El Comité de Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Niños dijo que la violencia armada, el
narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México han resultado en
un alto número de decesos de menores, y lamentó el “alto número de
desapariciones de niñas”, y “el alto número de feminicidios”.
También habló sobre
“los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y
abuso de menores inmigrantes”, y de ”los informes corroborados de que cientos
de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia
católica”.
México se sometió al
escrutinio del Comité los pasados 19 y 20 de mayo. Este miércoles se dieron
conocer las conclusiones del mismo, en las que el grupo de expertos que
conforma el Comité puso énfasis en la situación y problemas por los que
atraviesa la infancia en México.
Un tema en el que
dedicaron varios apartados fue el referente a la explotación sexual,
especialmente de niñas. Al respecto el Comité denunció el alto número de
embarazos adolescentes como consecuencia de abusos, y se sorprendió del hecho
que los violadores puedan evitar el castigo si se casan con la víctima.
Los expertos pidieron
que se despenalice el aborto, a menos en los casos de violación, incesto o
riesgo para la vida de la madre, y recordó que el alto número de interrupciones
del embarazo inseguras ha hecho aumentar la mortalidad materna.
Otro de los asuntos en
los que el Comité demostró su “gran preocupación” es en “los informes
corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por
parte de clérigos de la Iglesia católica”.
Los expertos lamentaron
la impunidad de la que han gozado los culpables, por lo que solicitaron que el
Estado investigue, juzgue y castigue a los clérigos sospechosos.
Este día, el Papa
Francisco aprobó el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos
de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, y que
serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de
la Fe.
Hasta ahora no se
podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de
delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis, y
por ello, en la última reunión del C9, el cardenal Sean O’Malley había
expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta.
Sobre la situación por
la que atraviesan los menores migrantes en México, la ONU pidió al gobierno de
Enrique Peña Nieto ”evitar los asesinatos, secuestros, desapariciones,
violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”.
En abril pasado, el Pew
Research Center dijo que “el Presidente [Barack] Obama y otros funcionarios estadounidenses
dijeron que [México] ha contribuido a una caída significativa en el arresto de
menores en la frontera entre ambos países”.
En tanto, la Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés)
denunció en mayo que el control migratorio se ha intensificado en México como
consecuencia del Programa Plan Frontera Sur, lo cual plantea importantes
problemas humanitarios “especialmente para los niños migrantes”.
Al respecto, los
expertos solicitaron que se “investigue, se procese y se castigue a los
culpables, incluyendo cuando éstos son agentes del Estado”.
El Comité recordó que
debe prevalecer el interés del niño en la toma de decisión sobre su paradero y
su eventual deportación.
Los expertos también se
refirieron a las corridas de toros y los efectos que éstas tienen tanto en los
niños toreros como en los que son simples espectadores.
El Comité pidió
explícitamente a México que prohíba a niños ejercer como toreros, una práctica
que los expertos consideraron “trabajo infantil”. Pidieron que proteja a los
menores espectadores de un espectáculo violento que les puede afectar
negativamente.
Por otra parte, el
informe hace hincapié en la necesidad de dar especial atención a los niños
indígenas y a los descendientes afromexicanos para protegerlos de cualquier
forma de explotación y violencia.
Con respecto a la
justicia juvenil, el Comité lamentó que haya distintas legislaciones y que los
niños puedan ser condenados a menores o mayores penas por el mismo delito en
función de donde residan o donde lo hayan cometido.
Por otra parte, los
expertos solicitaron a México que revoque las leyes que permiten reclutar a
menores de 16 y 17 años, y que aumente la edad de reclutamiento voluntario
hasta los 18 años.
“El Comité urge al
Estado a penalizar explícitamente el reclutamiento y la participación de niños
en las hostilidades, incluyendo en los grupos no estatales”. De hecho, los
expertos se alarman del alto número de reclutamiento de niños por parte de los
grupos organizados y la falta de penalización y persecución de esta práctica.
SinEmbargo.mx. México, Distrito Federal, 10/06/15
