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Las reformas anticorrupción y la primera etapa
de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes
para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el
país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC) 2016.
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México obtiene una calificación de 30 puntos, lo
que lo ubica en la posición 123 de 176
países. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), México es el país es el peor evaluado.
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La falta de contrapesos reales entre poderes, el
número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública
y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del
país.
México cae 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016,
publicado el día de hoy por Transparencia Mexicana y Transparencia
Internacional. El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a
100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado
en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la
medición anterior.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016,
publicado anualmente por Transparencia Internacional, México se mantiene por
debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones
separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores
económicos
Entre las 35 economías que integran la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el
último lugar.
Las reformas anticorrupción y la primera etapa de
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para
reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar
la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción.
No basta con asegurar la transformación
institucional. Los cambios en el marco legal e institucional deben acompañarse
de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a
un número importante de las instituciones públicas del país. Los casos
conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes.
Recomendaciones para México
Corrupción e impunidad deben ser excepción y no
regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos
deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.
Es necesaria una Fiscalía General de la República
capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción
del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. Su
diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y
permanentes para desmantelar redes de corrupción. México debe comenzar la
transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía
General, asegurando una discusión técnica y abierta, así como apertura en el
proceso de designación de su titular.
El Congreso, y en particular los Congresos Locales,
deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes
ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones
y el ejercicio de los recursos a nivel local.
Además de asegurar la correcta implementación del
Sistema Nacional Anticorrupción en el ámbito federal, es necesario iniciar el
proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción: 19 de las 32
entidades federativas del país aún no lo han hecho. En el ámbito federal las
reformas en materia de adquisiciones y obra pública deben ser una prioridad.
En muchos estados del país, las instituciones que
formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una
autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la
corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y
no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos
de fiscalización estatales.
En el contexto económico del país, además de las
medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales
que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada
fiscalización del gasto público.
Tm.org.mx. 24/01/2017
