto, Mendez dijo que presentó 14 casos de tortura, que involucran a 107 víctimas, y explicó que únicamente puede presentar casos que cumplan con las reglas del Consejo de Derechos Humanos, lo que implica evaluar denuncias, verificar que las víctimas hayan dado su consentimiento para usar sus nombres, entre otras.
Dijo que “14 casos de México, que representan más de 107 víctimas de tortura y malos tratos, es mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un solo año”.
“A pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona, quisiera asegurarle a usted, a su Gobierno y al Consejo de Derechos Humanos que mantengo inalterada mi actitud de diálogo constructivo”, dice la carta.
Inaceptable que se rechace tortura: ONG´s
Un grupo de 20 organizaciones civiles manifestaron su rechazo a las recientes declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, sobre los informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura.
En una carta exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto poner atención al “retroceso” que sufrió la política exterior mexicana y los derechos humanos en lo que va de su Gobierno.
“Es inaceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechace que la tortura sea generalizada en México y no explique el alarmante aumento del número de quejas registradas por tortura y malos tratos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos desde 2006”, cita la carta dirigida a Peña Nieto.
Entre algunas de las organizaciones firmantes, destacan Artículo 19, Instituto para la Seguridad y la Democracia, (Insyde), Propuesta Cívica y Servicios y Asesoría para la Paz, A.C (Serapaz) y JASS (Asociadas por lo Justo, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones calificaron de indignante el respaldo que Meade dio al Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, quien calificó de “no profesional y poco ético” el informe del Relator de Tortura, Juan Méndez, tras su visita a México en abril del 2014.
La misiva le recuerda a Peña Nieto que esta no fue la primera vez que funcionarios de su administración desacreditaron los hallazgos hechos por organismos internacionales, ya que la misma situación sucedió con los informes del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Lo que se está volviendo en la “falta de reconocimiento de la situación real del país y de los subsecuentes desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos”, cita la carta.
Además, las organizaciones civiles dejaron ver la preocupación por la postura de la SRE de no querer “trabajar más con el Relator de tortura”.
Esta decisión, consideraron, no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México forma parte, sino “evidencian el desconocimiento e intolerancia ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro país”.
Según las organizaciones, las reacciones de Meade y Gómez Robledo “manifiestan claramente un cambio negativo de política exterior”, por lo que exigen su rectificación para no agravar la crisis que existe en el manejo de las relaciones internacionales.
Sinembargo.mx. México, Distrito Federal, 01/04/15

Relator de la ONU acusa al gobierno de Peña de emprender campaña en su contra
Como “un ataque personal” consideró el relator especial contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, las descalificaciones que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto de su informe final sobre México.
A través de una carta dirigida a Jorge Lomónaco Tonda, embajador permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra, Méndez defendió la conclusión a la que llegó en su visita de trabajo realizada el año pasado y que plasmó en su informe final, en el sentido de que en el país la tortura es “generalizada”. Además, reveló que fue presionado para cambiar el término.
En una larga exposición, Méndez, un defensor de larga trayectoria internacional, recordó que desde la década de los 80 ha visitado México para analizar la situación de derechos humanos del país sin que haya sido cuestionada su ética profesional, como lo hizo el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, quien lo consideró “no profesional y poco ético”.
Recordó que desde el año pasado cuando concluyó la visita, advirtió que la tortura era “generalizada”, término que utilizó “bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”.
El defensor agregó: “Hubiera sido falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe o incluso ahora, cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación”.
Además, desmintió que su informe –dado a conocer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU– se fundamente en 14 casos, como lo ha difundido la Cancillería. Entonces, puntualizó que “bien sabe la dependencia” que ese número se refiere a expedientes que “representan la situación de 107 víctimas mexicanas”.
A esa cifra, apuntó, se tiene que considerar la información que recibió de “un grupo indeterminado de personas que habrían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como resultado del uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones. Muchas de esas comunicaciones involucran varias víctimas, que por diversos motivos de afinidad de sus casos han sido agrupados”.
El relator especial de origen argentino añadió en su misiva que, además de las comunicaciones y casos recibidos en su visita, la conclusión a la que arribó se fundamenta en reportes recibidos en años anteriores.
Por ejemplo, entre 2012 y 2013 fueron 25 víctimas las que entraron en contacto con la Relatoría, amén de que en la visita del año pasado Méndez habló con presos de 11 centros de retención.
Además de los casos documentados por él mismo, apuntó que durante su investigación no tuvo evidencia de que las miles de denuncias de tortura sean investigadas y los responsables sean enjuiciados y sancionados; tanto, que de 2005 a 2013 sólo se registraron cinco sentencias condenatorias.
En su carta, Méndez dio una amplia explicación de su método de trabajo apegado a los Procedimientos Especiales fijados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También se mostró “extrañado” por la reacción del gobierno de Peña Nieto, toda vez que en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como diversos mecanismos de la ONU han confirmado la persistencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellos, la tortura.
Tras celebrar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un “protocolo de actuación” frente a denuncias de tortura, el relator manifestó su preocupación de que el gobierno de la República “reduzca al uso de un adjetivo”, el de “generalizada”, la discusión sobre su informe, término que es “justificado, objetivo y justo”.
Peor aún, agregó, “me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su gobierno”.
Juan Méndez solicitó en su carta ser invitado a realizar “una visita en 2015 ó 2016”, para dar seguimiento a sus recomendaciones. Aseguró que está dispuesto a seguir colaborando, pese al “lenguaje ofensivo” utilizado por el gobierno de Peña Nieto.
El relator representante de la ONU envió copia de su carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Joachin Rucker; al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid al Hussein; al presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales, Fracois Crepeau; y al oficial al cargo de la División de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, Eric Tistounet.
Gloria Leticia Díaz. Proceso.com.mx. México, Distrito Federal, 01/04/15

