"Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México la “guerra” desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país"
-Human Rights Watch
México, Distrito Federal. En la guerra contra y entre carteles del narcotráfico, las fuerzas de seguridad de México han cometido "extensas" violaciones a derechos humanos, y prácticamente ninguna ha sido investigada adecuadamente, concluye un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) presentado este miércoles.
El documento, llamado Ni Seguridad ni Derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico en México", contiene evidencias que sustentan "fuertemente" la participación de militares y policías en 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales.
Representantes de HRW entregaron el informe este miércoles al presidente Felipe Calderón. De acuerdo con un comunicado de la Presidencia mexicana, en la reunión Calderón dijo que los criminales son la principal amenaza para los derechos humanos en el país.
"Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias", señala el documento.
Según el gobierno mexicano, las fuerzas de seguridad están dispuestas a acatar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e iniciar los procesos judiciales correspondientes
HRW advierte en su informe que la estrategia de seguridad pública del gobierno del presidente Felipe Calderón ha fracasado.
"No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos que casi nunca se investigarían adecuadamente", señala.
"Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México la "guerra" desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país".
Impunidad
El informe es resultado de dos años de investigación en los estados de Baja California, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, donde según Human Rights se ha documentado la práctica sistemática de torturas de las fuerzas de seguridad para obtener información sobre grupos delictivos.
"No constituyen hechos aislados", advierte el documento. "Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública".
Una parte central del problema es que no se investigan los abusos, ni tampoco se investigan los homicidios durante la guerra contra el narcotráfico.
La Procuraduría (fiscalía) General de la República sólo consigue presentar ante el juez a 25 de cada 100 detenidos por delitos federales, según el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
Y de éstos, obtiene sentencia condenatoria en apenas 16 juicios.
El informe de HRW dice que casi ningún homicidio cometido en la guerra contra carteles se ha investigado, un asunto que se agrava ante las denuncias por violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
"La gran mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos nunca son investigadas adecuadamente y prácticamente no se juzga ninguno de los homicidios que se presumen vinculados al narcotráfico".
Discursos
No es la primera vez que una organización de derechos humanos señala a las fuerzas de seguridad mexicanas de cometer abusos en la lucha contra la delincuencia.
De hecho, la independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 5.000 quejas contra la actuación de militares.
De éstas sólo 79 han derivado en recomendaciones, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Unos 233 militares han sido enjuiciados por estas quejas.
Ante los señalamientos, los mandos militares reiteran el respeto a los ciudadanos en sus acciones, como lo dijo recientemente el secretario de Marina, Francisco Saynez.
"Los derechos humanos son materia incuestionable en el proceder de cualquier gobierno democrático", dijo ante el presidente Calderón.
"Aún ante la inmisericordia e irracionalidad de los criminales, es obligación del Estado el respeto a cabalidad de los derechos humanos, pues no se requiere violar la ley para hacerla cumplir".
HRW afirma que el discurso, repetido además por el presidente Calderón, contradice la actuación cotidiana de las fuerzas de seguridad.
"Por una parte ha reconocido a los derechos humanos como la premisa mayor de la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada, y por otra parte ha expresado su disgusto ante denuncias ´que no son ciertas´ de abusos cometidos por militares".
"Estas afirmaciones fácticas efectuadas por Calderón y otras autoridades estarían justificadas si se basaran en investigaciones rigurosas y objetivas".
Recomendaciones
HRW ofrece varias recomendaciones a las autoridades mexicanas y las comisiones de derechos humanos, así como a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea.
La organización pide asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos sean juzgadas por la justicia penal ordinaria, así como prevenir abusos contra detenidos y evitar que confesiones arrancadas bajo tortura se usen como prueba determinante en sus juicios.
Una demanda central es que se garantice imparcialidad en las pesquisas sobre estos abusos, y se diseñe un protocolo parainvestigar a las víctimas en enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad.
A la Unión Europea le solicita crear "parámetros de referencia" sobre derechos humanos en la llamada asociación estratégica que mantiene con México, mientras que a la Casa Blanca pide garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Iniciativa Mérida sobre protección de garantías ciudadanas.
