Amnistía
Internacional llama al Presidente Peña Nieto a enfrentar la crítica situación
de derechos humanos en México
México, Distrito Federal. El Secretario General
de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el Presidente Enrique
Peña Nieto, a quien hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de
acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de
graves violaciones a los derechos humanos en el país.
“México es un actor
cada vez más importante en la escena mundial, no sólo en términos económicos
sino también en la promoción de los derechos humanos. Durante nuestro encuentro
le dije al Presidente Peña Nieto que si su gobierno quiere realmente demostrar
a la comunidad internacional y al pueblo de México que se toma en serio los
derechos humanos, debe ir más allá de las palabras y hacer de estos una
realidad en su país”, afirmó Salil Shetty tras la reunión con el Presidente
Peña Nieto.
“El Presidente tiene
el poder para atender la crítica situación de derechos humanos que vive México.
Peña Nieto debe actuar inmediatamente y debe tomar las medidas inmediatas para
garantizar el pleno respeto de los derechos humanos para todas las personas en
el país”, agregó Shetty.
El Presidente Peña
Nieto y Salil Shetty dialogaron sobre la grave situación que enfrenta México,
incluyendo el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos
contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los
derechos humanos. Todas ellas son violaciones que persisten gracias a la
impunidad existente en México.
El Secretario General
expresó su particular preocupación por la violencia y la discriminación a la
que se enfrentan las mujeres, así como los integrantes de las comunidades
indígenas.
Shetty reconoció que
la nueva administración ha puesto en marcha varios mecanismos y procesos para
hacer frente a las violaciones de los derechos humanos, aunque resaltó que su
implementación y el cumplimiento han sido débiles. También reconoció la
apertura que ha tenido el gobierno mexicano para recibir a observadores de
derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como de Amnistía Internacional.
Sin embargo, Salil
Shetty mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las
autoridades reconocieran la existencia de más de 26,000 personas reportadas
como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni
siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación
de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar.
“Visité Saltillo y
dialogué con las familias de personas que continúan desaparecidas en varios
estados. Le transmití al Presidente que resulta evidente la falta de acción por
parte de las autoridades para localizar a sus seres queridos y llevar a los
responsables ante la justicia”, añadió Shetty.
En 2013, el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidos realizó una serie de recomendaciones
a México para mejorar su preocupante historial en derechos humanos.
En marzo, el gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto anunciará cuáles de estas recomendaciones
serán aceptadas. Amnistía Internacional espera que el gobierno mexicano acepte
e implemente todas las recomendaciones que sean consistentes con los estándares
internacionales de derechos humanos.
Amnistía
Internacional llama al gobierno de Peña Nieto a:
* Realizar un pronunciamiento claro sobre los
compromisos de su administración en materia de derechos humanos y cumplir su
promesa de enfrentar efectivamente la grave situación actual.
* Garantizar la búsqueda efectiva de víctimas
de desaparición y llevar a los responsables ante la justicia, incluyendo a los
funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
* Garantizar, mediante acciones integrales y
efectivas, la seguridad de periodistas y personas defensoras de los derechos
humanos que se encuentren en riesgo, y hacer rendir cuentas ante la justicia a
los responsables de ataques y amenazas en su contra.
* Asegurar los derechos humanos de migrantes
irregulares, incluyendo el derecho a no ser objeto de violencia. Todos los
abusos contra personas migrantes deben ser exhaustivamente investigados y las
personas responsables deben rendir cuentas.
Durante su visita al
estado de Coahuila, el Secretario General sostuvo encuentros con migrantes,
familiares de víctimas de desaparición, defensoras y defensores de derechos
humanos y con el gobernador del estado. Mediante esta visita, Amnistía
Internacional pudo confirmar cómo las autoridades han fallado en cumplir con
sus obligaciones hacia las familias de las personas desaparecidas e hizo un
llamado a que las autoridades estatales asuman un compromiso claro y
contundente para la localización de las víctimas y hagan rendir cuentas a los
responsables de estos crímenes.
