Estados Unidos
Mexicanos
Jefe del Estado y del
gobierno: Enrique Peña Nieto
Se recibieron nuevas
denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en
el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de
la policía y el ejército. La impunidad por violaciones de derechos humanos y delitos
comunes seguía siendo la norma. Según datos oficiales, más de 22.000 personas
permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero
desconocido, entre ellas 43 estudiantes del estado de Guerrero. Las iniciativas
de búsqueda de las personas desaparecidas resultaban por lo general
infructuosas. Se siguieron recibiendo noticias de numerosos casos de tortura y
otros malos tratos, así como información que indicaba que los agentes federales
y estatales del ministerio público no investigaban adecuadamente las denuncias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reforzó las obligaciones jurídicas
para excluir las pruebas obtenidas mediante tortura. Se seguían atribuyendo
muchas violaciones de derechos humanos a soldados y miembros de la Marina, que
continuaban siendo desplegados en gran número en operaciones de mantenimiento
del orden, incluida la lucha contra la delincuencia organizada. Tras décadas de
campañas por parte de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, se
abolió el fuero militar para los casos de violaciones de derechos humanos
cometidas por personal militar contra civiles. Los periodistas y los defensores
y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas y
homicidio. Algunos enfrentaban cargos penales por motivos políticos. Los
migrantes irregulares en tránsito seguían viviendo bajo la amenaza de
asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de seres humanos; los
responsables rara vez comparecían ante la justicia. A pesar de la existencia de
leyes para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia de género era
habitual en muchos estados. Los proyectos de desarrollo y explotación de
recursos que afectaban a comunidades indígenas en diversas partes del país
provocaron protestas y demandas de un proceso adecuado de consulta y
consentimiento.
Información general
El gobierno continuó
con su programa de reformas legislativas, que afectaban a los sectores de la
energía, la educación, las telecomunicaciones y la organización política. Pese
a la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos, hubo escasas
muestras de que se hubieran adoptado medidas sustanciales para abordar la
situación de los derechos humanos.
Varios estados, entre
ellos, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, adoptaron o
intentaron adoptar leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los
funcionarios encargados de mantener el orden durante las manifestaciones. Tales
cambios no se ajustaban a las normas internacionales de derechos humanos y suponían
una amenaza para la libertad de expresión y asociación. En el estado de Puebla,
que había aprobado recientemente una ley de ese tipo, se estaba investigando al
finalizar el año a unos agentes de policía por la muerte de un muchacho de 13
años, ocurrida en el contexto de una manifestación, posiblemente como resultado
del uso excesivo de la fuerza. Tras el incidente, se procedió a revisar dicha
reforma legislativa.
El Senado designó en
noviembre al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) para el periodo 2014-2019. Las organizaciones de derechos humanos
solicitaron una consulta y una transparencia plenas, de conformidad con las
normas internacionales. Sin embargo, los senadores sólo accedieron a reunirse
con la sociedad civil en una ocasión, en la que un número limitado de
organizaciones debía exponer brevemente sus puntos de vista, sin un debate
posterior. Los defensores de los derechos humanos reiteraron sus inquietudes
por la ineficacia de la CNDH a la hora de abordar la grave situación de los
derechos humanos e instaron a la Comisión a cumplir con su papel fundamental en
la protección de dichos derechos y en la lucha contra la impunidad.
En respuesta a las
manifestaciones multitudinarias que exigían justicia en el caso de 43
estudiantes víctimas de desaparición forzada, el presidente Peña Nieto anunció
el 27 de noviembre una serie de medidas políticas y legislativas, entre ellas
un cambio constitucional que otorgaría a los estados control sobre la policía
local. Las medidas se iban a implementar de manera escalonada, empezando por
los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. El presidente propuso
también la creación de un número nacional de emergencia, el 911, así como la
implantación de zonas económicas especiales en el empobrecido sur del país.
Policía y fuerzas de
seguridad
A pesar de que la
versión oficial sostenía que la violencia relacionada con la delincuencia
organizada había disminuido, la situación seguía siendo grave. La cifra total
de homicidios en los nueve primeros meses del año fue de 24.746, frente a los
26.001 del mismo periodo de 2013. En septiembre, un estudio oficial de ámbito
nacional estimó que en 2013 se habían producido 131.946 secuestros, frente a
los 105.682 de 2012. En muchos estados, el ejército y la Marina continuaban
desempeñando labores policiales, a menudo sin una rendición de cuentas
efectiva, lo que se traducía en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas
y otros malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.