Alberto Nájar. BBC Mundo. 9/11/2011
Fracasa guerra antinarco de Calderón: Human Rights Watch
México, Distrito Federal. El incremento de 65% en las tasas de homicidios, la impunidad en más del 90% de los casos y un aumento preocupante de violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón son el reflejo de “una política de seguridad pública que fracasa seriamente”, porque “no ha logrado reducir la violencia”, considera Human Rights Watch (HRW).
“En vez de fortalecer la seguridad pública en México, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país”, puntualiza la organización en el documento entregado al mandatario por el presidente de la organización internacional, Kenneth Roth, y su representante para América, José Miguel Vivanco.
El documento de 236 páginas, es duro desde su título: Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y torturas en la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México, y es una secuencia de un primer informe publicado por HRW en 2009 llamado Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abuso cometidos durante los operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.
En esta nueva entrega, la organización con sede en Nueva York, da cuenta de 170 casos de tortura, 39 desapariciones forzadas y 24 ejecuciones extrajudiciales. En todos éstos, ocurridos desde que Calderón asumió la Presidencia, habría indicios de que miembros de fuerzas armadas o policíacas fueron responsables de los agravios.
En conferencia de prensa, luego de dialogar con Calderón durante dos horas y 20 minutos –el encuentro estaba programado para media hora–, José Miguel Vivanco aseguró que, contrario a la actitud que tomó en 2009 con el primer informe en que negó que militares cometieran abusos en contra de la población civil, en esta ocasión Calderón concedió que “podrían ocurrir” violaciones a derechos humanos durante el combate la narcotráfico “pero que no era parte de su política”.
Vivanco mostró también una actitud muy moderada durante la conferencia: se abstuvo de pronunciar la frase “guerra contra el crimen organizado”, y optó por definirla como “política de seguridad”. Aseguró que al principio del encuentro hubo tensión, pero se fue difuminando cuando los representantes de HRW comenzaron a presentar casos documentados en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Baja California.
“Teníamos que poner un caso sobre la mesa”, dijo Vivanco tras recordar que hace dos años Calderón descalificó a las organizaciones de derechos humanos que documentaron abusos cometidos por las fuerzas armadas.
“Hasta hace pocos años –rememoró– el presidente Calderón sostenía públicamente que aquí no había ningún caso de violación a derechos humanos (…) En una oportunidad lo dijo en Guadalajara a un costado del presidente (Barack) Obama y nos desafió a todas las organizaciones de derechos humanos a que le exhibieran un caso”. Ahora HRW le presentó 233 expedientes.
Vivanco explicó que los casos presentados fueron elegidos cuidadosamente por el equipo de investigación dirigido por Nik Steinberg, que decidió detallar sólo aquellos en los que la inocencia de las 233 personas fuera irrebatible.
“No quiere decir que aquellas personas que cometen delitos no tengan derechos, pero de lo que se trataba era descartar cualquier indicio de descalificación, las víctimas que presentamos son gente humilde, de oficios que podríamos decir invisibles, que no tenían antecedentes en las dependencias policiales de haber cometido un solo delito en su vida”, agregó Vivanco.
Según el activista, ante la contundencia de la información, Calderón se mostró “cambiado, al menos en el lenguaje y dijo que no excluía el que se hayan y se estén produciendo violaciones a derechos humanos, y que eso no forma parte de sus política; no fue el mismo presidente que nos afirmaba categóricamente que aquí no había casos de violaciones a derechos humanos, sino que se podían producir abusos y que se comprometía a revisar los casos documentados por HRW, pero hay muchos más casos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por organismos locales, por lo menos”.
Sobre la política emprendida por el gobierno de Calderón para combatir la delincuencia organizada, Vivanco puntualizó que en materia de derechos humanos “el resultado es lamentable, muy negativo”, aunque aclaró que en ningún momento la organización sostiene que “esto forma parte de una política de Estado”, sino de que “hay unas prácticas como la tortura que son más o menos sistemáticas” y que involucran a algunas autoridades militares.
Tras insistir en que corresponde al gobierno federal corregir la política de seguridad, Vivanco insistió en que “la descalificación a priori” de las víctimas mortales de la lucha contra el narcotráfico, de los más de 45 mil muertos, “da la sensación de que las autoridades de seguridad pueden actuar con carta blanca, sin controles”.
