Funcionarios del Estado pretenden eludir su responsabilidad
en la crisis de derechos humanos minimizando hechos, cuestionando evidencias y
responsabilizando a las víctimas no sólo en caso Palmaritos sino como una
política de propaganda.
Violencia criminal y estatal no es fruto de errores
metodológicos, sino de políticas públicas erróneas que implican
responsabilidades legales para personas concretas.
El asesinato artero de la defensora Miriam Elizabeth
Rodríguez Martínez el día de las madres no es casual, sino una estrategia de
desmovilización social.
La ineficacia del Estado mexicano alcanza un nivel grave que
pone en riesgo no sólo la seguridad, sino la estabilidad nacional. Ante hechos
de suma gravedad no sólo desde una mirada de derechos humanos, sino incluso de
gobernabilidad, representantes de distintos niveles de gobierno minimizan las evidencias
y pretenden distraer el debate nacional ante su evidente incapacidad para
garantizar a la población sus derechos más básicos. En este contexto la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para
Todas y Todos” (Red TDT) exige a los funcionarios del Estado que renuncien a la
simulación y llama a la sociedad civil a fortalecer sus articulaciones para
continuar la construcción de alternativas técnicamente viables que ofrezcan una
vía de salida a la actual crisis de derechos humanos.
Las respuestas de los funcionarios del Estado en sus
distintos niveles sólo buscan alimentar la desesperanza de la población y la
certeza de que esta crisis no tiene salida: ante un operativo que dejó como
resultado seis civiles y cuatro militares muertos, en el cual se ha denunciado
la ejecución por parte de militares de uno de los civiles en Palmaritos,
Tochapan, Puebla, la respuesta de estos actores públicos es minimizar los
hechos, cuestionar las evidencias y responsabilizar a las víctimas no sólo en
el caso de Palmaritos sino como una política de propaganda.
Ello no es inaudito, pues no se pretende encubrir a un
militar desbordado por el stress o a un mando que haya comunicado una orden
ilegal: se busca ocultar la incapacidad de un sector de la sociedad que además
ha logrado una bonanza a partir de la barbarie. Las personas en función pública
están sujetas a responsabilidad por sus acciones, por lo cual es inminente
reconocer que, más allá de los hechos denunciados, existe una realidad en la
cual las más de 23 mil muertes violentas del 2016 reportadas por el Instituto
Internacional de Estudios Estratégicos (que nos colocan sólo debajo de Siria a
nivel global) no es fruto de errores metodológicos en los estudios que reflejan sus resultados,
sino de políticas públicas erróneas que implican responsabilidades legales para
personas concretas.
Por si las escandalosas cifras citadas no describieran la
brutalidad de la descomposición que vivimos, basta el doloroso botón de muestra
de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Madre valiente y defensora de los
derechos humanos decidida, cálida y vivaz fue asesinada en su casa la noche del
día de las madres, como para confirmar la consigna que miles de familias
lanzaron por la mañana de ese mismo día al exigir la presentación con vida de
sus hijos desaparecidos: #NoHayNadaQueCelebrar. Es importante destacar que ella
había advertido a las autoridades del riesgo que corría y había solicitado
protección que le fue negada. No parece una casualidad la forma en que se
instrumentó su asesinato, sino una estrategia de desmovilización social.
Pero creemos que la sociedad no debe de confundirse. Tampoco
estos hechos responden al infortunio o a la fatalidad. La muerte y la
desaparición de civiles y de personas defensoras de derechos humanos tienen
responsables que trascienden a quienes cometen esos delitos de manera material
e intelectual. Para empezar, los funcionarios públicos que han sido incapaces
de honrar sus compromisos y aprobar una Ley sobre los distintos tipos de
desapariciones que cumpla con las exigencias de las familias y con los
compromisos internacionales del Estado mexicano. Pero además, las políticas
públicas que han permitido que esto ocurra han sido diseñadas e instrumentadas
por funcionarios que tienen nombre y apellido.
E insistimos, que esto implica responsabilidades políticas e incluso
penales.
Este laberinto de violencia y desesperanza, sin embargo,
tiene salidas: el trabajo constante y comprometido de las organizaciones de la
sociedad civil, así como las articulaciones legítimas y creativas, como es la
construcción, denuncia y exigencia colectiva que realizan las 84 organizaciones
que componen a la Red TDT, así como otros
que aportan técnicamente en la construcción de salidas a esta crisis como
son #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva en las que participamos. Lo grave
parece ser que los principales responsables de esta crisis están obstinados en
negarla y mirar hacia otro lado.
Cuando los caminos del diálogo parecen cerrarse, la sociedad
civil advierte que el pueblo está legitimado para buscar alternativas a la
violencia y la inseguridad que el Estado no puede resolver. Es inaceptable la
crisis en la que estamos sumidos, pero lo es aún más el cinismo y la
incapacidad de los funcionarios del Estado que miran a otro lado. Ante la
barbarie y la violencia, parece cada vez más claro que sólo la sociedad civil
puede impulsar una paz con justicia y dignidad, aunque dicha responsabilidad
sea del Estado y sus funcionarios. Han teñido a mayo de rojo, pero nosotros lo
volveremos emblema de la esperanza.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la
República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C.
(Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad
de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C.
(AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos
“Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua,
Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho
a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos
Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al
Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de
Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don
Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las
Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos
“Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos
Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos
Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos
del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro
de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos
Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos
Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez,
A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL)
(Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca,
Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de
Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad
de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)
(Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México);
Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.);
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C.
(Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco);
Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de
Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro
Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.);
Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por
los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la
Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la
Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.);
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja
California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán,
A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos
Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de
Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión
Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité
Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero
(Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque,
Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH)
(Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.
C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.
C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México);
Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos
Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos
Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos
Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México);
Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C.
(Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El
Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez,
A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos
Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio
Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto
Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.);
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa
Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos
Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas
Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación,
Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca);
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de
México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria
de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C.
Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí);
Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.);
Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio
Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces
Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas,
Chiapas).
Redtdt.org.mx. México, 14/ 05/17