Preocupación frente al retroceso de la política exterior mexicana en materia de Derechos Humanos

Lic. Enrique Peña Nieto 
Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos
Presente:
Señor Presidente,
Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales que suscribimos la presente nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestro rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones emitidas por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a los Informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre tortura, el Sr. Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
En particular el posicionamiento del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos quien calificó el Informe del Relator sobre tortura como “no profesional y poco ético”, es de profunda indignación ante la situación actual que vive México en materia de derechos humanos. Lo anterior, se vio agravado a partir del respaldo emitido por el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.
Es inaceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar no solamente el alarmante aumento del número de quejas registradas por tortura y malos tratos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos desde 2006, así como el incremento de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República por este delito; sino el hecho de que los innumerables casos documentados dan cuenta de patrones de conducta que se repiten diariamente en el país.
Por otro lado, la preocupante y desafortunada postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores de no querer “trabajar más con el Relator de tortura” no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que México es parte, los cuales están orientados a un diálogo genuino que permita debates ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento, así como una interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos especiales, sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro país.
Así mismo, expresiones tales como las emitidas en febrero y marzo de este mismo año por parte de la Secretaría de Gobernación y el Comisionado Nacional de Seguridad, respectivamente, en relación a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, luego de su primera evaluación de la situación en México, así como las emitidas recientemente descalificando el carácter generalizado de la tortura documentado por el Relator de Naciones Unidas, manifiestan claramente un cambio negativo de política exterior, que se había caracterizado por la apertura al escrutinio internacional y la colaboración con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Además, estas expresiones abonan a la crisis de confianza que enfrenta actualmente el Estado mexicano.
Las organizaciones, integrantes de la academia, activistas, defensoras y defensoras de derechos humanos que documentamos las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de una probada estrategia fallida de seguridad; que acompañamos a víctimas y familiares de tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, desplazamiento interno forzado, ejecuciones extrajudiciales, intimidación y amenazas por defender sus derechos, su tierra y territorio, o ejercer un periodismo independiente e imparcial, hemos experimentado de primera mano la debilidad de las salvaguardias institucionales de prevención y protección ante estos delitos a lo largo y ancho del país.
La falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, manifestada en el creciente y preocupante desconocimiento de las observaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos por parte de su administración, representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de derecho. Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los derechos humanos.
Señor Presidente, en momentos difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado a la congruencia en la política exterior mexicana en materia de derechos humanos. La invitación abierta y permanente que sostiene México a mecanismos internacionales de derechos humanos, se diluye ante el desconocimiento de las observaciones emanadas de dichos mecanismos, conformados por personas expertas y de reconocido prestigio internacional, quienes sobre la base de información objetiva y fidedigna, y guiadas por los principios de integridad, transparencia e imparcialidad, contribuyen en la promoción y protección de los derechos humanos.
La autocomplacencia y la falta de voluntad para atender lo que verdaderamente ocurre en el país, no contribuye a las acciones necesarias para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. En consecuencia, le solicitamos rectifique las respuestas del Estado mexicano a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y al Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y atienda las recomendaciones presentadas en sendos Informes a la brevedad.
Sin otro particular, y en espera de su respuesta, le enviamos un saludo.
Atentamente,
Action des Chrétiens pour L’Abolition de la Torture, ACAT France
Article 19. Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.
Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEJUDESC)
DECA Equipo Pueblo, A.C.
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)
Freedom House México
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPFL)
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
IDHEAS Litigio Estratégico A.C
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)
Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde A.C.
JASS (Asociadas por lo Justo)
Propuesta Cívica
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C (SERAPAZ)
Washington Office on Latin America (WOLA)
World Organisation Against Torture (OMCT)
c.c.p. José Antonio Meade Kuribeña. Secretario de Relaciones Exteriores. Para su conocimiento y atención.
Juan Manuel Gómez Robledo. Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para su conocimiento y atención.
Juan E. Méndez. Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para su conocimiento.
Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mismos fines.
Cmdpdh.org. México, Distrito Federal, 31/03/15

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