En la Ciudad de
México, Salil Shetty se reunió con otras víctimas de violaciones a los derechos
humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Sostuvo también
encuentros con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Procuraduría
General de Justicia, así como con el ministro Presidente de la Suprema Corte de
Justicia y con integrantes de los comités de derechos humanos del Senado de la
República y de la Cámara de Diputados.
Amnistia.org.mx 17/02/14
http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/02/18/amnistia-internacional-llama-al-presidente-pena-nieto-a-enfrentar-la-critica-situacion-de-derechos-humanos-en-mexico/
LOS RETOS DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: Memorándum de
Amnistía Internacional para el
Presidente Enrique Peña Nieto
México, Distrito Federal. Con motivo de la
visita del Secretario General de Amnistía Internacional a México, la organización insta
al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a colocar a los derechos humanos en
el centro de sus esfuerzos para mejorar la vida de la gente.
Un combate efectivo
contra los persistentes patrones de graves violaciones a derechos humanos y la
impunidad es esencial para poner fin a las continuas amenazas al bienestar
de muchos sectores de la población y para permitirles disfrutar plenamente
de sus derechos.
En marzo de 2014, el
gobierno anunciará formalmente cuáles recomendaciones adoptará de las 176
realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La adopción de aquellas recomendaciones coherentes con los estándares
internacionales de derechos humanos, seguida de su rápida implementación con
acciones concretas que garanticen efectos duraderos, representará una
prueba de qué tan seriamente considera el gobierno sus obligaciones en
materia de derechos humanos.
Amnistía
Internacional valora el apoyo permanente de México en el fortalecimiento de mecanismos
regionales e internacionales e iniciativas de derechos humanos,
como el apoyo y
ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas. Sin embargo, ahora el gobierno
debe mostrar el mismo compromiso para asegurar avances reales a nivel nacional.
México aún enfrenta
serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos. La
alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las
consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de
las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la
inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades
desprotegidas y en riesgo. Los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por
la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones
forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes
sigue siendo la norma. Las y los defensores de derechos humanos y
periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y
revelan los abusos,
enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y las
personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de
obtener reparación son escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las
víctimas, a quienes se acusa de los delitos y a la sociedad en general. Éstos son
sólo algunos de los problemas de derechos humanos que las personas deben
enfrentar en sus vidas diarias, y hasta ahora el gobierno no ha respondido a esta
crítica situación.
Por otro lado, el
gobierno ha hecho mucho a nivel nacional e internacional en lo que se refiere a las
reformas políticas y económicas que ha tenido como prioridad desde el inicio de la
administración. Sin embargo, han brillado por su ausencia los compromisos públicos
y las acciones decisivas en derechos humanos. Esto supone que aparentemente al
interior del gobierno los derechos humanos no necesitan ser un tema prioritario,
particularmente en la agenda del presidente. En consecuencia, los derechos humanos
se han relegado a funciones administrativas de rango medio de la Secretaría de
Gobernación y de otras instituciones con autoridad y capacidades limitadas
para impulsar cambios sustanciales.
La experiencia de
Amnistía Internacional en el mundo señala que cuando un gobierno realmente
quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad,
debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad
política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de
derechos humanos; debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden
ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario. Además,
para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe demostrar en la práctica
que cualquiera que esté implicado directa o indirectamente en
abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que las víctimas tendrán
acceso a la verdad y a la reparación. Amnistía Internacional exhorta al presidente
y a su gabinete a mostrar fuerte determinación y compromiso para abordar la
situación crítica de derechos humanos en el país.
En este contexto,
Amnistía Internacional querría presentar algunas de sus preocupaciones sobre
la situación de derechos humanos en México y formular una serie de
recomendaciones al Presidente Peña Nieto y a su administración:
Reformas de derechos
humanos
La reforma
constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es potencialmente el
cambio más importante en el marco jurídico mexicano en décadas. Proporciona
un mecanismo vital para cumplir con estándares internacionales de
derechos humanos en el derecho nacional, pero aún el gobierno y la legislatura no
han implementado dicha legislación ni han enviado un mensaje claro que indique que
los estándares internacionales de derechos humanos se aplicarán en la
práctica.