En respuesta a los
altos niveles de violencia de la delincuencia organizada, a menudo con la
connivencia de las autoridades locales, en el estado de Michoacán emergieron
varios grupos de autodefensa conformados por civiles armados. Como consecuencia
de ello, el gobierno federal desplegó un gran número de efectivos de las
fuerzas armadas y la policía federal y estableció un nuevo comisionado federal
para supervisar la política de seguridad en ese estado. Las negociaciones con
varios grupos de autodefensa dieron lugar a su incorporación, en calidad de
policía rural, a las fuerzas de seguridad pública.
Las comunidades
indígenas del estado de Guerrero denunciaron la detención y el procesamiento de
algunos de sus miembros y dirigentes. Con anterioridad, dichas comunidades
habían alcanzado acuerdos con el gobierno sobre sus propias actividades para
hacer cumplir la ley en sus áreas, en un contexto de prolongada desatención y
aumento de la delincuencia. Los procesamientos parecían obedecer a motivos
políticos.
En julio, unos soldados
mataron a 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en
Tlatlaya, estado de México, en lo que las autoridades militares describieron
como un tiroteo contra hombres armados. El fiscal federal no siguió
investigando a pesar de que las pruebas apuntaban a que algunas de las víctimas
habían muerto por disparos a quemarropa. En septiembre, los medios de
comunicación revelaron pruebas testificales que indicaban que, tras un breve
intercambio de disparos, muchas de las personas fallecidas habían sido
ejecutadas extrajudicialmente después de entregarse. Siete militares fueron
arrestados el 8 de noviembre y continuaban sometidos a investigación por las
ejecuciones, pero seguía sin aclararse si los mandos que habían intentado
encubrir el incidente también serían procesados por el sistema de justicia
civil.
Tras varios retrasos,
la nueva Gendarmería Nacional, una división de la Policía Federal, comenzó a
operar en agosto con 5.000 agentes. Contaba con muchos menos efectivos de los
que se había propuesto en un principio. Su labor y prácticas operativas seguían
sin especificarse. El gobierno no incorporó las recomendaciones relativas a
garantizar la existencia de mecanismos sólidos de rendición de cuentas,
protocolos de funcionamiento y una supervisión efectiva para prevenir las
violaciones de derechos humanos. Esta fuerza fue desplegada temporalmente en
los estados de México y Guerrero para desempeñar funciones policiales.
Desapariciones
forzadas
Los secuestros y las
desapariciones forzadas seguían siendo abundantes. El paradero de la mayoría de
las víctimas seguía sin revelarse. Durante el año, varias autoridades federales
realizaron una serie de declaraciones contradictorias sobre la cifra de denuncias
de personas desaparecidas cuyo paradero continuaba sin ser desvelado. En
agosto, el gobierno reconoció que había 22.611 personas desaparecidas, de las
que 9.790 habían desaparecido durante el actual gobierno, y 12.821 durante el
gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012). El gobierno no hizo
pública la metodología empleada para obtener esas cifras. La impunidad seguía
siendo la norma en los casos de desaparición forzada. En abril, el gobierno
declaró que, a nivel federal, sólo se habían dictado siete condenas por el
delito de desaparición forzada, todas ellas entre 2005 y 2010.
En septiembre, la
policía municipal de la ciudad de Iguala, en connivencia con delincuentes
organizados, fue responsable de la desaparición forzada de 43 estudiantes de
magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Las
investigaciones revelaron la existencia de varias fosas comunes y un vertedero
que contenía restos humanos. En noviembre, el procurador general de la
República anunció que la principal línea de investigación, basada en los
testimonios de tres miembros de la banda delictiva aparentemente implicados en
el caso, indicaba que los estudiantes habían sido asesinados, quemados y
arrojados a un río. Su anuncio no abordaba los niveles generales de impunidad,
corrupción y casos de desapariciones sin resolver en México. Más de 70
funcionarios públicos locales y miembros de la banda delictiva fueron
arrestados y procesados en relación con este caso. No se proporcionó
información relativa a la posible responsabilidad, por acción u omisión, de
funcionarios públicos estatales o federales. El 7 de diciembre, la Procuraduría
General de la República anunció que expertos forenses independientes habían
identificado los restos de uno de los estudiantes. Al terminar el año, seguía
sin conocerse el paradero de los otros 42.