En el documento se destacan datos de la incompatibilidad entre el número de muertes violentas y el escaso interés de las autoridades por abrir investigaciones, pues de los 45 mil asesinatos atribuidos al narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo integró 997 averiguaciones previas, en tanto que sólo existen 22 sentencias condenatorias durante el gobierno de Calderón.
De los abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas en los cinco estados de referencia, recibieron información de que se integraron mil 615 expedientes por parte de la Procuraduría de Justicia Militar, pero hasta ahora no hay un solo militar condenado por violaciones a derechos humanos en esas entidades.
Para realizar el documento, HRW realizó 200 entrevistas a víctimas y autoridades, y formuló 60 solicitudes de información. El informe también fue presentado a los titulares de la PGR, de las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Marina y de Relaciones Exteriores.
Vivanco y su equipo se reunieron también con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con legisladores.
Calderón: crimen organizado, el que viola los derechosMás tarde, la Presidencia de la República dio a conocer, a través de un comunicado, la respuesta que dio Calderón a los representantes de HRW.
Según la presidencia Calderón afirmó: “Los criminales son la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos. Son ellos quienes, mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias.
}“De ahí la obligación ética y legal del gobierno, de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de la autoridad en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial”, dijo Calderón a los activistas.
El presidente estuvo acompañado por los secretarios de Gobernación, José Francisco Blake Mora; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez.
Para la PGR sí hay avances en derechos humanosCon el propósito de dar a conocer los avances de la Procuraduría General de la República en materia de protección y defensa de los derechos humanos, la titular de la PGR, Marisela Morales, se reunió hoy con integrantes de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), encabezados por Kenneth Roth.
En un comunicado, la PGR precisó que en esta reunión se mostraron los esfuerzos de la dependencia por abatir la impunidad e investigar efectivamente aquellos delitos relacionados con violaciones a garantías fundamentales, tales como la tortura, así como destacar los avances en la puesta en marcha del sistema penal acusatorio en México y las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos.
La funcionaria federal dijo que en la PGR se constituyó, como línea estratégica de acción, el fomento y difusión de la cultura de la protección a los derechos humanos.
Asimismo, se puso en marcha un programa permanente de promoción, fortalecimiento y capacitación en la materia, cuyo fin primordial es generar confianza en la sociedad de que en las acciones de la PGR se prioriza el respeto a los derechos humanos.
Morales Ibáñez ratificó que, bajo el gobierno de Felipe Calderón, México ha avanzado en la defensa y garantía de los derechos humanos, además de impulsar una apertura y transparencia sin precedente, facilitando la observación internacional de sus prácticas.
También expuso que la PGR mantiene una estrecha colaboración con las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina, con la finalidad de sumar esfuerzos en el combate al crimen organizado.
Luego resaltó la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la permanente colaboración entre ellas, para el seguimiento de un objetivo común: atender de manera inmediata y eficaz a todos aquellos que han sido vulnerados en sus garantías fundamentales.
Asimismo, reconoció que las organizaciones civiles constituyen un elemento de diálogo fundamental que permite construir conjuntamente el quehacer gubernamental.
Finalmente, Marisela Morales aseveró que la procuración de justicia es un derecho humano fundamental y que, ante una delincuencia cada vez más organizada, temeraria y retadora, el Estado mexicano debe apoyarse en un marco jurídico adecuado, que dote de solidez a las instituciones y las provea de los mecanismos e instrumentos que permitan combatir la actividad criminal con decisión, contundencia y eficacia.
Proceso.com.mx. 9/11/2011
Fracasa lucha anticrimen en México, concluye HRW
México, Distrito Federal. La guerra contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón ha tenido un doble efecto perverso, no ha logrado disminuir la violencia y a la par, ha incrementado las violaciones a los derechos humanos, concluyó Human Rights Watch.
"En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico de México ha provocado un incremento dramático de la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del País", refiere el informe "Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México", de 236 páginas.
Para realizar el estudio, la organización investigó durante 2 años el impacto de la guerra en las violaciones a derechos humanos en 5 de los estados más violentos: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
El informe obtuvo pruebas creíbles de tortura en más de 170 casos por parte de todas las fuerzas de seguridad.
Sobre la desaparición forzada documentó 39 casos en donde se comprueba la participación de fuerzas de seguridad.
Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, en 24 casos hay pruebas creíbles de que se cometieron, además de que las autoridades intentaron encubrir los hechos.
En el documento se señala que en varias oportunidades el presidente Calderón ha declarado públicamente que el 90 por ciento de las víctimas de muertes vinculadas al narcotráfico –que su Gobierno estima fueron cerca de 35 mil entre 2007 y enero de 2011– eran delincuentes.
"No obstante, datos obtenidos por Human Rights Watch permiten dudar de la fiabilidad de estas afirmaciones. La Procuraduría General de la República, que cuenta con facultades constitucionales para investigar penalmente los homicidios vinculados con la delincuencia organizada, indicó a Human Rights Watch que solamente había iniciado 997 investigaciones de este tipo de homicidios entre 2007 y agosto de 2011. Y, según la justicia federal, los jueces federales solamente han condenado a 22 personas acusadas de homicidio y otros delitos relacionados con la delincuencia organizada", refiere el texto.
Tambien comprobó que un amplio espectro de funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos, como jueces y agentes del Ministerio Público que obtienen "confesiones" de acusados incomunicados o con tortura.
Entre sus recomendaciones a los tres Poderes de la Unión, pide reformar el Código de Justicia Militar, para impedir que las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles se lleven a cabo en la jurisdicción militar.
Previo a la conferencia, Kenneth Roth, director ejecutivo, y José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, mantuvieron una reunión con el Presidente Felipe Calderón y la Canciller Patricia Espinosa en la residencia oficial de Los Pinos.
En la reunión se le presentó el informe -como se hizo lo propio con el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación- y se espera una conferencia de prensa sobre la respuesta del Estado Mexicano.
Terra.com.mx. 9/11/2011
El legado de Calderón
México, Distrito Federal. Quizás será recordado como el valiente presidente que le declaró la guerra a los criminales, aunque pesa más el presidente de los 50 mil muertos.
En algún momento, todo expresidente se ve frente al espejo de la historia. ¿Cómo será recordado Calderón? ¿Qué se dirá de su mandato? Para algunos como Salinas, existe la obsesiva y vana labor por limpiar su imagen de la corrupción. Otros, como Fox, llevaron la frivolidad más allá del sexenio. Hoy el presidente Calderón enfrenta un duro juicio por la “guerra” contra el narco. Quizás será recordado como el valiente presidente que le declaró la guerra a los criminales, aunque pesa más el presidente de los 50 mil muertos. No se duda de la aprobación y popularidad que registra en las encuestas, pero tampoco se excluye el mal de la violencia y la constante percepción de que van ganando los criminales.
En ese sentido, la organización internacional Human Rights Watch (HRW), acaba de publicar un extenso informe titulado “Ni seguridad, ni derechos”, 2011. El documento no sólo es una dura crítica al saldo que deja el gobierno de Calderón, sino es una exhaustiva investigación sobre las violaciones a los derechos humanos. Cuántas veces no hemos escuchado de las autoridades decir que “eran criminales”, cuando después de un enfrentamiento se acumulan las muertes de civiles.
Lo documentado por HRW nos indica que los casos de violaciones no son aislados. Chihuahua, Guerrero, Baja California y Tabasco aportan evidencia al respecto. El estudio cuestiona seriamente la efectividad de la intervención militar. Y tiene razón en parte, pero por otro lado, el ejército ha ofrecido respaldo en ciudades donde la policía quedó pulverizada. ¿Qué otra institución podría hacerlo? Quienes viven en poblaciones como Torreón, Monterrey, Reynosa, Juárez o Acapulco lo saben bien. El riesgo es alto, pero también es alta la confianza de la población en el ejército. Más nos vale reconstruir nuestras instituciones civiles a fin de mantener esa confianza en el futuro. Confianza que no se tiene en los jueces. Por lo mismo, HRW denuncia un patrón de abuso e impunidad que alcanza a las autoridades judiciales. Porque en esto va la fuerza, pero también la capacidad de un sistema justicia que no ha sido depurado.
En la locura de los enfrentamientos, ya comienzan a surgir voces que ven en la legalización de las drogas una alternativa a considerar. No obstante, ese no será el legado de Calderón
Carlos Castañón Cuadros. Milenio.com. 11/11/2011
