El Presidente Peña
Nieto debe cambiar radicalmente su política de seguridad y de derechos humanos
"Quisiera saber
dónde estás para ir corriendo y salvar tu vida, no importando quitarme la
mía". Esas palabras nacen del dolor de María Micaela Hernández, madre de
Abel, estudiante desparecido en Ayotzinapa. Es el mismo dolor de millones de
madres. La tristeza sin fin de los familiares de desaparecidos es parte de la
estrategia diseñada para imponer el terror y la angustia y someter a las
personas a la voluntad arbitraria del poder.
En la historia de la
humanidad abundan los ejemplos de la brutal capacidad del ser humano para crear
el infierno en la tierra. El holocausto no sólo desnudó al animal salvaje y su
fuerza asesina, sino también a la frialdad para diseñarlo. El 12 de diciembre
de 1941, en la carta de presentación del decreto firmado por Hitler, Noche y
Niebla, que reglamentó la práctica sistemática de las desapariciones, Wilhelm
Keitel, Comandante Supremo del Ejercito alemán, explica el objetivo del
decreto: "Una intimidación eficiente y duradera sólo se logrará con la
pena capital, o con acciones que no permitan a los familiares del criminal y a
la población conocer su destino".
Décadas después, el
objetivo de las desapariciones se mantiene incólume: destruir a la persona y a
la sociedad que lo rodea. En el siglo XX la hiedra de las desapariciones avanzó
sobre decenas de países. América Latina puso su dolorosa cuota y le dio un
nuevo significado a esa palabra. Hace 41 años, el 29 de Marzo de 1974, el
Comité Pro Paz chileno presentó un recurso de amparo masivo por el arresto y
desaparición de 131 personas. Ese día, la palabra desaparecido tuvo su bautismo
jurídico, y "Nunca Más" significaría lo mismo.
En México,
lamentablemente, en la última década la palabra "desaparecido" se ha
transformado en un aullido interminable para la sociedad mexicana. El 11 de
diciembre del 2006, 11 días después de haber asumido la presidencia, el
presidente Calderón anunció el envío de más de 5.000 militares y policías a
Michoacán para combatir el narcotráfico y "fortalecer la seguridad de los
mexicanos y sus familias". El apoyo político, la ausencia de control civil
y la impunidad en la justicia militar, crearon la tormenta perfecta para que la
lista de desaparecidos se multiplique. Desde ese día, nada fue igual para los
mexicanos y sus familias. Según datos oficiales, en México hay más de 25.000
desaparecidos.
Al igual que sucedió
en otros países, la cifra puede ser mayor. El hallazgo más impactante del
informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, fue descubrir que
el número de víctimas era mucho mayor al inicialmente estimado. Las causas de
ese incremento son trasladables a la realidad mexicana: "...si
consideramos dónde y a quiénes afectó principalmente el conflicto armado
interno (las zonas rurales, campesinas, pobres y culturalmente más distantes
del mundo "occidental" peruano), no resulta inverosímil que tantos
ciudadanos de "ése" Perú hayan perecido ante la indiferencia o
desconocimiento del país "oficial", "moderno" u
"occidental". Considerando que un porcentaje elevado de las
desapariciones registradas por las organizaciones de la sociedad civil no
figuran en el registro oficial, es razonable asumir que la cifra oficial
debería ser mayor.
Si bien no existe
certeza sobre cuántas desapariciones ocurrieron por el accionar de agentes del
Estado, según la poca información oficial se puede concluir que, por lo menos,
son varios miles los desaparecidos como consecuencia de la participación
directa o indirecta de militares o policías mexicanos. El caso de los 43
estudiantes es la rendija por donde observamos los distintos componentes de las
desapariciones que conforman la alarmante realidad mexicana.
Una investigación de
la revista Proceso, revela que el Gobierno mexicano, local y federal, participó
en la planeación, implementación y encubrimiento de los asesinatos y desapariciones.
Los estudiantes fueron monitoreados con anticipación, y la información era
compartida entre la policía local, federal y el Ejército. Asimismo, los
estudiantes no fueron elegidos de forma aleatoria, ya que por lo menos once
formaban parte de organizaciones políticas estudiantiles. Luego de las
desapariciones y ejecuciones, el gobierno puso en funcionamiento un plan para
entorpecer la investigación y encubrir los hechos, al mismo tiempo que
impulsaba un relato oficial, creado en base a torturas, presiones y mentiras.
El Presidente Peña
Nieto puede ponerle fin a las desapariciones. El primer paso consiste en el
reconocimiento de la existencia y gravedad de la situación. Sin embargo, a
juzgar por la irracional reacción del Gobierno contra el informe del Relator de
Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, pareciera que la voluntad para
ponerle fin a este flagelo es una simple máscara. Luego de que Juan Méndez,
miembro del podio de los defensores de derechos humanos más experimentados,
respetados y profesionales, hiciera público su informe denunciando una práctica
generalizada de tortura e impunidad, el gobierno optó por acusarlo de falta de
ética y profesionalismo y le retiró cualquier colaboración futura. A la
reacción contra Juan Méndez, se le deben añadir, entre otras, las recientes
reacciones contra el Comité contra la Desaparición Forzada y contra el Equipo
Argentino de Antropología Forense. Negar la realidad, matando al cartero, no es
un paso muy auspicioso para terminar con las numerosas violaciones a los
derechos humanos que azotan a México.
"Desde aquel día
de tu partida te sigo esperando, hijo, y sé que estas lágrimas que lloro, al
final será el precio por verte de vuelta...", continúa María Micaela,
esperando que Abel vuelva a sentarse a la mesa. Por cada hora negando la
realidad e inventando un relato oficial, el gobierno suma a su lista a otro
desaparecido, torturado o ejecutado.
Para que México pueda
ser nuevamente lindo y querido para todos los mexicanos, el presidente Peña
Nieto debe cambiar radicalmente su política de seguridad y de derechos humanos.
Para lograrlo, tiene a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional de
su lado. Lamentablemente, por ahora, él y su Gobierno están del otro.
Santiago Canton. Director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights.
Santiago Canton. Elpais.com. Madrid, España. 30/04/15
