México, Distrito
Federal. Personas de todo México, pero en especial al norte
del país, parecen caminar con temor, y no sólo al crimen organizado.
Se
debe tal vez a que cualquier persona puede quedar atrapada en el mortífero
conflicto que tiene lugar en el país entre las fuerzas de seguridad y grupos
criminales dedicados al narcotráfico.
Organizaciones
de derechos humanos, entre las que se incluye Amnistía Internacional, han
recogido miles de casos de abusos contra los derechos humanos de una amplia
variedad de personas corrientes, como detenciones arbitrarias y tortura.
De
hecho, en opinión del grupo de derechos humanos, durante los últimos años, los
casos de tortura y malos tratos en México han alcanzado “proporciones
epidémicas” y los responsables rara vez comparecen ante la justicia.
“Personas
de todo México se ven atrapadas en ocasiones en el lado equivocado de las
operaciones militares contra los grupos criminales. Sin pruebas reales, las
pueden considerar el enemigo o posibles enemigos implicados en el narcotráfico,
con todos los abusos que esa etiqueta conlleva”, ha declarado Rupert Knox,
investigador de Amnistía Internacional sobre México.
Torturada
y agredida sexualmente
Miriam Isaura López Vargas, ama de casa de 30 años y madre de cuatro hijos, probablemente nunca pensó que acabaría viéndose envuelta en la “guerra contra el narcotráfico” del ex presidente Calderón.
Miriam Isaura López Vargas, ama de casa de 30 años y madre de cuatro hijos, probablemente nunca pensó que acabaría viéndose envuelta en la “guerra contra el narcotráfico” del ex presidente Calderón.
El
2 de febrero de 2011, mientras volvía a su domicilio tras dejar a sus hijos en
la escuela, unos soldados vestidos de civil detuvieron a Miriam. Los hombres le
vendaron los ojos y la llevaron a un cuartel militar.
En
el cuartel, la torturaron sometiéndola a descargas eléctricas en las plantas de
los pies y el cuerpo a fin de obligarla a firmar una confesión en la que
implicaba falsamente en delitos relacionados con el narcotráfico tanto a ella
como a otras personas a las que no conocía. Miriam fue además agredida sexualmente
en repetidas ocasiones.
“Me
pusieron un trapo húmedo sobre la cara, cuando intentaba respirar sentía el
trapo húmedo, y resultaba muy difícil respirar, después sentí un chorro de agua
sobre la nariz, intenté levantarme, pero no pude porque me tenían sujeta por
los hombros y las piernas… Alguien me presionaba el estómago. Eso lo hicieron
en repetidas ocasiones mientras me seguían preguntando lo mismo”, contó Miriam
a Amnistía Internacional.
Menos
de una semana después, fue trasladada a un centro de arraigo (detención
administrativa sin cargos) de Ciudad de México, cuya legalidad han puesto
seriamente en duda grupos de derechos humanos y Amnistía Internacional.
El
26 de abril de 2011 se presentaron finalmente cargos en su contra y se decretó
su prisión preventiva por delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante
ese tiempo se le negó el acceso a un abogado de su elección y únicamente se le
asignó un defensor público que no hizo que se pusiera fin a la tortura que
sufría ni la denunció.
En
septiembre de 2011, un juez decretó que fuese puesta en libertad a falta de
pruebas fidedignas.
Desde
entonces, ha estado recibiendo amenazas, pero ha decidido interponer una
demanda judicial por tortura contra los responsables. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos investigó el caso y determinó que había sido torturada,
pero en la investigación oficial no se han producido avances.
Epidemia
de tortura
Según una investigación realizada por Amnistía Internacional, el uso de la tortura y los malos tratos por parte de la policía y las fuerzas armadas aumentó dramáticamente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), al igual que la falta de investigaciones efectivas sobre los abusos.
Según una investigación realizada por Amnistía Internacional, el uso de la tortura y los malos tratos por parte de la policía y las fuerzas armadas aumentó dramáticamente durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), al igual que la falta de investigaciones efectivas sobre los abusos.
“El
gobierno de Calderón hizo efectivamente la vista gorda sobre la ‘epidemia de
tortura’ de la que hemos sido testigos en México. Se hizo caso omiso de la
protección de los derechos humanos, o se dejó de lado, en favor de la
estrategia del gobierno de militarizar la lucha contra el crimen organizado y
los cárteles de la droga”, ha manifestado Knox.
A
pesar de la existencia de legislación federal y estatal concebida para evitar y
castigar la tortura, la mayoría de los casos nunca se investigan en profundidad
y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia, por lo que las
víctimas no tienen oportunidad de obtener reparación ni indemnización.
100
días
Mientras se aproximan sus 100 días de mandato, el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, sigue sin obtener avances por lo que respecta a los derechos humanos y a acabar con el clima de tolerancia hacia la tortura y la impunidad. Todo ello a pesar de asegurar a Amnistía Internacional durante la campaña electoral que cuando ocupase el cargo de presidente aplicaría políticas y tomaría medidas para poner fin a la tortura.
Mientras se aproximan sus 100 días de mandato, el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, sigue sin obtener avances por lo que respecta a los derechos humanos y a acabar con el clima de tolerancia hacia la tortura y la impunidad. Todo ello a pesar de asegurar a Amnistía Internacional durante la campaña electoral que cuando ocupase el cargo de presidente aplicaría políticas y tomaría medidas para poner fin a la tortura.
“Casi
han transcurrido 100 días desde que Peña Nieto ocupara la Presidencia, y
prácticamente no se han producido avances tangibles en sus promesas de mejorar
la situación de los derechos humanos en el país. Tampoco se han producido
prácticamente avances en las investigaciones sobre casos de tortura,
desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres y abusos contra las
personas migrantes”, ha señalado Knox.
“Algo
crucial que pueden hacer es asegurarse de que el caso de Miriam López se
investiga exhaustivamente y que todos los responsables comparecen ante la
justicia. Esto se puede conseguir en los próximos 100 días si el gobierno tiene
la voluntad política de que los derechos humanos sean importantes.”
Amnistía
Internacional.org. 05/03/13
