Saúl Torres Barbosa,
defensor del medio ambiente, Comité pro Defensa Parque Benito Juárez, Tijuana,
Baja California.
El Comité con el que
participa obtuvo el apoyo de varios diputados e interpuso una solicitud de
amparo para impedir que siguiera el proyecto. A pesar de esto, se iniciaron las
obras de construcción en septiembre de 2013. Al protestar en la zona, él y su
compañero Eliseo Sandoval fueron desalojados de manera violenta.
Nací en Guadalajara,
Jalisco, pero desde el año de 1981 la ciudad de Tijuana me adoptó. Trabajé 18
años en Estados Unidos como obrero en una fábrica hasta que sufrí un accidente
de trabajo.
Comencé a preocuparme
por cosas que suceden en la comunidad y en las playas; preocuparme por los
demás, no sólo por mi familia y más allá de las cuatro paredes que son mi
hogar. Empecé a conocer gente, participar con ellos y asumir ciertas
responsabilidades; entender con cada proyecto y cada comisión que se me asignaba,
lo que estaba pasando. Así es como uno entiende que detrás de cada
manifestación o denuncia no sólo se encuentra la inconformidad de la gente,
sino un problema mucho mayor, que es la corrupción de las autoridades, y
confrontarse con ellos es una batalla larga y desgastante.
Me fui involucrando
cada vez más y mis actividades fueron creciendo. No sólo era trabajar con los
problemas que tenemos en la colonia sino que me fui más allá, a defender los
espacios públicos, medio ambiente, la ecología y el patrimonio cultural. De pronto vez que hay proyectos y obras que
están violentando leyes o nuestros propios derechos establecidos en la
Constitución, entonces ya no basta con ir ante autoridades municipales o
estatales, tienes que ir hasta con el gobierno federal.
Iniciamos como
personas agrupadas con la comunidad, haciendo invitaciones para defender el
parque Benito Juárez. Este movimiento sentó un precedente porque descubrimos
que el gobierno estatal había elaborado una ley de asociaciones públicas
privadas, precisamente para apropiarse de esos bienes públicos (como el
parque), para dárselo a la iniciativa privada. Con esa nueva ley le quitan al
pueblo lo que es suyo para beneficiarse y además financiar sus obras con
nuestros impuestos.
Formamos dos
asociaciones civiles, la primera para defender el parque Benito Juárez, en ella
buscamos la defensa del medio ambiente y la ecología. Así fue como la gente
empezó a simpatizar y agruparse con nosotros, con el propósito de defender el
parque, el medio ambiente. Después tuvimos que ampliar el objeto social, para
defender el patrimonio cultural público, pues detectamos que la autoridad
municipal se apropiaba predios, destruía monumentos históricos para hacer
proyectos que no siempre benefician a la gente.
Pese a que la defensa
del parque Benito Juárez no nos favorece, nosotros seguimos buscando que nos
escuchen para que no construyan ahí un centro comercial. Hemos comenzado a
tocar las puertas incluso de instancias internacionales. Logramos parar
proyectos en donde descubrimos que querían reconstruir el centro histórico, sin
trabajo alguno de conservación, además encontramos que estaban en juego
intereses de empresas extranjeras y los gobernantes.
La labor de defensa
se ha convertido más en una carrera de resistencia, en esta lucha incluso el
arzobispo intentó desprestigiarnos y me han robado tres vehículos. Una
administración dura tres años, viene la nueva administración o el cambio de
gobernador, y es más difícil fincar responsabilidades por lo que no hizo una
administración pasada. No sabemos cuánto
tiempo va a pasar, saben como hacer que el proceso sea muy largo, agotar
instancias nacionales, seguir a nivel internacional, y así ir alargando aún
más, para entonces los responsables no estarán aquí.
En mi caso he tenido
apoyo de un círculo muy reducido de personas, de la familia no, en el
matrimonio nos conocimos siendo otros y de pronto el hecho de que defienda
estas causas hace que me vean como si fuera otro. Pero así estaré hasta que me
muera, no voy que claudicar yo tengo esa fuerza.
