Laura
Romero solo recibe agua durante algunas horas al día y por lo menos una vez a la
semana se queda sin el recurso, por lo que se ve obligada a almacenarla en
bidones como el resto de sus vecinos de
un barrio del norte de la capital de México.
“Cuando
no hay agua, nos envían camiones de reparto. Insistimos en que reparen la
infraestructura, porque hay fugas, pero nos dicen que primero tienen que hacer
un anteproyecto” para calcular costos, denunció esta integrante del
Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco, su barrio.
El
Frente gestiona dinero público para construir viviendas populares a bajo costo
y condiciones preferenciales en este barrio de clase media. En diciembre
concluyó un lote de ellas, a las que el gubernamental Sistema de Aguas de
Ciudad de México se niega a darle servicio y temen que suceda lo mismo con otro
proyecto que comenzaron a edificar.
“El
gobierno nos dice que cada persona debe pagar 8.000 pesos (unos 350 dólares)
por la conexión”, cuestionó Romero.
En
contraste, en la zona operan al menos seis centros comerciales y un centro de
espectáculos que cuentan permanentemente con agua.
Problemas
de abastecimiento y de calidad, contaminación, acaparamiento y sobreexplotación
rodean al recurso en este país latinoamericano de 118 millones de habitantes,
cuando se celebra el Día Mundial del Agua, dedicado este año a la
vinculación esencial entre el líquido y el desarrollo sostenible.
En
México el recurso se considera un bien público y nacional, del que es
responsable la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y lo administran el gobierno
central, los estados y los municipios, que pueden entregar concesiones para su
distribución y manejo, incluyendo entregas a los sectores industrial y
agropecuario.
Hasta
ahora, los problemas en el país con el agua no mejoraron después que en 2012
una reforma de la Constitución calificó el recurso como un derecho humano.
“Hay
cuerpos de agua contaminados, hay comunidades con problemas de abastecimiento”,
indicó Omar Arellano, coordinador del grupo de Ecotoxicología del Programa
Observatorio Socioambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la
Sociedad.
Entre
las causas, dijo el también académico del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, está el hecho
de que “en los últimos años ha habido una gestión de transvases que pone en
riesgo a poblaciones y altera los ciclos hídricos”.
Arellano
es uno de los autores del informe de 2012 “La contaminación en la cuenca del
río Santiago y la salud pública en la región”, en el que hallaron que 280
empresas descargan sustancias tóxicas en sus aguas.
Asimismo,
ese caudal, situado en el occidental estado de Jalisco, alberga 1.090
contaminantes peligrosas, un riesgo para el ambiente y la salud de unas 700.000
personas, que habitan en su ribera. La situación con esa cuenca es un ejemplo
delo que sucede en otras partes de la geografía mexicana.
Agua
hay, pero no para todos
El
Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 indica que la disponibilidad natural
media de agua en México cayó de 18.035 metros cúbicos anuales por habitante en
1950 a 3.982 en 2013.
Pese a
su caída, la disponibilidad no es un problema, según los parámetros de la
Organización de las Naciones Unidas, que establece que un país con menos de
1.000 metros cúbicos anuales por habitante tiene escasez y aquel con un rango
entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos por persona soporta dificultades hídricas.
En
términos absolutos, México tiene una disponibilidad anual media de 471.000
metros cúbicos, según el Atlas 2013 de Conagua, sumando las aguas superficiales
y subterráneas y la importación de agua desde el vecino Estados Unidos por
tratados bilaterales.
Pero
casi 14 millones de personas carecen del recurso en sus viviendas. Los estados
donde este problema es mayor son el
sudoriental Veracruz, el suroccidental Guerrero y el central México, contiguo a
la capital mexicana.
Además,
en el país existen 34 millones de personas que dependen de acuíferos en proceso de agotamiento para
aprovisionarse del recurso.
El PNH
reconoce que los grupos étnicos minoritarios y las mujeres, principalmente del
medio rural y las zonas periurbanas, son quienes más padecen la carencia de
agua potable y saneamiento.
Claudia
Campero, representante para América Latina del no gubernamental y canadiense
Proyecto Planeta Azul, dijo que la reforma constitucional “es la oportunidad
de cambiar de paradigma, queremos una visión sustentable del agua”.
México
debió modificar antes de febrero de 2013 la Ley General de Aguas de 1992, para
adaptarla a la reforma constitucional de 2012, pero ello no ha sucedido
todavía.
En
tanto, la disputa por el recurso entre usuarios, comunidades y organizaciones y
el gobierno y los intereses privados se ha agudizado por dos iniciativas de ley
que se contraponen.
El 9 de
febrero una coalición de organizaciones y académicos presentó su propuesta
ciudadana de Ley General de Aguas, que garantiza el líquido para el consumo
humano, las actividades económicas, la retroalimentación de los sistemas, el
manejo local a nivel de cuenca y la creación de un fondo especial.
Antes,
en marzo de 2014, la Conagua envió al
Congreso legislativo un proyecto de ley, pero su texto recibió un masivo
repudio, lo que llevó a los parlamentarios a sacar el texto de su agenda el 9
de este mes.
Privatización
de facto
Organizaciones
y académicos vetaron la iniciativa por considerar que privatiza el servicio, le
otorga un cariz mercantil al recurso, prohíbe la investigación sobre su calidad
y contaminación, favorece el transvase
de ríos y la construcción de obras como represas.
“Se
corre el riesgo de aumentar la desigualdad. Necesitamos una gestión integral
del agua”, planteó Arellano.
La
privatización de hecho del servicio ha avanzado lentamente en México por
diferentes caminos.
En la
ciudad de Saltillo, al norte de Ciudad de México, y Aguascalientes, en el
centro del país, la administración del recurso está en manos particulares. En
la capital mexicana operan cuatro concesiones privadas para la medición y cobro
del servicio.
Además,
empresas de cerveza, lácteos, embotelladoras de agua, fabricantes de aguas
gaseosas, mineras y hasta fondos de inversión han obtenido concesiones de
fuentes hídricas, como lo atestiguan investigaciones de varios académicos.
La red
Agua para Todos, compuesta por más de 400 investigadores y 30 organizaciones no
gubernamentales, ha creado un mapa de conflictos hídricos por deforestación,
sobreexplotación, contaminación y otras causales.
En
2013, el volumen entregado en concesión para la extracción con fines agrícolas
e industriales rebasó los 82.000 millones de metros cúbicos, de los cuales casi
51.000 millones son fuentes superficiales y 31.000 millones de acuíferos.
“Hay
falta de transparencia de empresas que se han beneficiado de la privatización.
No es necesario llegar 20 años después para ver sus efectos”, recalcó Campero.
México
es un país altamente vulnerable al cambio climático con variaciones de
temperatura y precipitación fluvial, por lo cual se vaticina que en 2030 puede
padecer efectos sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea.
En 15
años más, se estima que la demanda supere 91.000 millones de metros cúbicos y
la oferta sea de 68.000 millones, en brecha para la cual aún no se visualizan
soluciones innovadoras.
“Queremos
agua, no es justo que el Estado nos niegue su acceso”, demanda ahora Romero
desde el barrio capitalino de Azcapotzalco.
Emilio
Godoy. Ipsnoticias.net. México, Distrito Federal, 20/03/15