Tortura y otros malos
tratos
Las detenciones
arbitrarias y la tortura y otros malos tratos a manos de miembros de las
fuerzas armadas y de la policía federal, estatal y municipal seguían siendo
generalizados en todo el país. Estas prácticas se utilizaban a menudo para
arrancar “confesiones” y otro tipo de información a fin de realizar
investigaciones penales, o con otros propósitos como, por ejemplo, la
extorsión. Pese a que se registraron decenas de denuncias a nivel federal y
estatal, fueron pocos los procesamientos, y prácticamente no se dictaron
condenas contra los funcionarios responsables.
Como en años
anteriores, el dictamen médico/psicológico especializado de la Procuraduría General
de la República para supuestos de posible tortura no se aplicó en la mayoría de
los casos. En las contadas ocasiones en las que se realizó, los resultados
fueron normalmente desfavorables al denunciante. En general, los funcionarios
no aplicaban el procedimiento dispuesto en los principios del Protocolo de
Estambul, que incluyen la celeridad y la obligación de ofrecer resultados
completos a las víctimas. En dos casos excepcionales, la Procuraduría General
de la República retiró los cargos contra las víctimas de tortura tras aceptar
finalmente pruebas que demostraban que se las había torturado para que se
autoinculparan falsamente. Las víctimas habían pasado entre tres y cinco años
en prisión preventiva. Los exámenes médicos independientes, que fueron
realizados siguiendo las directrices del Protocolo de Estambul, resultaron
fundamentales para demostrar que esas personas habían sido torturadas.
En mayo, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación publicó su sentencia de 2013 en el caso de
Israel Arzate, arrestado arbitrariamente y torturado por miembros del ejército
para acusarlo de estar involucrado en la masacre de Villas de Salvárcar,
perpetrada en 2010. La sentencia enunciaba importantes criterios sobre la
inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante detenciones ilegales y sobre
la obligación de investigar las denuncias de tortura. Sin embargo, no sentó un
precedente vinculante para otros tribunales.
Sistema de justicia
La impunidad y la
desconfianza en el sistema judicial se vieron reforzadas por el hecho de que
los funcionarios de seguridad pública y de justicia penal con frecuencia hacían
caso omiso de las violaciones de derechos humanos y seguían siendo ineficaces a
la hora de investigar y enjuiciar tanto a los responsables de dichas violaciones
como a los autores de delitos comunes. En marzo, como parte de una reforma
gradual, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigor en
las 33 jurisdicciones federales y estatales de justicia penal. El gobierno
afirmaba que la aplicación de ese código mejoraría la protección de los
derechos humanos al declarar inadmisibles las pruebas obtenidas mediante
violaciones de los derechos humanos tales como las detenciones ilegítimas y la
tortura. No obstante, el Código todavía no se había aplicado ni se habían
definido pormenorizadamente los criterios para excluir pruebas.
En enero se
estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con arreglo a la Ley
General de Víctimas para proporcionar a las víctimas de delitos y de
violaciones de los derechos humanos un mejor acceso a la justicia y la
reparación. Sustituía a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de
Delitos, pero seguía sin estar claro si contaría con suficientes recursos y
facultades para cubrir las necesidades de las víctimas. El reglamento de la Ley
General de Víctimas no se aprobó, lo que limitaba la aplicación de la Ley.
En junio entraron en
vigor las reformas del Código de Justicia Militar. Dichas reformas, fruto de
años de campañas de asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos
humanos, excluían del sistema de justicia militar los delitos cometidos por
miembros de las fuerzas armadas contra civiles. No excluían de la jurisdicción
militar las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros de las fuerzas
armadas. Con todo, suponían un gran avance para poner fin a la impunidad por
abusos perpetrados por miembros del ejército. Al concluir el año, cuatro
militares permanecían detenidos por el sistema de justicia civil, acusados de
participar en 2002 en la violación de dos mujeres indígenas, Inés Fernández
Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Periodistas y
defensores y defensoras de los derechos humanos
Numerosos defensores
de los derechos humanos y periodistas sufrieron ataques, amenazas o fueron
víctima de homicidio como represalia por desempeñar su legítima tarea. No se
tuvo noticia de que se identificara o llevara ante la justicia a ninguno de los
responsables. Ello se debía en gran medida a las deficiencias en las
investigaciones, que a su vez eran a menudo consecuencia de la falta de interés
de las autoridades, especialmente las estatales. La impunidad generalizada
alimentó el clima de inseguridad en el que desarrollaban su labor tanto los
defensores de los derechos humanos como los periodistas.
El Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas
anunció en noviembre que había recibido 72 casos en los primeros nueve meses
del año. En general, siguió sin brindar una protección oportuna y eficaz. Las
medidas de protección convenidas a menudo dependían del respaldo de las
autoridades locales, incluso en los casos en los que se sospechaba que esas
mismas autoridades estaban involucradas en los ataques. Algunos de los
beneficiarios de las medidas cautelares se veían forzados a abandonar sus
comunidades temporalmente por motivos de seguridad. Otros defensores de los
derechos humanos y periodistas seguían a la espera de que el mecanismo
examinara sus casos.
Varios defensores de
los derechos humanos y activistas comunitarios se enfrentaban a procesos
judiciales por cargos penales que parecían obedecer a motivos políticos en
represalia por desempeñar sus actividades legítimas, como participar en
manifestaciones. Muchos hacían frente a dilatadas batallas legales en procedimientos
judiciales injustos para probar su inocencia.
Violencia contra
mujeres y niñas
La violencia contra
mujeres y niñas, con actos como violaciones, secuestros y feminicidios, seguía
siendo endémica en todo el país. Buena parte de las autoridades seguía sin
aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la
protección y la investigación de la violencia de género. El Sistema Nacional
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó
poner en marcha el mecanismo de “Alerta de Género”, diseñado para movilizar a
las autoridades en la lucha contra la extendida violencia de género y
proporcionar una respuesta oficial eficaz frente a los casos de violencia.
En enero, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ordenó la puesta en libertad de Adriana
Manzanares Cayetano, una mujer indígena que había cumplido seis de los 22 años
de prisión a los que había sido condenada por matar a su bebé recién nacido. Se
hizo caso omiso de las pruebas que apuntaban a que el bebé había nacido muerto,
y la vulneración del derecho de Adriana Manzanares a una defensa efectiva y a
la presunción de inocencia dio lugar a una condena injusta.
Derechos de las
personas refugiadas y migrantes
La inseguridad y la
privación social en sus países de origen empujaron a un número creciente de
migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no acompañados, a cruzar
México para llegar a Estados Unidos. Las bandas delictivas continuaron matando,
secuestrando y extorsionando a estos migrantes, a menudo con la connivencia de
funcionarios públicos. Las mujeres y los niños y niñas estaban especialmente
expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de trata. Siguieron
conociéndose casos de malos tratos por parte de la policía y de los
funcionarios de inmigración que realizaban detenciones. Los migrantes
irregulares continuaron siendo recluidos en detención administrativa en espera
de expulsión.
Los defensores de los
derechos de las personas migrantes, que ofrecían refugio a estas personas y
denunciaban los abusos que padecían, continuaban haciendo frente a amenazas y
actos de intimidación. Algunos recibieron medidas de protección, pero en
algunos casos estas medidas no se aplicaban ni evitaban que se produjeran
nuevas amenazas. Los responsables de las amenazas no fueron puestos a
disposición de la justicia.
Derechos de los
pueblos indígenas
Las comunidades
indígenas continuaban siendo discriminadas en el sistema de justicia penal y
tenían un acceso limitado a los servicios básicos, como el agua, la vivienda y
la asistencia médica. No se consultó de forma efectiva a las comunidades indígenas
para obtener su consentimiento libre, previo e informado acerca de los
proyectos de desarrollo económico que afectaban a sus tierras y a su modo de
vida tradicional, lo que desembocó en protestas y conflictos. Éstos, a su vez,
dieron lugar a amenazas y ataques contra líderes comunitarios y, en algunos
casos, a procesamientos penales de activistas, al parecer basados en cargos de
motivación política.
Escrutinio
internacional
En marzo, México
aceptó 166 de las 176 recomendaciones formuladas por el examen periódico
universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En mayo, el relator
especial de la ONU sobre la tortura visitó México y presentó conclusiones
preliminares que señalaban que la práctica de la tortura y otros malos tratos
seguía siendo generalizada. En junio, el relator especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales publicó el informe sobre su misión a México de
principios de 2013, que ponía de relieve los elevados niveles de homicidios e
impunidad. En agosto, el relator sobre los derechos de los migrantes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe sobre su visita
a México. En él ofrecía información detallada sobre la violencia generalizada
contra las personas migrantes, la negación del proceso debido y las
protecciones judiciales, y otros abusos contra los derechos humanos.
Libertad de expresión
Un proyecto de ley
sobre telecomunicaciones amenazaba con establecer poderes ejecutivos
potencialmente arbitrarios sobre Internet, además de un insuficiente control
judicial sobre la interceptación de comunicaciones electrónicas.
Amnesty.org. 25/02/15