El gobierno debe
establecer una agenda legislativa, en consulta con la sociedad civil, para
incorporar plenamente la reforma constitucional en materia de derechos
humanos en la legislación interna en los tres órdenes de gobierno.
Seguridad pública y
derechos humanos
No sorprende que el
estado de Michoacán sea el ejemplo más visible de la persistente crisis de
seguridad pública. El estado, que ha sido testigo del inicio del funesto combate al
crimen organizado por parte de las fuerzas militares, ha sufrido años de violencia e
inseguridad a manos de bandas criminales, así como de la policía y las fuerzas
de seguridad, algunas de las cuales actúan en colusión con dichas bandas. Los
grupos de autodefensa parecen ser una respuesta a esta negligencia y abuso,
pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus
obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos. El
desafío para la
presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las
que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. Una
cosa es afirmar que los derechos humanos se respetan en el marco de la
política de seguridad pública, y otra es asegurar que realmente hay mecanismos creíbles
de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares,
incluyendo la prevención y la sanción de cualquier abuso cometido por grupos de
autodefensa. Hasta el momento, no hay evidencia de que el gobierno esté preparado para
garantizar que sea así y que se ponga un alto a las prácticas relacionadas con el
gobierno anterior. En otros estados, como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y
Guerrero, donde la violencia, la inseguridad y las violaciones a derechos humanos
son una amenaza diaria para la población local, reciben poca atención de parte de
las autoridades responsables o de los medios de comunicación.
El gobierno debe
asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como
grupos de autodefensa, respeten las normas internacionales de
derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la prohibición de otras
violaciones de derechos humanos;
El presidente debe
aprovechar toda oportunidad para enviar un fuerte mensaje público
estableciendo que los abusos no serán tolerados. Debe instruir que todas
las alegaciones de falta de cumplimiento con las normas internacionales sobre
el uso de la fuerza o sobre otros derechos humanos sean investigadas de
manera inmediata, exhaustiva e imparcial, que los
perpetradores sean
llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparaciones
completas.
Desapariciones,
tortura y malos tratos
A un año de que el
gobierno hiciera pública la existencia de más de 26.000 personas reportadas
como desaparecidas o no localizadas durante la administración pasada, las autoridades
aún deben publicar una lista depurada con los casos de aquellas personas que
todavía son víctimas de privación de la libertad por parte de bandas criminales o
de desapariciones forzadas en las que funcionarios públicos están implicados. La
prometida base de datos, a escala nacional, de personas desaparecidas sigue
sin operar. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la
Procuraduría General de la República (PGR) aún debe publicar los resultados de sus
actividades o demostrar que es capaz de intervenir efectivamente en
favor de los familiares de las personas desaparecidas, quienes han solicitado su ayuda
dada la omisión o complicidad de otras autoridades. La nueva Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas aún debe dejar claro cómo mejorará la atención a las
víctimas y cómo asegurará el respeto a sus derechos. Ha habido poco avance en la
localización de víctimas de desaparición y en la rendición de cuentas por parte de los
responsables.
Cuando Enrique Peña
Nieto, como candidato presidencial, dijo a Amnistía Internacional que
asumía “el pleno compromiso de implementar políticas y acciones que
erradiquen cualquier acto de tortura”, la organización tuvo la esperanza de que éste
fuera el primer paso en reconocer formalmente la magnitud del uso de la tortura
y de los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y de la policía en todos
los niveles en México. Sin embargo, la tortura y los malos tratos abundan. La mayoría
de las medidas preventivas parecen estar más bien diseñadas para sub-registrar
los niveles de tortura y malos tratos y para asegurar que los
perpetradores evadan
la justicia. En consecuencia, el sistema de justicia penal sigue recurriendo a la
tortura como medio principal de investigación.
