La Organización
de las Naciones Unidas (ONU) es manipulada políticamente por empresas
trasnacionales, algunas de las cuales violan abiertamente derechos laborales y
normas ambientales que el organismo mundial defiende, según un nuevo estudio.
El estudio
de la organización independiente Global Policy Forum, advierte que la ONU está “iniciando una nueva era de multilateralismo
selectivo, conformada por estancamientos políticos intergubernamentales y una
creciente dependencia de soluciones empresariales para los problemas
mundiales”.
“Los
patrones cambiantes de financiación de la ONU y sus fondos, programas y
organismos especializados reflejan estas tendencias alarmantes”, añade.
El estudio
destaca la brecha que existe entre la magnitud de los problemas globales y la
capacidad financiera de la ONU para resolverlos, la creciente participación de
los aportes complementarios y los fondos fiduciarios en las finanzas del foro
mundial, su mayor dependencia del sector empresarial y la tercerización de la
financiación y de la toma de decisiones.
El estudio
de 140 páginas, titulado “¿Apta con qué objetivo? La financiación privada y la
influencia corporativa en las Naciones Unidas”, se publica días antes de la
Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Cuando se le preguntó quién tiene la culpa de esta situación, Jens Martens, director de
Global Policy Forum y coautor del estudio, respondió que los Estados miembros
no aportaron fondos suficientes y confiables al sistema de la ONU.
“Esta
situación se ve agravada por la insistencia desde hace muchos años de los
gobiernos occidentales, encabezados por Estados Unidos, en la doctrina del
crecimiento cero para el presupuesto ordinario de la ONU”, dijo.
El
resultado es una dependencia cada vez mayor de la financiación voluntaria y no
central, así como de un número creciente de alianzas dispares entre el sector
empresarial y la ONU, agregó Martens.
El Centro
de la ONU sobre las Corporaciones Trasnacionales, creado en 1975 principalmente
para supervisar a estas empresas, fue desmantelado en 1992.
Algunas de
las iniciativas que obligan a las empresas a rendir cuentas al público se
iniciaron en la década de 1970, incluidas las discusiones sobre un Código de
Conducta para las Empresas Trasnacionales.
Pero esta y
todas las gestiones posteriores en ese sentido fracasaron debido a la enérgica
oposición de las empresas y sus grupos de presión.
Al mismo
tiempo, según el estudio, las empresas tuvieron gran éxito con estrategias de
relaciones públicas que ayudaron a presentarlas como buenas ciudadanas
corporativas que buscan el diálogo con los gobiernos, la ONU y demás grupos de
interés, y como capaces de cumplir normas ambientales, sociales y de derechos humanos
mediante iniciativas voluntarias de responsabilidad social empresarial.
Martens
dijo que el secretario general Ban Ki-moon y los directores de las agencias de
la ONU se convirtieron en enérgicos defensores del relacionamiento con el
sector empresarial.
Además de
considerar esas alianzas como una nueva fuente de fondos, las mismas se basan
en la creencia de que las relaciones con poderosas corporaciones son esenciales
para mantener la relevancia de la ONU con respecto a los desafíos globales de
hoy, señaló.
“Pero
venden la ONU a un precio barato. Mientras que los costos de las empresas son
muy bajos, los beneficios pueden ser comparativamente altos”, aseguró Martens.
Las
empresas se benefician de una transferencia de imagen fuerte al asociarse a la
ONU, ganar mayor visibilidad y conseguir acceso directo a las autoridades
internacionales, comentó.
“¿Qué
significa esta transferencia de imagen para la reputación y la neutralidad de
la ONU? ¿No se corre el riesgo de que la colaboración con empresas controvertidas
afecte negativamente la imagen de la ONU como intermediaria neutral y socave su
reputación?”, se preguntó el activista.
Cuando la
ONU busca ayuda financiera exterior, ya sea para sus necesidades de desarrollo
o para defender causas sociales, recurre invariablemente al sector privado en
la actualidad, asegura una fuente del foro mundial.
Ban pidió a
los inversores privados que ayuden a la ONU a recaudar la descomunal cifra de
100.000 millones de dólares al año para luchar contra las consecuencias
devastadoras del cambio climático.
El estudio
también critica el Pacto Mundial de la ONU, considerada la mayor iniciativa de
sostenibilidad corporativa del mundo, que abarca a 8.371 empresas de 162
países.
El Pacto
Mundial ha sido decisivo en la apertura de la ONU al sector empresarial, según
el estudio.
“Si bien
puede haber sido concebido para hacer exactamente lo contrario – sensibilizar a
las empresas sobre el interés público… – también actúa como una plataforma y
promotor de los intereses corporativos en la ONU”, subraya.
Esto se ve
agravado por la dependencia en la financiación privada y la excesiva
complejidad de su estructura de gobierno, que da poco espacio a los Estados
miembros, al tiempo que limita la supervisión de quienes hacen contribuciones
financieras.
“De hecho,
el Pacto Mundial es una de las pocas entidades de la ONU que dependen
predominantemente del dinero privado. Esto puede tener repercusiones en cómo se
interpreta y aplica su mandato”, advierte el estudio.
La
financiación de todas las actividades del sistema de la ONU asciende a 40.000
millones de dólares por año, indicó Martens.
“Si bien
esta puede parecer una suma importante, en realidad es inferior al presupuesto
de la ciudad de Nueva York, menos de una cuarta parte del presupuesto de la
Unión Europea, y solo 2,3 por ciento del gasto militar mundial”, explicó.
“Mientras
que el Banco Mundial pide a la comunidad internacional que pase de los ‘miles
de millones’ a los ‘billones’ para cumplir con las necesidades de inversión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU aún tiene que calcular en términos
de ‘millones’”, expresó.
Barbara
Adams, coautora del estudio, dice que “muchos Estados miembros, en particular
los grandes donantes, aplican la doble estrategia de exigir mayor coherencia en
las actividades de desarrollo de la ONU, mientras que al mismo tiempo aumentan
el uso de fondos específicos, lo que favorece la fragmentación”.
“Esta
dinámica selectiva, junto con las restricciones financieras en curso, abrieron
el espacio a la participación del sector empresarial”, agregó.
Impulsada
por la creencia de que el relacionamiento con aquellos de mayor poder económico
es esencial para mantener la relevancia de la ONU, esta práctica tiene
consecuencias dañinas para la gobernabilidad democrática y el apoyo del público
en general, ya que se alinea más con los centros de poder y se aleja de los
menos poderosos, afirmó Adams.
Thalif
Deen. IPSNoticias.net, 23/09/15