Garantizar
mecanismos federales y estatales rápidos y efectivos para la búsqueda de
desaparecidos, tomando medidas para promover la coordinación entre
autoridades estatales y federales y entre las autoridades de diferentes
estados;
Resguardar y
analizar rápidamente toda evidencia relevante, incluyendo evidencia física y
registros de teléfonos celulares, e identificar y entrevistar posibles testigos
oculares;
Tomar medidas para
asegurarse que las familias de los desaparecidos no pierdan acceso a los
servicios sociales y considerar el establecimiento de nuevas iniciativas
para proteger el acceso de las familias a vivienda, salud y educación mientras el
paradero de sus familiares permanecen desconocidos;
La base de datos de
personas desaparecidas debe incluir información genética de los
familiares de las víctimas y toda información relevante de evidencia física,
testimonio de testigos oculares y otras evidencias. La recolección y el
registro de datos debe seguir un protocolo estandarizado.
De acuerdo con las
mejores prácticas internacionales, asegurar que los procesos de
exhumación e identificación de cuerpos no identificados sean confiables y
oportunos;
Establecer una base
de datos nacional de restos humanos sin identificar que incluya
información genética y toda característica que contribuya a su identificación.
Sistema de justicia
penal
El sistema de
justicia penal sigue siendo el nexo de muchos de los problemas de derechos humanos en
México. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y
la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo
rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas. El arraigo, que permite la detención
de los sospechosos por largos periodos para realizar investigaciones,
continúa favoreciendo los abusos y socava el control judicial. Al respecto, se han
ignorado en repetidas ocasiones las recomendaciones de mecanismos internacionales
de derechos humanos para abolir la figura del arraigo.
Se prevé que la
reforma de justicia penal – iniciada en 2008, pero adoptada en sólo un puñado de estados
de cara al plazo de 2016 – mejorará los derechos de las víctimas y de los
acusados y producirá mejores decisiones judiciales. Sin embargo, en estados que han
incorporado dichas reformas, como Chihuahua, las declaraciones
obtenidas bajo tortura continúan siendo admitidas, subvirtiendo las protecciones a los
derechos humanos que el nuevo sistema procesal debería salvaguardar. El
Código Único de Procedimientos Penales, recientemente aprobado por el Congreso para
la jurisdicción penal federal y estatal, debe evitar esta situación y asegurar
que la evidencia obtenida de manera ilegal, como las declaraciones
extraídas bajo tortura, no será admitida como evidencia, y que se respetarán las demás
garantías del debido proceso. Debe también asegurar el fin de la impunidad para los
funcionarios públicos implicados en violaciones de derechos humanos.
Asegurar la
investigación y el procesamiento efectivos e imparciales de todas las denuncias
de tortura y malos tratos. Actos de tortura y malos tratos deben ser
procesados como tales y no como delitos menores como “abuso de autoridad”;
Asegurarse de que
todo funcionario o funcionaria que omita registrar evidencia de tortura
o malos tratos sea llamada a rendir cuentas;
Revisar los
procedimientos de examen médico para garantizar que cualquier persona que reporte
el uso de tortura y malos tratos tenga acceso inmediato a revisión, de
acuerdo con el Protocolo de Estambul de las Naciones
Unidas, y asegurar
que evaluaciones médicas independientes, consistentes con este estándar, se
consideren como evidencia en los procesos judiciales;
Asegurar que toda
reforma penal proteja efectivamente los derechos de las víctimas y de los
acusados, y garantice la inadmisibilidad de evidencia obtenida de manera
ilegal, y garantice la inadmisibilidad de evidencia obtenida de manera
ilegal, incluyendo por medio de tortura;
El gobierno debe
abolir el arraigo y garantizar que todas las detenciones se realicen conforme a
la ley y se registren correctamente en una base de datos nacional
accesible.
Justicia Militar
Miembros del ejército
y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones de
derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones
forzadas. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que
obligan al Estado Mexicano excluir los crímenes de derechos humanos de la
jurisdicción militar, son un paso decisivo para el acceso a la justicia de víctimas y sus
familiares. Amnistía Internacional recibe con agrado la reciente decisión del Senado
para remover la reserva al artículo de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas que prohíbe la aplicación de la jurisdicción
militar en casos de desaparición forzada. También reconoce que las autoridades
militares están declinando competencias judiciales en algunos casos en favor del
sistema de justicia civil. Sin embargo, el gobierno y la legislatura no han cumplido con
las sentencias de la CoIDH que ordenan la reforma al Código de Justicia Militar.
Por lo tanto, existe una incertidumbre en materia jurisdiccional, particularmente
durante la etapa inicial de las investigaciones de presuntos crímenes de derechos
humanos cometidos por personal militar.
Reformar el Código
de Justicia Militar para asegurar que las presuntas violaciones de
derechos humanos cometidas por personal militar se investiguen, se
persigan y se sometan a juicio en el sistema de justicia civil.
Migrantes irregulares
En 2013, las
autoridades migratorias detuvieron a 82.269 migrantes y deportaron a 75.704 de ellos, la
gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas más fueron las
personas que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. En México, muchas
personas migrantes continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son
víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas
criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales. Las reformas
en materia migratoria que han fortalecido algunos derechos de los migrantes,
particularmente el derecho a la protección y el acceso a la justicia, no se han
implementado adecuadamente. La Estrategia Integral para Combatir el Secuestro de
Migrantes no ha traído ante la justicia a las bandas criminales y a los funcionarios que
acechan a las personas migrantes. Las autoridades estatales ignoran en gran
medida la desesperación de los migrantes irregulares, mientras que las autoridades
federales consideran cada vez más los flujos migratorios como un tema de seguridad
nacional, en lugar de garantizar el respeto de los derechos humanos de los
migrantes en tránsito.
Recientemente, madres
de migrantes centroamericanos recorrieron el país en busca de sus seres queridos
y exigiendo investigaciones al gobierno mexicano. La Comisión Nacional de
Derechos Humanos publicó una recomendación inaceptable sobre la masacre de
72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. El fracaso de
las autoridades para proteger el derecho a la vida de las personas migrantes y
establecer plenas responsabilidades por la masacre no se incluyó en dicha
recomendación, la cual se centró solamente en los deficientes procedimientos forenses
para la identificación de los restos. Los cuerpos de otras víctimas de masacres,
muchos de ellos probablemente migrantes, aún no se han identificado. En este
sentido, Amnistía Internacional expresa su agrado por la participación de
expertos internacionales y grupos de derechos humanos locales en medidas confiables de
identificación de restos.
Las personas
defensoras de derechos humanos que trabajan en la red de albergues extendida por todo el
país frecuentemente enfrentan amenazas e intimidaciones por
su labor. Algunas de
ellas se han visto forzadas a abandonar sus estados ya que las autoridades no han
sido capaces de garantizar su protección y de llevar a los responsables de
dichas amenazas ante la justicia.
Funcionarios
estatales y federales deben tomar medidas inmediatas para proteger a migrantes
de actos de violencia, incluyendo la provisión de un accionar policial
efectivo en las áreas donde se sabe que los migrantes sufren extorsión y
abusos físicos. Tales medidas deben incrementar el acceso de los
migrantes a la protección y la justicia. Funcionarios deben
abstenerse de
criminalizar a personas migrantes.
El gobierno debe
asegurar la coordinación entre autoridades federales y estatales para
investigar y perseguir a las bandas criminales y a los funcionarios públicos
que resulten responsables por los abusos contra migrantes;
A las personas
migrantes que sean arrestadas y detenidas bajo cargos penales se les debe
garantizar el debido proceso y otros derechos, incluyendo el derecho
a ser informadas de los cargos contra ellas, el derecho a asistencia
legal, el derecho a la protección consular si así lo desean y el derecho a
la asistencia de un intérprete.
Las autoridades
deben garantizar medidas adecuadas que atiendan las necesidades de
protección que son específicas de las mujeres migrantes, incluyendo a las
mujeres migrantes en edad laboral y aquellas que sean víctimas de trata;
Las autoridades
responsables de la protección de la niñez a nivel estatal y federal deben
implementar de forma efectiva políticas, protocolos y programas para
atender las necesidades de protección específicas de niños y niñas migrantes.
Las autoridades
debe revisar los estándares y las prácticas relacionadas con las solicitudes de
asilo, las visas temporarias para testigos oculares de delitos, y las visas
humanitarias para asegurarse de que sean otorgadas de acuerdo a estándares
internacionales y en cumplimiento con la protección del debido proceso
establecido en las leyes.
Personas defensoras
de derechos humanos y periodistas
Las personas
defensoras de derechos humanos y periodistas se enfrentan a ataques, amenazas,
intimidación, secuestro y ejecuciones en represalia por su legítima y valiosa labor.
Aquéllos detrás de los ataques casi nunca son llevados ante la justicia. Amnistía
Internacional celebra el establecimiento del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. No obstante, muchos de
los más de 100 defensores y periodistas en riesgo que han solicitado su
protección no han recibido una respuesta oportuna y efectiva, creando frustración,
inseguridad y desilusión. A pesar de las declaraciones positivas del gobierno sobre su
funcionamiento efectivo, en realidad está muy lejos de operar plenamente, pues
carece de personal calificado, recursos y apoyo político de alto nivel necesarios para
asegurar que las autoridades de todos los niveles implementen
las medidas de
protección. La impunidad de la que disfrutan los responsables de estos ataques debido
a la ineficacia en las investigaciones, la mayoría conducidas por autoridades
estatales con supuestos vínculos a estas violaciones, promueve la tolerancia a estos
ataques. El Mecanismo debería ser solamente una parte de una estrategia integral
para abordar la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El gobierno federal no ha respondido convincentemente al clima de hostilidad
que viven defensores y periodistas en varios estados.
Aprovechar toda
oportunidad para reconocer públicamente el rol positivo que juegan las
personas defensoras de derechos humanos y periodistas y su derecho a realizar su
trabajo. Tal reconocimiento es un paso esencial para reducir el riesgo
bajo el cual trabajan estas personas.
Adoptar un enfoque
integral para la protección de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas que tome en cuenta las dimensiones de género, identidad
cultural y otras dimensiones relacionadas con el trabajo que realizan;
Dotar de apoyo
político, financiero y de recursos humanos al mecanismo de protección para
personas defensoras de derechos humanos y periodistas y tomar medidas
efectivas para implementar el mecanismo en la práctica de modo que responda de
manera oportuna y eficaz a las necesidades de seguridad de quienes
estén en riesgo.
Garantizar que se
lleve ante la justicia a los responsables de las amenazas y ataques contra
periodistas y personas defensoras de derechos humanos;
Derechos humanos de
las mujeres
A pesar de las
medidas de apoyo a los derechos de las mujeres, la igualdad de género es una meta
aún lejana. La violencia y la discriminación violan los derechos humanos de mujeres y
niñas y comprometen severamente su salud y derechos sexuales y
reproductivos.
La violencia de
género sigue penetrando las vidas de mujeres y niñas en todo México. La impunidad
de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada. Las
leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos
de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se
han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante. Además, la
evaluación y la modificación de la legislación no han ocurrido y prevalecen
las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos. Las autoridades del Poder
Ejecutivo de la federación y de los estados han bloqueado de manera consistente
los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para declarar la alerta de
género, un mecanismo que se ha establecido en la legislación para asegurar la
intervención y coordinación a nivel federal con el fin de tomar
medidas que aborden
la generalización de la violencia de género en regiones
específicas. Las
reformas recientes a los procedimientos no consideran las dificultades que
subyacen en el reconocimiento de los altos niveles de violencia de género y la adopción
de acciones por parte de las autoridades.
La reforma reciente
de muchas constituciones estatales que reconocen “el derecho a la vida del feto
desde la concepción” mina el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de
mujeres y niñas. Este cambio ha generado ambigüedad legal en relación al derecho
de las mujeres al acceso a un aborto seguro y legal en casos de abuso sexual o de
riesgo para la salud de la mujer, y ha contribuido al aumento de procesos de
criminalización de mujeres respecto a abortos ilegales. El gobierno no se ha pronunciado de
manera clara sobre este asunto ni ha demostrado su compromiso en
proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Asegurar que las
políticas de seguridad pública no tengan un impacto negativo sobre
mujeres y niñas;
Cumplir con sus
obligaciones de debida diligencia para prevenir la violencia contra mujeres y
niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la
tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar
y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer
reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia.
Implementar la
sentencia de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el caso
Campo Algodonero, en particular la realización de investigaciones
exhaustivas que incorporen perspectiva de género, la provisión de
reparación integral para las familias y la realización de cambios en políticas y
prácticas para evitar la repetición de estas violaciones en casos futuros.
Reformar la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e
implementar la legislación para garantizar que los funcionarios públicos rindan
cuentas por incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las
mujeres en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia
contra las mujeres;
Rechazar las
medidas que socaven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo
fin a la criminalización del aborto y asegurando que las mujeres y las
niñas tengan acceso a servicios de interrupción del embarazo seguros en
casos de abuso sexual, incesto y cuando la salud de las mujeres y niñas
se encuentre en riesgo.
Derechos de los
Pueblos Indígenas
Tras 20 años del
surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
en Chiapas, muchas
comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación,
además de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la
tierra. Hasta ahora, las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las
adecuadas para enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que les impiden disfrutar
de estos derechos. El aumento de los proyectos extractivos y de desarrollo
económico que impactan directamente las tierras, territorios y recursos de los
pueblos indígenas representa un gran desafío para el gobierno. Las autoridades deben
proporcionar información imparcial y adecuada, y conducir procesos de consulta
transparentes con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de
las comunidades afectadas.
Garantizar que se
consulte plenamente a las comunidades indígenas durante la
formulación y la implementación de políticas para fortalecer su acceso a vivienda,
cuidado de la salud, educación, agua y otros servicios básicos;
Asegurar que se
consulte plenamente a las comunidades indígenas sobre el desarrollo de
proyectos extractivos y otras medidas que puedan afectar sus tierras, territorios
y recursos con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado;
Asegurarse que los
proyectos extractivos y de desarrollo económico cumplan con las obligaciones
de México bajo la Convenio de la OIT No. 169 y de acuerdo con los
principios establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
AmnistíaInternacional.org. 17/02/14
“No es suficiente
culpar a la delincuencia por desapariciones”: Amnistía Internacional
Saltillo, Coahuila. Salil Shatty, secretario general de Amnistía Internacional, visitó la Casa de Migrantes de Saltillo para informarse sobre la
desaparición de centroamericanos en territorio mexicano, informaron este
domingo representantes del refugio.
Shatty estuvo
acompañado de la directora para América Latina y del secretario ejecutivo de AI
para México, precisó un comunicado de la casa Frontera con Justicia, A.C.
El secretario de AI
fue informado sobre la condición de vulnerabilidad de las personas migrantes en
territorio mexicano y la negligencia de las autoridades para atenderlos, así
como el difícil acceso a la justicia, precisó el texto.
Shatty obtuvo
detalles sobre la desaparición de migrantes centroamericanos en territorio
mexicano y la falta de voluntad política de los gobiernos de los países de
origen, tránsito y destino para afrontar esta crisis humanitaria.
El derechohumanista
se reunió previamente con las familias de la organización Fuerzas Unidas para
Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), con el fin de conocer la
situación de cientos de los desaparecidos en el estado.
“No es suficiente
culpar de esto a la delincuencia”, dijo a las familias el representante de AI.
“No existe un caso en
el cual se haya hecho justicia”, agregó, y destacó que la desaparición de seres
humanos es un problema sumamente grave.
Indicó que es
obligación de los gobiernos proporcionar seguridad y resolver los casos.
Juan Alberto Cedillo. Proceso.com.mx. 16/02/14
http://www.proceso.com.mx/?p=365104
